Análisis Situacional OEA Armando Paz

LÍNEA DE BASE Y ANÁLISIS SITUACIONAL PROYECTO “ARMANDO PAZ: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ CON LOS JÓVENES DE CENTROAMÉRICA A TRAVÉS DEL ARTE, LOS MEDIOS Y EL DIÁLOGO SOCIAL”

Elaborado por el consultor del proyecto Armando Paz José Miguel Abad G.

Agosto de 2011

TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN

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I. GENERALIDADES El Salvador Geografía y administración territorial Gobierno Economía y sociedad Un panorama de la seguridad ciudadana en El Salvador Guatemala Geografía y administración territorial Gobierno Economía y sociedad Un panorama de la seguridad ciudadana en Guatemala Nicaragua Geografía y administración territorial Gobierno Economía y sociedad Un panorama de la seguridad ciudadana en Nicaragua Panamá Geografía y administración territorial Gobierno Economía y sociedad Un panorama de la seguridad ciudadana en Panamá

8 8 9 9 11 16 16 17 18 20 21 22 24 26 26 27 29

II. SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS PAÍSES DEL PROYECTO Demografía Pobreza Educación Salud Empleo Jóvenes y sociedad: temas específicos Seguridad ciudadana Pertenencia y participación juvenil Acceso a nuevas tecnologías de informática y comunicación

32 33 41 45 57 74 85 86 89 94

III. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL EN JUVENTUD Generalidades del contexto institucional y normativo de juventud Los jóvenes como titulares de derechos en la legislación internacional El desarrollo institucional de las políticas de juventud en América Latina Desarrollo institucional en los países del proyecto El Salvador Guatemala Nicaragua

103 104 104 106 109 110 121 131

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Panamá Iniciativas de alcance regional

138 142

IV. LECCIONES APRENDIDAS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

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V. RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO ARMANDO PAZ

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Referencias bibliográficas y fuentes de datos

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Tabla de Gráficas 1. Crecimiento de la población 1980-2020 (miles) 2. Tasa de crecimiento poblacional 1980-2020 (% promedio anual por quinquenios) 3. Tasa global de fecundidad por quinquenios 1980-2020 (número de hijos por mujer) 4. Población por grupos de edad (en %) 5. Distribución porcentual de grupos en edad juvenil en la población total 6. Relación de dependencia 1950-2050 7. Población juvenil urbana y rural (en %) 8. Pobreza y concentración de ingresos (% población) 9. Tasa de variación anual del PIB 2002-2010 10. Crecimiento acumulado PIB 2002-2010 11. Pobreza nacional y pobreza en jóvenes (% de la población) 12. Indigencia nacional e indigencia en jóvenes (% de la población) 13. Gasto público per cápita en educación (en dólares 2000) 14. Gasto público en educación (% del PIB) 15. Gasto público en educación (% del Gasto público total) 16. Situación de estudios en jóvenes 15-24 años, por sexo (en %)-El Salvador (2009) 17. Situación de estudios en jóvenes 15-24 años, por sexo (en %)-Guatemala (2006) 18. Situación de estudios en jóvenes 15-24 años, por sexo (en %)-Nicaragua (2009) 19. Situación de estudios en jóvenes 15-24 años, por sexo (en %)-Panamá (2009) 20. Población por edades y años de estudio-Áreas urbanas 21. Población por edades y años de estudio-Áreas rurales 22. Gasto público per cápita en salud (en dólares 2000) 23. Gasto público per cápita en salud (% del PIB) 24. Gasto público per cápita en salud (% del Gasto público total) 25. Tasa de homicidios 2003-2008 (# de homicidios por 100.000 personas) 26. Número de homicidios por año 1999-2010 27. Tasa de homicidios 1999-2010 (# de homicidios por 100.000 personas) 28. Tasa de homicidios en jóvenes y no jóvenes 1999-2005 (# de homicidios por 100.000) 29. Proporción de muertes por causas externas en jóvenes para países del proyecto 30. Incidencia VIH/SIDA en jóvenes 15-24 años en Centroamérica 2010 (% de la población) 31. Tasa de fecundidad adolescente 15-19 años (en % de nacimientos por 1000 mujeres) 32. Partos atendidos por personal médico 2000-2008 (% de nacimientos)/Tasa de mortalidad materna 2003-2008 (defunciones por 100.000 nacimientos vivos) 33. Consumo de drogas en países seleccionados del proyecto (prevalencia anual en %) 34. Tasa de desempleo total, jóvenes y adultos (en %) 35. Tasa de desempleo total en hombres y mujeres, por edades, para países del proyecto (en %) 36. Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que solamente estudian, para países del proyecto (en %) 37. Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que solamente trabajan, para países del proyecto (en %)

33 34 34 35 36 37 40 41 42 43 43 45 47 48 49 50 51 51 52 55 55 56 57 58 60 61 62 63 66 67 68 69 72 73 74 76 78

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38. Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que estudian y trabajan, para países del proyecto (en %) 39. Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que ni estudian ni trabajan, para países del proyecto (en %) 40. Trabajo infantil y adolescente (en %) 41. Tasa de homicidios por 100 mil personas (2003-2008) 42. Víctimas de asalto (% que afirma haber sido víctima, 2006-2009) 43. Percepción de seguridad (% que afirma sentirse seguro para caminar a solas en la noche) 44. Percepciones sobre la estructura social en jóvenes 18-29 años 2006 (en %) 45. Jóvenes 18-29 años que se sienten discriminados (en %) 46. Razones de los jóvenes que se sienten discriminados (en %) 47. Votantes última elección presidencial según edad (en %) 48. Personas que se identifican políticamente por edad (% de la población) 49. Participación en partidos políticos por edad (% de la población) 50. Usuarios de Internet por 100 habitantes 2000-2007/Tasa de expansión 51. Abonados a Internet por banda ancha 2008 (por 100 personas) 52. Usos de Internet por edades (18-29 y 30 en adelante) 53. Uso principal y frecuencia de uso de Internet por edades (18-29 y 30 en adelante) 2007 54. Totales uso de Internet por edades 18-29/30 y más años 2007 (en %) 55. Población cubierta por telefonía móvil 2008

79 81 82 84 85 85 87 88 89 89 90 90 92 93 94 95 95 96

Tabla de Cuadros 1. Población total 1980-2020 (miles) 2. Mediana de edad, por sexo (estimaciones a 2010) 3. Población por grupos de edad (% del total) 4. Distribución porcentual de jóvenes en población total, por sexo y grupos de edad (en % de la población total) 5. Relación de Dependencia 1950-2050 6. Aspectos relativos a la evolución de la relación de dependencia 7. Porcentaje de población urbana y tasa de crecimiento urbano 8. Cantidad y distribución urbano/rural de jóvenes 15-24 años circa 2008-2010 (en % total de jóvenes y cantidades absolutas) 9. Indicadores socioeconómicos seleccionados 10. Incidencia de la pobreza en jóvenes según sexo, origen étnico y áreas geográficas (en %) 11. Incidencia de la indigencia en jóvenes según sexo, origen étnico y áreas geográficas (en %) 12. Gasto público per cápita en educación 1997-2008 (en dólares de 2000) 13. Gasto público per cápita en educación 1997-2008 (% del PIB) 14. Gasto público per cápita en educación 1997-2008 (% del Gasto público total) 15. Situación de estudios en jóvenes 15-24 años (en %) 16. Promedio de años de estudio, por grupo de edad y área geográfica 17. Población según años de instrucción, por edades, zonas urbanas (en %) 18. Población según años de instrucción, por edades, zonas rurales (en %) 19. Gasto público per cápita en salud 1997-2008 (en dólares de 2000) 20. Gasto público per cápita en salud 1997-2008 (% del PIB) 21. Gasto público per cápita en salud 1997-2008 (% del Gasto público total) 22. Tasa de mortalidad en jóvenes 15-24 años, por sexo y causa de muerte, 2008 (defunciones por 100 mil personas) 23. Sobre-mortalidad masculina en jóvenes 15-29 años, por sexo y causa de muerte

33 35 35 36 37 38 39 40 41 44 45 47 48 49 49 53 54 54 56 57 58 59 60

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(defunciones por 100 mil persona) 24. Número de víctimas de homicidio 1999-2001 25. Tasa de homicidios anual 1999-2001 (# de homicidios por 100.000 personas) 26. Tasa de homicidios en la población total y en jóvenes 15-24 años 1999-2005 (# de homicidios por 100.000 personas) 27. Número de homicidios (último año) 28. Tasa de homicidios-último año (# de homicidios por 100.000 personas) 29. Número de suicidios (último año) 30. Tasa de suicidios-último año (# de suicidios por 100.000 personas) 31. Número de accidentes (último año) 32. Tasa de accidentes-último año (# de suicidios por 100.000 personas) 33. Incidencia VIH/SIDA jóvenes 15-24 años en Centroamérica, por sexo, 2010 (% de la población) 34. Tasa de fecundidad en adolescentes 15 a 19 años 1990-2008 (# de nacimientos por 1.000 mujeres 15-19 años) 35. Partos atendidos por personal especializado 2000-2008 (% de nacimientos)/Tasa de mortalidad materna 2003-2008 (defunciones por 100.000 nacimientos vivos) 36. Tasa de mortalidad por embarazo, parto y puerperio en jóvenes 15 a 29 años y adultas 30 a 44 años (defunciones por 100.000 mujeres) 37. Edad de inicio de consumo de drogas, hombres y mujeres (en años) 38. Tasa de desempleo adultos (30 a 64 años) y jóvenes (15 a 29 años) (en %) 39. Jóvenes 15 a 24 años que solamente estudian (en % de la población juvenil) 40. Jóvenes 15 a 24 años que solamente trabajan (en % de la población juvenil) 41. Jóvenes 15 a 24 años que estudian y trabajan (en % de la población juvenil) 42. Jóvenes 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan (en % de la población juvenil) 43. Número de armas de fuego en Centroamérica 44. Principales razones para sentirse discriminado en jóvenes 18 a 29 años 2006 (en %) 45. Tasa de crecimiento anual en número de usuarios de Internet 2000-2007 (por 100 habitantes) 46. Número de usuarios de Internet 2000-2007 (por 100 habitantes)

61 62 63 64 64 64 65 65 65 67 68 69 70 70 74 75 77 79 80 85 88 91 92

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INTRODUCCIÓN Análisis situacional: Un estudio diagnóstico de los países involucrados 1 en el proyecto “Armando Paz” La violencia es resultado de múltiples causas como la desigualdad, la corrupción, la existencia de redes de tráfico ilegal de armas, drogas y personas, entre otras.

Desde el proyecto Armando Paz se cree que la paz se puede armar con la participación de todos los sectores de la sociedad, y que hay aportes específicos que cada ciudadano puede realizar a este proceso en su vida cotidiana. Factores tales como el acceso a una educación de calidad, la enseñanza de valores ciudadanos, el acceso a oportunidades de trabajo, el crecimiento en el seno de familias más unidas, la implementación de políticas públicas más eficaces y el compromiso de todos los sectores de la sociedad, hacen que la construcción de la paz sea una meta posible de alcanzar.

En este marco surge el ¨Proyecto Armando Paz: Construcción de una cultura de paz con los jóvenes de Centroamérica a través del arte, los medios de comunicación y el diálogo social¨ con un doble objetivo: Por un lado se propone desarrollar y ejecutar una campaña de sensibilización integral, de jóvenes para jóvenes, dirigida a la prevención del crimen, el abuso de drogas y la violencia de pandillas en la región; y por otro lado, procura fortalecer redes de jóvenes líderes que participan a nivel comunitario, y de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran trabajando actualmente con jóvenes a nivel local nacional y regional, con el fin de mejorar la coordinación de sus actividades, la colaboración en la planificación estratégica y el intercambio de buenas prácticas.

El Proyecto Armando Paz descansa sobre dos pilares fundamentales en torno a los cuáles se estructuró el desarrollo de sus actividades. El primero, que los jóvenes son el activo más importante con el que cuentan los países para construir sociedades pacíficas y fomentar su desarrollo económico, social y cultural. El segundo, que la paz se construye con la participación de múltiples sectores (gobierno, jóvenes, sociedad civil y sector privado), y que requiere de inversiones en diversos tipos de políticas públicas que involucran no sólo temas de seguridad, sino también, y especialmente, de desarrollo humano.

El programa tiene tres componentes: 1 Dado que el comienzo del Proyecto “Armando Paz” tuvo lugar en el año 2010, los países involucrados inicialmente en la propuesta eran El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Por este motivo, este documento no abarcó un estudio diagnóstico de Honduras, país que se integró al proyecto en la segunda mitad del 2011. Honduras había sido suspendido del derecho participación en la Organización de los Estados Americanos en julio de 2009. El levantamiento de su suspensión ocurrió en Junio del 2011, en oportunidad del Cuadragésimo Primer Período Extraordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos.

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 La sensibilización de los jóvenes para reducir la violencia y la actividad de las pandillas en la región destinataria  El fortalecimiento o desarrollo de redes con alcance nacional y regional, donde participen líderes juveniles, organizaciones de base, ONG’s locales y otros actores importantes de las comunidades  La conformación de una red regional de instituciones que proveen servicios a jóvenes en riesgo.

En función de los mismos, se espera que el proyecto pueda producir los siguientes dos grandes resultados:  Una campaña de sensibilización para prevenir la participación de jóvenes en actividades delictivas, consumo de drogas y pandillas.  El fortalecimiento o desarrollo de redes multisectoriales que trabajan en el tema de la promoción del desarrollo juvenil y la prevención de la violencia.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos contrató en el año 2010 al consultor José Miguel Abad 2 para la elaboración de un documento descriptivo y analítico sobre la situación contextual que el programa va a intervenir en los países focalizados- El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá-, que tuviera los siguientes objetivos: a) Servir como una base de datos con información de relevancia sobre la situación de los países involucrados, cuyo análisis contribuya tanto para guiar el diseño, formulación e implementación de las actividades del proyecto, como también para la formulación de indicadores de los resultados esperados del proyecto, cuya comparación en el tiempo facilite analizar la efectividad de la intervención y evaluar la magnitud de sus efectos. b) Producir un conocimiento a partir del análisis de los datos sistematizados, con el fin de valorar los diversos aspectos de la situación en torno a la cual el proyecto pretende intervenir e influir, así como también proveer insumos a la gerencia y al equipo de trabajo del proyecto que permitan fundamentar y guiar en el corto, mediano y largo plazo, la toma de decisiones relativas a su gestión monitoreo y evaluación. La información contenida en este documento permitirá valorar las acciones del programa, y servir para formular recomendaciones que destaquen los aspectos de adecuación, innovación y/o calidad que deben ser tenidos en cuenta para hacer una diferencia sustancial y sostenible en los efectos de la intervención.

La entrega de la versión final de este documento se realizó en Agosto de 2011.

Sin embargo, cabe aclarar que el equipo del proyecto Armando Paz realizó previamente a su publicación, algunas modificaciones en el estilo de la redacción.

2 Para la elaboración de este documento, el consultor del proyecto José Miguel Abad contó con el apoyo de “Visión Consultores” y de Johanna Tautive Pradere.

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Estructura del documento El Informe consta de cuatro partes. En la primera, Generalidades, se presentan, en forma resumida, algunos datos para caracterizar el país, haciendo una síntesis de sus aspectos político-administrativos más relevantes y se exponen los principales rasgos económicos y sociales del país. Finalmente, se ofrece un análisis corto de la situación de seguridad ciudadana y violencia, y se describen sus efectos más importantes.

En la segunda parte, Situación de los jóvenes en los países del proyecto, se presentan los indicadores que mejor permiten evaluar la situación de los jóvenes desde el enfoque de prevención de la violencia. Desde ese punto de vista, se procuró recoger información sobre los factores de riesgo en cuya presencia se producen altas tasas de homicidio en los países (Guerrero, 2008; Abad & Gómez, 2008), agrupados bajo los grandes temas de Demografía, Pobreza, Educación, Salud y Empleo.

Al final de la segunda parte se incluyeron bajo el título de Jóvenes y sociedad; temas específicos, unos indicadores cuyo análisis sirve para aproximarse a la relación entre los jóvenes y la sociedad, en temas que son, si se quiere, “transversales” a la estrategia del programa: la seguridad ciudadana, la participación de los jóvenes como termómetro de su sentido de pertenencia, así como el desarrollo institucional que promueve su desarrollo, y la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICS).

Algunas precisiones sobre el tratamiento de los datos:  En la presentación se optó por facilitar, siempre que fuera posible, una comparación entre los países focalizados por el programa, así como con los promedios de América Latina y El Caribe o datos de países del área, de manera que el lector pueda tener una base más amplia para comprender la magnitud y cualidad del indicador nacional.  En general, se han privilegiado fuentes que consoliden datos nacionales y permitan la comparación entre los países de referencia para el programa.

Así, las principales han sido los informes del sistema de Naciones Unidas, principalmente el de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y su versión para Centroamérica, Panorama Laboral de América Latina y El Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, así como las bases estadísticas de la Comisión Económica para América Latina.  En ocasiones, se han procesado los datos en los cuadros estadísticos para obtener la información necesaria o se ha adecuado su presentación a los fines del presente informe, como en las gráficas elaboradas a partir de los datos extraídos y procesados de las fuentes secundarias, determinados promedios o medianas, o cálculos de porcentajes.

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Cabe aclarar que no siempre se ha mantenido la edad de los jóvenes en el rango recomendado por las Naciones Unidas, de 15 a 24 años, porque por un lado, los institutos nacionales de estadística de los países seleccionados definen la población joven en rangos de edad diferentes, y por otro lado, también optan por definir diferentes edades según su objetivo, de manera que es diferente si se trata de efectuar un análisis de la transición de la educación al trabajo, o si es un análisis de los derechos, de corte normativo.

La tercera parte – Marco normativo e institucional de juventud - da cuenta de dos aspectos incluidos en los Términos de Referencia suministrados, y los amplía:  Por un lado, se presenta una descripción del desarrollo institucional de las políticas de juventud en los países del proyecto, incluyendo programas desarrollados con apoyo de la cooperación internacional que son relevantes para los objetivos de Armando Paz desde el punto de vista de las posibilidades de ejercer una influencia en sus estrategias o cooperar en beneficio de objetivos comunes o complementarios;  Por otro, en lugar del inventario en formato Excel solicitado, se presenta un análisis de las redes existentes de jóvenes e instituciones que trabajan específicamente en prevención de la violencia juvenil, así como de las ofertas institucionales más relevantes desde la sociedad civil por su capacidad de incidencia y maduración institucional, tanto a nivel nacional como regional.

El cuarto capítulo, Lecciones aprendidas en prevención de la violencia, ofrece un análisis del panorama expuesto en la parte anterior desde el punto de vista de lo que el proyecto Armando Paz debe tener en cuenta según sus estrategias de intervención a partir de lo que se identifica como exitoso o innovador en las instituciones y programas descritos antes, así como en las limitaciones y debilidades de lo que se ha realizado hasta ahora en el campo de la prevención por medio de la promoción de la participación juvenil.

La última parte se aplica a la formulación de Recomendaciones para el proyecto Armando Paz desde el punto de vista de cómo pueden las intervenciones agregar valor a lo que ya existe, en perspectiva de complementar esfuerzos, llenar vacíos y hacer diferencias substanciales en el campo de la prevención de la violencia juvenil en Centroamérica.

Para terminar, se aclara que por razones de economía lingüística, el uso de los pronombres y sustantivos masculinos y femeninos en el texto, no debe ser entendido como la exclusión del género no citado, salvo cuando explícitamente así se exprese. De esta manera al mencionar a “los jóvenes”, se alude al tipo o clase, hombres y mujeres jóvenes, no sólo a los varones.

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I. GENERALIDADES El Salvador Geografía y administración territorial Con una superficie de 20.742 km2, El Salvador es el país más pequeño de América Latina y también el más densamente poblado de su parte continental, con 288 habitantes por km2. Limita al norte y al este con Honduras, en el sureste con el golfo de Fonseca, al oeste y noroeste con Guatemala, y al sur con el océano Pacífico. Es el único país de Centroamérica que no tiene costa sobre el Mar Caribe.

Su terreno es mayormente montañoso al norte y al sur, con alturas que promedian los 1,300m y numerosos volcanes, muchos de ellos activos, que representan una fuente de energía geotérmica para el país y han enriquecido el suelo con lava y cenizas, haciéndolo propicio para el cultivo de café. La estrecha línea costera del pacífico es pantanosa, rocosa y llana. Por último, hay una altiplanicie central que va de oeste a sureste, con valles entre los ríos Lempa y Grande de San Miguel.

El Salvador es un estado unitario que se divide en 14 Durante las décadas de los años 1970 y 1980, centenares de miles de salvadoreños abandonaron el país a departamentos agrupados en tres consecuencia de la guerra civil y la grave crisis económica zonas geográficas, Occidental, provocada por el conflicto. Algunos de los lugares de de esta corriente migratoria fueron Estados Unidos, Oriental y Central, a su vez destino México, Guatemala, Canadá, Australia y Suecia, hasta fraccionados en 262 municipios llegar a formar una numerosa comunidad salvadoreña en el Aunque no existe un censo, para el año 2006 se con autonomía económica, exterior. estimaba que vivían fuera 3,1 millones, lo que implica casi la técnica y administrativa. La capital mitad de cada cinco salvadoreños. La mayor comunidad se es San Salvador, con 316.090 encuentra en los Estados Unidos, con 2,5 millones de personas. Muchos de ellos están en situación de habitantes propios y 1.566.629 indocumentación o ilegalidad, y sus aportaciones habitantes en Área Metropolitana conocidas como remesas familiares - son uno de los ingresos de la economía salvadoreña. Este de San Salvador, principales fenómeno ha tenido gran relevancia en la historia reciente aproximadamente el 25% de la de El Salvador. población del país. Otras ciudades importantes son Santa Ana y San Miguel.

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Gobierno La constitución de 1983 establece un gobierno republicano, democrático y representativo.

El poder ejecutivo es encabezado por el cargo de Presidente, elegido por la ciudadanía mayor de 18 años mediante sufragio universal, junto con el cargo de Vicepresidente en una misma ronda electoral, por un período de cinco años, sin reelección. Como jefe de estado y cabeza del gobierno, el Presidente elige su gabinete de ministros.

El actual Presidente de la República es Mauricio Funes Cartagena del FMLN (Farabundo Martí para la Liberación Nacional), elegido el 15 de marzo de 2009 por 51.3% de los votos contra Rodrigo Ávila del partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), que obtuvo 48.7%. Las próximas elecciones están previstas para marzo de 2014.

El poder legislativo es ejercido por una Asamblea Legislativa unicameral con 84 miembros elegidos directamente por voto popular y por un período de tres años.

La distribución actual de los escaños por partidos es: FMLN, 35; ARENA, 32; GANA, 16; PCN, 10; PDC, 2; CD, 1; Independientes, 1.

El poder judicial lo detenta la Suprema Corte, compuesta por quince jueces electos por la Asamblea Legislativa, y que se asignan a cuatro cámaras: constitucional, civil, penal y derecho administrativo.

Economía y sociedad La economía salvadoreña se ha desarrollado bajo el contraste entre ricos y pobres, y zonas más y menos prósperas, con una estructura orientada a la exportación de productos primarios, especialmente café, el algodón, la caña de azúcar y las bananas, que mantuvo casi incólume el dominio de catorce familias latifundistas desde la independencia hasta buena parte del siglo XX. La guerra civil que enfrentó al ejército gubernamental en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desarrolló entre 1980 y 1992, y se calcula que durante la confrontación hubo más de 75,000 muertos y desaparecidos. El conflicto fue devastador para la infraestructura productiva del país, al punto de ocasionar pérdidas superiores a la mitad del PIB, además de propiciar la fuga de capitales al exterior y la caída de la inversión extranjera.

La firma de los acuerdos de paz a inicios de 1991 permitió sentar las bases para una mayor estabilidad institucional necesaria para la recuperación económica, que se benefició de un plan nacional de reconstrucción, privatizaciones de servicios 10

estatales y reformas fiscales que permitieron reducir la inflación y aumentar las exportaciones, iniciándose un período de crecimiento económico, aunque afectado por los efectos del huracán Mitch (1998) y del terremoto de 2001, que dejaron miles de damnificados y la destrucción de edificios, infraestructuras y empresas.

Aunque la agricultura sigue teniendo un peso muy importante, en la actualidad se están desarrollando procesos muy amplios de industrialización y terciarización de la economía, especialmente en el sector agroalimentario, pero también en petróleo, tabaco, química, textiles y muebles. Así mismo, el bajo valor de los salarios y una legislación laboral más laxa, han atraído industrias destinadas a la exportación de bienes no durables con escaso valor agregado y destinado a empresas multinacionales. Hay que destacar también el incipiente turismo y el mejoramiento de las buenas comunicaciones en el interior del país alrededor de la carretera Panamericana.

Otra medida económica importante, fue la adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal en El Salvador a partir del 1 de enero de 2001, una decisión que si bien limita las herramientas para una política monetaria independiente, hasta ahora ha dado más estabilidad al sistema.

En 2006, El Salvador fue el primer país en firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA). Después de eso, ha celebrado acuerdos con México, Chile, Panamá, Canadá, Colombia y Taiwán, lo que revela la importancia que tiene la exportación en la economía

nacional.

La estabilidad macroeconómica junto con reformas centradas en la promoción de las inversiones extranjeras y en una “segunda ola” de privatizaciones en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, banca y fondos de pensiones, han llevado a este país, el más pequeño de Centroamérica, a tener la tercera economía de la región, después de Guatemala y Costa Rica.

La recesión económica mundial impactó sobre el PIB nacional, que se contrajo un 3,5% en 2009. Al año siguiente, se inició una muy lenta recuperación de la economía apoyada en un ligero aumento de las exportaciones y la mejora de las cifras de remesas familiares, que representan el 16% del PIB en 2009, y afectan directamente los ingresos de un tercio de los hogares.

