Maracaibo, jueves, 25 de febrero de 2010 POLÍTICA VERSIÓN FINAL 7
Decenas de periodistas han pasado por la guillotina del silencio impuesto, algunos llegando hasta el exilio
Gobierno nacional: ¿una demoledora maquinaria de censura? ARCHIVO
Napoleón Bravo, Patricia Poleo, Marta Colomina y Alberto Ravell son sólo unos ejemplos. Algunos medios han sido asfixiados y otros se han puesto la mordaza para sobrevivir. Hiram Aguilar Espina (Unica 2001) haguilar@versionfinal.com.ve
E
l 27 de septiembre de 1999, el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, aseguró que el editor Andrés Mata y la directiva de El Universal, estaban “contra la aprobación de la nueva Constitución, contra la revolución bolivariana y contra la mayoría del pueblo venezolano”, por criticar la norma sobre la información veraz y su control por parte del Estado. Aquella fecha marcó el inicio de una guerra implacable del Gobierno nacional contra los medios de comunicación y los periodistas. Los mecanismos de censura fueron diversos, pero con el tiempo se perfeccionaron, tal como refiere el periodista Nelson Bocaranda. El profesional de la comunicación afirma que, tras el 27 de mayo de 2007 (cuando RCTV salió de señal abierta) y el 31 de julio de 2009 (cuando Conatel cerró 34 emisoras radiales en todo el país), no ha habido necesidad de mayores medidas. Se llegó a comentar de manera extraoficial que el Gobierno tenía preparado otro bloque de estaciones lista para el cierre, pero la persecución logró el objetivo: la autocensura. Unos fueron eliminados, y el resto entendió que si quería sobrevivir, tenía que callar. Pero como expresa la ya célebre cuenta anónima de Twitter “VenevisiónSincensura”, “la autocensura interesada es la renuncia voluntaria a la denuncia y a la crítica”. Nada más cierto, y a la vez doloroso. Después de aquel destello de autocracia del 27 de septiembre del 99, transcurrieron muy pocos días para que la persecución oficial mostrara su faz sin máscaras: el 29 de noviembre de ese año la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) allanó Radio Guadalupana, del Arzobispado de Coro, para grabar su programación bajo denuncia de que estaría contra el proceso constituyente. Así continuó la historia: el 30 de diciembre, desde su ¡Aló Presidente! Chávez inició agresiones verbales contra editores y perio-
distas, incitando a la violencia contra ellos. Pidió al pueblo “no comprar los periódicos de la contrarrevolución”, ni sintonizar sus emisoras. Hasta agosto de 2003 se realizaron 622 cadenas, con una duración total de 492 horas. Objetivo claro Otros hechos relevantes ocurrieron, pero fue el 7 de agosto de 2000, cuando se materializó el efecto de la presión del Gobierno sobre un profesional de la comunicación. Atacado por causa del contenido informativo del diario La Razón, su editor, Pablo López Ulacio, abandonó el país. El directivo era juzgado por presunta difamación contra un empresario cercano al presidente Chávez. Una vez que López Ulacio comprobó que no existían garantías para el debido proceso, decidió exiliarse en Costa Rica, donde permanece hasta el presente. Asimismo, el 23 de marzo de 2004, la Fiscalía Militar inició una investigación por cargos de rebelión y difamación de la Fuerza Armada nacional (FAN) contra Patricia Poleo, Marianella Salazar, Marta Colomina, Ibéyise Pacheco y César Miguel Rondón. Pero antes de esto, ya había ocurrido una serie de graves hechos. Cabe destacar que más tarde Poleo fue acusada también de ser artífice intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson. En el año 2005 salió de Venezuela para exiliarse en Estado Unidos. Como condimento, en 2008 el Gobierno nacional requirió nuevamente su detención a Interpol, por supuestas difamaciones contra “el magnate de Mercal”, Ricardo Fernández Barrueco, hoy preso en la sede de la DIM. Pero la familia Poleo sumó otro expatriado a finales de 2009. El patriarca, Rafael Poleo, editor y propietario de la revista Zeta, partió al sur de La Florida, tras solicitarse su comparecencia ante un juez, por haber hecho una drástica comparación entre el Presidente y el dictador italiano Benito Mussolini. “Si me hubiese presentado me hubiesen encarcelado, porque esa fue la orden de Chávez”, aseguró posteriormente.
El último blanco de la aceitada maquinaria es Alberto Federico Ravell. Su renuncia vino como consecuencia de la venta de acciones de Mezerhane en Globovisión.
El año 2006 abrió con el caso de Napoleón Bravo, señalado por la fiscal Luisa Ortega Díaz por el “delito de vilipendio en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”. En su programa 24 Horas, que transmitía Venevisión, efectuó una dura crítica contra dicha institución, por la falta de diligencia en el caso de Luis Antonio Carrera Almoina (pariente del profesor Germán Carrera Damas), quien violó a la joven Linda Loaiza. Exilio y silencio Otro eslabón de esta cadena es Freddy Machado, el corresponsal de Globovisión que debió marcharse del país por el acoso del TSJ, tras haber demostrado, con una copia de un documento, que el Juez Octavo de Control de Táchira, Jorge Iván Ochoa, accedió al cargo mediante un currículum fraudulento. También resalta la autocensura en la historia de Ibéyise Pacheco, forzada a salir de
la emisora Mágica FM. Al respecto, su colega y amiga, Isa Dobles, expresa: “No hablar de política o bajar el tono es una exigencia hoy demoledora y asqueante. ¿Cómo una periodista que ha enfrentado demanda tras demanda a un poder omnipotente va a quedarse tranquila, sin defenderse y defender la libertad y la dignidad? Una está hecha de otra madera”. Otros profesionales también fueron cooptados a abandonar sus espacios y puestos de trabajo. César Miguel Rondón, además dramaturgo, ex conductor del espacio 30 Minutos por Televén, es otra víctima: “Su programa de televisión salió del aire por presiones del gobierno y recientemente le redujeron el tiempo a su programa en el circuito Unión Radio”, señala Colomina. Mucho se ha especulado también sobre la salida de Nelson Bocaranda. Sin embargo, el caso que estremece los cimientos de la libertad
de expresión hoy es el que tiene bajo la lupa al ex director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, instado a renunciar por Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, los otros accionistas del canal. Voces extraoficiales advierten que Carla Angola y “Kico” Bautista serían los próximos, como Leopoldo Castillo, conductor de Aló Ciudadano quien salió, pero volvió. Cabe recordar a José Domingo “Mingo” Blanco, quien conducía Primera Página, en el presente exiliado. Lo cierto es que la censura del Gobierno ha evolucionado a tal punto que se avista el fin de los temidos cierres de medios. Pero más letales aún se aún vuelto las técnicas de coacción a sus propietarios. Las depuradas estrategias quedan ante todos exhibidas en el caso Venevisión, bien logrado a través de las presiones a Gustavo Cisneros y sus Empresas Polar. Sólo cabe preguntarse, ¿quién será el próximo objetivo de la maquinaria?