4< PRIMERA PLANA
EL VOCERO DE PUERTO RICO > MIÉRCOLES, 24 DE MAYO DE 2017
Reitera su respeto a la autonomía universitaria Ayeza Díaz Rolón >adiaz@elvocero.com
Enrique Figueroa (der.), abogado de la Universidad de Puerto Rico, muestra un documento en medio de la vista judicial contra la expresidenta interina de la UPR. >Eric Rojas / EL VOCERO
En $11,000 la multa por huelga El proceso en el tribunal quedó interrumpido hasta que se llenen las vacantes
@ Laura M. Quintero
que “no quiere pensar que fue un subterfugio para evitar los correspondientes desacatos”, pero se ve obligada a excusarla @lauquinterodz porque “el desacato era en su carácter oficial y no personal”. Aunque el licenciado Pedro Vázquez La jueza Lauracelis Roques Arroyo ex–abogado de la parte demandante– pidió cusó ayer a la expresidenta interina de la que se haga extensiva la orden de comUniversidad de Puerto Rico (UPR) Nivia parecencia a todos los miembros de la Fernández del desacato juJunta de Gobierno, la jueza dicial por incumplir con la no acogió esa petición y exorden de reabrir los portoplicó que se debía esperar a nes del recinto riopedrense que la UPR lograra llenar las y reanudar las labores acavacantes a los cargos de predémicas, aunque la institusidente interino, rector inteción seguirá pagando mulrino de Río Piedras y presiLos estudiantes tas a razón de $1,000 diarios dente interino de la Junta de se reunirán hoy por cada día que transcurra Gobierno. en huelga. “Ahora mismo no hay nacon el presidente El proceso judicial para die que dirija a la universide la Junta reabrir el campus queda dad. Dudamos mucho que Federal de interrumpido hasta que se la universidad esté acéfala, Control Fiscal y hayan ocupado las vacantes tiene que haber alguien dande la Junta de Gobierno, la do instrucciones”, comentó otros dos de sus presidencia de la UPR y la el licenciado Vázquez. integrantes. rectoría de Río Piedras. Sin La jueza exhortó, adeembargo, el centro docente, más, a dejar “a un lado las cuyo presupuesto enfrentaagendas personales” y que rá recortes de $512 millones todas las partes trabajen (para 2026) a consecuencia del plan fiscal por el bien de la universidad. Recordó del gobierno y de la Junta Federal de Conque se tenía que cumplir con la orden trol Fiscal, ya ha pagado $11,000 en multas de injunction y mandamus del Tribunal y seguirá pagando sanciones diarias por el de Apelaciones, que ya estaba confirmadesacato. da incluso por el Tribunal Supremo, al Sobre la renuncia de Fernández el misrechazar el recurso de revisión de esa mo día de la vista, Roques Arroyo aseguró decisión. >lquintero@elvocero.com
En agenda
TOA BAJA- Aunque la supervivencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) parece colgar de un hilo muy fino tras la renuncia de tres miembros de la Junta de Gobierno en tiempos de huelga, el gobernador Ricardo Rosselló reafirmó ayer su postura de respeto a la autonomía universitaria para la toma de decisiones. El primer ejecutivo hizo un llamado a la comunidad universitaria para que evidencie la voluntad de regresar al trabajo y las labores académicas en los recintos que permanecen bajo voto de huelga desde hace más de 50 días. Esta situación pone en peligro la acreditación de la Middle States y el otorgamiento de becas a los estudiantes. “Mi exhortación es que se siga trabajando, que podamos continuar los esfuerzos, pero que lo hagamos de una manera constructiva y no de una manera destructiva”, expresó ayer el mandatario en el marco de una conferencia de prensa para anunciar la entrega de 54 vehículos de transportación colectiva en 25 municipios. Así las cosas, el gobernador manifestó su intención de que las labores en los recintos regresen a la normalidad, aunque opinó que “para que se produzca una apertura de la universidad, la propia comunidad universitaria debe evidenciar que tiene la voluntad de regresar al trabajo; el deseo de reanudar las labores académicas y el regreso a la normalidad en los recintos”. La política de la administración de Rosselló ha sido de combatir y evitar los actos de violencia en medio de las huelgas. Tanto para los estudiantes como para los distintos sectores civiles que optan por manifestarse públicamente en contra de las medidas de austeridad del gobierno. “Pretender lograr la apertura de la universidad sin que la comunidad universitaria demuestre tener la voluntad de regresar a las labores académicas y administrativas, sería provocar situaciones de violencia frente a los portones que deben evitarse”, indicó el primer ejecutivo en un comunicado de prensa que difundió La Fortaleza antes de su visita al pueblo toabajeño. Contra la UPR sopesa el plan fiscal del gobierno y certificado por la Junta Federal de Control Fiscal, que entre
otros asuntos propone recortes de $512 millones para el 2026. Tampoco se ha generado un plan fiscal desde la universidad para alcanzar esta cifra, pese a que el ente federal y el gobierno se desprendieron de esa responsabilidad. No obstante, se espera que hoy el presidente de la junta, José Carrión III se reúna con los estudiantes de la UPR en Hato Rey. La semana pasada Carrión se mostró dispuesto a esperar “mucho (tiempo)” para que la universidad sea quien decida cómo alcanzar los ajustes propuestos. Algunas de las ideas que siguen sobre la mesa son la consolidación de recintos y la Matricula Ajustada a los Ingresos (MAI). “Yo y todos (los miembros de la junta federal) esperamos que las soluciones surjan de la UPR y yo no creo que podamos permitir que no sea así. Esa es la esperanza y nuestro deseo. Yo creo que ellos quieren cumplir también”, dijo el presidente del ente federal.
Entregan vehículos a los municipios
En su vista a Toa Baja, Rosselló y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, oficializaron la entrega de 54 minibuses de transportación colectiva a 25 municipios y entidades para facilitar la movilidad de personas de edad avanzada o con impedimentos. De acuerdo con el primer ejecutivo, los 4.9 millones en fondos asignados para la obtención de los minibuses provienen de la Administración Federal de Transportación Colectiva (FTA, por sus siglas en inglés). Entre los municipios que se beneficiarán figuran: Aguada, Añasco, Camuy, Cayey, Coamo, Corozal, Guayama, Hatillo, Humacao, Jayuya, Juncos, Lajas, Mayagüez, Maunabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, Trujillo Alto, Toa Baja, Yauco, Vega Baja y Vieques. Contreras Aponte detalló que la responsabilidad en el mantenimiento de los mismos corresponderá a los municipios. “Al ser fondos de la FTA, hay cierta responsabilidad que tiene que mantener el municipio, en primer lugar hay que rendirle los años de vida. No es algo de que lo usen tres años y se descarta el vehículo”, mencionó.
El gobernador entregó ayer varios vehículos de transportación colectiva a 25 municipios. >Suministrada