No obstante, el crecimiento de 2010 no superó el 1%, el menor de los países centroamericanos, una situación que se atribuye a la poca inversión privada y escasa respuesta del gobierno para aplicar herramientas anticíclicas efectivas, en parte limitadas por la dolarización. En contraste, la inflación fue cercana al 2% debido al aumento de los precios de los alimentos y la energía. El déficit de la cuenta corriente será del 2,8% del PIB, producto del incremento del déficit comercial y la desaceleración de los flujos de remesas.

Considerando el efecto rezagado de la recuperación de los Estados Unidos, así como el impacto de la inversión pública y una mejoría en el crédito al sector 11

privado, para 2011 se proyecta un crecimiento superior al 2%, con una tasa de inflación entorno al 3% anual y un déficit en cuenta corriente similar.

Pese a la estabilidad institucional y económica, en El Salvador han persistido las desigualdades y no se han recuperado los niveles de distribución de la riqueza de la década de 1970. Actualmente, el quinto más rico de la población controla el 45% de la ganancia del país, mientras el quinto más pobre recibe solamente el 5,6%.

Las preocupaciones de la ciudadanía y el Gobierno, al momento de asumir, eran la crisis económica y la falta de seguridad social; que según la ONU solo daba cobertura a dos de cada 10 trabajadores. Según las encuestas de diferentes medios nacionales, los tres mayores problemas que afectaron a salvadoreñas y salvadoreños en 2009 fueron los altos índices de delincuencia, la falta de empleos y los elevados precios de los productos de la canasta básica.

No obstante este panorama negativo, el país ha conseguido reducir la pobreza extrema en más del 50% por ciento desde 1991, si bien la pobreza y la indigencia se han mantenido constantes desde 2004. Este “techo” parece señalar la necesidad de disminuir la desigualdad de los ingresos, lo que requiere una reforma fiscal y distributiva que ponga el énfasis en combatir la vulnerabilidad de gran parte de su población, particularmente visible en los problemas de cobertura del sistema de salud y medicamentos, la falta de una política más eficaz a la hora de prevenir desastres naturales y la no implementación de políticas de género que terminen con la inequidad. Además, es preciso combatir eficazmente la violencia y la criminalidad.

Un panorama de la seguridad ciudadana en El Salvador La sociedad salvadoreña ha emergido de un largo conflicto armado, iniciando un tránsito a la consolidación democrática. Sin embargo, desde el final de la guerra, El Salvador se ha perfilado como uno de los países más violentos de todo el mundo, sobre todo en términos de homicidios, con una tasa superior a 54 por cada cien mil habitantes pero también con altos índices de lesiones, robos, hurtos, extorsiones, violencia de género e intrafamiliar.

En El Salvador, la violencia se ha vuelto un fenómeno eminentemente urbano, concentrado en las ciudades con alta densidad poblacional y en los suburbios más marginados. Las víctimas de los homicidios son, en su mayor parte, hombres jóvenes, y las armas de fuego están presentes en más del 80% de los casos.

Además, diariamente se registran hurtos, robos y lesiones, los tres delitos más padecidos por la población, mientras agresiones físicas, psicológicas y sexuales afectan frecuentemente a buen número de mujeres y niños de diferentes edades y condición socioeconómica (PNUD, 2007).

Las extorsiones se han incrementado en los últimos años, así como los accidentes de tránsito, que ponen a El Salvador en el segundo lugar del continente según las 12

tasas de morbilidad y mortalidad vinculadas con hechos de tránsito. Así mismo, la inseguridad en El Salvador se complica aún más por el crimen organizado: diferentes estudios muestran que las organizaciones internacionales del narcotráfico utilizan el país como una ruta de paso para el tráfico de drogas entre países productores y países consumidores.

Detrás de estas La guerra inició entre los meses que siguen al golpe de Estado manifestaciones, se percibe en octubre de 1979 y la ofensiva del FMLN en enero de 1981. La que la violencia está presente, oposición izquierdista recibía el apoyo directo de Cuba y armas del régimen sandinista, mientras el ejército nacional se de forma muy acentuada, en soviéticas fortalecía con la tecnología y artillería del gobierno todas las etapas del ciclo vital estadounidense. Esta guerra civil desencadenó masacres, miles de los salvadoreños, y desde la de víctimas de la tortura y una gran devastación social. Según cifras del ACNUR, el conflicto – que tuvo una duración de 12 infancia tiene un papel en la años, y concluyó en 1992 con la mediación de la ONU y la firma formación de los códigos de los Acuerdos de Paz en México – provocó la huida de morales que rigen las 108.000 refugiados, 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. relaciones entre la población y los sistemas de poder, llegando a formar parte importante en el sistema de normas y valores sociales, formales e informales, que aceptan, toleran y retroalimentan las conductas violentas, una cultura que durante los años de conflicto ganó terreno en las subjetividades de la colectividad y que no podrá ser erradicada “sin la transformación de las estructuras violentas que la sostienen y exacerban, que no fueron tocadas por la transición de postguerra” (IUDOP, 2001).

No se trata de un fenómeno reciente. Después de la Guerra Civil, los Acuerdos de Paz firmados en 1992, fueron el inicio de una amplia y profunda reforma de la institucionalidad democrática del Estado, que ha llegado a constituirse en un paradigma para la resolución de conflictos por la vía del diálogo y la negociación.

No obstante los logros del proceso, la paz no trajo consigo el fin de la violencia, la delincuencia, y la inseguridad ciudadana, y no es sólo por los antecedentes de la guerra, sino por la existencia de patrones de conducta que privilegian el uso de la violencia como forma de dirimir diferencias, como la vía más común de la población para relacionarse.

La violencia en El Salvador proviene de causas que se gestaron y se dispusieron mucho antes de la guerra civil: un sistema de relaciones económicas excluyentes, una ética cultural de resolución de conflictos basada en la agresión, y una institucionalidad extremadamente autoritaria, pero a la vez muy débil para garantizar justicia y el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Para Cruz (2005), “La guerra no hizo sino agravar las condiciones que perpetuaron la violencia social y el crimen.” Ahora bien, ¿cómo se explican los niveles de violencia en la posguerra?

De un lado, el proceso de negociación política entre las élites no significó que los ciudadanos que habían combatido y sufrido la guerra hubiesen tenido también un proceso de reconciliación social, y la aprobación de una amnistía general sin ningún proceso de justicia y reparación pública, llevó a muchos ciudadanos que habían sido víctimas de alguno de los dos bandos, a hacerse justicia por su 13

cuenta, a sabiendas que se sabía muy bien quiénes eran los responsables locales de las desapariciones, las ejecuciones sumarias y las masacres. Esta violencia dominó principalmente las zonas rurales del país, por lo cual pasó generalmente desapercibida.

Otra causa es la amplia circulación de armas de fuego en el país. Antes de la guerra, por razones económicas y políticas, el uso de las armas por parte de civiles era una prerrogativa de ciertos grupos sociales, que buscaban en la tenencia de armas de fuego el símbolo de su estatus y poder sobre los demás. El arma no sólo proveía de estatus: con fines mucho más prácticos, era la garantía de que ningún trabajador disgustado por la explotación se atrevería a un desagravio violento.

Datos provenientes del Departamento de Comercio de Estados Unidos indican que, entre 1994 y 1999, en plena era de la posguerra, El Salvador fue el séptimo importador mundial más grande de pistolas y revólveres hechos en Estados Unidos, por delante de la mayoría de los países. Entre los años 1994 y 2001, El Salvador importó legalmente más de 20 millones de rondas de munición, las cuales han contribuido a los niveles de violencia social que existen en el país.

El fin de la guerra dejó un enorme arsenal en manos de los civiles, “democratizando” la tenencia y el uso de las armas de fuego. A estos depósitos se sumó una desatinada política de permisividad que en lugar de retirar las armas en circulación y hacer un esfuerzo por limitar el acceso, liberalizaron el comercio de armas y convirtieron a este pequeño país centroamericano en uno de los más armados de la región y del mundo.

Esta enorme provisión de armas en manos de civiles ha sido en buena medida estimulada y justificada por la delincuencia y por la sensación de inseguridad que ha reinado en el país desde el fin de la guerra. Sin embargo, la enorme cantidad de armas en manos de civiles no ha convertido al país en uno más seguro. Por el contrario, lo ha llevado a ser uno de los más violentos del mundo: de hecho, según un estudio realizado por la UCA y FESPAD (cit. Cruz, 2005) sobre la relación entre las armas de fuego y la violencia salvadoreña, se encontró que una persona armada tiene 46 veces más probabilidades de morir o salir herida en un asalto que una persona que no porta armas.

Por otra parte, la ola migratoria de mencionar que un importante salvadoreños y de otros países Cabe número de estos jóvenes de las pandillas centroamericanos hacia los Estados Unidos, había luchando al lado del gobierno o de empujadas por la guerra y la falta de los grupos rebeldes, lo que les daba tipo de entrenamiento militar, y oportunidades, comenzó a dar forma a grupos algún por lo tanto conocían el manejo de con características que más adelante se explosivos y armas. Eran personas que convertirían en símbolos culturales de una definitivamente tenían experiencia con la violencia, la confrontación y la muerte juventud marginada.

Las bandas (Fernández y Ronquillo, 2006). predominantes de América Central se agruparon en la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio Dieciocho (M-18), organizaciones que en los años se han fortalecido, desarrollando una actividad criminal más peligrosa y con una mayor presencia en los barrios, por razones 14

como la prevalencia de un entorno hostil, la desintegración familiar y la incompatibilidad con los valores promovidos por el status quo.

En la década de los noventa, las maras conformadas y organizadas en los Estados Unidos se convirtieron en una amenaza importada de la cual hubo que deshacerse, y al terminar los conflictos en los países centroamericanos, entre ellos en El Salvador, un significativo número de mareros fue deportado a sus países de origen, llevando, fortaleciendo y difundiendo sus tradiciones pandilleras en la región. La economía marera depende del control territorial, del acceso al transporte y el comercio local de drogas. Algunos analistas les asignan la responsabilidad del 45% de los homicidios de El Salvador (Peetz, 2008). Sin embargo, “(…) por la “cifra oscura” y porque no es fácil saber si el acusado es pandillero y si cometió el crimen por ser pandillero, no es fácil determinar cuántos delitos se deben a las pandillas.” (PNUD, 2009: 112).

Algunas causas que explican el fortalecimiento de las maras en El Salvador, son el proceso acelerado de urbanización, que lleva a una disminución del acceso a servicios básicos; la privatización de los espacios públicos, que conlleva una importante reducción de las áreas colectivas bajo el pretexto de mantener la seguridad; la pérdida de referentes familiares y la exposición a la violencia intrafamiliar; y la exclusión del sistema de educación formal, entre otros. Así mismo, la ausencia de apoyo institucional que facilite la integración social de los jóvenes en situación de pobreza por medio del trabajo.

Otra parte de la violencia se explica por el vacío de autoridad que significó el lento y errático proceso de institucionalización de la nueva fuerza policial. Uno de los pactos políticos fundamentales de los Acuerdos de Paz fue el desmantelamiento del viejo sistema autoritario de seguridad pública, vinculado a los militares, y la creación de un nuevo aparato en manos de civiles.

En la práctica, este cambio significó más de 3 años sin una fuerza policial preparada, eficaz y desplegada en todo el país. En otras palabras, de la noche a la mañana y luego de varios años de militarización bajo el control del ejército o de la guerrilla, muchos salvadoreños se vieron sin ningún agente de orden en sus comunidades. Esta situación alentó la anomia y reforzó la impunidad, potenciando la violencia social en un país que recién finalizaba la guerra, con altos índices de armas en manos de civiles, una arraigada cultura de violencia, y un fuerte legado de resentimientos personales y políticos. En estas condiciones, es que se produce el retorno de las maras a El Salvador.

Durante el gobierno de Calderón Sol (1994-1999), se instaló en 1996 un Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), dedicado principalmente a diseñar programas de atención a jóvenes en riesgo y a prevención de la violencia. En teoría, el CNSP debía asesorar al Ejecutivo en temas de seguridad, pero en la última década este rol fue relegado por la función de prevención de la delincuencia y la violencia, mientras las tareas quedaron bajo dominio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

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Las tasas de criminalidad comenzaron Según Cruz (2005), a mostrar una disminución hacia 1998, “En los primeros años de la posguerra los miembros de la antigua Policía Nacional estaban pero no tanto como producto de una más interesados en los mecanismos de política especial de seguridad pública desmovilización y de supervivencia personal que en cumplir con la tarea de brindar seguridad a la del Gobierno sino como resultado de la población, mientras que el Gobierno de ese consolidación de la Policía Nacional entonces estaba más aplicado a la tarea de Civil. Aunque a principios de la mantener a la seguridad pública bajo el mando de representantes del viejo orden autoritario y de presente década los niveles generales entorpecer el proyecto original de una policía civil de criminalidad seguían siendo altos independiente, que en la tarea de desarrollar un aparato profesional con capacidad de proponer para los estándares internacionales, políticas públicas bajo la nueva doctrina civil.” con tasas de alrededor de 40 homicidios anuales por 100,000 habitantes, las cifras estaban en descenso.

Aquí se suma otro factor, que son las deficientes políticas de seguridad desarrolladas a partir de 1999: en lugar de concentrarse en los conflictos, amenazas y agresiones que terminan en homicidios o atender el problema creciente de las pandillas, las autoridades de turno se concentraron en los secuestros, en los robos de vehículos y en el crimen en contra de las empresas, que afectaban fundamentalmente el bolsillo de los empresarios.

Durante el gobierno de Francisco Flores, candidato del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien administraría el país desde 1999 hasta 2004, se evidenciaron los principales problemas que, según los salvadoreños, enfrentaba la nación, destacándose la delincuencia como el mayor reto a enfrentar, con un 53.1% que opinaba que se había agudizado con el actual gobierno. Atendiendo este reclamo, Flores lanzó en 2003 el Plan Mano Dura y la Ley Antimaras, primera norma en los países centroamericanos dirigida directamente a la lucha contra los mareros.

Es importante destacar que el gobierno, urgido por encontrar soluciones rápidas a la difícil situación, tomó el camino de la fuerza, como ha sido tradicional en la cultura política de la nación, que implicó una sucesión de violaciones a la garantía de los derechos fundamentales: “La Ley, como política pública, fue el punto crucial que insólitamente agudizó la situación de El Salvador y que a corto plazo desencadenó una persecución por parte del gobierno a los jóvenes salvadoreños que tuvieran una serie determinada de rasgos, que dentro del imaginario social atentaban contra el orden público y las llamadas buenas costumbres.” (Gómez Carrasco, 2010: 25).

Planeada como una política de seguridad basada en la represión y la contención, la cual a corto plazo generaría grandes debates y resultados contrarios a los proyectados, terminando por establecer las condiciones para una nueva oleada de violencia, pues la táctica del gobierno agudizó la tradición violenta de las pandillas y trasladó la guerra entre los distintos grupos de las calles a las penitenciarias, como consecuencia de una numerosa ola de capturas por parte de la Policía Nacional de presuntos mareros, la mayoría sin delito, sin pruebas y sin razón: “De acuerdo a las estadísticas de la Dirección de Centros Penales, para el 31 de octubre de 2006 había en El Salvador una población reclusa de 14,105 personas, 16

mientras que los centros penales del país contaban con una capacidad para tan solo 7.372, es decir casi la mitad de la existente en las celdas. (…) según lo indicado en el documento sobre la seguridad pública de El Salvador, presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), los resultados del Plan Mano Dura no solo fueron deficientes, sino que aumentó el número de capturas (…). Para Febrero de 2004 se habían capturado 9,320 pandilleros (…), para Agosto de 2004 la Policía Nacional reportó 19,275 personas privadas de la libertad en el marco del mismo, de las cuales más del 90% tuvo que ser liberada en la primera parte del proceso.” (Gómez Carrasco, 2010: 28).

A pesar de las consecuencias políticas y sociales de la Ley Antimaras, el siguiente Presidente, Elías Antonio Saca (2004-2009), anunció su promesa electoral de hacer de El Salvador “el país más seguro de Latinoamérica”, promesa que pretendió cumplir bajo el impulso del llamado Plan Súper Mano Dura, basado en un mayor apoyo a la policía con recursos del ejército, en el intento por disminuir tanto las muertes de los pandilleros como de los efectivos policiales.

Según el Ejecutivo, la nueva estrategia aplicaría herramientas legales consensuadas con diferentes sectores de la sociedad, tendría un componente de “mano amiga” para dar apoyo a la reinserción de los pandilleros en la sociedad y establecería medidas de intervención temprana dirigida a jóvenes en riesgo.

Seis años más tarde, en 2009, el Presidente electo Mauricio Funes asume enfrentando el gran desafío de la persistencia del alto nivel de violencia e inseguridad, desplegando un contingente de 2.500 soldados en los municipios más afectados por la delincuencia y anunciando un proceso integral de luchar contra el crimen, dentro de los que se incluía una mayor presencia de efectivos policiales, apoyo de la Fuerza Armada, un reforzamiento logístico, equipos antiextorsión y el reforzamiento de consejos criminológicos.

El plan, según se aprecia, sigue, como sus antecesores, focalizado en la acción militar, si bien complementado con políticas de inclusión mediante planes escolares y la protección a familias en situación de mayor vulnerabilidad. Así mismo, se puede rescatar el hecho que apunta a ciertas medidas basadas directamente en la disminución de los delitos y no al castigo de perfiles.

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Guatemala Geografía y administración territorial Guatemala ocupa un territorio de 108.894 km2, siendo el país más poblado de Centroamérica, con 14.376.000 habitantes. Limita al oeste y al norte con México, al este con Belice y el golfo de Honduras, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el océano Pacífico.

Dos terceras partes del país están cubiertos de montañas, muchas de origen volcánico, especialmente en la costa del Pacífico. Las tierras altas comprenden dos cordilleras paralelas, la Sierra de los Cuchumatanes y el sistema de la Sierra Madre, continuación de la cordillera mexicana del mismo nombre, que atraviesan Guatemala de oeste a este y divide al país en dos altiplanos de extensión desigual.

Administrativamente, Guatemala es un estado unitario que se divide en 8 regiones, con 22 departamentos y 335 municipios. La capital es Guatemala, donde viven 3.103.685 personas, la ciudad más populosa de América Central, que reúne a más del 22% de la población del país. Otras ciudades importantes son Quetzaltenango, Puerto Barrios, Escuintla, Mazatenango y Coatepeque.

Aunque la mayoría de la población es mestiza, un poco más del 40% de la población es indígena, siendo Guatemala uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad de grupos originarios, al lado de Bolivia, Ecuador y Perú.

También hay una pequeña proporción de afrodescendientes, llamados garífunas o caribes negros. Como consecuencia de esta composición étnica, siendo el español el idioma oficial, se reconocen otras 23 lenguas autóctonas, la mayoría de la familia lingüística maya, habladas por más del 40% de los habitantes.

Gobierno La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, reformada en 1994, establece un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente, (jefe de estado y de gobierno) el VicePresidente y el Consejo de Ministros, así como por otras entidades públicas correspondientes a este organismo. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto de los mayores de 18 años.

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El 9 de septiembre de 2007 hubo elecciones generales en Guatemala para elegir Presidente, Vicepresidente y diputados al Congreso. Al no obtener ninguno de los candidatos más del 51% de los votos, se realizó una segunda vuelta el 4 de noviembre de 2007, donde se eligió a Álvaro Colom Caballeros, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que derrotó a Otto Pérez Molina, del partido Patriota (PP), con una ventaja de 5,36%. Las próximas elecciones serán en septiembre de 2011.

El Órgano legislativo es el Congreso de la República de Guatemala, asamblea unicameral formada por 158 diputados elegidos por voto directo para un período de gestión de cuatro años. La actual composición del Congreso establece 48 escaños UNE 48, 37 para GANA 37, 30 para PP, 15 para FRG 15, 8 para PU, 5 para CASA, 4 para EG, 4 para PAN, 4 para UCN, 2 para URNG y uno para UD. Finalmente, el poder judicial radica en la Corte Suprema de Justicia, conformada por 13 magistrados electos por el Congreso de la República para un período de cinco años, pudiendo ser reelectos.

Economía y sociedad Guatemala es una de las economías más grandes de Centroamérica, que en las últimas dos décadas se ha diversificado, ampliado y proyectado internacionalmente, desplazándose desde una tradicional base agroexportadora café, azúcar y algodón -, a una que incluye servicios e industrias, con un dinámico sector maquilero, nuevos productos agrícolas como frutas y flores, y servicios financieros. Esto favorece las posibilidades de acelerar su crecimiento económico por medio del comercio, la integración regional y el turismo.

Aunque la tasa de crecimiento anual entre 1970 y 2008 fue un modesto 1.2%, en el período más reciente de 2004 a 2007, el país pudo crecer a un promedio de 4,2% anual, si bien el impacto de la crisis financiera mundial sobre las remesas familiares y las exportaciones a Estados Unidos desaceleró esa tasa a 3.3% en 2008 y 0.06% en 2009. Para 2010, el Banco Central espera una leve recuperación, con un crecimiento de 2,6%, pese a los desastres naturales que afectaron el sector productivo y la infraestructura.

Por otro lado, desde los Acuerdos de Paz de 1996, el país ha fortalecido sus instituciones y realizado avances importantes en el acceso a la salud y la educación, ha impulsado reformas para la transparencia en la gestión gubernamental, y mejorado su acceso a los mercados internacionales mediante diversos acuerdos comerciales.

No obstante estos adelantos, Guatemala es de los países más desiguales de Latinoamérica, y presenta altos índices de pobreza, particularmente en las zonas rurales y en los grupos indígenas. De hecho, el Banco Mundial señala que el país redujo la pobreza de 56% a 51% entre 2000-2006, pero la pobreza absoluta no 19

experimentó cambios significativos, y permaneció prácticamente estática, en un 15.2 por ciento de la población.

Esta situación afecta no sólo los ingresos, sino también el acceso a servicios de salud, educación básica, agua, alcantarillado y asistencia social. Como consecuencia, los índices de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil – que afectan mayormente a la población rural e indígena -, son los más altos en la región centroamericana. El efecto acumulado y combinado de estos problemas, se refleja por el IDH del país, que en la región sólo supera al de Haití, pero, al mismo tiempo, es el país que más ha avanzado en Desarrollo Humano desde 1970.

El gran reto de Guatemala para su desarrollo, es la reducción de la pobreza y el mejoramiento de los indicadores sociales, especialmente en la población indígena, que constituye el 58% de los pobres y el 72% de los pobres extremos. El Presidente Colom ha manifestado su compromiso de atender con prioridad los grupos en pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Su gobierno ha desarrollado diversos programas de atención social, entre ellos el de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa, y Escuelas Abiertas, para prevenir la violencia en adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, es necesario que el gobierno aumente sus ingresos mediante una reforma fiscal que le permita mejorar su infraestructura física y hacer las inversiones en capital humano y servicios básicos que incrementen los rendimientos de los mercados y la productividad del trabajo en Guatemala.

De hecho, siendo uno de los países con más baja carga fiscal de la región, con ingresos tributarios de 11,2% del PIB, una política económica prudente y estabilidad macroeconómica, las deficiencias en infraestructura y comunicaciones, los altos índices de violencia y los costos de seguridad que implica, la corrupción pública y privada, las deficiencias del sistema de justicia y los déficit en capital humano, son barreras a las inversiones extranjeras directas, que en 2008 representaron apenas el 2,1% del PIB. Un panorama de la seguridad ciudadana en Guatemala Desde la Constitución de 1984 y las elecciones de 1985, Guatemala adquirió los símbolos de una democracia liberal moderna, y desde 1996 cada Presidente ha terminado su mandato, mientras en ese mismo período han sido derrocados diez Presidentes en América Latina. Guatemala, además, cuenta con un aparato completo de instituciones públicas, un sector multinacional próspero y una industria turística al alza. Su deuda externa es baja, y su tasa de desempleo, mínima. Así mismo, los Acuerdos de Paz de 1996, los organismos de Derechos Humanos y el seguimiento internacional, han logrado avances notables en la desmilitarización del país y en la visibilidad de la discriminación étnica.

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Sin embargo, lo positivo de la desmovilización de las milicias, las elecciones regulares, y las reformas a la justicia, la policía y la educación, han camuflado la penetración del aparato estatal y del territorio por grupos de interés donde confluyen grupos armados, actores cuasi-estatales y empresarios políticos, que han vinculado las actividades de la delincuencia común, con intervenciones políticamente motivadas y agentes del Estado, de manera que los Acuerdos de Paz, que debían sentar las bases de una paz justa y duradera, han coincidido con un aumento exponencial de grupos armados El mismo estudio citado, calcula que criminales y una creciente corrosión de la si se mantiene esta tendencia los próximos 22 años, el número de seguridad pública. Es así, que hoy día el país muertes por asesinato llegaría a atraviesa uno de los momentos más violentos de 165.312 homicidios en los 36 años su historia, comparable en su magnitud con la siguientes a la firma de los Acuerdos de Paz; en otros términos, la guerra civil que asoló Guatemala durante 36 años, pacificación política en Guatemala donde fueron asesinadas 200.000 personas. De sólo habría reducido 17% los hecho, un estudio reciente de la Oficina de homicidios (ODHAG, 2010).

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala establece que después de los Acuerdos de Paz, entre enero de 1997 y septiembre de 2010, hubo 63.139 homicidios en Guatemala, casi 4.900 por año.

De hecho, la gestión política de la seguridad es el “gran tema” de las elecciones y debates públicos, fuente de constante tensión entre las facciones políticas, que se unen y desunen de manera oportunista, restringiendo los márgenes de actuación de los poderes constitucionales. Como resultado, el aparato estatal guatemalteco ha estado sometido a los intereses de una élite fraccionada y a limitaciones estructurales que limitan la gobernabilidad del país y debilitan sus instituciones.

