EL VOCERO / lunes, 7 de mayo de 2012
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De la colonia a la estadidad IV
L José Garriga Picó
Profesor de Ciencias Políticas UPR-RP
a vergüenza causa ambivalencia. Quien se avergüenza de sus posiciones públicas sobre el derrotero de su pueblo, de su patria, se ve impulsado a vocear posiciones contradictorias que consignan su ambivalencia, su hipocresía y su oportunismo. No uso esas tres fuertes palabras livianamente ni con el deseo de ofender sino descriptivamente pues en esta y próximas columnas les demostraré como los líderes del PPD, a lo largo de los pasados 60 años, confirman claramente esa proposición. Confrontados con el asunto fundamental de nuestro destino como pueblo, los líderes del PPD a veces han tomado una posición; luego otra contraria, y, más tarde han ensayado cuantas alteraciones de las anteriores necesitaran imaginarse. Para mejor visualizar esto debemos retomar la historia que hemos ido viendo en esta serie. Ya vimos como la condición de inferioridad política de Puerto Rico dentro del sistema federal (lo que equivocadamente llaman ‘el ELA’) en realidad se forjó en sus aspectos fundamentales en las actas Foraker (1900) y Jones (1917) y las decisiones de la Corte Suprema federal en los casos de Downes (1901) y Balzac (1922). (Véanse las primeras 2 columnas de esta serie.) En 1952 proclamamos nuestra Constitución que creó un gobierno local llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y, lo hicimos dentro del marco de esa relación política asimétrica, leonina e indigna que se había establecido por las leyes y la jurisprudencia citadas arriba. (Véase la tercera columna de esta serie.) Si bien podríamos de ahí en adelante elegir nuestros gobernantes locales, estos no tendrían en sus manos nuestras decisiones fundamentales que permanecerían en las manos de las ramas del Gobierno federal, ramas que estaban más allá del poder de nuestros votos. Por eso, el resultado de este “engaño monumental” no satisfizo a nadie: los independentistas siguieron y siguen hasta hoy abogando por la independencia; los estadistas, igual hacemos por la estadidad; y lo más grande de todo es que desde entonces los populares, igual de insatisfechos, han estado tratando de conseguir “mejoras para el ELA” (léase la derogación o enmiendas a la Ley Jones.) Para la desgracia y vergüenza de los líderes estadolibristas, el Congreso jamás ha estado dispuesto a concederles ninguna de las mejoras ‘al ELA’ que han propuesto. Es como si el Congreso dijera que “hay cosas que mientras más se baten, más apestan”. Y, por supuesto, se ve claramente la hipocresía de quienes reclaman que “el ELA es un status que puede crecer”. Veamos los detalles.
Comencemos en 1959, a solo siete años de proclamarse ‘el ELA’, cuando ya estaban Muñoz y Antonio Fernós Isern haciendo patente su continuada insatisfacción con la condición política que ellos mismos nos pidieron que aceptáramos. La ambivalencia por la vergüenza de lo que habían hecho es patente. Fernós radicó en el Congreso el llamado Proyecto Fernós-Murray para derogar la Ley Jones de Relaciones Federales y darle al Gobierno local parte de los poderes sobre la Isla que acapara el Congreso. El proyecto de ley murió en comité en
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Votar por el ELA era votar por volver a aceptar enmascaradamente la posición de inferioridad política de Puerto Rico dentro de sistema federal americano que se forjó entre 1900 y 1922 y ratificada entre 1950 y 1952.
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Parte 6 de la serie ‘La Nueva Escuelita Estadista’
1960. Cero mejoras para ‘el ELA’, dijo el Congreso. En 1961, John F. Kennedy advino presidente y Muñoz logró congraciarse con él. En un intercambio de cartas entre ambos, Muñoz trató de conseguir el apoyo de Kennedy para las “mejoras” al ‘ELA’ . A pesar de la relación cercana que desarrollaron, Kennedy nunca le concedió ninguna de esas “mejoras”. Más adelante, en vez de “mejoras”, el Congreso concedió “estudio”. En 1964, durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, se aprobó una ley federal para crear el STACOM (US-PR Status Commission). El propósito de la comisión sería estudiar la condición política de Puerto Rico y someterle recomendaciones al Congreso. El STACOM se reunió, hizo los estudios, pidió opiniones, pensó y pensó, y, a manera de parto de los montes, rindió un informe en 1966 en el que establecía que la condición política de Puerto Rico podía cambiarse si el Congreso disponía del territorio independizándolo. También podía admitirlo a la Unión como estado.O,podíanlospuertorriqueños optar por pedir
que se mantuviera la condición política vigente (la creada entre 1900-1922). Una vez aceptados de nuevo esos términos indignos, los estadolibristas podrían volver a cambios menores a través del mecanismo de comités ad hoc. El STACOM, en fin, no propuso ni siquiera consideró una tímida mejora ‘al ELA’. Tampoco le propuso al Congreso que auspiciara un plebiscito para consultar los puertorriqueños sobre las opciones de status, mucho menos que se comprometiera con alguna o todas las posibles opciones de cambio. La hipocresía corría a chorros, tanto de parte de los representantes del Congreso como de los líderes del PPD. El engaño monumental entraba en una nueva etapa, pero ahora la bola pasó a la cancha local. Entonces, de manera oportunista Muñoz Marín convocó un plebiscito local para consultar a los puertorriqueños sobre las opciones mencionadas en el informe del STACOM. En ese plebiscito de 1967, los electores pudieron escoger entre: (a) el Estado Libre Asociado, (b) Estadidad o (c) Independencia. La ley no definía la estadidad y la independencia, cuyo contenido era y es evidente, pero tuvo que explicar qué quería significar con la etiqueta ELA. Obviamente no era confirmar la creación o vigencia del gobierno local, algo que no estaba en discusión. Votar por el ELA era votar por volver a aceptar enmascaradamente la posición de inferioridad política de Puerto Rico dentro de sistema federal americano que se forjó entre 1900 y 1922 y ratificada entre 1950 y 1952. Veintiséis años después de someternos a la indignidad voluntariamente, Muñoz Marín volvió a guiar a un 60% de los electores a ratificar nuestra condición de inferioridad política aún cuando esta vez tenían la opción de rechazarla, algo que no tuvieron en 1951. Sin embargo, vendió esa victoria como un voto por el cambio porque se había incluido en la fórmula del ELA una cláusula para establecer el mecanismo de comités ad hoc como un medio para “mejorar” el ELA. Es decir, votar por el ELA era votar por lo que existía y por el cambio a la misma vez. ¿No es esto ambivalencia, hipocresía y oportunismo? Este año los líderes del PPD quieren emular a Muñoz. Nos piden que a 61 años de haber ratificado la posición indigna que nos forjaron las leyes Foraker y Jones y las decisiones de Downes y Balzac, volvamos a refrendarla. Nos piden que votemos que ‘Sí’ a la indignidad, prometiéndonos que conseguirán ‘el ELA mejorado’ que el Congreso ha rechazado tajantemente por 60 años. ¡Eso sí es ambivalencia, hipocresía y oportunismo! Continuaré desarrollando este tema en mis próximas columnas. NO se las pierda. Envíe sus comentarios a GarrigaPico@Yahoo.com
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