“El sistema de justicia necesita examinarse”

Denuncian dilación en hacer valer la orden de cese y desista en caso presuntos ataques racistas de vecinos

Ayeza Díaz Rolón >adiaz@elvocero.com @AyezaNashaly

Organizaciones que defienden los derechos civiles reclamaron que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y el Negociado de la Policía hagan valer la orden de cese y desista, expedida por el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, en el caso de la familia Walker Cortés, en Canóvanas, quienes presuntamente enfrentan desde hace tres años un patrón de ataques racistas y de acoso de parte de su vecina.

Este caso ha sido tema discusión en medios noticiosos radiales y televisivos en las últimas semanas, luego de que el matrimonio de Luis Ramírez Walker y Chanelly Cortés denunciara el presunto patrón de hostigamiento racial que enfrenta la familia desde el 2020, por parte de su vecina Carmen García y su hijo Luis Espinet.

Las entidades dieron a conocer en conferencia de prensa que supuestamente Cortés recibió amenazas de Espinet, lo que les causa preocupación ante lo que entienden es dilación del sistema judicial.

Además, enviarían una carta con la denuncia al director administrativo de Administración de Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa y la jueza administradora de la región judicial de Carolina, Rosa Benítez Álvarez.

Glorian Sacha Antonetty Lebrón, representante del Colectivo Ilé, leyó la misiva que sería entregada ayer mismo a los destinatarios.

“Esta joven familia ha sido muy vocal en denunciar este patrón de hostigamiento racial desde el 2020 cuando la Sra. García escribió epítetos y dibujos extremadamente racistas en una cisterna y desde un balcón que les era visible a Luis y a Chanelly desde su casa, en Haciendas de Canóvanas, en Loíza Valley.

Hace unas semanas atrás tuvieron que enfrentar la conducta criminal de Luis Espinet, quien amenazó de muerte a Chanelly. Han buscado el amparo legal por tres años, pero hasta el momento, les asiste la impunidad y el caso se ventila como una disputa vecinal sin que haya reconocimiento de la violencia racial y la tortura a la que la familia está sometida por su vecina”, expuso Antonetty Lebrón. Entre los firmantes de la carta se encuentra el presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), William Ramírez; la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Liza Gallardo Martín; la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreou; la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, Zoán Dávila Roldán y el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar.

Según se indicó, el caso de esta familia en Canóvanas pone en evidencia las manifestaciones de racismo que enfrentan muchas personas en la Isla, que ocurren como acciones individuales y sistémicas por la poca atención del sistema judicial hacia este caso.

“Esta falta de atención se da en el contexto de un aumento significativo de la violencia antinegra en Puerto Rico, que desplaza a las comunidades negras y empobrecidas, impulsada por el estado y su política pública”, establece la carta.

Además, le imputan atraso a los tribunales y a la Policía en hacer valer la orden de cese y desista —que catalogaron de “letra muerta”— dirigida a García para que detenga las acciones racistas y perturbadoras.

“Así como se ha hecho tantas veces, muchas de ellas en detrimento de personas y comunidades negras y empobrecidas, las órdenes del tribunal se deben hacer valer”, añade la misiva, en la que también piden que el ángulo racial no sea obviado por el sistema judicial en este caso, y que los tribunales aborden su inconsistencia racial con diligencia y formalidad.

“El mundo se encuentra en un momento crítico de violencia racial y afirmación de la supremacía blanca donde ya no es posible negar el racismo y sus efectos letales para personas negras y otras racializadas como inferiores. El sistema de justicia necesita examinarse como institución e implantar procesos educativos y de desarrollo de consciencia sobre el racismo individual, institucional y cultural en Puerto Rico”, concluye el documento.

Con jurisdicción

Al culminar la lectura de la carta, Fermín Arraiza, director legal de la ACLU, estableció que el gobierno federal también puede intervenir en el caso y “poner fin a este atropello”.

“Aquí ha habido múltiples amenazas bajo estatus estatales y federales. Se pueden accionar mecanismos en el tribunal estatal y en el tribunal federal para detener esto. Bajo la Ley de Vivienda de Estados Unidos existen estatus que penalizan conductas criminales como estas”, afirmó.

Han buscado el amparo legal por tres años, pero hasta el momento les asiste la impunidad y el caso se ventila como una disputa vecinal sin que haya reconocimiento de la violencia racial y la tortura a la que la familia está sometida por su vecina.

Glorian Sacha Antonetty Lebrón representante del Colectivo Ilé

En tanto, Gallardo Martín, de Amnistía Internacional, reclamó a los tribunales que garanticen un proceso justo para la familia Walker Cortés.

“Exigimos que el tribunal no invisibilice el ángulo racial y las acciones racistas a las que ha sido sometida esta familia. En especial exigimos que se garantice la protección de las personas menores de edad contra la discriminación racial”, apuntó.

Mientras que Dávila Roldán, de la Colectiva Feminista en Construcción, señaló que los estados raciales —en referencia al tribunal— también permean en lo individual, por lo que no se trata exclusivamente de un conflicto de vecinos.

“No hay errores en cómo se ha tratado este caso; es que el sistema está tratando el caso como se supone que lo trate, y es a que no reconozcan la violencia racista y que los sistemas sostengan la violencia contra la comunidad negra. Reafirmamos el derecho a ser, estar y disfrutar en un país libre de esta violencia”, subrayó.

Reacciona Administración de Tribunales

En comunicación escrita a EL VOCERO, la Oficina de Prensa del Poder Judicial infor- mó que las organizaciones comunicaron que estarían entregando a la Administración de Tribunales una carta con sus reclamos, y que se “coordinó” para recibirla, pero que “por razones que desconocemos, no se nos entregaron los documentos”.

Indicaron además, que no emitirán expresiones sobre los aspectos sustantivos del caso civil de la familia Walker Cortés contra García, porque sigue ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia. La vista de seguimiento en este caso está programada para el 22 de febrero.

“Se aclara que los asuntos civiles que atiende esta sala en dicho caso versan sobre peticiones de remedios extraordinarios relacionados con la convivencia vecinal. De una parte entender que es víctima de conducta delictiva, deberá acudir a la Policía de Puerto Rico”, indicó la oficina.

En las expresiones no hay referencia al caso criminal contra Espinet —por la alegada amenaza de muerte contra Cortés— que también está ante la consideración del tribunal y se encuentra en la etapa de descubrimiento de prueba. El comienzo del juicio quedó pautado para el 1 de marzo.

En declaraciones a este medio, la Policía indicó que no tienen injerencia en el pleito civil, porque son “acciones entre dos partes privadas, que alegan haber llegado a un acuerdo ante un juez a través de sus respectivos abogados. Si hubo una violación de esa orden del juez, la parte afectada debe notificar al tribunal para que un juez evalúe y emita las órdenes que correspondan, que pudieran incluir multas, penalidades y hasta el arresto”.

Mientras que sobre el caso criminal, indicaron que la Policía intervino y la Fiscalía radicó cargos por amenaza, alteración a la paz y violación a la Ley de Armas, “a tres días de recibirse la querella”.