Sin embargo, ¿cómo puede Guatemala ser considerado un Estado frágil, siendo, al mismo tiempo, uno de los regímenes más estables de la región, con una democracia que funciona y carece de rivales internos?

Para Briscoe, se trata de la misma dinámica que permitió “pacificar” el país, donde la gobernabilidad del consenso democrático está en la entrega de considerables parcelas de poder público a actores no estatales, de modo que, paradójicamente, la fragilidad del Estado es la que garantiza la continuidad de una solución política y económica para el país, “en lo que parece, para algunos, un coste tolerable” (Briscoe, 2009, p. 3), que se paga con la persistencia de la desigualdad, inseguridad humana y altos niveles de violencia criminal y social.

El costo de esta gobernabilidad, es una precariedad institucional que se expresa de muchas formas, pero especialmente en la incapacidad de hacer cumplir los Acuerdos de Paz y en la crisis permanente de seguridad ciudadana y humana, que son las dos caras de una misma moneda: la fragilidad de unos consensos políticos permeados por las prácticas pseudo-políticas, instituciones clandestinas y actitudes públicas heredadas de la más larga y sanguinaria guerra civil de América Central.

En 2010, el total de homicidios en Guatemala fue de 5.960, es decir, una tasa anual de 41 homicidios por 100 mil habitantes. En términos absolutos, significa 21

una reducción de 8% con respecto a homicidios de 2009. También es la tasa más baja de los últimos 6 años, desde 2005 cuando la tasa de homicidios fue de 41.6.

En cuanto a la localización, el Departamento de Guatemala aportó el 41% de los homicidios, con una tasa de homicidios de 84. Otros departamentos con tasas de violencia superiores a los estándares internacionales, son Petén y toda la zona sur y nororiental del país; en contraste, los departamentos mayoritariamente indígenas tienen tasas comparables a las de países considerados pacíficos.

En este contexto, han proliferado los procedimientos alternativos para controlar la delincuencia, de tal manera que el Estado no es capaz de controlar ni los niveles de inseguridad, ni los órganos a los que encarga la tarea de controlar la delincuencia. Las altas tasas de homicidios y otros crímenes, como los secuestros y extorsiones, coexisten con las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes con antecedentes penales y residentes en zonas urbanas pobres, los linchamientos en comunidades indígenas y poblaciones rurales, y el aumento de empresas de vigilancia privada, donde trabajan más de cien mil personas (mientras la Policía Nacional Civil dispone de 18.600 efectivos, cuando se estima que serían necesarios 45.000), grandes consumidores de armas y municiones, no siempre obtenidas legalmente.

El Ministro de Gobernación de Guatemala, Dr. Jiménez Irungaray, mencionó las razones por las cuales cree que el narcotráfico se ha apoderado de áreas del territorio nacional: “Hay que reconocerlo, se debe a una situación porosa, no solo en el lado de Guatemala, sino en el de México, que es una zona fronteriza altamente compleja, con índices de pobreza en Guatemala y México (…) Otro hecho que nos hace vulnerables es el combate del crimen organizado, emprendido por las autoridades mexicanas y el Plan Colombia, con la asistencia de Estados Unidos lo cual fomenta que los criminales se trasladen a Guatemala, y a eso se suma la debilidad institucional. Para decirlo de manera coloquial, somos la carne de una hamburguesa.

Estamos presionados por ambos lados, y obviamente Centroamérica corre mayor riesgo. Nos preocupa que el éxito en el combate contra los narcos en México y Colombia cause que los carteles trasladen sus negocios ilícitos a Guatemala.” (Expansión del narcotráfico causa alarma en Guatemala. La Crónica de Hoy, 19.10.2008, en http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=392155

Un factor importante en la explicación de la violencia guatemalteca, es el narcotráfico.

Según diversos especialistas (Peacock y Beltrán, 2004; Cruz, 2005; Kruijt, 2007), a medida que los carteles internacionales percibieron las “ventajas” de la precariedad institucional ofrecidas por Guatemala – país situado en una ruta por donde pasa la mitad de la producción mundial de cocaína -, han incrementado la inversión en actividades que han fortalecido tres diferentes categorías de

grupos armados:  Los llamados “poderes oscuros”, compuesto por grupos de ex-militares, algunos provenientes de la inteligencia contrainsurgente, asociados con los incipientes carteles de la floreciente nueva narcoeconomía;  Bandas de criminales comunes, especializados en robo de vehículos, secuestros y homicidios por contrato;  Pandillas juveniles o “maras”, establecidas después de la guerra civil en los barrios populares, que participan en pequeñas guerras territoriales y extorsionan a comerciantes, taxistas y choferes del transporte público.

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Nicaragua Geografía y administración territorial Nicaragua se ubica en el centro geográfico del istmo centroamericano, entre el océano Pacífico al oeste y el mar Caribe por el este, Honduras, al norte, y Costa Rica, al sur. Es el país más grande de Centroamérica, con una extensión de 131.494 km2.

En el país se diferencian tres zonas geográficas: la del Pacífico, que se caracteriza por tener grandes cadenas volcánicas y lagos, con regiones secas y montañosas al norte; la Central, con grandes ríos y las cordilleras Centroamericana y Volcánica; por último, la de Tierras Bajas, en la costa Caribe, una gran planicie cubierta de grandes bosques y caudalosos ríos, en donde se encuentra la selva de Bosawás, la segunda más grande del continente y de una rica biodiversidad en 15 Nicaragua se divide Nicaragua fue uno de los países más afectados departamentos, cuyas funcionas son por el huracán Mitch en 1998. Dos millones de exclusivamente administrativas y no personas en Nicaragua fueron afectadas por el huracán. A lo largo del país, cuentan con autoridades ni propias ni directamente las lluvias dañaron 17 600 casas y destruyeron 23 delegadas del poder central. Estos 900, desplazando 368 300 personas. Escuelas y de salud fueron dañados severamente, departamentos tienen 153 municipios en centros así como los sistemas de alcantarillado y total, que se rigen por un alcalde y un electricidad. Fuera de los daños personales y a consejo. La capital es Managua, con una las infraestructuras, la catástrofe destruyó las cosechas. El país fue afectado por la falta de población de 2.671.514 habitantes en su alimentos, que intensificó el desequilibrio de su área metropolitana, lo que la convierte en comercio exterior y detuvo el proceso de económica impulsado en la la segunda ciudad más poblada de recuperación presidencia de Violeta Chamarro.

América Central, después de la Ciudad de Guatemala. Otras ciudades importantes son León y Granada.

En 1987 se crearon dos regiones autónomas en Nicaragua: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cada una bajo el mando de un Coordinador Regional y un Consejo Regional Autónomo.

Estos territorios están poblados por indígenas y su gobierno sigue las normas propias de sus culturas.

Gobierno

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La última constitución nicaragüense de 1987, reformada en 1995, 2000 y 2005, establece un gobierno republicano, democrático y representativo, con cuatro grandes poderes (el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Electoral) como órganos de gobierno.

El poder ejecutivo es encabezado por el Presidente, elegido por los ciudadanos mayores de 18 años mediante sufragio universal, junto con el Vicepresidente y en una misma vuelta, por un período de cinco años. Puede ser reelecto, pero no puede gobernar por dos períodos consecutivos. Como jefe de estado y cabeza del gobierno, el Presidente designa su equipo de ministros.

El actual Presidente es Daniel Ortega, del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FMNL), que obtuvo el 38.1% de los votos, imponiéndose a Eduardo Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense (29%), José Rizo, del Partido Liberal (26.2%) y Edmundo Jarquín, de la Unión Nicaragüense por la Esperanza (6.4%). Las siguientes elecciones están previstas para noviembre de 2011.

El análisis de la coyuntura nicaragüense está dominado por los problemas de la institucionalidad de la democracia nicaragüense. Para el liderazgo más afín a la agenda gubernamental, los problemas actuales son “los de siempre”, y según su visión, se puede alcanzar un orden básico de gobernabilidad por medio de pactos interpartidistas que fortalezcan la institucionalidad en el largo plazo. Por otra parte, el liderazgo cercano a la oposición política, la sociedad civil y los sectores independientes, ve en estos acuerdos una continuidad de la forma tradicional de hacer política en el país. En los hechos, el Presidente Ortega, sin una mayoría en la Asamblea Nacional, ha reforzado el presidencialismo y tomado parte en prácticas criticadas por su intención de intimidar a los opositores y críticos.

El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Nacional, unicameral, con 92 escaños: 90 de ellos, son elegidos por representación proporcional de los votos obtenidos por los partidos según sus listas de candidatos. Los otros dos asientos son asignados al Presidente saliente y al candidato finalista en las elecciones anteriores. Tienen un periodo de 5 años, siendo las próximas

elecciones en noviembre de 2011.

La composición actual de la Asamblea es la siguiente: FSLN, 38; PLC, 25; ALN, 23 (22 más un escaño obtenido por el candidato presidencial en las elecciones de 2006, Eduardo Montealegre); MRS, 5; APRE, 1 (del ex-Presidente Enrique Bolaños); Independientes, 7.

El poder judicial está representado en la Suprema Corte, compuesta por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional para un período de 5 años. Las contiendas electorales son responsabilidad del Consejo Supremo Electoral Economía y sociedad Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, pero su PIB es el segundo más bajo de todo América, después de Haití.

La economía nicaragüense tiene la estructura típica de un país exportador de productos agrícolas: casi el 30%del PIB procede de actividades agrícolas, con 24

bajo valor agregado, representado especialmente en el cultivo de café, plátanos, caña de azúcar y algodón. Este sector proporciona más del 40% del empleo, pero los bajos ingresos hacen que la pobreza en las zonas rurales llegue al 68,7%, contra el 30,5% de pobres en las zonas urbanas.

Los principales recursos mineros son el oro, el cobre, la plata, zinc, estaño y plomo. En los últimos años se ha lanzado una incipiente industria petrolera, con apoyo de Venezuela. Por otra parte, existen unos pequeños núcleos industriales ubicados en la zona occidental del país, centrados en productos agroalimentarios, textiles y química ligera.

Las comunicaciones son deficientes, siendo el principal eje la carretera Panamericana, que atraviesa por el oeste del país. Las principales ciudades se conectan con ella, así como con los puertos del Pacífico. La costa caribeña, en cambio, y en general todo el este de Nicaragua, carece de una red de carreteras.

Apenas hay ferrocarriles, y en general se usan los ríos, especialmente en el noroeste del país, y pequeños aeropuertos internos.

Además persisten otros problemas estructurales, como los bajos índices de productividad y competitividad exterior, el alto déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente, los elevados niveles de pobreza ya mencionados, el desempleo y una importante carga de la deuda externa que representa el 275% del PNB. Todos estos factores contribuyen a que la economía del país sea sumamente vulnerable, dependa de la ayuda internacional y las remesas de los emigrantes.

Hasta mediados del siglo XX la economía nicaragüense era bastante estable, gracias al apoyo de los Estados Unidos y las necesidades de las multinacionales de la alimentación, que explotaron estas tierras. Sin embargo, las mismas multinacionales promovieron una economía de enclave, que concentró la riqueza en unos pocos propietarios, llevando a graves conflictos sociales que culminaron en una guerra contra el régimen de Somoza.

Con el triunfo de la revolución sandinista, el gobierno se impuso la meta de satisfacer las necesidades mínimas de la población, reconstruir el país y buscar un modelo de desarrollo más intervencionista. Sin embargo, durante este período tanto la producción como la renta descendieron de forma considerable. De otro lado, la guerra con la “Contra” (PLC), supuso costos cercanos a los 1.420 millones de dólares, y el bloqueo estadounidense, afectó gravemente todos los sectores productivos nicaragüenses, en especial a la industria manufacturera. A finales de los años ochenta la crisis económica se hizo sentir con mayor intensidad; se presentó hiperinflación, cayó el PIB, retrocedió la renta por habitante y la deuda externa aumentó.

Tras el fin de la guerra y del primer período del sandinismo en el poder, la vuelta a una política económica de tipo liberal capitalista durante el gobierno de Violeta Chamorro (1990), se aplicó un plan de estabilización que dio inicio a una tendencia sostenida de crecimiento económico.

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En la primera década de este siglo, la economía creció casi a un promedio de 4% anual entre 2003 y 2008. En el mismo periodo, la tasa de desempleo en Nicaragua disminuyó de un 9 por ciento en 2004 a un estimado del 5.6 por ciento en 2008. La mejoría en el PIB per cápita fue menor por el crecimiento poblacional de Nicaragua, pero alcanzó al 2.8% anual. En resumen, a pesar de la pobreza absoluta y relativa de Nicaragua, entre 2002 y 2008, el PIB del país creció un 24.5 por ciento, disminuyó el desempleo y el PIB per cápita aumentó 109 dólares para alcanzar los US$897.

En 2009 Nicaragua sufrió una considerable reducción en su economía. Según las estimaciones disponibles, el desempleo parece no haber aumentado drásticamente a causa de la recesión, pero tuvo un impacto negativo en el PIB para 2009, retrayendo el crecimiento en -2,9% y -4.2% en el PIB per cápita, casi US$40. Sin embargo, en comparación con México, por ejemplo, Nicaragua ha sobrellevado la crisis con menos daños.

De hecho, en 2010 el crecimiento económico de Nicaragua superó el 3% del PIB, lo que significa una recuperación firme después de la caída de 2009. Este buen desempeño está impulsado por el aumento de las exportaciones a nuevos clientes, como el Canadá y Venezuela. En cuanto a los productos, los incrementos más importantes se registraron en las exportaciones de café, carne de ganado bovino, oro y azúcar. También se observó una leve recuperación del consumo interno, originada por el aumento del consumo privado.

Por su parte, la inflación se situará en alrededor del 8,5%, después de haber cerrado en un 0,9% en 2009 a causa también de la recuperación de la actividad económica, el alza del petróleo y de los precios de los granos básicos que ha venido afectando a la subregión.

Como resultado del repunte de la actividad económica, se esperan mayores importaciones en 2011 de bienes de consumo y bienes de capital, lo que incidirá en un aumento del déficit en cuenta corriente del 16,5% del PIB.

Debe destacarse el aporte de Venezuela al desarrollo nicaragüense, ya que de los recursos de ayuda internacional, el 60,2% corresponden fondos oficiales de este país, en su mayoría en el marco de ayuda establecida por el acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.

En resumen, a pesar de las paupérrimas condiciones a inicios de siglo, Nicaragua ha tenido en los últimos años un crecimiento sorprendente. La estabilidad política, la mejoría de la administración y la confianza de los capitales extranjeros ven en Nicaragua una oportunidad de desarrollo cada día más consolidada.

Un panorama de la seguridad ciudadana en Nicaragua En términos generales, la seguridad ciudadana ha sido un tema ausente en la agenda pública nicaragüense, salvo alguna coyuntura específica que prende las alarmas y alerta sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la violencia. No obstante, los problemas de inseguridad han tenido un aumento constante en el 26

país, manifestándose cotidianamente en violencia, hechos criminales y temor en la población.

Sin embargo, distan de ser problemas nuevos, y de hecho, han sido una constante desde 1990 a la fecha. Durante todo ese período, los especialistas diferencian dos tipos de violencia: la violencia política, asociada a la demanda de derechos y a las luchas por el poder, y la violencia social, que comprende la violencia delictiva relacionada con la descomposición social y la violencia doméstica.

Las series estadísticas analizadas en 2009 por el equipo de la revista Perspectivas de CINCO (Centro de Estadios de la Comunicación), muestran que los incrementos de la violencia política y social en Nicaragua coinciden con los cambios de gobierno. No obstante, resaltan que esa tendencia de crecimiento en la violencia política y la violencia social no ha disminuido después de las elecciones del gobierno sandinista, como se verá más adelante.

Según este mismo grupo de investigación, la violencia en Nicaragua se ha transformado a lo largo del proceso post-revolucionario, distinguiendo tres grandes etapas:  La primera fase - entre 1990 y el 1997 - se caracterizó por una violencia política generalizada, asociada con los conflictos de la transición, concretamente la pacificación y reinserción de los ex combatientes, los conflictos por la propiedad, la herencia sandinista, y la reforma económica.

Al mismo tiempo, se observa la existencia de una tendencia al aumento de la violencia social, que se caracteriza por los delitos contra las personas y contra la propiedad.  La segunda fase – entre 1998 y 2003 – estuvo marcada por la reducción de la violencia política, que quedó confinada a acontecimientos particulares, como las protestas de los estudiantes universitarios, conflictos de propiedad y algunos episodios aislados de violencia en las elecciones, mientras la violencia social mantuvo su tendencia, con una pequeña disminución en 1999.  La tercera fase – que va desde 2003 hasta ahora –, coincide con el resurgimiento de la violencia política y cambios importantes en las manifestaciones de la violencia social.

En el primer caso, la violencia ha girado en torno a la defensa de espacios públicos (plazas y calles) de valor simbólico para el FSLN, produciéndose en la obstrucción de su uso por la oposición política y así evitar manifestaciones políticas de disenso. Además, se produjeron hechos graves de violencia electoral y se han incrementado los conflictos de

En el año 2009 se acentuaron en Nicaragua tres tendencias que han marcado la gestión gubernamental del Presidente Daniel Ortega: la erosión de la frágil institucionalidad democrática establecida por la presidencia Chamorro; la polarización de la sociedad nicaragüense; y la creciente dependencia económica y política del gobierno de Hugo Chávez. Estas tres tendencias tienen la misma raíz: el supuesto de que el triunfo electoral del FSLN en noviembre del 2006 representó el inicio de la segunda fase de la Revolución Sandinista que triunfó en 1979 y se derrumbó con la derrota del FSLN en las elecciones de 1990 (Baltodano, 2010).

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propiedad. A diferencia de los conflictos de la primera fase, en los que estaba ausente el gobierno, esta nueva violencia tiene características que despiertan los fantasmas del pasado: el uso de la maquinaria estatal para reprimir manifestaciones públicas y el uso de grupos paraestatales para ejecutar este propósito.

Los más cruentos acontecimientos de violencia política se desarrollaron en el contexto de la pasada campaña para las elecciones municipales y los primeros meses de este año, cuando diferentes manifestaciones de oposición cívica fueron atacadas por simpatizantes gubernamentales y Consejos de Poder Ciudadano (CPC) 3 en varias ciudades del país, especialmente Managua y León. Además, el régimen sandinista ha tomado “constantes medidas autoritarias contra partidos opositores, la sociedad civil y los medios [y] hostilidad hacia defensores de los derechos humanos.” (Booth y Seligson, 2010: 11).

En cuanto a la violencia social, si bien la tendencia de crecimiento no es nueva, los analistas señalan características que la diferencian:  Un incremento en la curva de crecimiento del total de delitos, que han aumentado los últimos años mucho más que la tasa incremental anterior;  A partir de 2005, se ha reducido la brecha entre el número de delitos contra las personas y los delitos contra la propiedad, que tradicionalmente eran muy superiores;  Mientras aumenta la tasa de los delitos, la efectividad policial disminuye según el número de capturas.

Los delitos más frecuentes son siempre las lesiones, los hurtos y ciertos tipos de robos, pero los hechos de violencia que causan más muertes son los accidentes de tránsito, los homicidios y asesinatos y los suicidios. Estos últimos, si bien no son delitos, causan preocupación por ser un indicador del “estado de salud” de la sociedad. En Nicaragua, los suicidios se han incrementado en esta última fase, y sus víctimas se han concentrado en hombres con edades entre 18 y 25 años.

Según los datos de la policía, la tasa de homicidios se ha mantenido constante alrededor de 13 por 100 mil habitantes, una de las más bajas de Centroamérica; sin embargo, han aumentado los delitos sexuales. Esta es parte de una violencia que casi exclusivamente se concentra en las mujeres como sus principales víctimas.

De hecho, las estadísticas policiales indican que más de la mitad son mujeres. En delitos como las lesiones, la mitad de las víctimas son amas de casa, adultas. Finalmente, en los casos de violación que tienen a las mujeres como víctimas, la mitad o un poco más de ellas son niñas menores de 14 años. Por su lado, el 95% de quienes cometen los delitos, son hombres (Policía Nacional-Dirección Comisaría de la Mujer y la Niñez y PNUD, 2008).

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Los CPC fueron creados por Ortega mediante decreto, con la misión de aglutinar fuerzas controladas por su partido para incidir en las decisiones del gobierno. Están bajo la dirección de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia, que ejerce la primera dama Rosario Murillo de Ortega.

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Si bien la seguridad no ha sido nunca un tema nacional prioritario en la percepción de la ciudadanía, que pone por encima a problemas como el desempleo y la pobreza, la seguridad si aparece en las encuestas que preguntan por los problemas del barrio. Al mismo tiempo, si bien la Policía ha gozado de la confianza política de la ciudadanía en su desempeño, las últimas calificaciones de opinión mayoritariamente definen su actuación como “regularmente profesional”, aunque aprueban la gestión de la actual directora y los operativos policiales contra el narcotráfico internacional. En cambio, los tribunales son evaluados con bajos porcentajes de confianza.

Panamá Geografía y administración territorial Panamá es una franja situada al sureste de América Central, que limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Tiene una superficie total de 75.517 Km2. Con una población ligeramente superior a los tres millones y medio de habitantes, es el país menos poblado de América Latina.

Desde la frontera con Costa Rica, el relieve panameño desciende y se estrecha hasta la zona del Canal, para ascender y ensancharse de nuevo hasta la frontera de Colombia. Sin embargo, el 89% del territorio panameño está formado por tierras bajas y muy cálidas. A este grupo pertenecen las llanuras del sur, las colinas y llanuras del istmo central, las depresiones orientales, las tierras bajas y las llanuras del norte.

El país es el escenario geográfico del canal de Panamá, condición que lo convirtió en un punto de encuentro de culturas provenientes de todo el mundo.

Hoy día, es uno de los países étnicamente más diversos del mundo. Su población está compuesta por mestizos, mulatos, negros, blancos, indígenas, y según orígenes étnicos, se encuentran chinos, hindúes, judíos, españoles, estadounidenses, colombianos, italianos, argentinos, griegos, franceses, árabes, costarricenses, venezolanos, antillanos, dominicanos, chilenos, entre otros.

Además habitan 7 grupos indígenas.

La división política de Panamá tiene 9 provincias, 75 distritos, 621 corregimientos y 5 comarcas indígenas, 3 con nivel de provincia y 2 con nivel de corregimiento. La ciudad más grande, Panamá, es la capital. Con más de 1.2 millones contando el área metropolitana, Panamá ofrece una amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la Zona Libre de Colón, la más grande del continente y la segunda del mundo. Según un estudio de la consultora Mercer HR, Panamá está calificada como la tercera mejor ciudad de América Latina 29

después de Buenos Aires y Santiago. Otras ciudades importantes son Colón y David.

Gobierno La constitución aprobada en 1972 y reformada en 1978, 1983, 1994 y 2004, establece que el gobierno de la República de Panamá es unitario, republicano, democrático y representativo.

El órgano ejecutivo del gobierno nacional está en cabeza del Presidente, que además es el jefe de estado y nombra su grupo de ministros. Es elegido por sufragio universal y obligatorio de los ciudadanos mayores de 18 años junto con el Vicepresidente para un período de cinco años. Puede haber reelección, después de dos períodos de otros gobiernos, es decir, pasados diez años.

El actual Presidente de Panamá es el empresario Ricardo Martinelli Berrocal, de Alianza por el Cambio, una coalición de diferentes partidos de oposición (Cambio Democrático, Partido Panamenista, Movimiento Nacionalista Republicano Liberal y Unión Patriótica). Fue elegido en 2009 por el 60% de los votos, contra Balbina Herrera del oficialista Partido Revolucionario Democrático, que obtuvo el 38%, y Guillermo Endara de Vanguardia Moral de la Patria, que sólo obtuvo el 2%. Las próximas elecciones presidenciales serán en 2014.

El poder legislativo está representado en la Asamblea Nacional, una institución unicameral con 71 miembros elegidos por voto popular para un período de cinco años. Los legisladores de los distritos rurales periféricos son elegidos directamente mientras los legisladores de las ciudades más populosas son elegidos mediante una fórmula basada en la proporción de votos al partido.

Actualmente la Asamblea se compone así: 26 escaños del PRD, 22 del Panameñista, 14 del CD, 4 de la UP, 2 Independientes, 2 de MOLINERA y uno del Partido Popular. Las próximas elecciones legislativas se celebrarán en 2014, con las presidenciales.

El órgano superior del poder judicial es la Corte Suprema de Justicia, con cinco cortes superiores y tres cortes de apelaciones. Son nueve jueces designados para un periodo de diez años.

Economía y Sociedad La economía de Panamá ha girado en torno al Canal de Panamá desde sus inicios como nación independiente, en 1903. Si bien en la segunda parte del siglo XX se implementó una política de sustitución de importaciones, que implicó la aplicación de políticas industriales y proteccionistas, la economía panameña ha sido tradicionalmente más abierta que el promedio de los países de la región.

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Estas políticas fueron interrumpidas por la crisis de los años ochenta, además de la fuerte vinculación a la economía internacional, los mayores costos de producción, la dolarización de la economía y la importancia de los servicios ligados al Canal, entre otros factores complejos, no favorecieron el desarrollo industrial, aunque sí el desarrollo de una economía de servicios fuertemente vinculada a la economía internacional, que ha convertido la economía de Panamá, dolarizada y sin Banco Central, en una de las más estables de América Latina.

En términos esquemáticos se puede dividir la economía panameña en una economía internacional, que abarca el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, las zonas libres de exportación, los servicios de logística y el Centro Bancario Internacional, y aporta más del 80% del PIB, y una economía interna menor, con los servicios básicos del Estado, así como de los sectores agrícola, pesquero, industrial y de construcción, que contribuyen con menos del 20% al PIB total, aún cuando en los últimos años la construcción ha experimentado un fuerte crecimiento facilitado por la expansión del crédito interno.

