No cesa batalla legal en los tribunales por reforma laboral

Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com

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A un año de que el gobernador Pedro Pierluisi convirtiera en ley una medida que ampliaba y restituía derechos a empleados del sector privado que se vieron afectados con la reforma laboral, continúa la batalla legal en los tribunales para revertir la decisión de nulidad de la jueza federal Laura Taylor Swain.

El caso se encuentra ante el Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, donde recientemente se celebró una vista oral como parte del pleito. La Cámara de Representantes sostiene que la nulidad de la Ley 412022 puso en extrema vulnerabilidad a los trabajadores privados.

En entrevista con EL VOCERO, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que ese cuerpo legislativo llegará hasta el final del proceso judicial y que acudirá en auxilio al Tribunal Supremo federal, de ser necesario, para que se atienda el caso donde ha prevalecido la Junta de Control Fiscal.

“Vamos a pelear esto hasta el final. No importa lo que ocurra en Boston, vamos a apelar al Supremo federal. Vamos a luchar esta ley hasta el final porque verdaderamente nadie ha podido plantear (con evidencia) económicamente el efecto negativo que esto puede tener”, expresó Hernández.

Agregó que en la vista oral celebrada en Boston, la representa- en la Legislatura ya está en funciones la oficina de Presupuesto de la asamblea Legislativa (oPaL), que tiene la función primordial de certificar el impacto fiscal de las medidas legislativas y velar porque cada legislación se ajuste a la realidad económica del gobierno. ción legal de la Cámara argumentó “desde el punto económico” el impacto de la medida. Planteó que este pleito es uno importante porque, además, sentaría las bases sobre el análisis de impacto fiscal que se debe someter sobre las medidas.

Precisamente, en la Legislatura ya está en funciones la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que tiene la función primordial de certificar el impacto fiscal de las medidas legislativas y velar porque cada legislación se ajuste a la realidad económica del gobierno.

“En las proyecciones de nosotros, (la ley 41) tendría un impacto positivo, sobre $10 millones, desde el punto de vista del efecto que esto tiene en los trabajadores, con una mayor actividad económica, que es lo que estamos buscando todos, que haya una economía saludable y balanceada”, dijo.

La Ley 41 disminuía el periodo probatorio y restablecía las protecciones contra el despido injustificado. También aumentaba la acumulación de licencia por vacaciones y extendía dicho beneficio a empleados a tiempo parcial.

Actualmente, en la Cámara de Representantes hay una medida -radicada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)- con el mismo lenguaje que se incluyó en la anulada Ley 41. El Proyecto de la Cámara 1651 no ha sido atendido a la espera de que transcurra el proceso judicial en la esfera federal.

En esa línea, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres, indicó que “atender el proyecto, pasarlo por Cámara y Senado, que sería un tipo de descargue... y que el gobernador no haga su parte, sería un ejercicio fútil, sería darles unas esperanzas a medias a la clase trabajadora”.

Torres opinó a EL VOCERO que la junta fiscal y Swain se extralimitaron en sus poderes porque esta legislación nada tiene que ver con el servicio público. “Esto no abona a que el desarrollo económico se detenga, al contrario, tienes unos empleados privados con unos beneficios que ya existían”, abundó.

“Aquí no se está incluyendo en esa legislación nada que no hubiese existido. Aquí lo que estábamos era devolviendo (los derechos) que habían perdido con la llamada reforma laboral que aprobó la Legislatura del PNP (Partido Nuevo Progresista) y la firmó Ricardo Rosselló a petición de la junta”, abundó.

Torres destacó que en la coyuntura histórica que vive Puerto Rico, donde hay una necesidad de empleados y urge que los puertorriqueños que se fueron de la Isla regresen, es necesario que se aprueben más legislaciones como esta, que considera ayudaría incluso a frenar el éxodo de profesionales.

El anuncio de la ley

El 20 de junio de 2022, el gobernador anunció mediante un

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mensaje televisado que había convertido en ley el Proyecto de la Cámara 1244, que enmendaba la Ley 4-2017 de Transformación y Flexibilidad Laboral, y rechazó los planteamientos de la junta de que tendría un efecto adverso en la economía.

“Les anuncio que he decidido firmar el proyecto de reforma laboral que aumenta el tiempo de descanso, los beneficios marginales y las protecciones de empleo a los trabajadores en el sector privado de Puerto Rico”, expresó Pierluisi, en ese momento, al señalar que la ley hacía más seguro el entrar a la fuerza laboral.

Como cuestión de hecho, el número de personas empleadas continuó en aumento mientras la Ley 41-2022 estuvo en vigor. ahora bien, el gobernador Pierluisi ha tomado acciones puntuales como la aprobación del aumento al salario mínimo que este próximo julio sube a $9.50 la hora.

