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LOCALES / MARTES, 30 DE ABRIL DE 2013 El periódico de Puerto Rico
Demandado Bhatia por despidos en el Senado Fotos EL VOCERO / Willín Rodríguez
REDACCIÓN, EL VOCERO
Según el presidente de Evertec, 63.4% de los comercios envían información sobre el IVU Loto a Hacienda pero no los recaudos.
Rechazan híbrido IVU-IVA MARICARMEN RIVERA Y YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES, EL VOCERO
Aseguran cambios al Impuesto sobre Ventas y Uso solo impactará las transacciones entre negocios El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, insistió en que las propuestas de cambios al IVU no representarán impuestos adicionales a los contribuyentes, a pesar de que sumarán mil millones más al fisco. Negó que estos cambios conviertan el impuesto en uno de valor añadido (IVA) pues dijo, eso implicaría cobrar en varias partes de lo que se llama la “cadena” de venta. “Lo que se está proponiendo no es un IVA, ni siquiera considero que sea un híbrido. Es el mismo IVU con un mecanismo de crédito y agregas el cobro a las empresas por productos que no van a revender”, dijo Hernández Montañez. “Vamos a usar la tecnología que ya está allá afuera para cobrar por esos servicios”. Según Hernández Montañez, la propuesta de cobrar por los servicios y eliminar el certificado de revendedor eran asuntos que estaban contemplados cuando primero se aprobó el IVU, pero que nunca se implementaron. “Esto es lo que se supone que se estuviera haciendo desde un principio. Se enfocan en que es un arbitrio y se les olvida que el IVU tiene un componente de ‘uso’ que es lo que vamos a cobrar ahora con los servicios”, dijo. En una vista de la Comisión cameral de Hacienda ayer, salió a relucir que en el IVU Loto hay 218,460 comercios registrados de los cua-
les 141,600 –o el 64.8 por ciento– no cualifican para cobrarlo. De los comercios que sí cualifican, el 63.4% envía la información a Hacienda, pero no necesariamente el dinero. La información fue ofrecida por Carlos Ramírez Padilla, vicepresidente ejecutivo de Evertec. Según Hernández Montañez, parte del problema es que aunque Hacienda recibe información de estas contribuciones, no tiene cómo fiscalizar que se transfiera el dinero. Entre las enmiendas que considerará la Legislatura junto con el presupuesto están: eliminar el certificado de revendedor que beneficia a muchos comerciantes, cobro del IVU a las empresas por los artículos que compren y que no sean para la reventa y crear un pago fijo para los comercios que Hernández Montañez calificó como “artesanales”. El Representante dijo que muchos de estos elementos están contemplados en el proyecto presentado por el senador popular José Nadal Power, por lo que dijo no tener problema en respaldar esta medida con algunas enmiendas. Los portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cámara y Senado, Jenniffer González y Larry Seilhamer criticaron las propuestas y aseguraron que se trata de impuestos adicionales. “Tengo que estar en contra. Se está cogiendo de bobo
a la gente que ahora van a pagar mucho más”, dijo González. De igual forma, Seilhamer dejó saber que no favorece estos cambios.
Comienzan hoy las vistas de presupuesto La Cámara de Representantes evaluará el presupuesto en al menos 30 vistas públicas previo a su aprobación, informó el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. La evaluación comienza hoy con una vista conjunta de Cámara y Senado a la que está citado el componente económico del Ejecutivo. A su salida de la reunión del liderato legislativo con el gobernador Alejandro García Padilla, el Presidente de la Cámara indicó que el Ejecutivo todavía no ha enviado el proyecto a la Asamblea Legislativa para consideración, pero hoy la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, comparecerá en la primera vista de presupuesto para ofrecer detalles. Además de este proyecto, se espera que se presenten otros ocho relacionados al presupuesto. “Ningún cambio que se le vaya a hacer al IVU va a afectar lo que es la canasta básica del consumidor ni los servicios que encarezcan directamente al consumidor cuando paga el IVU. Lo que se está trabajando son en otras áreas que se llaman ‘business to business’ (negocio a negocio)...”, aseguró.
Unos 15 exempleados del Senado demandaron en el Tribunal Federal al presidente de ese cuerpo, Eduardo Bhatia Gautier, y a otros funcionarios por alegado discrimen político, daños económicos y punitivos. Se cree que la demanda será el comienzo de una serie de medidas legales contra el despido aparentemente injustificado de funcionarios que no toman decisiones de política pública, pero que fueron despedidos de su empleo en la Asamblea Legislativa. La demanda de los 15 suma $22.5 millones e incluye a la directora de Recursos Humanos del Senado, Denisse M. Rivera González, a la secretaria del Senado, Tana Barbarrosa Ortiz, y a Luis A. Ramos Rivera, como sargento de Armas. Esta alegada violación a los derechos civiles es uno de los “más claros y flagrantes actos de discriminación política” en la historia de Puerto Rico, resume la demanda radicada el 18 de abril por los abogados Michael Craig McCall, Iván Castro Ortiz y Sheila Torres Delgado. El Presidente del Senado ya fue emplazado y fue demandado tanto en su carácter oficial como personal. A solo días de tomar el control del Senado, el nuevo Presidente del Senado y los demás demandados directamente ordenaron la terminación de contratos de cientos de empleados de bajo nivel porque estaban afiliados o se percibía que estaban afiliados a un partido que no era el PPD, triunfador en las elecciones, se denuncia en la demanda. En el documento se sostiene que algunos de estos empleados despedidos llevaban décadas trabajando en el Senado sin tener evaluaciones negativas en su desempeño laboral. Estos empleados cesanteados fueron sustituidos por personas afiliadas aparentemente al PPD y que alegadamente no tienen experiencia en esas funciones, se agrega. Los demandantes sostienen que por lo bajo de su nivel, no era necesario estar afiliado a un partido para desempeñar sus tareas. Sin embargo, fueron víctimas de un “vicioso, insensible y abusivo acto discriminatorio”. Inclusive, un mes antes de la toma de posesión oficial de Bhatia, a algunos empleados supuestamente se les hostigó para que quitaran cualquier alusión a su afiliación política, entre ellas en Facebook. Al ser despedidos por ser del PNP, quedaron sin la oportunidad de sostener a sus familias y conducir sus vidas cotidianas, por el simple hecho de no pertenecer al partido ganador de las elecciones y por ejercer las garantías constitucionales que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, se asegura en la demanda. “Los actos maliciosos de los demandados estremecen la conciencia”, se manifestó en el recurso.
La reclamación contra Bhatia asciende a $22.5 millones.