Aunque el PIB panameño tiene más de veinte años seguidos de crecimiento ininterrumpido, en este siglo, la economía ha mostrado un dinamismo mucho más marcado que el experimentado en la década de los noventa y ha llevado al país a tener el ingreso per cápita más alto de América Central, alrededor de US$ 13.090, según datos del Banco Mundial.

Más aún: desde 2003 hasta 2008, el crecimiento económico se ha duplicado, impulsado por los altos niveles de inversión externa e interna, el turismo y la industria logística. Los sectores de mayor crecimiento han sido los relacionados con el aprovechamiento de las ventajas de la posición geográfica de Panamá: transporte, puertos y comercio en zonas francas. Según la CEPAL, actualmente Panamá es el mayor exportador e importador a nivel regional.

A raíz de la reversión del Canal de Panamá y sus áreas aledañas en 1999, la dinámica y estructura de estos sectores cambió radicalmente para dar lugar a la consolidación de un clúster de actividades de logística de transporte alrededor del Canal (puertos de trasbordo de contenedores, ferrocarril, zonas francas, centros logísticos de distribución regional, servicios financieros, etc.).

De otro lado, muchos analistas interpretan que las ventajas de la posición geográfica de Panamá se han redimensionado desde que asumió la administración directa del Canal, favorecida por una verdadera revolución del transporte a nivel internacional

Como efecto de esta expansión, la tasa de desempleo ha descendido considerablemente a 6.4% y 5.2% en los años 2007 y 2008 respectivamente, después de haber alcanzado más de 13% a principios de siglo. Como resultado de este crecimiento económico extraordinario, la deuda pública como porcentaje del PIB se ha reducido, así como las políticas fiscales permitieron pasar de una situación de déficit recurrente a un superávit. No obstante, el incremento en el precio del petróleo en la segunda mitad de la primera década del siglo llevó a un aumento de precios que alcanzó el 8.7% en 2008, la más alta inflación desde la crisis del petróleo de la década del setenta.

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El dinamismo de la economía panameño fue interrumpido por la crisis financiera internacional. En 2009, la tasa de crecimiento fue de 2,4%, contrastando con la tasa media del período 2005-2008, que estuvo en 9,6%. Sin embargo, esta contracción ayudó a recuperar los niveles históricos de inflación, y cerró el año con 1,9%.

En 2010 la economía panameña creció un 6,3%, impulsada sobre todo por la actividad interna. La inflación fue ligeramente superior al del año anterior, cerrando en 3,5%; sin embargo, no se descarta un incremento para 2011, debido al repunte de los precios internacionales del petróleo. La tasa de desempleo prácticamente se mantuvo igual, con 7,7%, 0,2 puntos menos que el año anterior, y el sector público no financiero registró un ligero superávit de 1,0% del PIB en comparación con el 1,0% de déficit en 2009.

Debido a que muchos de los factores que dinamizarán el crecimiento de la economía panameña a partir de 2011 están ligados a actividades intensivas en capital público y privado - se destaca la ampliación del Canal de Panamá, la construcción de una línea de trenes subterráneos y la modernización del sistema de transporte metropolitano en la ciudad de Panamá -, el efecto sobre el crecimiento económico y el empleo se verá con rezago, por lo que no se espera una caída significativa en estos indicadores hasta entrado el 2012. Con todo, el crecimiento esperado para 2011 estará alrededor del 7,5%.

Sin embargo, pese a este dinamismo económico y a la clasificación del país como de ingreso medio-alto y desarrollo humano alto, la prosperidad no se ha revertido de manera equitativa, y Panamá tiene la segunda peor distribución de ingresos en América Latina, la región más desigual del mundo. Es así, que más de un tercio de la población vive en la pobreza y un 14.4% en la extrema pobreza. En consecuencia, el crecimiento de la economía de Panamá contribuirá poco a la reducción de la pobreza, si no se disminuyen los altos niveles de desigualdad, causados, en parte, por las extremas disparidades educativas.

En términos absolutos, hay más pobres en las áreas urbano-marginales que en las zonas rurales, pero proporcionalmente dos tercios de la población rural está bajo el umbral de pobreza y cerca del 40% vive en condiciones de pobreza extrema. La situación es todavía peor en el caso de las comunidades indígenas, que se han empobrecido en forma desproporcionada en comparación con el panameño promedio: el 96.3% de estos habitantes viven en condiciones de pobreza y 84.8% en extrema pobreza.

Para ampliar la base de los potenciales beneficiarios de su alto crecimiento económico, Panamá debe incrementar más la competitividad del sector privado y mejorar el acceso de la población a la salud y la educación. También será necesario un mayor énfasis en el desarrollo de talento y el estímulo a la innovación. Para llegar a las comunidades indígenas, es necesario replantear el enfoque asistencialista que depende en gran medida de subsidios universales, y diseñar medidas focalizadas que atiendan las particularidades de esta población.

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Un panorama de la seguridad ciudadana en Panamá La posición geográfica privilegiada y el Canal, hacen de Panamá uno de los puntos estratégicos de destino y tránsito del comercio marítimo internacional, tanto legal como ilegal. Por la economía abierta de mercado y la Zona Libre panameña, el país tiene una importancia comercial comparable a la de Hong Kong en el otro hemisferio, con terminales portuarias panameñas que reciben más de cinco millones de contenedores al año y una terminal aérea por donde pasan cerca de dos millones de personas hacia destinos de todo el mundo.

De otro lado, la libre circulación del dólar como moneda de curso regular y régimen tributario que favorece una rápida circulación de capitales monetarios y financieros amparada por el secreto bancario, hacen de Panamá un territorio fiscal que facilita el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y de la evasión de impuestos, creando una economía artificial que difícilmente es registrada por las mediciones estadísticas del país.

Sin embargo, a partir de la década de los 90 y el apoyo de la CIA a la dictadura del General Noriega, Panamá dejó de ser un país de sólo tránsito y blanqueo de capitales ilegales, para convertirse en lugar de depósito y centro de distribución de la producción de las mil toneladas anuales de cocaína provenientes de Colombia y Perú, antes de pasar al corredor centroamericano y México, y llegar, finalmente, al mercado europeo y estadounidense, donde alcanza su mayor valor. Todo esto le confiere una importancia estratégica para la seguridad de los Estados Unidos y de alto perfil en la lucha contra las organizaciones criminales y terroristas.

Aunque el país tiene el más alto índice de capturas en toda la región - cerca de 70 toneladas anuales de cocaína, US$ 2,400 millones a precio de mercado fina -, los especialistas calculan que apenas representa el 15% del volumen que transita por el país. De hecho, existen cerca de dos mil puntos de desembarque identificados para el ingreso de la droga por vía marítima, y la seguridad sobre ellos es todavía insuficiente, pese a los convenios con la marina estadounidense para el desarrollo de operaciones conjuntas de vigilancia (Vásquez Chambonnet, 2010).

Por una parte, están las incidencias de las luchas de los diversos carteles de la droga, tanto los de Colombia, Bolivia y Perú, como los de México y Guatemala. La necesidad de asegurar la protección de sus operaciones comerciales y custodiar la mercancía y los valores en tránsito o depósito, han generado una proliferación de grupos de apoyo y protección dentro de la población panameña.

Por otra parte, los carteles diversifican sus actividades aprovechando las ventajas geográficas y logísticas de Panamá, que lo convierten en un puerto importante para negocios como el tránsito de mercancía falsificada proveniente de Asia, el tráfico de armas de fuego, el tránsito de indocumentados y el movimiento ilegal de personas.

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La necesidad de protección que requieren el conjunto de estas operaciones ilegales y la magnitud de los ingresos que genera, hace que se desarrolle una actividad de complicidad dentro de las instituciones del Estado que corrompe especialmente a funcionarios de los organismos judiciales y policía. Como resultado, las presiones del crimen organizado van penetrando gradualmente el entramado social y las instituciones del Estado, pese a los esfuerzos de los gobiernos panameños y estadounidenses.

Los carteles también financian bandas de sicarios, cuyo fin es eliminar personas molestas para el negocio, como policías, funcionarios públicos, periodistas o políticos, así como asesinar a los elementos clave del aparato de uno y otro cartel en la lucha por controlar los mercados. A su vez, estas bandas aprovechan sus nexos con la delincuencia común para fortalecer su autonomía financiera por medio de secuestros, robos, explotación sexual y extorsiones.

El crimen organizado utiliza las bandas y pandillas como ejes fundamentales de su actividad, en lo que respecta principalmente a narcotráfico. Esa conexión ha incrementado notablemente el surgimiento de pandillas juveniles en Panamá, Colón y David. Según estadísticas provenientes de los organismos de seguridad, se han detectado cerca de 250 bandas con más de cinco mil miembros como estructuras de apoyo a las actividades delictivas de las bandas de sicarios y carteles de la droga, llevando a un incremento de la violencia que está trastornando la vida de la sociedad panameña.

Como consecuencia de estos factores, la inseguridad ciudadana en Panamá en lo relacionado con casos de violencia, ha experimentado un aumento importante si se compara con las estadísticas a inicio de siglo y se ha posicionado como el tema principal de la agenda política nacional.

En este ambiente, la población percibe que la mayor parte de las acciones de violencia e inseguridad son cometidas por menores de edad, lo que ha desatado un conjunto de opiniones distintas en la población, que van desde el endurecimiento de las penas a menores de edad y acciones de fuerza de parte de los estamentos de seguridad, hasta los argumentos de derechos humanos de los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil panameña que insisten en la prevención y el desarrollo de oportunidades de educación y empleo para los jóvenes.

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II. SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS PAÍSES DEL PROYECTO En el grupo de edad juvenil, los riesgos y vulnerabilidades en educación, salud y generación de ingresos, tienen relación con la falta de acceso al sistema educativo o el bajo desempeño (deserción, extra-edad y repitencia); el embarazo no deseado, el abuso de sustancias psicoactivas y la violencia; y el trabajo infantil y adolescente, y la desocupación.

Estas vulnerabilidades deterioran la inclusión social de la población joven, un proceso que puede ser entendido como una progresiva ciudadanización vinculada a la autonomía que proporciona la independencia económica y la emancipación familiar, donde las libertades formales en los ámbitos políticos y civiles se realizan bajo condiciones objetivas y subjetivas de bienestar y seguridad (Clert, 1997). En otros términos, la “calidad” de la incorporación de los/as jóvenes a la sociedad se refiere no sólo al disfrute de ciertos derechos políticos, sino también a sus posibilidades reales de llevar una vida saludable y a su participación efectiva en instituciones sociales y ocupacionales.

Aunque no es sencillo encontrar información sobre tendencias de la desigualdad en dimensiones no relacionadas con los ingresos, se pueden reconocer patrones indicativos para toda la región centroamericana:  Por un lado, se reconoce que las políticas fiscales constituyen un pilar clave para alcanzar mayores niveles de equidad, ya que el impacto del gasto público es mayor que el de los impuestos. Específicamente, el gasto fiscal en servicios y protección social tiene efectos redistributivos en los ingresos, especialmente los que posibilitan el acceso a servicios públicos, salud y educación primaria y secundaria.  En lo positivo, se verifica en la región que la ampliación de la cobertura educativa ha beneficiado a los grupos menos favorecidos, pero al mismo tiempo, los hijos de las familias pobres tienden a morir a edades más tempranas y tener peor salud, menos educación y menos acceso a servicios básicos de saneamiento, en parte porque la calidad de los servicios que pueden costear sus padres o los que presta el sector público, son de peor calidad que los que están a disposición de los más favorecidos.  Sin embargo, no existe una ausencia de correlación estadística significativa entre crecimiento económico y avances en salud y educación, y esta relación es todavía más débil en los países de IDH medio – como El Salvador, Guatemala y Nicaragua - y bajo. La hipótesis dominante, es que

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tales cambios pueden ser explicados por el mejoramiento del acceso de las personas a salud y educación. 4

Demografía Para el año 2000, las fuentes consultadas estiman una población total de 521.228 millones de habitantes en América Latina y El Caribe. La población de los países seleccionados del proyecto representa un poco más del 5% del total.

Cuadro #1 POBLACIÓN TOTAL 1980-2020 (miles) 1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

El Salvador

4 660

4 996

5 326

5 724

5 942

6 057

6 192

6 381

6 616

Guatemala

7 014

7 935

8 908

10 004

11 229

12 709

14 376

16 195

18 076

Nicaragua

3 250

3 709

4 137

4 658

5 100

5 455

5 822

6 189

6 529

Panamá América Latina y El Caribe

1 949

2 176

2 411

2 670

2 950

3 231

3 508

3 773

4 027

362 655

402 103

442 310

482 265

521 228

556 512

588 649

618 486

645 543

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Como se aprecia en la gráfica #1, no sólo Guatemala ha estado más poblada quel resto de los países, sino también su crecimiento poblacional ha sido más acelerado.

Gráfica #1

4

Para el PNUD (2010), el intercambio de ideas entre los distintos países, que no tiene comparación con el pasado, y que comprende desde tecnologías hasta ideales políticos, innovaciones técnicas y sociales, y buenas prácticas, ha tenido un efecto transformador en las estructuras sociales e instituciones, que permiten a países mucho más pobres lograr beneficios significativos en salud y educación, con un costo económico mínimo. Esto explica porqué la asociación entre las dimensiones de ingreso y las no vinculadas al ingreso se ha debilitado con el tiempo.

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Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

En efecto, durante los 40 años analizados, Guatemala ha mantenido una tasa de crecimiento superior al 2% anual de su población, mientras la tasa de los otros países no pasa del 1,5% anual. De todos modos, todos los países – a excepción de El Salvador, que también es el único que muestra una tendencia a aumentar su tasa de crecimiento – tienen tasas de crecimiento poblacional superior al promedio latinoamericano y caribeño. Estas tasas de crecimiento relativamente altas de los países latinoamericanos tienen incidencia en la demanda de servicios de educación y salud a los países.

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Gráfica #2

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

La tasa de crecimiento poblacional de Guatemala se explica por la tasa de fecundidad, que es especialmente alta en las áreas rurales y entre la población indígena. De todos modos, aunque en todos los países focalizados se registra una tendencia a la disminución en el número de hijos por mujer, el avance ha sido más lento que en el resto de la región.

Gráfica #3

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

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Como era de esperar, la estructura de edades de los países del proyecto es predominantemente joven, con una mediana de edad entre 27 (Panamá) y 19 años (Guatemala). En consecuencia, se tratan de sociedades con una proporción mayor al 50% de niños y jóvenes en la población total, siendo el extremo Guatemala, donde los menores de 29 años son casi el 70% de la población. Sin embargo, el país del proyecto donde hay un mayor contingente de jóvenes, es Nicaragua, con más del 43% de su población con edades entre 10 y 29 años, teniendo Guatemala una mayor población de jóvenes en términos absolutos. En contraste, El Salvador y Panamá tienen una menor proporción de niños y jóvenes, lo que señala una transición demográfica más avanzada.

Cuadro #2 MEDIANA DE EDAD, POR SEXO (estimaciones a 2010)

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

El Salvador

22,50

25,30

23,90

Guatemala

19,10

20,40

19,70

Nicaragua

22,10

22,90

22,50

Panamá

26,90

27,60

27,20

Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (consultado enero 2011)

Cuadro #3 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD (% del total) Total jóvenes 10-29 años

Total 0-9 años

Menores de 29

Más de 29 años

El Salvador (2010)

39,6

19,7

59,3

40,7

Guatemala (2010)

40,5

29

69,5

30,5

Nicaragua (2005)

43,2

24,3

67,5

32,5

Panamá (2010)

34,7

19,2

53,9

46,1

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008)

39

Gráfica #4

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008)

La distribución por edades de la juventud en los países seleccionados, señala una estructura similar: el grupo con edades entre 10 y 14 años, es el más grande, y en todos se van reduciendo las cohortes de edad conforme avanza hacia los 30 años.

Otra tendencia que tiene una igual dirección en todos los países, se observa en la proporción de hombres y mujeres por grupo de edad, donde las últimas tienden a equiparar y luego rebasar a los hombres entre los grupos de edad de 15 a 19 y de 20 a 24 años.

Cuadro #4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EN POBLACIÓN TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (en % de la población total)

10-14 años Hombres El Salvador (2010)

3,2

5,8

5,6

4,8

4,2

11,8

11,3

9,1

7,4

Hombres

6,3

5,5

4,5

3,7

Mujeres

6,2

5,5

4,7

4,1

12,5

11

9,2

7,8

Hombres

6,8

5,7

5,2

3,9

Mujeres

6,5

5,7

5,3

4,1

13,3

11,4

10,5

8

5

4,4

4,2

3,9

Mujeres

Total Hombres Panamá (2010)

25-29 años

4,3

Total Nicaragua (2005)

20-24 años

5,7

Total Guatemala (2010)

15-19 años

6

Mujeres

4,9

4,2

4,1

4

Total

9,9

8,6

8,3

7,9

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008)

Las diferencias entre los países son de magnitudes más que de tendencias; en efecto, Nicaragua tiene los porcentajes más altos en todos los grupos de edad juvenil, tanto hombres como mujeres, y Panamá los más bajos.

40

Gráfica #5

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008)

Como efecto de esta estructura de edades y la dinámica demográfica caracterizada por una tasa de fecundidad superior al promedio regional, complementada por la disminución de la mortalidad infantil y los avances en la esperanza de vida debido al mejoramiento en el acceso a los servicios de salud, la relación de dependencia – es decir, la proporción entre las personas en edad productiva y las “teóricamente inactivas” (menores de 15 y mayores de 65 años) – es más alta que en el resto de América Latina y El Caribe, lo que significa una mayor carga económica relativa sobre los ingresos de las familias, que tiene efectos sobre la productividad de la sociedad y la demanda de servicios sociales.

Cuadro #5 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 1950-2050

1950

1970

1990

5

2010

2030

2050

El Salvador

85,7

96,7

81,8

60,1

48,7

52,9

Guatemala

89,1

90,5

95

84,8

59,3

46,3

Nicaragua

87,9

101,8

96,6

56,6

51,1

51,5

Panamá

79,6

93

67

55,2

52

55,6

América Latina y El Caribe

77,7

87,1

69,6

53,6

50,9

57,5

Fuente: Transformaciones Demográficas y su Influencia en el Desarrollo en América Latina y El Caribe, CEPAL (2008).

Cómo se observa, hay un aumento entre 1950 y 1970 debido a los avances en el acceso a los servicios públicos de salud. Hacia 1990, la relación de dependencia comienza a disminuir en todos los países, salvo en Guatemala. Sin embargo, esta relación es consistentemente mayor en estos países que en el resto de América 5

Una relación de dependencia de 60, significa que por 100 personas activas, con edades entre 16 y 64 años, hay 60 inactivas, menores de 15 o mayores de 65.

41

Latina y El Caribe. No obstante, en cincuenta años estos países completarán una transición demográfica mucho más acelerada, de manera que hacia 2050, la relación de niños y adultos mayores por adultos, será menor que el resto de la región, como se aprecia en el Gráfico #4.

Gráfica #6

Fuente: Transformaciones Demográficas y su Influencia en el Desarrollo en América Latina y El Caribe, CEPAL (2008).

La medida de la relación de dependencia está vinculada con el concepto de bono demográfico, período en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente inactivas. Según la CEPAL, en este período: “… se genera una situación particularmente favorable para el desarrollo, ya que aumentan las posibilidades de ahorro y de inversión en el crecimiento económico, en tanto que, al mismo tiempo, disminuye la presión sobre el presupuesto en educación. Para describir este período se han creado diversos términos, como por ejemplo ‘bono demográfico’ o ‘ventana demográfica de oportunidades’, que hacen referencia a las posibilidades que dicho período ofrece para elevar las tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la población.”

(Jaspers-Faijer, 2008: 37).

Si a lo largo del período del bono, los países avanzan en la cobertura de la protección social, mejoran la calidad de la educación y la salud, y promueven la creación de empleos productivos y bien remunerados, especialmente para los jóvenes, los logros económicos pueden contribuir a reducir la carga que va a implicar el futuro incremento de la población dependiente, una situación que eventualmente vuelve a producirse, como se observa en la Gráfica #4; de lo contrario, el desempleo y la precarización de las relaciones laborales por el exceso

42

de la oferta de mano de obra, pueden agravar los problemas de seguridad ciudadana, y generar aún más inestabilidad social y política en los países. 6 Cuadro #6 ASPECTOS RELATIVOS A LA EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA Período en que la relación de dependencia se mantiene por debajo de dos dependientes por cada tres personas en edades activas

Período de reducción de la relación de dependencia

Valor máximo

Año del valor máximo

Valor mínimo

Año del valor mínimo

Duración en años

% magnitud

Año inicial

Año final

Duración en años

El Salvador

104

1968

57

2028

60

45

2011

2052

41

Guatemala

103

1988

55

2050

62

46

2029

2069

40

Nicaragua

114

1965

59

2035

70

48

2013

2052

39

Panamá

102

1968

61

2020

52

40

1999

2036

37

97

1965

60

2019

54

38

2001

2041

40

América Latina

Fuente: Transformaciones Demográficas y su Influencia en el Desarrollo en América Latina y El Caribe, CEPAL (2008).

El Cuadro #6 muestra algunos aspectos relativos a la evolución demográfica de la relación de dependencia en los países focalizados. En cuanto a la duración del período más favorable, con una relación de tres personas activas por dos dependientes, la tendencia es heterogénea con respecto al promedio latinoamericano, pero en Panamá se inició desde 1999, lo que sumado al buen desempeño de la economía, hace prever un panorama muy optimista hacia el futuro siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas.

El caso inverso es Guatemala, donde recién en 2029 empezará la ventana de oportunidad demográfica, y que se prolongará hasta más allá de 2050, lo que implica que los gobiernos deberán, en teoría, asegurarse de aumentar la cobertura universal de los servicios básicos antes que hacer inversiones en calidad. Desde este punto de vista, y considerando el actual estado económico del país, no se esperaría un avance rápido en los indicadores de desarrollo humano.

El Salvador y Nicaragua son países que en los años siguientes deberán implementar políticas y promover inversiones que generen los empleos necesarios para absorber los contingentes de jóvenes que buscarán ingresar al mercado laboral en los siguientes cuarenta años, o podrán ver todavía más deterioradas las condiciones de vida de su población, con impactos negativos en la seguridad ciudadana y en la situación de los jóvenes.

La magnitud de la disminución en la relación de dependencia es mayor en todos los países del proyecto que en el resto de la región, y es especialmente favorable en Nicaragua, que además tiene el período más largo de reducción de la 6

Para que el bono demográfico se traduzca en ventajas reales, es preciso mejorar el capital humano, sobre todo en los jóvenes, y dar respuesta al incremento de la población en edad de trabajar, así como disminuir los factores que precarizan la relación salarial en el mercado laboral.

Esto requiere de la adopción de políticas macroeconómicas que incentiven la inversión, aumenten las oportunidades de empleo y promuevan un ambiente político y económico estable.

43

dependencia generacional, lo que significa que la ventana demográfica estará más tiempo abierta que en los otros países.

La población de los países focalizados es predominantemente urbana, salvo en Guatemala. Sin embargo, son todos países con una población rural importante con respecto al promedio regional pero con una tasa de crecimiento urbano más alta, con excepción de El Salvador.

Esta urbanización acelerada conlleva a la concentración y segregación de la pobreza en asentamientos urbanos marginales, situación que implica factores de riesgo asociados con la violencia, como la falta de acceso a servicios de calidad sociales de calidad en educación y salud, la informalidad laboral y el desempleo, las deficiencias en la infraestructura barrial, el hacinamiento en las viviendas y el uso indebido del espacio público. Estos factores se correlacionan con bajo desempeño escolar y patrones desviantes de sociabilidad que se refuerzan por la falta de modelos de rol y el efecto del grupo de pares (peer group effect), constituyéndose en obstáculos a la movilidad social de los jóvenes pobres.

Cuadro #7 PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y TASA DE CRECIMIENTO URBANO % Población urbana Tasa de crecimiento (2009) urbano 2005-2010 (%)

El Salvador

61

1

Guatemala

49

3,5

Nicaragua

57

1,8

Panamá

74

2,8

América Latina y El Caribe

79

1,6

Total Mundial

50

2

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD (2010).

La población juvenil de los países seleccionados es todavía más urbana que la población infantil, pero menos que la población adulta. Esto se explica por los movimientos migratorios internos desde las áreas rurales a las urbanas en busca de servicios de educación con mejor calidad y de oportunidades de empleo, así como por las tasas de fecundidad tradicionalmente más altas en las poblaciones rurales.

44

Cuadro #8 CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN URBANO/RURAL DE JÓVENES 15-24 AÑOS CIRCA 2008-2010 (en % total de jóvenes y cantidades absolutas)

% urbano EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMÁ AMÉRICA LATINA

62,4 49,8 56,8 65,6 77,4

% rural

37,6 50,2 43,2 34,4 22,6

Población juvenil urbana

749283 1273349 720674 385608 64755367

Población juvenil rural

452144 1285956 548610 202496 18931269

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008)

Gráfica #7

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008)

En general, la proporción entre jóvenes urbanos y jóvenes rurales sigue la misma tendencia de la población general. En cuanto a su comparación con el promedio regional, el peso de la población joven en áreas rurales es muy superior: en los países seleccionados, representando casi el 45% de los jóvenes, y el 52% de ellos vive en las zonas rurales de Guatemala, en contraste con el 20% de los jóvenes latinoamericanos que son residentes en zonas rurales.

