Maracaibo, jueves, 10 de septiembre de 2009 SUCESOS VERSIÓN FINAL 21
Se pronunció Ovidio Abreu, designado por el Ministerio Público para el caso del joven quemado SEGURIDAD INDUSTRIAL
Fiscal 14: “Tenemos mecanismos para hacer comparecer a los responsables” JAVIER PLAZA/WILDI RIVERO
El representante del Ministerio Público aseguró que el proceso marcha normalmente. Diputados del Clez señalaron también que negarse a declarar es desacato, hecho penado por la ley. Hiram Aguilar Espina (Unica 2001) haguilar@versionfinal.com.ve
E
l caso del estudiante Alejandro Maldonado, fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en la estación de servicio El Ángel y la negligencia médica, toma forma, mientras las diversas instituciones abocadas a la investigación realizan esfuerzos por recabar todos los detalles relacionadas con las circunstancias que rodean su muerte. El fiscal 14º del Ministerio Público, Ovidio Abreu, designado por la institución para conducir el expediente del caso Maldonado, aseveró: “Estamos en fase de investigación, determinando cómo sucedió el hecho a ciencia cierta, para entonces establecer responsabilidades”. Para quienes opinan que el proceso presenta demoras, Abreu alegó: “Es un hecho reciente, y cuando la Fiscalía tuvo conocimiento de inmediato se ordenó al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciar las investigaciones; la fase de investigación comprende todo, incluso llamar a declarar a los involucrados”, explicó. También aclaró que, en el supuesto de que alguna de las partes envueltas en el hecho se rehúse a declarar, “la Fiscalía tiene los mecanismos para hacer comparecer a los responsables, mecanismos que establece la ley”, especificó el jurista. Asimismo, María Gabriela Viloria, representante de la Defensoría del Pueblo en suplencia de Antonio Urribarrí, informó que su despacho comisionó a la defensora Miriam Perozo para seguir el caso. “Estamos haciendo los trámites necesarios para la sustanciación del expediente”, informó. Sin embargo, hasta ayer los familiares del joven fallecido no habían sido contactados por este organismo. Viloria agregó que hasta ahora “no puede hablarse de retardo procesal” en este evento particular, puesto que, a su parecer, las autoridades correspondientes han actua-
do con diligencia. “Estamos solicitando la información pertinente a los centros hospitalarios involucrados, al Coromoto y al Universitario, y le correspondería al Ministerio Público conminar a las partes”. Otras acciones Mientras tanto, en nombre del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez), el diputado Virgilio Ferrer, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales, Desarrollo Social, Salud y Contra el Uso Indebido de las Drogas, afirmó: “Estamos esperando la comparecencia de todos los involucrados en el hecho; los dueños de la estación, los representantes de Adegas, el Hospital Coromoto y el Universitario”. La semana pasada, la diputada Marianela Fernández, presidenta de la mencionada comisión, había anunciado el inicio de una serie de interpelaciones a los presuntos responsables, con el inconveniente de que el ciudadano Eduardo Emiro Ferrer Oquendo, señalado como propietario de la gasolinera, no había podido ser ubicado para recibir personalmente la notificación del requerimiento a comparecer. Los voceros del Clez advirtieron que, quien sea citado y no se presente a rendir declaraciones será objeto de sanciones que tocará establecer al Ministerio Público. “Si alguna de las personas o entes convocados no acude al llamado del parlamento regional, incurriría en desacato y sería penalizado según lo prevé la ley”, detalló Virgilio Ferrer. En cuanto a la posición de las instituciones estatales de salud a las que se requirió atención médica para Maldonado al momento del accidente, el legislador opinó: “Las autoridades hospitalarias deberían sincerarse y, si es el caso, reconocer las deficiencias y carencias que pudieran estar atravesando, para ver de qué manera podemos gestionar recursos que solventen la situación”. Igualmente, el parlamentario explicó que bajo ninguna circunstancia podría existir justificación para que un directivo oculte las
Expertos ofrecen apoyo para la investigación
El ingeniero Marcial Márquez reafirmó la disposición de Soitsha a colaborar.
Hiram Aguilar Espina
El sector universitario también continúa al pendiente del caso. La FCU y la Dirección de Asesoría Jurídica de LUZ adelantan acciones.
fallas de un centro asistencial público, puesto que estaría poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. “Hay que investigar qué está pasando, porque el Coromoto ha venido desmejorando, cuando antes era referencia internacional del centro-occidente de América; venían pacientes hasta de Aruba”, recordó. Finalmente, se conoció que desde hace algunos días corren rumores relacionados con la presunta salida del territorio nacional por parte del propietario de la estación
El Ángel, afirmaciones que aún no han sido corroboradas oficialmente por los organismos correspondientes. Ledys Machado, madre de Alejandro Maldonado, confirmó: “Nos dijeron que ese señor había salido del país. Pero no hemos podido confirmar si eso es así y por qué vía habría salido. De todas maneras las autoridades son las que saben de esto y son los que saben cuáles son las acciones legales correspondientes”.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros y Técnicos de Seguridad, Higiene y Ambiente (Soitsha), Marcial Márquez, se acercó a la sede de VERSIÓN FINAL para reafirmar su disposición a colaborar en las experticias para determinar las causas exactas que originaron las lesiones en la humanidad de Alejandro Maldonado en la estación de servicio El Ángel. “Aún no hemos sido llamados por ningún organismo gubernamental o no para requerir la aplicación nuestros conocimientos como gremio calificado en la materia que abarca el manejo, transporte y expendio de líquidos inflamables”, aclaró Márquez. El directivo enfatizó que, si bien algunos voceros del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez), entre otras instituciones, han afirmado haber requerido la ayuda de especialistas del área, Soitsha no ha sido consultada por este organismo. “Tampoco por el Ministerio Público, el Cicpc, Adegas, el Ministerio para el Poder Popular de Energía y Petróleo u otra instancia”, señaló el directivo gremial. “Continuamos a las órdenes de las autoridades, como ente adscrito al Colegio de Ingenieros, puesto que la Ley de nuestro ejercicio profesional establece en su artículo 22 que el Colegio es un órgano asesor del Estado, al servicio del interés público, y creemos que esta situación lo es”, afirmó Márquez, sobre el tema de la seguridad en estaciones de servicio. El experto explicó que la Soitsha es representante de Venezuela ante la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo. “Somos responsables de velar por la seguridad laboral, incluso con peso internacional; por eso, no nos queda menos que tratar de contribuir en el esclarecimiento de hechos como éste”, recalcó Márquez.