Sheila

Sin embargo, la junta acudió al Tribunal federal para frenar la entrada en funciones de la legislación, un objetivo que logró el pasado 3 de marzo, cuando Swain declaró nula la reforma laboral, basándose en que el gobierno no proporcionó el impacto que tendría la Ley 41.

“La Ley 41, y las acciones que se hayan tomado para implementarla, son nulas y sin efecto ab initio. Además, el Tribunal prohíbe y ordena de forma per- manente que el gobernador u otras personas que estén en concierto o participación activa con el gobernador tomen medidas para ayudar a las partes privadas a implementar o hacer cumplir la Ley 41”, determinó la jueza. Ayer, la secretaria de prensa de la Fortaleza, Sheila Angleró, indicó que, luego de la decisión de Swain, el gobierno mediante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), también apeló la decisión, pues como ha dicho el gobernador la ley no tendría un efecto adverso en la economía.

“Como cuestión de hecho, el número de personas empleadas continuó en aumento mientras la

Ley 41-2022 estuvo en vigor. Ahora bien, el gobernador Pierluisi ha tomado acciones puntuales como la aprobación del aumento al salario mínimo que este próximo julio sube a $9.50 la hora”, agregó Angleró.

Asimismo, mencionó que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) se encuentra inmerso ofreciendo talleres de capacitación y orientación a empleados y patronos, y procurando insertar más personas a la fuerza laboral. Recordó que el desempleo se encuentra en 6.1%, una de las tasas más bajas.

“Hay que recordar que el desempleo está en 6.1%, una de las tasas más bajas en la historia, y la participación laboral y el total de personas empleadas están en sus niveles más altos desde hace más de una década, lo cual es uno de los indicadores de que nuestra economía se encuentra en crecimiento”, concluyó.

Cuando se impugnó la ley, el 1ero de septiembre de 2022, la junta fiscal indicó que un análisis económico realizado por el ente concluyó que la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de empleo y mayor emigración.

“La ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial”, agrega el comunicado del ente.

Preocupa a la junta fiscal ley que aumenta días de vacaciones a empleados públicos

Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com @YaritzaRiveraClemente

La Junta de Control Fiscal cuestionó a la administración del gobernador Pedro Pierluisi sobre el impacto fiscal que tendría la implementación de la Ley 1192022, un estatuto con el que el ente tiene “serias preocupaciones”, puesto que pretende aumentar la licencia por vacaciones de los empleados públicos.

El ente calificó de “deficiente” los documentos que proveyó el gobierno, principalmente la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda, que consideran que la ley no tendría un impacto fiscal. Aludió a que se falló en someter datos que expliquen si la ley es cónsona con el plan fiscal.

En una carta enviada el pasado 16 de junio, al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, la junta advirtió que la Ley 119 aún no entra en vigor “porque la Junta de Supervisión no ha aprobado los reglamentos de implementación requeridos por las Reglas, Política de Revisión de Reglamentos y Órdenes establecidos conforme a la Ley Promesa”.

“Luego de revisar la comunicación, es evidente que el gobierno no ha realizado el análisis requerido por Promesa (sección 204ª) ya sea antes o después de la aproba- ción de la Ley 119 y, por razones discutidas a continuación, no ha proporcionado la certificación y el presupuesto formal requerido por Promesa”, lee la carta del asesor general de la junta, Jaime A. El Koury.

Asimismo, la junta pidió que se mantenga el “enfoque” de la Aafaf, que dio instrucciones a las agencias para que no se implemente la Ley 119 o los reglamentos relacionados “a menos y hasta que la Junta de Supervisión revise y apruebe tales medidas conforme a su política”.

Dato relevante

La Ley 119-2022 derogó la Ley 176-2019 -de acumulación de días por enfermedad- y enmendó la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal para aumentar de 1.25 a dos días por mes la licencia por vacaciones.

La Ley 119-2022 derogó la Ley 176-2019 -de acumulación de días por enfermedady enmendó la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal para aumentar de 1.25 a dos días por mes la licencia por vacaciones.

Con el estatuto, se fijó en 24 los días de vacaciones al año, añadiendo nueve días más. Antes de la aprobación de la ley, los servidores públicos tenían derecho a 15 días.

En comunicado de prensa, en diciembre de 2022, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi convirtiera en ley el Proyecto de la Cámara 1182, haciendo una realidad el aumento en los días de vacaciones, Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara y autor de la medida, se expresó satisfecho.

“Con este aumento se le hace justicia a los servidores públicos al restituir parte de los días que se le habían quitado anteriormente por la crisis económica del país. Este aumento de días de vacaciones es un reconocimiento al trabajo duro y también un esfuerzo para promover la integración familiar”, dijo Torres.