El peso de la juventud rural en los países seleccionados aunados a las condiciones de vida más críticas, se convierte en un claro factor que impulsa la migración de los jóvenes ante la falta de oportunidades de educación y trabajo. El acelerado proceso de urbanización, implica cambiar el paradigma de que los jóvenes no deben migrar por medidas que orienten la migración y les proporcionen

45

las herramientas necesarias para mejorar sus oportunidades de inserción social y laboral en los destinos de los emigrantes. 7

Pobreza Para complementar los análisis nacionales expuestos en la primera parte, el siguiente cuadro compara algunos indicadores sociales y de desempeño económico de 2010 en los países del proyecto.

Cuadro #9 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS SELECCIONADOS

América Latina y El Caribe El Salvador Guatemala Nicaragua Panamá

Ingreso Nacional Bruto en billones PPA (2010) / Clasificación mundial1

Ingreso Nacional Bruto per cápita PPA (2010) / Clasificación mundial2

GINI de ingresos 20002010

Línea de pobreza nacional en %

… $21,8 (88) $40,77 (76) $6,375 (125) $27,2 (98)

$10.642 $7.300 (124) $5.200 (133) $2.900 (163) $12.700 (97)

…

46,9 53.7 52,3 54,9

…

30,7 51,0 45,8 36,8

Índice de Desarrollo Humano 2010 – Clasificación mundial

0,704 0,659 (90) 0,560 (116) 0,565 (115) 0,755 (54)

1

Hasta 2009, entre 225 países Hasta 2009, entre 225 países Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (consultado enero 2011) / Informe de Desarrollo Humano, CEPAL (2010).

2

Los datos dan cuenta de la heterogeneidad de los países seleccionados. La economía de mayor volumen es la de Guatemala, y la menor, Nicaragua, pero el ingreso per cápita más alto corresponde a Panamá, superior en US$ 2.000 al promedio regional. Los demás países tienen ingresos substancialmente menores al de la media latinoamericana y caribeña, especialmente Nicaragua, que es casi 5 veces menos, y sólo supera a Haití en la clasificación mundial de los países de la región. Si se compara con el volumen de sus economías, los bajos ingresos per cápita de El Salvador, Guatemala y Nicaragua evidencia su baja productividad y la precaria calidad del trabajo.

7

Siguiendo esta línea de razonamiento, no han sido raros los llamados a considerar la urbanización como una línea de intervención contra la pobreza, ya que la concentración de la población en ciudades es un factor que facilita economías de escala en la ampliación de la cobertura de los servicios de educación y salud – especialmente para niños y adolescentes, por sus efectos acumulados en el conjunto de la población -, en la penetración de bienes duraderos y en el acceso a las tecnologías modernas – aspectos fundamentales en la generación de empleos cualificados y productivos (Cfr. Cohen, 2006).

46

Gráfico #8

Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (consultado enero 2011) / Informe de Desarrollo Humano, CEPAL (2010).

No obstante lo anterior, la Gráfica #8 demuestra que la relación entre pobreza, extrema pobreza y desigualdad, hace que el área del triángulo entre estos tres vértices, sea menor en El Salvador - el país menos desigual y con menos pobres -, que en los otros países, aspecto que pone en cuestión una correlación inequívoca entre pobreza, desigualdad y altos niveles de violencia; en cambio Panamá, con una economía mucho más dinámica y competitiva, tiene más pobres y la segunda mayor desigualdad de ingresos en la región.

En cuanto al Desarrollo Humano, sólo Panamá está por encima del promedio de la región, y se ubica en un nivel alto. En cambio, El Salvador, Nicaragua y Guatemala son países de Desarrollo Humano medio; estos dos últimos únicamente superan a Haití en la clasificación de los IDH de países latinoamericanos y caribeños.

Las variaciones en el crecimiento económico de los países según el PIB, muestran el mencionado dinamismo de la economía panameña en la última década y la mayor estabilidad de la economía guatemalteca, las fuertes caídas en el crecimiento en 2009 – especialmente en El Salvador -, y la recuperación de las economías en 2010, con un mayor repunte en Nicaragua y Panamá. Sin embargo, sólo este último país estuvo por encima de la tasa de crecimiento promedio de los países latinoamericanos, mientras los tres restantes países del proyecto se ubicaron con tasas de crecimiento menores, aunque los cuatro países empezaron con un crecimiento superior al promedio de la región en 2002.

47

Gráfica #9

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Gráfica #10

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Si se analiza la condición de pobreza e indigencia en la población con edades juveniles en los países focalizados y se desagrega por variables de sexo, áreas 48

geográficas y origen étnico, se constata que existen marcadas desigualdades entre grupos sociales, donde persisten las discriminaciones históricas y las estructuras socioeconómicas injustas. Esta desigualdad se refleja también en la magnitud como la pobreza afecta en mayor o medida a los jóvenes según sean rurales o urbanos, hombres o mujeres, o por el color de la piel y la identidad cultural.

La primera constatación es que la población entre 15 y 29 años de edad es menos pobre que la población sumada en todas las edades, principalmente porque la pobreza se concentra en los menores de 15 años, y a medida que aumenta la edad, disminuye la proporción de pobres en la población. Esto se evidencia especialmente en los países donde hay una mayor proporción de pobres, Guatemala y Nicaragua, y con excepción de El Salvador, hay más jóvenes pobres entre los jóvenes que pobres en la población total.

Gráfica #11

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Por sexo, las mujeres jóvenes son más pobres que los hombres de la misma edad, salvo en Nicaragua; los jóvenes en las áreas rurales son más pobres que los que viven en las ciudades, siendo mayores las diferencias en Guatemala y Panamá; en cuanto al origen étnico, es la variable que más desigualdades registra al compararse la pobreza en indígenas y afrodescendientes con pobres no indígenas, particularmente en Panamá, en donde por cada joven no indígena pobre, hay cuatro indígenas o afrodescendientes pobres.

49

Cuadro #10 INCIDENCIA DE LA POBREZA EN JÓVENES SEGÚN SEXO, ORIGEN ÉTNICO Y ÁREAS GEOGRÁFICAS (en %) Total pobreza nacional

Total pobreza en jóvenes

Jóvenes 15-29 años en pobreza Sexo Hombres

Origen étnico Mujeres

Indígena/ Afro

Áreas geográficas

No indígena

Urbanas

Rurales

EL SALVADOR (2004)

47,5

45,8

36,3

42,2

…

….

41,4

56,9

GUATEMALA (2002)

60,2

50,5

49,1

51,8

63,5

41,6

37,2

59,6

NICARAGUA (2001)

69,4

65,9

66,4

65,3

82,3

65

60,7

73,6

PANAMA (2006)

30,6

27,6

25,6

29,7

80

23,4

19,3

43,7

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

En cuanto a los jóvenes que viven en situación de indigencia, es decir, en hogares que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades, nuevamente los jóvenes tienen una proporción inferior de indigentes en comparación a su grupo de edad que la proporción de indigentes en la población general, como se evidencia en la Gráfica #10, siendo nuevamente mayores las diferencias en Guatemala y Nicaragua.

En cuanto a la desagregación por variables, se repiten las tendencias anotadas en el caso de la pobreza:  Por sexo, la proporción de indigencia es mayor en las mujeres jóvenes que en los hombres de la misma edad, salvo en Nicaragua.  Los jóvenes indigentes están más representados en las áreas rurales que en las urbanas, siendo los países con mayores diferencias Guatemala y Panamá.  En cuanto al origen étnico, otra vez es la variable donde es más notable la desigualdad entre indígenas y afrodescendientes con no indígenas, particularmente en Panamá, en donde por cada joven no indígena en indigencia, hay más de siete indígenas o afrodescendientes en la misma situación.

50

Gráfica #12

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Cuadro #11 INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA EN JÓVENES SEGÚN SEXO, ORIGEN ÉTNICO Y ÁREAS GEÓGRÁFICAS (en %) Total indigencia nacional

Total indigencia en jóvenes

Jóvenes 15-29 años en indigencia Sexo Hombres

Origen étnico Mujeres

19

15,8

15,3

GUATEMALA (2002)

30,9

22,4

21,4

23,3

NICARAGUA (2001)

41,2

38

38,2

37,9

PANAMA (2006)

14,9

13,1

12,6

13,6

67,5

EL SALVADOR (2004)

16,4

Indígena/ Afro

…

Áreas geográficas

No indígena

Urbanas

Rurales

….

11,9

21,8

31,7

16

13,8

28,3

67,8

36,7

29

51,7

8,7

5,4

27,9

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Educación La educación es uno de los determinantes fundamentales de inclusión/exclusión de los jóvenes, ya que acceder, mantenerse y obtener del sistema educativo las competencias generales y específicas con un grado de calidad suficiente, resulta clave para obtener un trabajo decente con un ingreso digno. Por estas consideraciones, recibir una buena educación es una meta especialmente valorada por los más pobres.

51

Además de este beneficio en el capital humano, hay una nutrida evidencia acerca de los vínculos entre la escuela y la contención de la violencia en adolescentes y jóvenes, un efecto que se deriva de la socialización educativa y su aporte al desarrollo de capital social. Al respecto, se ha encontrado que bajos índices de capital social reflejan una escasa cohesión social y altos grados de desconfianza interpersonal e institucional, factores asociados con tasas más altas de homicidios y mayor desigualdad económica en los países. 8 Por tanto, el primer análisis tiene que ver con el gasto público que hacen los países del proyecto, para tener un marco de interpretación que permita relacionar la situación educativa de los jóvenes con las inversiones que realizan los mismos en las políticas educativas.

De hecho, la inversión se ha concentrado en aumentar la cobertura y retención en la educación primaria, y en menor grado en la educación secundaria. Además, el incremento de la cobertura de enseñanza secundaria en las zonas urbanas no ha ido acompañado de una inversión paralela en las zonas rurales, lo que impulsa a muchos adolescentes a abandonar la escuela o a emigrar a las ciudades, en búsqueda de las oportunidades educativas no disponibles en sus lugares de residencia.

En la Gráfica #13 se compara el gasto público per cápita en educación, según dólares de 2000.

Se ha incluido a Costa Rica, un país de la región centroamericana más similar a los países del proyecto que otros países del sur o del norte de América y reconocido por sus eficientes políticas sociales, para facilitar comparaciones.

Teniendo en cuenta el monto de sus inversiones por estudiante, se observan claramente dos grupos de países: Costa Rica y Panamá, de un lado, invierten por encima de US$ 200, mientras que por otro lado, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, realizan una inversión por debajo de los US$100. Desde el período 1997-1998, Costa Rica y Panamá han incrementado sus gastos por estudiante US$ 116 y US$ 57, respectivamente. En el segundo grupo de países, Nicaragua es el país que más ha incrementado el gasto, con US$ 27, y le siguen El Salvador y Guatemala, con US$22 y US$17. Entre ambos grupos de países, ha aumentado la diferencia en el gasto por estudiante al comparar la situación en 1997-1998 con la de diez años después.

No obstante, en todos los países hay aumentos constantes en el gasto por estudiante para los diez años considerados, lo que induce a la hipótesis de un gasto meramente incremental, que es resultado del aumento de la matrícula en

8

Rubio (1996) encontró entre los factores asociados con la delincuencia juvenil, una relación inversa entre ingresos familiares, frecuencia de arrestos de jóvenes y abandono del sistema escolar. Así mismo, la Encuesta Caribeña de Salud mostró que los adolescentes que tenían problemas de aprendizaje en la escuela estaban más propensos a pelear con armas y a tratar de suicidarse (Weaver y Maddaleno, 1999).

52

aquellos países con menos crecimiento, y de un esfuerzo mayor en algunos países, por mejorar la calidad, y no sólo mantener la cobertura.

Gráfica #13

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Cuadro #12 GASTO PÚBLICO PER CAPITA EN EDUCACIÓN 1997-2008 (en dólares de 2000) 1997-1998

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA COSTA RICA

58 32 21 155 173

2000-2001

76 44 30 164 206

2007-2008

80 49 48 212 289

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Si se compara la inversión desde el punto de vista de su proporción con el PIB nacional, independientemente del tamaño de las economías, se observa que las tendencias varían un poco: Costa Rica, que acumuló un crecimiento de su PIB del 40,4%, ha podido mantener un ritmo creciente y constante de inversión que representa un aumento del 20% del PIB, pero Panamá, que acumula un crecimiento de 60,5% entre 2002-2010, ha disminuido la participación de los gastos en educación en un 5% con relación a 1997-1998, al igual que El Salvador, cuya inversión en el período 1997-2008 fue inferior a su crecimiento acumulado (10% contra 18%) En contraste, Nicaragua, que acumula un modesto crecimiento de 23,1%, ha realizado una importante inversión de su PIB en educación, incrementando el gasto en casi 2,5 puntos en esos diez años, lo que significa un aumento del 80%; 53

en tanto Guatemala, partiendo de un porcentaje similar a Nicaragua, ha mantenido una inversión igual al crecimiento acumulado de su PIB, llevando el gasto al 31%.

Gráfica #14

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Cuadro #13 GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 1997-2008 (% del PIB) 1997-1998

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA COSTA RICA

2,8 2,2 3,0 4,1 4,6

2000-2001

3,4 2,9 3,7 4,2 5,1

2007-2008

3,1 2,9 5,4 3,9 5,6

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Por último, si se examinan las inversiones desde el punto de vista de qué parte del Gasto Público se dedica a educación – que es en lo que realmente se refleja la voluntad del gobierno central -, los resultados demuestran que Nicaragua y Guatemala son los estados que más recursos del gasto público total han destinado a la educación en los últimos diez años.

En cambio, El Salvador y Costa Rica asignan a la educación una importancia menor desde el punto de vista presupuestal, aunque con diferencias notables desde el punto de vista de las situaciones de partida de ambos países en cuanto al gasto por estudiante y como parte del PIB, si bien puede influir, como también en el caso de Panamá, la disminución de la relación de dependencia, ya analizada, donde las cohortes de niños y adolescentes comienzan a disminuir, y por tanto la presión sobre la matricula.

54

Gráfica #15

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Cuadro #14 GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 1997-2008 (% del Gasto Público Total) 1997-1998

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA COSTA RICA

11,6 16,7 16,7 18,0 11,4

2000-2001

13,2 19,9 17,6 18,8 11,5

2007-2008

13,0 20,7 23,5 17,3 11,0

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Otro dato interesante, y más directamente enfocado sobre la población que atiende el proyecto, es la caracterización de la situación escolar de los jóvenes, que se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro #15 SITUACIÓN DE ESTUDIOS EN JÓVENES 15-24 AÑOS (en %) No ingresaron al sistema educativo

Desertores

2,6 3,1 2,1 11,0 9,2

32,7 31,7 33,6 42,9 40,9

Estudiantes Estudiantes Estudiantes muy poco Egresados al día retrasados retrasados

Ambos sexos

El Salvador (2009)

Hombres Mujeres

Guatemala (2006)

Ambos sexos Hombres

8,9 11 6,8 13,1 14,2

8,3 9,1 7,5 7,6 8,5

36,1 35,1 37,1 17,9 19,1

11,4 10,0 12,9 7,5 8,0

55

Mujeres Ambos sexos

Nicaragua (2005)

Hombres Mujeres Ambos sexos

Panamá (2009)

Hombres Mujeres

12,7 7,8 10,1 5,3 0,9 0,6 1,3

44,7 36,8 38,8 35,0 25,0 28,1 21,9

12 15,3 17,5 13 7,4 8,8 6,1

6,8 8,1 7,3 8,9 9,3 10,9 7,8

16,7 20,8 17,5 24,4 39,6 36,8 42,3

7,1 11,2 8,9 13,6 17,7 14,7 20,7

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Una visión conjunta, resalta diferencias de género en los indicadores que afectan más a las mujeres jóvenes en cuanto a la tasa de no matriculación en el sistema educativo durante el año de referencia en el caso de Panamá y Guatemala, y a los hombres, en El Salvador y Nicaragua. La deserción de las mujeres jóvenes es mayor que la de los hombres en El Salvador y en Guatemala, y viceversa para Nicaragua y Panamá.

En cambio, hay más coincidencias en el grado de atraso en los estudios – tanto el más grave como el ligero -, donde hay mayor representación de los hombres en todos los países. Otro tanto se puede decir de los estudiantes que están al día en sus estudios, donde las mujeres tienen una mayor presencia, salvo en Guatemala, por las altas tasas de deserción y no matriculación de este grupo. Finalmente, la finalización de los estudios, también favorece a las mujeres jóvenes, aunque de nuevo la excepción es Guatemala.

En El Salvador, la situación más grave se presenta en el alto porcentaje de desertores del sistema educativo en las edades comprendidas, y que afecta más a las mujeres jóvenes. En cambio, este subgrupo tiene una tasa menor de extraedad (estudiantes muy retrasados y poco retrasados) que los hombres, así como son más en la proporción de egresados.

Gráfica #16

56

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Guatemala evidencia en la situación educativa de los jóvenes, un marcado sesgo de género que afecta negativamente a las mujeres en casi todos los indicadores.

Para empezar, tiene la tasa más alta de jóvenes que no han ingresado al sistema educativo, especialmente en mujeres, con casi un 13%. Así mismo, la matrícula tampoco es garantía de finalizar los estudios, pues los datos muestran que el sistema educativo guatemalteco tiene también la tasa más alta de deserción de los países del proyecto, tanto en hombres como en mujeres, con 41% y 45% respectivamente. Por la altísima deserción, Guatemala es el país focalizado donde hay menos estudiantes al día en el nivel de avance según su edad, llegando casi al 20% de los hombres y al 16% de las mujeres. Finalmente, Guatemala es el único país donde finalizan menos mujeres que hombres.

Gráfica #17

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Nicaragua es el país del proyecto donde los jóvenes, hombres y mujeres, están más retrasados en sus estudios: cerca del 24% presenta un atraso desde grave hasta leve. Sin embargo, al contrario de Guatemala, en Nicaragua los indicadores reflejan una situación más negativa en los hombres jóvenes al comparar con las mujeres. En efecto, el grupo de hombres tiene la tasa más alta de deserción de todos los países del proyecto y la más alta de atraso en el sistema educativo, al punto que son los estudiantes que están menos al día en sus estudios en todos los países considerados.

57

Gráfica #18

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Panamá es el país con mejores indicadores entre los países del proyecto con respecto a la situación de los jóvenes en el sistema educativo, pues es el que tiene más jóvenes en el sistema educativo, con una tasa de no matriculación de apenas 0,9%, que afecta más a las mujeres, y una tasa de deserción de 25%, que tiene una mayor representación de hombres. Además, presenta la mejor tasa de estudiantes egresados, tanto en hombres (15%), como en mujeres (21%). Sin embargo, es el país que tiene más estudiantes en la categoría de “poco retrasados”, especialmente por los hombres jóvenes – el mayor porcentaje en los países focalizados -.

58

Gráfica #19

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

A pesar de estas estadísticas, en la comparación con los adultos, los jóvenes resultan favorecidos en sus países al acumular más años de asistencia al sistema educativo, con excepción de las áreas urbanas de Panamá.

Por otra parte, tanto los jóvenes como los adultos panameños tienen más años de estudio que sus congéneres latinoamericanos, no siendo así para el resto de los países del proyecto, comparado con el promedio latinoamericano.

De igual manera, se observan las inequidades en el acceso y permanencia en los servicios educativos entre áreas urbanas y rurales, que tanto por países como por grupos de edad, invariablemente muestran una situación más favorable en las zonas urbanas, especialmente en los ciclos de formación superior.

En general, las poblaciones rurales cuentan con menor dotación de capitales físicos, financieros y humanos que las áreas urbanas, y suelen tener como actividades principales las extractivas. Es el conjunto de estos factores, entre otros, lo que hace que el progreso se retrase en estas áreas y que los jóvenes estén en desventaja en el acceso a la formación técnica y a la educación superior.

Sin embargo, una tendencia igualmente presente en todos los países, es la reducción de la brecha urbano-rural en las generaciones más jóvenes, siendo 59

Panamá el país donde menos diferencia hay entre los años de estudio que han completado los jóvenes urbanos con relación a los rurales; en cambio, Guatemala presenta la situación más desigual en cuanto a años de estudio entre jóvenes urbanos y rurales.

Cuadro #16 PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO, POR GRUPOS DE EDAD Y ÁREA GEOGRÁFICA

Zonas urbanas El Salvador (2009) Guatemala (2006) Nicaragua (2005) Panamá (2009) América Latina (2010)

Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años

9,4 8,7 7,6 7,0 8,4 7,8 10,7 11,5 9,9 9.8

Zonas rurales

6,9 4,1 4,5 2,5 5,2 3,2 8,6 7,3 7,9 5,8

Relación años de estudio urbana/rural

1,36 2,12 1,68 2,8 1,61 2,43 1,24 1,57 1,25 1,68

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

En los cuadros 17 y 18, al desagregarse los porcentajes de la población juvenil y adulta según grupos de años de estudios que se corresponden con los niveles del sistema educativo (primario-básico-media y terciario), se hace más evidente en donde se concentran determinados contingentes de edad.

Así, se observa en áreas urbanas y rurales, que hay una mayor proporción de adultos con 13 años o más de estudios que jóvenes, una situación que podría calificarse como “normal” o esperada, considerando que una parte de los jóvenes todavía está estudiando, mientras algunos adultos han terminado, en teoría, todos los ciclos educativos y tienen algunos años en educación terciaria.

En cambio, la mayor concentración de jóvenes en los ciclos de educación básica y media (formación secundaria) y la mayor proporción de adultos con estudios primarios, indica, por un lado, que el porcentaje de adultos que sólo adquieren hasta 5 años de educación es mayor que en los jóvenes, quienes tienden a tener más de 5 años de estudios y ubicarse, preferentemente, entre 6 y 12 años.

Si se consideran los resultados, en todos los países y sin excepción, los jóvenes de hoy han recibido más educación que los adultos. Hay un porcentaje de jóvenes analfabetos o con primaria mucho menor que el de adultos, y lo contrario ocurre con la secundaria.

En este sentido, en Guatemala hay la mayor cantidad de jóvenes que tienen entre 0 y 5 años de estudios, y en Panamá, la menor. Conforme se avanza hacia la 60

educación terciaria, los jóvenes panameños ganan en participación mientras los guatemaltecos van reduciendo la suya, hasta llegar a la situación inversa: Panamá tiene el más alto porcentaje de jóvenes con 13 y más años de educación, y Guatemala el menor.

Por lo que respecta a la educación superior, los porcentajes son muy similares entre adultos y jóvenes, tomando en cuenta que una gran mayoría de jóvenes que hoy tienen entre 15-17 años todavía no han empezado sus estudios superiores, y al hacerlo incrementarán la participación de los jóvenes con 13 o más años de estudios, por lo que se espera que dentro de algunos años, al hacer esta comparación, los resultados sean aún mejores.

Cuadro #17 POBLACIÓN SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR EDADES, ZONAS URBANAS (en %)

% de población por años de instrucción 0 a 5 años

El Salvador (2009) Guatemala (2006) Nicaragua (2005) Panamá (2009)

Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años

11,5 27,3 23,0 39,2 14,7 29,1 1,9 4,3

6 a 9 años

40,4 29,4 46,4 28,1 46,4 35,2 33,3 30,9

10 a 12 años

13 años y más

34,5 24,6 25,3 19,7 29,9 19,3 45,7 32,6

13,6 18,7 5,4 13,0 9,0 16,4 19,1 32,2

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Cuadro #18 POBLACIÓN SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR EDADES, ZONAS RURALES (en %)

El Salvador (2009) Guatemala (2006) Nicaragua (2005) Panamá (2009)

Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años Jóvenes 15-24 años Adultos 25-64 años

% de población por años de instrucción 0 a 5 años

31,9 66,7 55,2 80,0 49,3 74,4 10,6 24,6

6 a 9 años

46,9 23,5 37,4 15,3 39,5 19,7 49,8 48,8

10 a 12 años

18,8 7,5 7,1 3,9 9,9 4,0 32,4 17,4

13 años y más

2,4 2,3 0,3 0,9 1,3 1,8 7,3 9,2

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

El Salvador es donde los jóvenes están más cerca de los adultos en el grupo con 13 y más años de estudio, y esta distancia incluso se revierte en las áreas rurales, donde los jóvenes que tienen educación terciaria proporcionalmente, son más que los adultos en la misma situación, siendo el único caso en que se da una diferencia a favor de los jóvenes en este grupo. Guatemala, en cambio, también 61

en las zonas rurales muestra la mayor diferencia en los porcentajes de adultos con 13 y más años de estudio y jóvenes.

Sin embargo, todos los países, en todas las edades y grupos de años de estudio, la distribución de la población en las áreas rurales es mayor en los grupos de 0 a 5 años y 6 a 9 años, y menor en los grupos de 10 a 12 y 13 y más años, lo que confirma la desigualdad ya referida en el acceso a la educación entre pobladores urbanos y rurales, que afecta más a los adultos que a los jóvenes. De esta manera, se mantienen las tendencias de una mayor proporción de adultos con 5 años o menos años de educación y mayor proporción de jóvenes que tienen entre 6 y 12 años de estudio.

Gráfica #20

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Gráfica #21

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

62

La valoración de la calidad de la educación secundaria, en donde se concentra la mayor parte del grupo meta del proyecto, no dispone de pruebas estandarizadas a nivel regional que permitan comparaciones entre países; 9 en cambio, existe la SERCE, una evaluación coordinada por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación, dependiente de la UNESCO, que evalúa el desempeño de estudiantes de tercero y sexto grado de enseñanza primaria en pruebas de Matemáticas, Lectura y Ciencias. 10 Según los resultados de la prueba aplicada en 2006 a una muestra de casi 3.500 escuelas en 16 países y en el estado de Nuevo León (México), y cuyos resultados se publicaron en junio de 2008, todos los países del proyecto tienen puntajes por debajo del promedio regional, siendo los puntajes de Guatemala los más bajos.

