jueza Laura Taylor Swain debe rechazar el PAD de la AEE

La creación por el Congreso de la ley Promesa y su criatura la Junta de Supervisión Fiscal, aprobadas sin consultar a las autoridades constitucionales del territorio de Puerto Rico –ello, en virtud de los poderes plenarios del Congreso federal sobre su territorio–, estuvo concebida, se dijo entonces y así se plasmó en la legislación de rigor, en el propósito de ayudar al rescate de la responsabilidad fiscal, el acceso a los mercados y el pleno desarrollo económico de la Isla.

de $5,680 millones, representa un camino torcido y contradictorio, hacia el saneamiento fiscal, el acceso a los mercados y el desarrollo económico de Puerto Rico.

ciento en el costo de la tarifa eléctrica, de hecho, una de las más altas en todas las jurisdicciones de Estados Unidos.

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Aunque a lo largo de sus funciones la Junta apenas ha dado asomo de tener como principal objetivo el cumplimiento de esa “promesa” contenida en el texto de la ley federal, su elaboración del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ofreciendo a los bonistas de la corporación pública un repago

Agrava, y es motivo genuino de asombro y suspicacia, el dato cierto de que haya sido la propia Junta de Supervisión Fiscal la que, previo a su presentación del PAD ante la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, afirmara categóricamente que lo más que podrían recibir los bonistas, si rechazaran el PAD, serían unos $2,000 millones.

¿Quién pagaría los $5,680 millones que con tanta generosidad sugiere la Junta de Supervisión Fiscal conceder a los bonistas? Lo pagaríamos los abonados, residenciales y comerciales, de la Autoridad de Energía Eléctrica, en virtud de un inconcebible y demoledor aumento de entre el 25 y 30 por

No podría ser más nefasto y paralizante ese nuevo y brutal ataque a los intentos de estabilización y desarrollo de la economía puertorriqueña, que con tanto esfuerzo se realiza desde la administración pública y el sector privado. Un aumento en la tarifa desestabilizaría todo el andamiaje económico del territorio, obligaría al cierre de cientos de pequeños comercios y el despido de miles de trabajadores del sector productivo. Además, irónico como resulta ser, provocaría en los próximos cinco años que tantos como 200,000 abonados actuales de la AEE se moverían a sistemas privados de energía solar o renovable, con la sustancial merma de ingresos de la corporación pública.

Como evidencia, el riguroso estudio realizado para el Centro Unido de Detallistas por un economista independiente, el adverso impacto mayor en el alza de la tarifa propuesta lo recibiría el sector de las microempresas –espina dorsal de la economía puertorriqueña–, que recibiría un incremento de $483 mensuales, junto a las medianas empresas, cuyo costo eléctrico se alzaría por sobre los $12,802 mensuales.

No creo necesario abundar alrededor del efecto destructor en el bolsillo de las familias puertorriqueñas que conllevaría este atraco incluido en el PAD para la AEE sometido por la Junta de Supervisión Fiscal.

La jueza Laura Taylor Swain tiene en sus manos el futuro económico de la familia puertorriqueña. Y no se trata de apelar ante ella con argumentos producto de la emoción, sino de la razón y de la realidad. Rechazar el PAD ante su consideración es la única vía judicial para evitar el colapso total de la economía –y acaso de la vida– de todos quienes habitamos en Puerto Rico.

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