Gráfica #22

Fuente: Ganimian (2008), en: http://www.radu.org.ar/Info/12%20FINAL%20-%20SERCE%20graphs%20(Spanish)%5B1%5D.pdf

Además de bajos, los resultados de los cuatro países del proyecto muestran una alta dispersión en los puntajes de las pruebas, una medida de las desigualdades dentro de los propios países, que reflejan, a su vez, las diferencias socioeconómicas que afectan los logros educativos y se relacionan con la calidad de la educación a la que se accede. Según un estudio del Banco Mundial: 9

Lo más aproximado sería la prueba PISA, que se administra a estudiantes de 15 años en los países de la OCDE y otros. Hasta ahora se han realizado tres aplicaciones desde el año 2000, pero sólo han participado 6 países latinoamericanos.

10 Estudios han verificado que la relación escalar entre SERCE y PISA parece ser constante para la mayoría de los países, lo cual era de esperar dado que la elaboración de ambos exámenes evalúa las destrezas para la vida relacionadas con las materias evaluadas y no el dominio de sus contenidos. En este sentido, se pueden predecir los resultados de PISA para los países latinoamericanos que sólo han tomado SERCE utilizando el promedio de los ratios SERCE/PISA. Cfr. Hausmann et al., 2011

63

“En la mayoría de los países de la región, los individuos de antecedentes desfavorecidos socioeconómicamente no emplean tantos años en el sistema como sus contrapartes más ricas, a pesar de contar con acceso casi igual a la educación primaria. Los estudiantes más pobres abandonan la escuela más temprano que los estudiantes con ventajas socioeconómicas. Aunque esta brecha en las tasas de deserción puede atribuirse en parte a los efectos de la condición socioeconómica y a factores del hogar, existe evidencia de que el acceso de los pobres es a colegios de calidad inferior y por ello se inclinan menos a permanecer en el sistema” (Vegas y Petrow, 2008:28-29).

Como ejemplo de esta situación, en América Latina los jóvenes con edades entre 21 y 30 años de edad del quintil más rico tienen, por lo menos, cuatro años más de escolaridad que los jóvenes de la misma edad del quintil más pobre. En los países seleccionados del proyecto, esta brecha es de 5 años para El Salvador, 5,2 años en Nicaragua, 5,9 años en Panamá y 7,1 años en Guatemala. 11 Por otro lado, las pruebas muestran que, en general, los países con PIB per cápita más altos tienen mejores resultados, pero en el caso de Panamá y República Dominicana, el nivel de ingresos va en contra de esta tendencia; de igual manera, se verifica que a los países que más invierten en educación, les va mejor en las pruebas, pero algunos países que tienen un gasto por estudiante similar, tienen resultados muy diferentes (Cuba y Argentina); también se constata que países con niveles de inversión muy diferentes, obtienen iguales resultados (Colombia y Argentina). En los países del proyecto, Nicaragua y El Salvador tienen resultados por encima de su gasto bruto por estudiante, lo contrario de Guatemala y Panamá, cuya inversión tiene rendimientos inferiores en las pruebas SECER.

Salud La influencia de la innovación y la tecnología es menos determinante en los avances de la educación que en la salud, lo que induce una mayor heterogeneidad de manifestaciones y estados según los países. De hecho, la observación de los distintos indicadores de salud permite concluir que el panorama de la salud de los jóvenes en los países focalizados es muy diverso, con diferencias importantes en la mortalidad por sexo y según causales.

Sin embargo, la trayectoria de un país en educación y salud refleja procesos subyacentes similares, y de esta manera las condiciones vinculadas con el desarrollo económico del país, la distribución de la riqueza y el desarrollo institucional, que superficialmente se han tratado en el informe por medio del análisis de algunos indicadores socioeconómicos, contribuyen a la incidencia de enfermedades y muertes en la población juvenil.

11

En este último país, la situación empeora por las desigualdades étnicas y raciales, ya que los estudiantes indígenas tienen menos probabilidad que sus compañeros no indígenas de terminar la educación escolar.

64

Por tal motivo, como en el caso anterior de la Educación, conviene iniciar por el análisis del gasto público que hacen los países del proyecto, teniendo presente que al lado de la Educación, la inversión en Salud ha sido un factor determinante en el aumento del IDH y de la riqueza de los países. Como se hizo también en el punto anterior, se incluye a Costa Rica para facilitar comparaciones en los países del proyecto.

Gráfica #23

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

La Gráfica #23 compara el gasto público per cápita en salud, según dólares de 2000. Se observan dos grupos separados del país-control, Costa Rica: por un lado, El Salvador y Panamá, con una ligera ventaja para el segundo que se ha ido pronunciando a lo largo del tiempo; por el otro, Guatemala y Nicaragua, donde el primero va quedándose rezagado lentamente. Si en cambio se toma en cuenta el incremento que cada país ha realizado en el gasto per cápita, Nicaragua aumentó su gasto un 94% desde 1997-1998, Costa Rica y Panamá, 59%, El Salvador, 43%, y Guatemala, 33%.

Cuadro #19 GASTO PÚBLICO PER CAPITA EN SALUD 1997-2008 (en dólares de 2000) 1997-1998

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA COSTA RICA

63 15 17 73 177

2000-2001

75 18 23 90 210

2007-2008

90 20 33 116 282

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

No obstante, en todos los países hay un aumento del gasto neto per cápita para los diez años considerados, lo que en el caso de Guatemala puede ser meramente incremental como resultado del crecimiento demográfico, pero en Nicaragua debe apuntar a un esfuerzo deliberado y consciente por superar problemas de calidad y cobertura del sistema de salud, confirmando los diagnósticos de la CEPAL, que destacan al sector de Salud como una de las áreas en que el país más ha 65

avanzado, realizando reformas con resultados relevantes y sostenibles en materia de expansión de la cobertura, tanto horizontal como vertical, y en modernización hospitalaria. “En particular, se han dado pasos, aunque aún precarios, en la construcción institucional del Estado, requisito indispensable para que se puedan implementar políticas consistentes y sostenidas.” (CEPAL, 2006: 5).

Si se compara la inversión desde el punto de vista de la proporción del gasto en salud con relación al crecimiento del PIB nacional, como en el caso del gasto en educación, tampoco hay una tendencia común que asimile las variaciones del crecimiento económico y su resultado acumulado, con la inversión pública en salud.

A primera vista, los incrementos con respecto a 1997-1998 han sido modestos, pero salvo Panamá con relación al período 2000-2001, los demás países aumentaron el gasto público en salud como porcentaje del PIB. No obstante, el gasto público de Costa Rica en salud se mantiene por encima de todos los países focalizados, y nuevamente Nicaragua, como en el gasto público en educación, demuestra el aumento más notable en el gasto desde la fecha de referencia, con casi un 61%, contra 20% de Guatemala, el país que le sigue, ubicando a Nicaragua como el estado que actualmente más invierte en salud como parte de su PIB.

66

Gráfica #24

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Cuadro #20 GASTO PÚBLICO EN SALUD 1997-2008 (% del PIB) 1997-1998

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA COSTA RICA

3,0 1,0 2,3 1,9 4,7

2000-2001

3,3 1,2 2,9 2,3 5,2

2007-2008

3,4 1,2 3,7 2,1 5,4

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

La última perspectiva de análisis, es considerar el gasto público en salud como parte del gasto público total del estado. Como se dijo en el caso del gasto público en educación, estos datos evidencian cuánto están dispuestos a invertir los gobiernos de los países focalizados en la salud en proporción a otros gastos e inversiones, y, por tanto, qué prioridad le asignan al tema.

Gráfica #25

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

67

La gráfica permite apreciar que entre los tres períodos contemplados, los países que más invierten en salud dentro del presupuesto de los gastos públicos de los gobiernos, son El Salvador y Nicaragua, y menos, Panamá y Guatemala. El primero, incrementó la porción de gastos de salud en el total hacia el período 2000-2001, pero la disminuyó para 2007-2008, mientras Guatemala ha sido el país que menos gasto público realiza en salud como parte del presupuesto total de los gastos públicos.

Cuadro #21 GASTO PÚBLICO EN SALUD 1997-2008 (% del Gasto público total) 1997-1998

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA COSTA RICA

12,5 7,7 12,9 8,4 11,7

2000-2001

12,9 8,2 13,9 10,3 11,7

2007-2008

14,6 8,3 16,3 9,5 10,7

Fuente: Anuario Estadístico, CEPAL (2010).

Considerando las tres perspectivas de análisis, Guatemala resulta ser el país que menos gasto per cápita realiza, que destina la menor proporción del PIB a la salud, y dentro de los gatos públicos totales, dispone el menor porcentaje a los gastos en salud. De hecho, la barrera económica es un determinante importante de exclusión en el acceso a medicamentos y servicios médicos en Guatemala, y tiene que ver con la falta de protección financiera de los hogares y la baja inversión pública en salud. Según Flores (2008), más del 60% del gasto en salud del país procede del ‘bolsillo’ o presupuesto de las familias, y el costo es proporcionalmente más alto en las familias más pobres.

De cualquier manera, se invierte poco en la salud de los adolescentes y jóvenes, pues en sistemas orientados más a la atención que a la prevención, la morbilidad juvenil se asocia a causas externas y comportamientos de riesgos: traumatismos y defunciones por accidentes, enfrentamientos violentos (homicidios, agresiones) y suicidios; embarazos no deseados; y enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, la juventud es el grupo de edad con mayor prevalencia en el consumo de drogas legales e ilegales.

Por otra parte, los jóvenes constituyen el grupo de edad con menos incidencia de enfermedades, y si se comparan con las defunciones generales, las muertes de jóvenes representan un porcentaje pequeño porque es menor la proporción de muertes por enfermedades infecciosas, parasitarias o de tipo degenerativo. Sin embargo, resulta la edad más expuesta a riesgos exógenos, como lo evidencia el peso de las causas externas de morbilidad y mortalidad, en donde tiene mayor importancia las situaciones y conductas de riesgo relacionadas con los estilos de vida.

68

En los países del proyecto, las causas externas dan cuenta del 78% de las muertes de los hombres jóvenes de El Salvador y del 64% de Nicaragua y Panamá, mientras el promedio latinoamericano es de 74%. En el caso de las mujeres, siendo también las causas externas las que explican la mayor parte de las muertes en la edad juvenil, sólo explican el 46% de los decesos de mujeres jóvenes en El Salvador, el 30% en Nicaragua y el 26% en Panamá. A nivel latinoamericano, el 33% de las muertes de mujeres jóvenes se atribuyeron a causas externas. En otras palabras, más de la mitad de las muertes de los hombres jóvenes se deben a homicidios, accidentes o suicidios, tanto en los países del proyecto como en el promedio de la región.

Llama también la atención el alto número de muertes por enfermedades transmisibles en El Salvador y especialmente en Panamá, al compararse con la tasa promedio de la región, tanto en hombres como en mujeres; otro tanto puede decirse de las muertes por enfermedades degenerativas en los hombres jóvenes nicaragüenses con respecto a la misma tasa en los hombres jóvenes latinoamericanos.

Cuadro #22 TASA DE MORTALIDAD EN JÓVENES 15 Y 29 AÑOS, POR SEXO Y CAUSA DE MUERTE, 2008 (defunciones por 100 1 mil personas)

Enfermedade Enfermedade s s transmisible degenerativa s s

Total

EL SALVADOR NICARAGUA PANAMÁ AMÉRICA LATINA (16 países)

Causas externas

Otras causas

Hombre s

Mujeres

Hombre s

Mujeres

Hombre s

Mujeres

Hombre s

Mujeres

Hombre s

Mujeres

392 145 139

84 56 60

21 12 20

10 5 11

14 17 13

11 11 12

307 94 90

39 17 16

50 26 17

25 17 18

190

57

12

7

14

11

141

19

23

16

1

Los datos fueron extraídos del estudio Juventud y Cohesión Social (CEPAL, 2008), y no incluían la información sobre Guatemala.

En todos los casos, también se verifica un sesgo de sobre-mortalidad en los jóvenes, que obedece a estilos de vida con mayor exposición a riesgos externos por parte de los hombres. En el caso de El Salvador, que es el más llamativo, llega a 8 hombres jóvenes por cada mujer muerta por causas externas en la misma edad. El promedio latinoamericano acompaña esta tendencia estadística, aunque también en este caso de las muertes externas, Nicaragua y Panamá mantienen una relación de sobre-mortalidad inferior a la región. En cualquier caso, los datos convierten a El Salvador en el país con la mayor relación de sobre-mortalidad masculina.

69

Cuadro #23 SOBRE-MORTALIDAD MASCULINA EN JÓVENES 15-29 AÑOS, POR SEXO Y CAUSA DE MUERTE (defunciones por 1 100 mil personas)

Enfermedade Enfermedade s s transmisible degenerativa s s

Total

EL SALVADOR NICARAGUA PANAMÁ AMÉRICA LATINA (16 países)

Causas externas

Otras causas

4,7 2.6 2,3

2,1 1,4 1,8

1,3 1,4 1,1

7,9 5,4 5,6

2 2,2 2,2

3,3

1,7

1,3

7,3

1,5

1

Los datos fueron extraídos del estudio Juventud y Cohesión Social (CEPAL, 2008), y no incluían la información sobre Guatemala.

Para comprender la exposición de los jóvenes a las distintas formas de violencia, es necesario diferenciar sesgos de género, edades e incluso origen étnico. Sin embargo, hay muchas restricciones para los análisis comparativos debido a la escasez de información desagregada por género, edad e identidad étnica, la insuficiente desambiguación de conceptos, los distintos periodos de consolidación y la variedad de fuentes. En este sentido, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes constituye una de las medidas más confiables, aunque sin duda hay otros actos de violencia que no son registrados.

Según las más recientes cifras disponibles, la región de Centroamérica es una de las más violentas del mundo por tasa de homicidios, con 29,3 por 100.000 habitantes, y es superada únicamente por la región sudafricana, con una tasa de 31,7 homicidios por cada 100.000 habitantes (Global Burden of Armed Violence Report, 2008).

Gráfica #26

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009).

70

Según la cantidad de homicidios de los países focalizados por el proyecto, es visible un aumento en el número de homicidios desde 1999. Comparando las curvas de crecimiento, se pueden reconocer dos grupos de países: El Salvador y Guatemala, por un lado; y Nicaragua y Panamá, bien definidos por la diferencia en el número de homicidios por año.

Gráfica #27

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008) / Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009) / Observatorio Centroamericano sobre Violencia, en http://www.ocavi.com, consultado enero de 2011.

Sin embargo, al comparar cada país consigo mismo, aparece una nueva manera de ver los resultados:  El Salvador ha registrado una de las tasas más elevadas de homicidio en cada uno de los años de referencia, pero es el que menos ha aumentando su número desde 1999, con casi un 50%.  Se considera que Nicaragua es un país de violencia moderada, 12 pero desde el año de referencia se ha incrementado el número de homicidios en más del 62%.  Guatemala es también un país cuyo número de homicidios ha aumentado cada año, con excepción de 2007, cuando registró un leve descenso de 1,26%con respecto al año anterior. Entre tanto, los homicidios se han incrementado un 145% desde 1999.  Panamá, otro país con una violencia todavía manejable, en los últimos 7 años ha incrementado el número de homicidios a razón de unos 60 por año.

Con respecto a 1999, Panamá registra un aumento de homicidios de casi 160%, el más grande de los cuatro países.

12

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el índice “normal” de criminalidad se halla entre 0 y 5 homicidios por cada 100 mil habitantes por año, y puede ser tratado con mecanismos convencionales; sin embargo, cuando el índice de homicidios supera la tasa de 10, la sociedad se enfrenta a un cuadro de criminalidad “epidémica” que requiere medidas adicionales a las convencionales.

71

Cuadro #24 NÚMERO DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS 1999-2010 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EL SALVADOR

2270

2341

2210

2024

2172

2768

3778

3928

3491

3179

4365

3384

GUATEMALA

2655

2904

3230

3630

4237

4507

5338

5855

5781

6292

6498

6502

NICARAGUA

561

476

537

554

635

646

729

686

764

842

880

912

PANAMA

285

299

306

380

338

308

364

371

444

654

806

738

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008) / Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009) / Observatorio Centroamericano sobre Violencia, en http://www.ocavi.com, consultado enero de 2011.

De esta manera, se pueden observar dos tendencias en el número de homicidios: una más moderada, con un país que tiene un alto número de homicidios por año (El Salvador) y otro con un número bastante menor (Nicaragua), y una tendencia de rápido crecimiento, con alto número de homicidios al año (Guatemala) y otro con menos (Panamá).

El análisis se puede complejizar si se introduce el coeficiente de homicidios por cien mil habitantes, que permite establecer qué significa realmente la cantidad más alta o más baja de homicidios por año. La gráfica anterior se modifica un poco al confrontar las tasas de homicidios, y no simplemente su número: Gráfica #28

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008) / Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009) / Observatorio Centroamericano sobre Violencia, en http://www.ocavi.com, consultado enero de 2011.

Se pueden observar los dos grupos, uno con una tasa más alta y otro con una más baja, pero independientemente del número, la tasa anual de homicidios en El Salvador y en Panamá resulta más alta que las de Guatemala y Nicaragua, respectivamente. En particular, se observa que Panamá ha incrementado su tasa a partir de 2007, mientras El Salvador tuvo un aumento notable hacia 2009.

72

Cuadro #25 TASA DE HOMICIDIOS ANUAL 1999-2010 (# de homicidios por 100.000 personas) 1999

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA

2000

2001

2002

2003

36,2

37,3

34,6

31,1

23,7

25,8

25,2

30,7 35,06

11

9

10

10

32,7 12

9,85 10,14 10,18 12,41 10,84

2004

41

2005

2006

2007

2008

2009

2010

54,9

55,3

61

55,3

76,8

69,9

36,3 42,03

45,2

45

49

52

52

13 12,46

12,8

13

13

13

12,9

19

24

21

12

9,7 11,27

11,3

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008) / Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009) / Observatorio Centroamericano sobre Violencia, en http://www.ocavi.com, consultado enero de 2011.

Además, se dispone de la tasa de homicidios en la población joven hasta 2005, es decir, se puede comparar el número de homicidios de jóvenes con edades entre 15 y 24 años sobre el total de jóvenes en la población, por 100.000 personas, contra el número de homicidios en la población total, por 100.000 personas.

Considerando la sobre-representación juvenil en las muertes por causas externas, y particularmente de sesgo masculino, cabe esperar que el análisis arroje una mayor tasa de homicidios que en la población total.

Gráfica #29

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

Como se observa, las líneas discontinuas que representan las tasas anuales de homicidios en los jóvenes, están en todos los casos por encima de las tasas de homicidio de la población total, y para todos los países en todos los años, salvo 1999 en Nicaragua. De esta manera, la tasa de homicidios de jóvenes excede 1,2 veces la de la población en Nicaragua, 1,4 la tasa de homicidios de Guatemala, 1,7 veces la tasa de El Salvador, y 1,8 veces la tasa de homicidio de Panamá.

73

Cuadro #26 TASA DE HOMICIDIOS EN LA POBLACIÓN TOTAL Y EN JÓVENES 15-24 AÑOS 1999-2005 (# de homicidios por 100.000 personas) 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

EL SALVADOR (total)

36,2

37,3

34,6

31,1

32,7

41

54,9

EL SALVADOR (15-24)

64,1

58,3

60,2

52,1

57,1

74,4

92,3

GUATEMALA (total)

23,7

25,8

25,2

30,7

35,06

36,3

42,03

GUATEMALA (15-24)

27,8

31,8

34,9

45,5

55,1

55,4

...

NICARAGUA (total)

11

9

10

10

12

12

13

NICARAGUA (15-24)

9,3

12,4

12

11,3

16,1

15,5

16,6

PANAMA (total)

9,85

10,14

10,18

12,41

10,84

9,7

11,27

PANAMA (15-24)

16,6

19,5

19,7

20,3

22

17,8

…

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

Tomando de referencia los datos del último año con información en los países del proyecto, los homicidios de jóvenes años sumaron 2.900, mientras que los homicidios de las personas no jóvenes alcanzaron la cifra de 7,574; Guatemala es el país donde se produjeron más homicidios contra jóvenes y, a la vez, contra no jóvenes. Sin embargo, la relación entre homicidios contra jóvenes y homicidios contra no jóvenes, es alrededor de un tercio en todos los países.

Cuadro #27 NÚMERO DE HOMICIDIOS (último año)

15-24 años

EL SALVADOR (2005) GUATEMALA (2004) NICARAGUA (2005) PANAMA (2004)

%

No joven

%

Total

1242

37,9

2036

62,1

3278

1359 199 100

39,9 34,9 31

2044 372 222

60,1 65,1 69

3403 571 322

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

La tasa de homicidios de los jóvenes, en cambio, resulta ser por lo menos el doble de los no jóvenes en cualquiera de los países, siguiendo, dicho sea de paso, la tendencia regional. De esta manera, se puede decir que los homicidios de los jóvenes aportan la mayor parte de las tasas de homicidio en los países, incluso en los considerados relativamente “pacíficos”, como Nicaragua y Panamá.

Cuadro #28 TASA DE HOMICIDIOS–último año (# de homicidios por 100.000 personas) 15-24 años

EL SALVADOR (2005) GUATEMALA (2004) NICARAGUA (2005) PANAMA (2004) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008)

92,3 55,4 16,6 17,8 36,6

No joven

37,9 21,5 8,7 8,7 16,1

Tasa total

48,8 28,5 10,4 10,4 19,9

Relación tasa joven/no joven

2,4 1,9 1,9 2 2,3

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

74

Otra causa externa de muerte, son los suicidios. En comparación con el número de homicidios, aquí se encuentra una mayor dispersión de datos. Nicaragua es el país que aparece con más suicidios entre los jóvenes (de hecho, ocupa el primer lugar en América Latina junto con Ecuador y Uruguay), y también tiene la mayor proporción con relación a los suicidios de toda la población. En el otro extremo, se encuentra Panamá, con menos suicidios de jóvenes y con un porcentaje más bajo en comparación con los suicidios en el resto de la población.

Cuadro #29 NÚMERO DE SUICIDIOS (último año)

15-24 años

EL SALVADOR (2005) GUATEMALA (2004) NICARAGUA (2005) PANAMA (2004)

168 100 175 42

%

No joven

%

Total

63,2

36,8

289 152 216 145

39,9 44,8 22,4

457 252 391 187

60,1 55,2 77,6

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

La comparación de tasas de suicidio juvenil entre los países focalizados, confirma el alto coeficiente de suicidio entre los jóvenes que tiene Nicaragua, pero además muestra que no es una tendencia que siga el resto de la sociedad, pues es el país donde mayor es la relación entre las tasas de suicidios de ambos grupos, al contrario de Panamá y América Latina, en que los suicidios no afectan tanto a los jóvenes como grupo de edad. Por último, Guatemala es el país que tiene la menor incidencia de suicidios, tanto en jóvenes como en no jóvenes.

Cuadro #30 TASA DE SUICIDIOS–último año (# de suicidios por 100.000 personas) 15-24 años

No joven

12,5 4,1 14,6 7,5 6,8

EL SALVADOR (2005) GUATEMALA (2004) NICARAGUA (2005) PANAMA (2004) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008)

Relación tasa joven/no joven

Tasa total

5,4 1,6 5,1 5,7 4,7

6,8 2,1 7,1 6 5,2

2,3 2,6 2,9 1,3 1,4

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

Por último, los accidentes de tránsito es una tercera causa externa de mortalidad, en la que los jóvenes también suelen estar sobre-representados. El número de accidentes mortales para los jóvenes en todos los países focalizados, fue de 503, correspondiendo la mayor parte a El Salvador. No obstante, ha sido también el país con más accidentes en total, y donde menor ha sido la proporción de víctimas jóvenes.

Cuadro #31 NÚMERO DE ACCIDENTES (último año)

15-24 años

%

No joven

%

Total

75

EL SALVADOR (2005) GUATEMALA (2004) NICARAGUA (2005) PANAMA (2004)

216

14,7

1249

85,3

1465

73 125 89

18,3 23,7 21,6

326 403 323

81,7 76,3 78,4

399 528 412

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

En cuanto a las tasas de accidentalidad en jóvenes, los países seleccionados están por debajo de los promedios de la región. El Salvador es el país con más accidentes mortales para los jóvenes y para los no jóvenes de manera que es el único país que supera el promedio latinoamericano y caribeño en la tasa total de los accidentes mortales. Guatemala, como en la causa de suicidio, es el país con menor tasa de accidentes, tanto en jóvenes como en no jóvenes. La alta tasa de accidentalidad en todas las edades para El Salvador así como la baja tasa de accidentes en los jóvenes de Guatemala, hace que en estos dos países la tasa de accidentalidad de los jóvenes sea inferior a las de no jóvenes.

Cuadro #32 TASA DE ACCIDENTES–último año (# de muertes por accidentes en 100.000 personas) 15-24 años

EL SALVADOR (2005) GUATEMALA (2004) NICARAGUA (2005) PANAMA (2004) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008)

16,1 3 10,5 15,9 18,5

No joven

23,3 3,4 9,4 12,7 15,5

Tasa total

21,8 3,3 9,7 13,3 16,2

Relación tasa joven/no joven

-1,4 -1,1 1,1 1,2 1,2

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

Como se puede observar, la violencia – contabilizada como homicidios -, es por mucho la primera causa de muerte entre los jóvenes, primordialmente en los hombres, y tiene clara primacía como causa de muerte por sobre los suicidios y accidentes. Para los países más violentos del proyecto, El Salvador y Guatemala, los homicidios de jóvenes representan el 77% y el 89%, respectivamente, mientras en Nicaragua, los homicidios se atribuyen el 40% de las muertes de jóvenes, y en Panamá, el 43%. En cuanto a los suicidios, es la segunda causa externa más importante en Nicaragua, con el 35% de las muertes de jóvenes; los accidentes, por su parte, representan el 39% de las muertes por causas externas en los jóvenes panameños.

Gráfica #30

76

Proporción de muertes por casusas externas en jóvenes para países del proyecto

Fuente: Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina (Waiselfisz, 2008).

En el caso de la mortalidad de jóvenes por enfermedades transmisibles, el VIH/SIDA explica hasta el 50% de las muertes por causas transmisibles en hombres y mujeres jóvenes de los países centroamericanos, región que según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), tiene la prevalencia más alta de dicha enfermedad entre jóvenes, particularmente en El Salvador, Guatemala y Panamá, (CEPAL, 2008).

Las tasas de mortalidad disfrazan el impacto del VIH/SIDA en la salud de los jóvenes, pues el tiempo transcurrido entre la infección y la muerte del joven puede conducir a que esta ocurra a una edad adulta. En efecto, las muertes por esta causa tienen un peso mayor a edades más avanzadas, que parcialmente podrían prevenirse si los jóvenes estuviesen informados y protegidos ante el riesgo de contagio.

Según los datos del último Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2010), la mayor incidencia del VIH/SIDA entre los jóvenes de los países focalizados por el proyecto se presenta entre los hombres de Guatemala y las mujeres de Panamá.

Salvo Nicaragua, que además es el país con menor incidencia de VIH/SIDA en Centroamérica, todos los países del proyecto presentan niveles superiores de 77

incidencia de la enfermedad en la población juvenil en comparación con los países centroamericanos que no hacen parte de la iniciativa. Por otra parte, como se advierte en el Cuadro #33, la tasa de mortalidad por VIH/SIDA de los hombres jóvenes supera varias veces la de mujeres en todos los países.

Cuadro #33 INCIDENCIA VIH/SIDA JÓVENES 15-24 ANOS EN CENTROAMÉRICA, POR SEXO, 2010 1 (% de la población)

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA BELICE COSTA RICA HONDURAS

Mujeres 0,5 …

0,1 0,6 0,2 0,2 0,4

Hombres 0,9 1,5 0,3 1,1 0,4 0,4 0,7

1

Los datos se extrajeron del Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2010), y no incluían información sobre mujeres jóvenes de Guatemala.

Gráfica #31

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD (2010).

En cuanto a la salud reproductiva de las mujeres jóvenes, la mortalidad materna – cuyo riesgo se incrementa en las madres de 15 a 19 y de 40 a 44 años de edad -, manifiesta con claridad el nivel de desarrollo de los países y el lugar que las mujeres ocupan en las sociedades. Aunque sería deseable contar con datos más precisos y desagregados por grupos de edad, la atención que las mujeres reciben del sistema de salud – que concentra la mayor parte del gasto en la atención del binomio materno-infantil -, puede valorarse a través de la mortalidad materna y la fecundidad en adolescentes.

78

El acceso a la educación, una nutrición adecuada, la posibilidad de acceder a anticonceptivos, la prestación oportuna de servicios de salud prenatal y la asistencia de profesionales capacitados durante el embarazo, el parto y el puerperio, reducen el riesgo de muertes maternas; aún así, muchas mujeres no acceden a estos servicios, especialmente las indígenas y las que habitan en áreas rurales. Por otra parte, el inicio prematuro de la reproducción conlleva riesgos sanitarios que comprometen la salud de la madre y el bebé, así como restringe oportunidades educativas que afectan los ingresos futuros de los hogares.

Para empezar, la tasa de fecundidad adolescente en los países del proyecto está tanto por encima del promedio latinoamericano y caribeño, como de la tasa mundial, particularmente en Nicaragua y Guatemala.

Cuadro #34 TASA DE FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES 15 A 19 AÑOS 1990-2008 (# de nacimientos por 1.000 mujeres 15-19 años)

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMÁ AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TOTAL MUNDIAL

82,7 107,2 112,7 82,6 72,6 53,7

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD (2010).

Gráfica #32

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD (2010).

La posibilidad de que estas mujeres reciban una atención sanitaria de calidad, se puede valorar por medio de las tasas de partos asistidos por profesionales 79

sanitarios (médicos y enfermeras) y la tasa de mortalidad materna, cuya relación puede observarse mejor en la Gráfica #27: Guatemala tiene la tasa más baja de partos que reciben atención médica especializada, sólo el 41%, y al mismo tiempo, presenta el coeficiente más elevado de mortalidad materna, 290. Incluso a nivel mundial, los coeficientes están por debajo del promedio. El resto de los países del proyecto tiene tasas inferiores al promedio regional, y también coeficientes superiores de mortalidad materna.

Cuadro #35 PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO 2000-2008 (% de nacimientos)/TASA DE MORTALIDAD MATERNA 2003-2008 (defunciones por 100.000 nacimientos vivos) Partos atendidos por personal especializado 20002008 (% de nacimientos)

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMÁ AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MUNDIAL

Tasa de mortalidad materna 2003-2008 (defunciones por 100.000 nacimientos vivos)

84 41 74 91

170 290 170 130

91

122

75

273

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD (2010).

Gráfica #33

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD (2010).

Por último, las tasas de mortalidad materna, desagregando los grupos de edad de 15 a 29 y 30 a 44 años, revelan que si bien la incidencia es menor en las jóvenes, hay evidencia médica acerca de los riesgos de mortalidad en las adolescentes gestantes y parturientas. De todos modos, Nicaragua presenta las tasas más altas en ambos grupos de edad, mientras Costa Rica las menores. Cabe anotar que en este país, la tasa de partos atendidos por personal sanitario calificado es del 94%, 80

y el coeficiente de mortalidad materna en todas las edades por cien mil nacidos vivos, es de 30.

Cuadro #36 TASA DE MORTALIDAD POR EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN JÓVENES 15 A 29 AÑOS Y ADULTAS 30-44 AÑOS (defunciones por 1 100.000 mujeres)

EL SALVADOR (2005) NICARAGUA (2005) PANAMÁ (2005) COSTA RICA (2004) 1

Mujeres 15-29 años

Mujeres 30-44 años

1,3

1,9

4,8 2,7 1,6

6,3 3,5 2,9

Los datos fueron extraídos del estudio Hopenhayn (CEPAL, 2008), y no incluían información sobre Guatemala.

Ha sido difícil ir más allá de estos análisis porque la información sobre adicciones es escasa y no hay datos que puedan compararse entre países si se quieren tomar poblaciones nacionales segmentadas por grupos de edad y para un conjunto significativo de drogas lícitas e ilícitas. Sin embargo, usando las informaciones disponibles sobre prevalencias anuales de drogas ilícitas, alcohol y tabaco, pueden compararse diferencias en niveles de consumo entre países y drogas, y vincularlo con lo que se puede saber acerca de las edades de inicio, que coinciden con la adolescencia y la juventud.

En general, los estilos de vida inciden sobre la matriz general de la salud, y dentro de estos patrones, adquieren la mayor importancia los factores asociados al consumo de drogas legales, como el alcohol y el tabaco, en la adolescencia y juventud. La magnitud de los consumos así como la edad de inicio, son variables relacionadas con el uso futuro de drogas ilegales, pues el consumo precoz aumenta la probabilidad de usar más sustancias. Por otra parte, ciertas características psicofisiológicas de la adolescencia, los hace más proclives al consumo de alcohol y tabaco, y al mismo tiempo, su abuso puede interferir en el desarrollo saludable del adolescente.

Cuadro #37

1

EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE DROGAS, HOMBRES Y MUJERES (en años)

Tabaco

Bebidas alcohólicas

Solventes (inhalantes)

Marihuana

Basuco (pasta de coca)

Cocaína

81

El Salvador (2005) Mujeres

15,9 18,3

17,5 21

15,5 17

17,2 17,4

18,3 …

20,1 20,5

Promedi o

16,6

18,8

15,5

17,2

18,3

20,1

Mujeres

16,63 19,06

17,25 20,32

16,32 12,47

17,97 16,93

19,5 16,69

19,71 20,43

Promedi o

17,39

18,76

15,76

17,83

19,05

19,86

Hombres

17,11 17,83

16,93 19,04

17,2 15,6

17,76 18,94

19,67 24,4

19,82 20,31

Promedi 17,4 17,99 o 1 No se encontraron datos comparables para Nicaragua

16,78

18,05

22,34

19,95

Hombres

Hombres

Guatemala (2005)

Panamá (2007)

Mujeres

Fuentes: Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2005-2006, El Salvador, CICAD / Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC) / Encuesta Nacional de Salud y Calidad de vida. República de Panamá, MINSA (2007).

Los datos no proporcionan un patrón determinado, y más bien se observa que hay grandes diferencias entre los países según el tipo de droga:  El promedio de inicio en el consumo de tabaco se produce en el rango de edad de 16 a 19 años, y quienes primero empiezan, son los hombres jóvenes salvadoreños, mientras las mujeres guatemaltecas son las que tardan más en comenzar a fumar. En términos generales, los hombres empiezan antes que las mujeres, el consumo de tabaco, y son más precoces en El Salvador.  En cuanto al consumo de alcohol, las edades de inicio se retrasan un poco con relación al tabaco, y se sitúa en el rango de 17 a 21. Son los hombres panameños quienes inician antes que sus congéneres el consumo, siendo las mujeres salvadoreñas las últimas de la cohorte. En este caso, Panamá es donde los jóvenes inician antes el consumo de alcohol.  El consumo de inhalantes y solventes tiene la característica de que es la única droga en donde dos grupos nacionales de mujeres inician el consumo antes que los hombres, y además a las edades más tempranas: 12,5 en Guatemala y 15,6 en Panamá. Sin embargo, el promedio entre hombres y mujeres es más bajo en El Salvador, con 15,5. El rango de inicio de consumo está entre los 12,5 y 17 años, siendo prácticamente la droga que primero se empieza a consumir.  La marihuana, en cambio, tiene un rango de edad para el inicio de consumo que resulta el más estrecho en todas las drogas: prácticamente abarca de los 17 a los 19 años, y por muy poca diferencia, El Salvador es el país donde se inicia antes el consumo de marihuana por parte de los jóvenes.  La pasta de coca o basuco tiene como edad de primer consumo en los tres países analizados, desde los 16,5 hasta los 24,5 años, lo que la convierte en la droga con la mayor dispersión en cuanto a las edades de inicio. Llama la atención que nuevamente son las mujeres guatemaltecas las primeras en empezar su consumo, y las panameñas son las últimas.  En cuanto a la cocaína, el patrón de edad para el inicio del consumo tiene semejanza al de la marihuana, salvo que se produce unos años después, 82

entre los 19,7 y los 21, siendo esta vez Guatemala y Panamá los países que primero inician el consumo, siempre primero los hombres.

Al comparar los datos sobre prevalencia del consumo de determinadas drogas ilegales en la población general, de 15 a 64 años, entre los países del proyecto y otros países, entre productores, consumidores y de tránsito, se observa claramente que los países focalizados tienen sistemáticamente las tasas de prevalencia más bajas entre los países de comparación que son consumidores (Argentina, España y los Estados Unidos), pero para algunas drogas, más altas que México y Colombia.

Ahora bien, dentro de los países focalizados, aparecen “perfiles” de consumos diferenciados: en cuanto a la cocaína y drogas sintéticas, drogas relativamente costosas, Panamá; en el consumo de cannabis, Guatemala; y en los opiáceos, El Salvador, si bien no se consiguieron datos de Nicaragua y Panamá. Así mismo, se advierte que el consumo de marihuana tiene la mayor tasa de prevalencia en los países del proyecto y en los países de comparación, seguida por la cocaína.

Gráfica #34 Consumo de drogas en países seleccionados del proyecto (prevalencia anual en %)

Fuente: World Drug Report, UNODC (2010).

83

Las mujeres suelen encontrar más problemas para su inserción laboral, y se agravan cuando son jóvenes. En este sentido, El Salvador presenta una situación atípica en todas las edades, donde la tasa de desempleo es consistentemente mayor para los hombres que para las mujeres. Por el contrario, en el resto de los países focalizados, hay más desempleo en las mujeres de cualquier edad que en los hombres, salvo el caso de Nicaragua para las mujeres adultas.

Panamá es el país que presenta las tasas de desempleo más altas en los jóvenes, tanto en hombres como para mujeres entre 15 y 29 años. Así mismo, este último grupo es el que presenta la mayor tasa de desempleo entre todos los jóvenes y adultos de los cuatros países seleccionados. En cuanto a los hombres jóvenes, también la mayor tasa de desempleo se da en Panamá. Estos resultados permiten deducir que el dinamismo de la economía panameña en los últimos años no se ha traducido, necesariamente, en mejores oportunidades de inserción laboral de los jóvenes, lo que quizás hace pensar en barreras de acceso por educación, dada la fuerte presencia del sector terciario especializado en Panamá.

Empleo El empleo de los jóvenes así como el tipo de inserción laboral que logran, juega un papel muy importante para la superación de la pobreza, tanto en el corto como en el largo plazo. Si esta se dificulta o es inestable, se limita su aporte financiero al hogar y se pierde la oportunidad de aumentar los ingresos y salir de la pobreza, pero por otra parte se posterga la formación de un hogar propio, con cual se mantiene la carga financiera sobre los ingresos de los padres, limitando su capacidad de ahorro y de ingresos futuros.

Por otra parte, una inserción laboral precoz es uno de los factores asociados con la población juvenil en riesgo, lo que a su vez está asociado con jóvenes de hogares en situación de pobreza, lo que reproduce su transmisión intergeneracional. Sin embargo, si los jóvenes no visualizan una trayectoria laboral que les garantice una movilidad socioeconómica positiva, empiezan a cuestionar la validez de la educación y del mercado de trabajo como medios para obtener el progreso personal y social lo que acaba generando desmotivación y apatía así como problemas para la cohesión de la sociedad y la integración social de los propios jóvenes.

Por distintas razones, tradicionalmente la tasa de desempleo de los jóvenes puede hasta duplicar la de los adultos. 13 En los países del proyecto, que tienen una tasa de desempleo relativamente baja, se observa también esta tendencia, como se observa en la gráfica. Según los datos, la relación de jóvenes desempleados a adultos desempleados es de 2 a 1 en El Salvador, 2.27 a 1 en Nicaragua, 3 a 1 en 13

Esto se debe al hecho de que los jóvenes buscan empleo por primera vez, tienen una mayor rotación entre el empleo y el desempleo, y una mayor inactividad laboral en comparación con los adultos (Weller, 2006).

84

Panamá y 3.4 a 1 en Guatemala, lo que representa una cifra alta especialmente en los últimos dos países.

Cuadro #38 TASA DE DESEMPLEO ADULTOS (30 A 64 AÑOS) Y JÓVENES (15 A 29 AÑOS) (en %) 15 a 64 años Hombres

Mujeres

15 a 29 años Total

Hombres

Mujeres

30 a 64 años Total

Hombres

Mujeres

Total

El Salvador (2004)

8,6

4

6,7

10,8

7,6

9,6

7

1,9

4,8

Guatemala (2004)

3,1

4

3,4

4,8

6,9

5,5

1,5

1,8

1,6

Nicaragua (2003)

7,9

8

8

10,2

13,9

11,6

5,9

4

5,1

Panamá (2006)

7,1

11,9

8,9

12,6

22

16

4,2

7,1

5,3

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Gráfica #35 Tasa de desempleo total en hombres y mujeres, por edades, para países del proyecto (en %).

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008

Las mujeres suelen encontrar más problemas para su inserción laboral, y se agravan cuando son jóvenes. En este sentido, El Salvador presenta una situación atípica en todas las edades, donde la tasa de desempleo es consistentemente mayor para los hombres que para las mujeres. Por el contrario, en el resto de los países focalizados, hay más desempleo en las mujeres de cualquier edad que en los hombres, salvo el caso de Nicaragua para las mujeres adultas.

Panamá es el país que presenta las tasas de desempleo más altas en los jóvenes, tanto en hombres como para mujeres entre 15 y 29 años. Así mismo, este último grupo es el que presenta la mayor tasa de desempleo entre todos los jóvenes y adultos de los cuatros países seleccionados. En cuanto a los hombres jóvenes, también la mayor tasa de desempleo se da en Panamá. Estos resultados permiten deducir que el dinamismo de la economía panameña en los últimos años no se ha traducido, necesariamente, en mejores oportunidades de inserción laboral de los 85

jóvenes, lo que quizás hace pensar en barreras de acceso por educación, dada la fuerte presencia del sector terciario especializado en Panamá.

Gráfica #36 Tasa de desempleo total en hombres y mujeres, por edades, para países del proyecto (en %)

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Un aspecto fundamental para proporcionar trayectorias favorables hacia el empleo, es la adquisición de las competencias para la empleabilidad, siendo fundamental garantizar el derecho a la educación, de modo que los jóvenes logren acumular los conocimientos, experiencias y certificaciones necesarias para una inserción laboral. En todo caso, se acepta que lo ideal es lograr la mayor permanencia posible de los jóvenes en la formación educativa, retardando su participación en el mercado laboral hasta que obtengan una calificación técnica o profesional que permita una inserción laboral más sólida.

86

En el extremo positivo, lo óptimo sería que todos los jóvenes, particularmente los que están en el rango de edad entre 15 y 17 años, sólo se dedicaran a estudiar; en el otro extremo, el peor, están aquellos jóvenes en los cuales ha desaparecido el vínculo educativo y no han logrado incorporarse a ningún empleo: ni estudian, ni trabajan, lo que genera frustración y desencanto que pueden desembocar en comportamientos desviantes, hasta llegar a la violencia.

A priori, los jóvenes serían los más expuestos a padecer una marginación absoluta, en la que tienden a generalizarse las desventajas sociales y a acumularse las vulnerabilidades, y con ello, la posibilidad de ser afectado por diversos riesgos sociales, ante la ausencia de los efectos que potencian los factores protectores de la violencia asociados con la permanencia en la escuela o la contención que proporciona un empleo estable y en condiciones dignas. 14 De otro lado, una inserción laboral temprana – los jóvenes de 15 a 17 años que estudian y trabajan, o sólo trabajan, puede hacer parte del “círculo vicioso” de la pobreza que obliga a los jóvenes a trabajar, porque es necesario complementar los ingresos de los hogares y/o porque no existen las oportunidades de estudiar para progresar (como sucede en el área rural o en áreas urbanas marginales) o, si existen, están fuera del alcance de la economía del hogar.

En principio, estudiar y trabajar sería la situación idónea para los jóvenes en situación de pobreza, donde pudieran generar sus propios ingresos y contar con seguridad social en salud o pensiones, mientras continúan su formación, lo que les permitiría más adelante aspirar a mejores condiciones laborales y aumentar sus ingresos. Sin embargo, la inserción laboral de los jóvenes casi siempre se realiza por medio de empleos precarios y con baja remuneración, más aún si se produce en el grupo de edad de 15 a 17 años, y todavía peor si ocurre antes.

Esta condición es frecuente en países con altos niveles de pobreza y altas tasas de participación juvenil en el mercado de trabajo, y representa, generalmente, la situación de los jóvenes en medios rurales empobrecidos. En otras palabras, así como las altas tasas de desempleo en Panamá significan que los jóvenes, especialmente las mujeres, buscan trabajo y no lo encuentran, la baja tasa de desempleo entre los jóvenes de Guatemala no necesariamente supone una mejor situación, si es a costa de su formación básica y profesional, y se realiza en empleos precarios.

Por tal motivo, una manera de conocer la situación de la juventud es mediante el análisis de su relación con respecto al estudio y el trabajo. El siguiente cuadro muestra las tasas de jóvenes que se ubican en el extremo óptimo de permanecer en el sistema educativo el mayor tiempo posible para completar su formación.

14

El Informe Latinoamericano del Banco Mundial (2006) señala la situación de riesgo para los jóvenes que no estudian ni trabajan, particularmente los que están entre los 15 y 17 años: un comportamiento precoz y la exposición a la violencia, que los expone a riesgos como la delincuencia, la emigración masiva, la drogadicción, los embarazos no deseados, el comercio informal y la explotación sexual.

87

Cuadro #39 JÓVENES 15 A 24 AÑOS QUE SOLAMENTE ESTUDIAN (en % de la población juvenil) 15-17 años Hombre

Mujer

18-24 años Total

Hombre

Mujer

15-24 años Total

Hombre

Mujer

Total

El Salvador (2008)

57,3

63,5

60,3

17,4

21,1

19,3

31,9

35,1

33,5

Guatemala (2006)

31,4

40,7

36,2

10,1

10,3

10,2

18,2

20,8

19,6

Nicaragua (2008)

51,1

66,1

58,3

20,5

27,7

24,1

31,1

40,4

35,7

Panamá (2008)

61,4

75

68

16,6

27,6

22

31,4

42,8

37

América Latina (2010)

57,5

66,3

61,8

18

21,6

19,8

31,5

36,2

33,8

Fuentes: Anuario estadístico CEPAL (2010) y Panorama Laboral OIT (2010).

Algunas conclusiones que se deducen de los datos, es que donde hay una menor proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que sólo se dedican a sus estudios, es en Guatemala, con una tasa que está muy por debajo de los otros países del proyecto, donde más del tercio de la población juvenil está sólo estudiando, tanto hombres como mujeres.

Este mal resultado de Guatemala se repite en el grupo de edad de 15 a 17 años, donde nuevamente menos del 40% sólo se dedica a sus estudios, contrastando con el resto de los países del proyecto, que muestran tasas superiores al 55%, tanto en hombres como en mujeres.

De otro lado, se destaca que las mujeres jóvenes en los dos grupos de edad analizados, están más representadas que los hombres en el grupo de los jóvenes que sólo estudian, lo que probablemente tenga relación tanto con patrones culturales como con sus dificultades para encontrar trabajo, lo que induce a permanecer por más tiempo en el sistema educativo.

Panamá es el país con más jóvenes dedicados sólo a estudiar en el grupo de edad de 15 a 17, correspondiente a la educación básica, pero aún así está por debajo del promedio regional.

En cambio, Nicaragua en el grupo de 18 a 24 años junto con Panamá, superan el promedio regional en este grupo de edad, que en teoría ya corresponde a la educación terciaria. A nivel general, Nicaragua y Panamá son los países que tienen una mayor proporción de jóvenes que sólo estudian, incluso por encima del promedio regional, lo que puede correlacionarse con sus bajos niveles de violencia juvenil, debido al efecto preventivo del sistema educativo.

88

Gráfica #37 Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total que solamente estudian, para países del proyecto (en %)

Fuentes: Anuario estadístico CEPAL (2010) y Panorama Laboral OIT (2010).

Fuentes: Anuario estadístico CEPAL (2010) y Panorama Laboral OIT (2010).

Cuando se analizan los datos de los jóvenes que sólo trabajan, es necesario llamar la atención sobre el grupo de edad de 15 a 17 años, ya que supone su desescolarización. Bajo esta perspectiva, resaltan las altas tasas de participación laboral de los jóvenes con esa edad en Guatemala, que llegan al 40% en el caso de los hombres y más de 20% en las mujeres. Incluso, es el único país donde la tasa de jóvenes de 15 a 17 años que sólo trabajan supera a la tasa de hombres de la misma edad que sólo estudian.

89

Todos los países del proyecto, por otro lado, tienen tasas más altas de jóvenes de 15 a 17 años que sólo trabajan, con respecto al promedio regional, lo que resulta preocupante por su efecto sobre la acumulación de capital humano en la sociedad.

En cambio, al pasar al grupo de edad de 18 a 24 años, las tasas se ajustan por encima o debajo del promedio latinoamericano con excepción de Guatemala, que también tiene las tasas más altas de jóvenes que sólo trabajan.

Bajo la condición de “sólo trabajar”, los hombres están más representados que las mujeres en ambos grupos de edad, y llegan a tasas que superan a los hombres jóvenes que sólo estudian, lo que no sucede con las mujeres.

Cuadro #40 JÓVENES 15 A 24 AÑOS QUE SOLAMENTE TRABAJAN (en % de la población juvenil) 15-17 años Hombre

El Salvador (2008)

Mujer

18-24 años Total

Hombre

Mujer

15-24 años Total

Hombre

Mujer

Total

19

6,8

13

61,2

30,9

45,3

45,9

22,9

34,1

Guatemala (2006)

40,5

20,6

30,3

71,4

35,4

51,6

59,7

30,3

43,9

Nicaragua (2008)

26

5,5

16,2

57,6

24,8

41,4

46,7

18,4

32,9

Panamá (2008)

17,4

4

10,9

60,1

24,9

42,8

46,1

18,1

32,4

América Latina (2010)

15,9

7,4

11,7

55

32,3

43,5

41,6

24,2

32,9

Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2010) / Fuente: Panorama Laboral OIT (2010).

Gráfica #38 Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que solamente trabajan, para países del proyecto (en %)

Fuentes: Anuario estadístico CEPAL (2010) y Panorama Laboral OIT (2010).

90

Fuentes: Anuario estadístico CEPAL (2010) y Panorama Laboral OIT (2010)

En el grupo de jóvenes que estudian y también trabajan, los porcentajes de los países del proyecto son consistentemente más bajos que el promedio regional, salvo en el caso de Guatemala en el grupo de edad de 15 a 17 años.

Como se dijo antes, en teoría sería una situación deseable, pero teniendo en cuenta las materialidad del trabajo en América Latina, los altos índices de informalización de las relaciones salariales y las desigualdades de ingresos y educación, probablemente el trabajo de los jóvenes sea realizado en condiciones precarias, sin acceso a seguro en salud ni en pensiones.

También llama la atención que mientras Nicaragua y Panamá aumentan la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que estudian y trabajan con respecto al grupo de menor edad – lo que hace suponer una inserción laboral en mejores condiciones -, Guatemala disminuye la proporción. El Salvador es el país que registra tasas más bajas de jóvenes que estudian y trabajan en todos los grupos de edad.

En cuanto al análisis por género, nuevamente las mujeres jóvenes estudian y trabajan en una proporción menor que sus congéneres masculinos, probablemente debido a las pautas de distribución del trabajo doméstico y tradiciones culturales. Aun así, el porcentaje más alto de estas mujeres que estudian y trabajan, se encuentran en Panamá, en el grupo de 18 a 24 años, pero de todos modos por debajo del promedio latinoamericano.

91

Cuadro #41 JÓVENES 15 A 24 AÑOS QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN (en % de la población juvenil) 15-17 años Hombre

Mujer

5,6

18-24 años Total

9,8

Hombre

8,2

Mujer

15-24 años Total

El Salvador (2008)

13,8

7

7,6

Guatemala (2006)

23,5

9.9

16,5

13,6

7,9

10,5

Nicaragua (2008)

14,5

5,7

10,2

12,4

10,3

11,4

Panamá (2008)

14,1

5,6

10

12,9

10,9

11,9

América Latina (2010)

17,9

10,7

14,4

14,2

11,7

12,9

Hombre

10,3

Mujer

Total

6,5

8,3

17,3

8,6

12,7

13,1

8,8

11

13,3

9,2

11,3

15,5

11,4

13,4

Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2010) / Fuente: Panorama Laboral OIT (2010).

Gráfica #39 Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que estudian y trabajan, para países del proyecto (en %)

Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2010) / Fuente: Panorama Laboral OIT (2010).

92

Fuentes: Anuario estadístico CEPAL (2010) y Panorama Laboral OIT (2010).

En la última situación, jóvenes que no estudian ni trabajan, las proporciones más altas entre los 15 y 24 años de edad están en El Salvador, un factor que puede ser asociado a los altos niveles de violencia juvenil en el país. También llama la atención que el porcentaje más alto en el grupo de edad de 15 a 17 años, está en Guatemala, otro país con altos índices de violencia.

Ambos países presentan tasas superiores a la tasa promedio regional en todas las edades, y caracterizan una situación que podría calificarse de exclusión total de los jóvenes. Panamá, por el contrario, tiene la tasa más baja de los cuatro países, que también es inferior al promedio latinoamericano.

Cuadro #42 JÓVENES 15 A 24 AÑOS QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN (en % de la población juvenil) 15-17 años Hombre

Mujer

El Salvador (2008)

9,9

24,1

Guatemala (2006)

4,5

Nicaragua (2008)

8,5

Panamá (2008) América Latina (2010)

18-24 años Total

Hombre

Mujer

15-24 años Total

Hombre

Mujer

Total

16,8

13,2

41

27,8

12

35,4

24

28,8

17

4,9

46,3

27,7

4,8

40,3

23,8

22,7

15,3

9,4

37,2

23,1

9,1

32,4

20,5

7,1

15,5

11,1

10,4

36,7

23,3

9,3

29,9

19,3

8,7

15,6

12,1

12,8

34,4

23,7

11,4

28,3

19,8

Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2010) / Fuente: Panorama Laboral OIT (2010).

La tasa de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan es superior a la tasa de hombres en la misma situación, en todos los países y en ambos grupos de edad, estando las mayores diferencias en Guatemala, tanto para el grupo de 15 a 17 años, con una relación de más de 6 mujeres que ni trabajan ni estudian por cada hombre, como en el grupo de 18 a 24 años, donde la relación aumenta a casi 10.

93

Es así que más del 40% de las mujeres jóvenes guatemaltecas de 15 a 24 años, ni estudian ni trabajan, un dato que permite comprender las altas tasas de fecundidad en este país, con las consecuencias negativas sobre la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía personal La sobre-representación de las mujeres jóvenes en esta situación de exclusión educativa y laboral, da cuenta de un patrón cultural que tiende a agravar las desventajas de las mujeres en el marco de las restricciones impuestas por la pobreza, y las impulsa a una vida de dependencia económica y/o empleos precarios. Con una situación un poco más atemperada, los datos de El Salvador son similares, con la diferencia que en este último país es bastante mayor la tasa de jóvenes que sólo estudian, especialmente mujeres.

En general, la tasa de mujeres jóvenes con edades entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, es superior a la tasa promedio latinoamericana, en todos los países del proyecto.

Gráfica #40 Tasa de jóvenes por edades (15-17, 18-24) y total (15-24) que ni estudian ni trabajan, para países del proyecto (en %)

Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2010) / Fuente: Panorama Laboral OIT (2010).

94

Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2010) / Fuente: Panorama Laboral OIT (2010). .

La relación entre educación y trabajo está determinada, en buena parte, por las experiencias de inserción laboral. El trabajo infantil, antes de los 15 años, constituye el peor tipo de inserción, puesto que se asocia con altos niveles de deserción escolar o bajo desempeño en la escuela, y se realiza en segmentos de baja productividad, con consecuencias múltiples para la pobreza actual y futura.

De igual forma, el ensayo y aprendizaje precoz de roles adultos - teóricamente concebidos para ser desarrollados durante la etapa juvenil - conlleva la adopción de sus pautas y valores correspondientes, que resultan, para este grupo, frágiles y defectuosas.

Asimismo, estos niños y adolescentes constituyen un grupo de alto riesgo, toda vez que las carencias a las que son sometidos los ponen en el umbral de una peligrosa propensión al despliegue de conductas desviantes y les priva de acumular los capitales culturales necesarios para cumplir una trayectoria exitosa al mundo adulto.

95

Gráfica #41

Fuente: Panorama Laboral OIT (2010).

El análisis de los datos facilita dimensionar la grave situación de Guatemala en el contexto de los cuatro países del proyecto, ya que en los menores de 15 años también tiene la tasa más alta de trabajo infantil, lo que se relaciona con la tasa de actividad tan alta entre los jóvenes de15 a 17 años, de los cuáles la tasa de los que sólo trabajan llega a más del 30%: muchos, probablemente, trabajan desde la infancia, y probablemente sus trayectorias escolares estén interrumpidas e incompletas. De otro lado, estas primeras inserciones laborales son clave para el futuro, ya que determinan no sólo las trayectorias laborales de los jóvenes en el futuro, sino también sus expectativas.

Jóvenes y Sociedad: temas específicos Después de presentar una breve caracterización de la situación de los jóvenes en los países del proyecto según indicadores básicos de demografía, educación, salud y empleo, el siguiente punto del informe proporciona información sobre temas cuyo conocimiento puede ser de utilidad para planificar la gestión del entorno, puesto que se relacionan con las estrategias del proyecto.

Bajo esta orientación, se ha seleccionado la Seguridad Ciudadana, la Participación de los jóvenes como termómetro de su sentido de Pertenencia, así como el desarrollo institucional que promueve su desarrollo, y la relación de los jóvenes con las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICS), por considerar que son temas estrechamente vinculados con la estrategia y los objetivos del proyecto.

96

Es necesario advertir que en muchos casos no ha sido posible encontrar información desagregada por edades que permitan enfocar con mayor precisión los efectos de una determinada situación sobre la condición de los jóvenes del proyecto. No obstante, los datos permiten una aproximación y formular hipótesis de intervención, que el proyecto podrá verificar en la práctica.

Seguridad Ciudadana La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones del ciudadano latinoamericano. Aunque la seguridad tiene muchas definiciones y manera de interpretarse, la más común es asumirla como el grado de protección de las personas contra el riesgo de sufrir un delito violento o de despojo. En este sentido, las múltiples interpretaciones del concepto seguridad, implican que la probabilidad de padecer un delito depende, entre otras cosas, del tipo del delito, del sexo y la edad de la persona, de su origen social, del lugar de residencia y hasta de la hora del día.

El tema es pertinente introducirlo en el informe porque no sólo los jóvenes son quienes más están expuestos a la violencia, sino por existen ciertos elementos del contexto que afectan la seguridad de los jóvenes en los países del proyecto. Estos elementos son:  En primer lugar, porque Centroamérica – y en especial los países que forman el “Triángulo Norte”, El Salvador, Guatemala y Honduras -, es la región más violenta del mundo que detenta las tasas de homicidio más elevadas del mundo, y tienden a ser mayores.  Aunque no ha sido un tema del informe, la incidencia de los delitos contra la propiedad también parece ser elevada, y genera formas de relacionamiento que afectan a los ciudadanos en general, y a los jóvenes de manera particular  Los actores que ejecutan estos delitos son, principalmente, el narcotráfico, la criminalidad organizada y las maras o pandillas, aunque también hay criminalidad no organizada  Las altas tasas de criminalidad en los países del proyecto y en otros de Centroamérica, se deben a la acumulación de desventajas y vulnerabilidades en los sistemas familiar, laboral, económica, política, cultural e institucional.  Los países del proyecto coinciden en haber emprendido reformas para desmilitarizar la seguridad ciudadana, pero el desborde la criminalidad ha impuesto una remilitarización de la sociedad que se expresa en la estigmatización de los jóvenes pobres.  La democracia en los países de la región se debilita con la inseguridad, a la vez que los eslabones más débiles del sistema sucumben, como las cárceles y el sistema penal para jóvenes, o tienden a privatizarse, como la vigilancia.

97

Ahora bien, resulta muy difícil estimar la criminalidad de un país y más aún evaluar de qué manera específica ha afectado a un grupo en particular, en este caso, los jóvenes. En los países del proyecto, escasean los datos confiables sobre seguridad ciudadana, y tampoco es objeto directo del informe.

Sin embargo, el homicidio es el dato más confiable e inmediato, y aunque ya se han dado algunas cifras pertinentes a los jóvenes, la gráfica siguiente ayuda a situar los países del proyecto en perspectiva. Se evidencia que El Salvador y Guatemala tienen tasas más altas que otros países de la región y superan ampliamente el promedio mundial y latinoamericano, mientras Nicaragua y Panamá son países relativamente intermedios.

Gráfica #42

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009)

Sin embargo, los países del proyecto tienden a registrar niveles más altos de victimización y tasas altas o crecientes de violencia no homicida y de delitos contra la propiedad. En lo que respecta a esta información, cabe resaltar los países los problemas relativos a su registro y accesibilidad, ya que las estadísticas judiciales no disponen de anuarios estadísticos, con seguimientos sistemáticos de la gestión judicial. Al mismo tiempo, en las evaluaciones de criminalidad hay un factor de “cifra oscura”, puesto que de entrada, es imposible saber con exactitud cuántos crímenes se cometen.

La forma más sencilla de valorar la criminalidad, es preguntar a las personas si han sido víctimas de delitos y cuál es su percepción sobre la seguridad, lo que se hace mediante encuestas directas. Este método tiene sus limitaciones, principalmente en que la concepción de sentirse víctima de un delito puede no corresponder estrictamente a lo que constituye una conducta delictiva tipificada.

Sin embargo, es útil porque la preocupación del ciudadano no depende tanto de 98

su (in)seguridad objetiva, sino, y principalmente, de la (in)seguridad que percibe, y que depende de factores como su sexo y edad, origen social y lugar de residencia.

Gráfica #43 Gráfica #44

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009)

Los resultados facilitan confirmar que los ciudadanos de los países del proyecto, enfrentan al menos, una de tres situaciones: alta tasa de homicidios (El Salvador y Guatemala); violencia no homicida y de delitos contra la propiedad (El Salvador, Guatemala y Nicaragua); percepción de inseguridad (Guatemala; y El Salvador, en menor grado).

Otro factor a considerar en la violencia que afecta los países del proyecto, es la circulación de armas de fuego. El siguiente cuadro ilustra la situación: Cuadro #43 NÚMERO DE ARMAS DE FUEGO EN CENTROAMÉRICA Legales (2007)

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA

Ilegales (2007)

# de personas por un arma de fuego

Total

Tasa de homicidios por arma de fuego

Cantidad de homicidios con arma de fuego

Porcentaje de homicidios con arma de fuego (2005)

149.719

280.000

429.719

13

51,4

2.904

77

235.514

800.000

1.035.514

12

38

5.237

82

90.133

160.000

250.133

22

6,1

312

56

65.436

130.000

195.436

16,5

16

517

59,7

ND

ND

ND

ND

21,5

67

ND

COSTA RICA

148.000

97.000

245.000

18

8,5

349

58

HONDURAS

151.003

650.000

801.003

9

46

3.514

78

BELICE

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, PNUD (2009)

99

El Salvador, Guatemala y Honduras serían los países con mayor número de armas, especialmente ilegales. Lo contrario sucedería en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, donde además el número de armas legales superaría al de las no registradas.

El cuadro evidencia una correlación entre la cantidad de armas ilegales y los indicadores de homicidio, no así cuando se trata de armas legales en su mayoría, como es el caso de Costa Rica. Llama la atención que los tres países con menor tasa de homicidios - Costa Rica, Nicaragua y Panamá-, son, además, los países donde menos armas de fuego hay por persona.

Pertenencia y Participación Juvenil El siguiente tema es bastante amplio como para ser tratado con propiedad en el informe, pero se procurará acercar algunos datos desde donde pueda hacerse una idea del grado de vinculación e identificación que manifiestan los jóvenes con las sociedades de los países que ha focalizado el proyecto, y con las instituciones y grupos que promueven su desarrollo y protagonismo en la sociedad.

Yendo de lo más general a lo específico, la percepción que los jóvenes tienen sobre la estructura social determina, en buena medida, sus reacciones frente a las modalidades específicas en que actúan los diferentes mecanismos de inclusión– exclusión y dando cuenta de su nivel de vinculación e identificación ciudadana con respecto a la sociedad.

Sobre la base de tabulaciones especiales de la encuesta Latinobarómetro 2006, la CEPAL construyó un instrumento para conocer la percepción de los jóvenes sobre la estructura social y de qué manera se proyectaban, considerando esa estructura.

Para eso, establecieron cuatro posiciones posibles:  Igualitario–abierto, para quien piensa que es que hay igualdad de oportunidades que con el esfuerzo individual son accesibles. Es la del joven “adherente”, y se identifica con quien piensa que las estructuras sociales de su país son adecuadas para confiar en ellas y en el futuro.  No igualitario–cerrado, piensa que no hay igualdad de oportunidades, y que, por tanto, con esfuerzo no se puede surgir. Esta posición corresponde a la figura del joven “crítico”, que puede abarcar desde la posición ideológicamente fundamentada hasta el simple desencantamiento.  No igualitario–abierto, opina que no hay igualdad de oportunidades, y, sin embargo, se puede salir adelante con esfuerzo. Es el joven “emprendedor”, para quien la lucha contra la adversidad y el esfuerzo son lo principal, y se expresa por medio del trabajo y los estudios como medios para lograr la movilidad social.  Por último, el Igualitario–cerrado piensa que hay igualdad de oportunidades, y, sin embargo, no se puede avanzar con el esfuerzo. Es llamado el joven

100

“disociado”, pues no logra vincular un orden meritocrático con opciones de futuro.

Gráfica #45

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

En la gráfica se observan diferentes distribuciones de las posiciones según países, pero hay unas primeras observaciones de tendencias muy claras:  En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, hay un claro predominio del joven “crítico” sobre las restantes categorías; en cambio, en Panamá hay un empate con los “adherentes”.  En Guatemala, Nicaragua y Panamá, los jóvenes adherentes representaron la segunda opción pero en El Salvador, después de la posición crítica, los jóvenes se identificaron con la categoría “emprendedora” más que en cualquier otro país.  Comparando con América Latina, los jóvenes de los países focalizados resultaron ser más críticos que el promedio de sus congéneres - salvo en el caso de Panamá -, con una fuerte impronta de los adherentes en segundo lugar. No hay que olvidar que esta posición crítica puede ser desde un postura política anti-sistémica o ser solamente una expresión de desencanto.

Sin pretender dar una respuesta terminante, resulta interesante confrontar estas respuestas con la opinión que los jóvenes tienen sobre cómo son mirados por la sociedad, si son aceptados o bien sufren rechazos por algún aspecto.

101

Gráfica #46

Fuente: Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Antes de cualquier análisis, llama la atención que casi un 70% de los jóvenes latinoamericanos se sientan discriminados de una u otra manera, lo que tiene efectos en mayor o menor grado sobre lo que se piensa de la sociedad y del lugar que se ocupa en ella. Considerando los datos, hay dos observaciones inmediatas: la sensación de ser víctimas de diversas discriminaciones es todavía mayor en los jóvenes de los países focalizados que en América Latina, y la coincidencia de que sean los jóvenes de los países menos violentos, Nicaragua y Panamá, quienes más manifiestan sentirse segregados.

Cuadro #44 PRINCIPALES RAZONES PARA SENTIRSE DISCRIMINADO EN JÓVENES 18 A 29 AÑOS 2006 (en %) Por no Por no Por el color tener tener Por ser Por ser Por ser Otras de piel joven mujer pobre educación conexiones suficiente /contactos

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMÁ AMÉRICA LATINA

0,5 15,8 1,3 9,6

7,2 7,3 9,7 18,6

4,6 5,6 5,7 15,9

2,5 7,1 11,3 2,7

2 11,7 1,6 0,3

37 14 36,6 16,8

16,8 13,8 9,8 13,3

6

10,9

7,6

5,5

3,2

20,4

15

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Al comparar los diferentes motivos de la discriminación, se establece un perfil del país que resulta ser comprensible en el contexto y según los análisis expuestos:  En Panamá, la discriminación que más padecen los jóvenes, es por la insuficiencia de educación y certificaciones, seguido de la pobreza y el carecer de contactos y conexiones;  En Guatemala, el color de la piel, la pobreza y el ser mujer son condiciones que generan discriminación en los jóvenes;  En El Salvador y en Nicaragua, ser pobre constituye el motivo principal para ser discriminado; 102

 Una parte de los jóvenes nicaragüenses siente que su condición de edad es un factor por el cual son discriminados,  La juventud como motivo de discriminación, es percibida más por los jóvenes latinoamericanos que por los jóvenes de los países del proyecto.

Gráfica #47

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Tanto la percepción sobre la estructura social y las oportunidades que brinda, como el sentirse en algún momento discriminado por alguna condición específica, tiene influencia sobre las expectativas de éxito que puede tener el joven al involucrase en la toma de decisiones colectivas y vinculantes para su comunidad, lo cual es una forma de construir una identidad y una pertenencia.

Un indicador de participación política convencional, es el ejercicio del voto en las elecciones presidenciales de cada país, que salvo excepciones debido a características particulares del sistema político-institucional, está entre el 60% y 80% de los ciudadanos habilitados en los países democráticos de la región. En las últimas elecciones presidenciales, la participación de los jóvenes fue inferior a la de los adultos en todos los países focalizados del proyecto, así como en el promedio latinoamericano.

103

Gráfica #48

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Sin embargo, los jóvenes se identifican políticamente con una posición del espectro ideológico-partidario nacional, tanto o más que los adultos, en los países del proyecto así como en el nivel regional, con particular énfasis en El Salvador y Nicaragua, precisamente los países donde la posición “crítica” de los jóvenes era más claramente mayoritaria.

Gráfica #49

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

La diferencia la hace la participación de los jóvenes en las actividades políticas, por lo menos, las más tradicionales. Como se observa en la Gráfica #63, los jóvenes demuestran consistentemente una menor participación en los partidos políticos, salvo el caso de El Salvador, que la iguala. No obstante, tampoco es mayoritaria la participación adulta.

104

Gráfica #50

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Esta diferencia con la gráfica anterior puede tener varias hipótesis: falta de congruencia entre lo que se piensa y lo que se practica, rechazo a las jerarquías y a la disciplina de los partidos, o cuestionamiento a la legitimidad de estas organizaciones como representantes de una postura política personal.

De hecho, se planteaba como hipótesis en los Términos de Referencia, que los jóvenes buscan formas de participación para expresar y utilizar con más ventaja sus capacidades, apuntando hacia actividades como la comunicación de masas, la recreación, las redes virtuales y los consumos culturales. De ahí que sus intereses con relación a la participación tenga matices muy distintos a sus padres: en ausencia de los grandes relatos megapolíticos y la dificultad de organizar sus vidas en torno a la transición escuela-trabajo, los jóvenes no se sienten representados por las instituciones y mecanismos tradicionales del sistema político.

En cambio, aparecen tendencias que asocian la incidencia de los medios de comunicación con nuevas formas de asociatividad y movilización juvenil en torno a comunidades de producción y consumo, el ejercicio de derechos políticos y civiles en redes cibernéticas de acción colectiva, y al menos una disposición a involucrarse voluntariamente en causas de valor universal, que compensan su desconfianza hacia los partidos políticos.

Acceso a Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTICS) El desarrollo tecnológico ha llevado a nuevos productos y mercados de bienes y servicios digitales, que se diferencian en tres dominios tecnológicos:  La electrónica de consumo, en la que se incluyen la televisión, los reproductores de DVD, los PVR (Personal Video Recorder), las cámaras 105

digitales, los home theater, los equipos de audio y las consolas de videojuegos.  Las tecnologías de la información, que agrupan los PCs, portátiles y otros equipos, como agendas electrónicas y su evolución a los DMA (Digital Media Adapter).  Las tecnologías de comunicación, que incluye los teléfonos móviles e inalámbricos y otros equipos receptores de redes de difusión y distribución.

Para la actual generación de niños, adolescentes y jóvenes, el acceso a estos dispositivos, aunque sea en la proporción mínima, se ha convertido en una aspiración inexcusable que ha convertido a estas NTICs en bienes de primera necesidad, lo que revela la particular afinidad entre estas tecnologías y los más jóvenes, segmento de la población en que han alcanzado su mayor grado de penetración.

De igual forma, un estudio patrocinado por la Fundación Telefónica en países latinoamericanos, 15 refiere que esta preferencia se muestra incluso en regiones donde el acceso a Internet es menor, y donde la predilección de los niños y adolescentes por la Red Virtual frente a otros medios de mayor difusión, como la televisión, es superior, al punto que recomiendan que “Cualquiera, ya sea organismo, institución o empresa, interesado en dirigirse a este target habrá de tener en cuenta estos medios tecnológicos para ser escuchado” (Bringué Sala y Sádaba Chalezquer, 2008, p:32).

En América Latina y el Caribe, la tasa de acceso a internet se ha incrementado en todos los países, particularmente en los hogares de las personas no pobres. La posibilidad de acceder a Internet desde el hogar requiere la posesión de un computador personal. La base de datos de la CEPAL sobre Tecnologías de Información y Comunicación para 17 países latinoamericanos a partir de datos censales, indican que el porcentaje promedio de hogares con computador es de 21,7%. Sin embargo, el estudio que realizó Telefónica indica que el 65% de los escolares entre 10 y 18 años entrevistados declararon la posesión de un PC, sin diferencia de sexos.

Este dato confirma la relación entre demografía y las nuevas tecnologías: según el estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de Redes (2005), la presencia de niños y jóvenes en los hogares actúa como una palanca de impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información, que se verifica en un mayor grado de penetración y sofisticación de las NTICs en el hogar, particularmente con relación a la Web 2.0, es decir, las aplicaciones y páginas de Internet que proporcionan servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus datos.

15

El estudio consistió en una encuesta online aplicada entre octubre de 2007 y junio de 2008 a una muestra aleatoria de 25.467 escolares en centros urbanos, con edades de 6 a 18 años y residentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Una descripción detallada de la metodología de la investigación y las características de la muestra, se encuentra disponible en http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660

106

Esta misma investigación expone que el 40% de los niños entre 6 y 9 años y el 46% de los de 10 a 18 disponen de acceso a Internet desde sus casas, donde los hombres disfruten hasta 10 veces más de este servicio en sus casas que las mujeres de la misma edad. Por edades, el acceso se incrementa progresivamente al mismo tiempo que la edad, produciéndose un pico a los 12 años, y una atenuación de su efecto a los 18.

La estrategia del proyecto, reconociendo estos hechos, desarrolla una hipótesis de trabajo que aprovecha las redes sociales en Internet y la masificación de la telefonía móvil para informar a los jóvenes sobre el proyecto y promover su participación, por lo cual se buscaron datos que caracterizaran el avance de los países seleccionados en estas tecnologías, especialmente en el grado de acceso, uso y valoración que le dan los jóvenes.

Sin embargo, existe poca información específica sobre usos y valoraciones que reciben las NTICs por parte de los jóvenes en los países seleccionados, por lo cual, al menos parcialmente, será necesario aprovechar las investigaciones en otros países de la región para extrapolar hipótesis que pueden ser válidas para los países del proyecto, considerando las obvias diferencias de contexto ya analizadas, y otras especialmente referidas a estas tecnologías.

El porcentaje de hogares con ordenadores personales en los países del proyecto está por debajo del promedio latinoamericano, como muestra el cuadro 45. No es extraño, por tanto, que el número de usuarios de Internet en los países del proyecto está también por debajo del promedio latinoamericano, incluso en aquellos que muestran una tasa de expansión más acelerada, como es el caso de Guatemala. En el extremo está Nicaragua, con una densidad de uso casi 9 veces inferior al conjunto de los países de América Latina.

Cuadro #45 PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN ORDENADORES PERSONALES (Revisión a mayo 2011) % de hogares

12 11 7 17 21,7

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA AMÉRICA LATINA Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL disponibles en http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=16&idioma=

Cuadro #46 NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET 2000-2007 (por 100 habitantes)

2000 EL SALVADOR

2004

1,1

2007

8,9

26 107

0,7 1 3,2 4

GUATEMALA NICARAGUA PANAMA AMÉRICA LATINA

6 2,2 9,5 10,7

10,2 2,8 6,7 17,3

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

El escenario es relativamente favorable desde el punto de vista de la expansión de Internet, al menos en El Salvador y Guatemala, cuya tasa de crecimiento está por encima del promedio latinoamericano; no así en Panamá, donde hacia 2004 hay un quiebre en la tendencia (para la cual no se encontraron explicaciones), y Nicaragua, con una constante de crecimiento en usuarios pero a un ritmo sensiblemente menor al del resto de la región.

Gráfica #51

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Cuadro #47 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL EN NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET 2000-2007 (por 100 habitantes) Tasa de crecimiento anual

EL SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA PANAMA AMÉRICA LATINA

36,7 46,7 15,8 11,3 23,3

Relación incremento de usuarios 2007/2000

8,9 14,6 2,8 2,1 4,3

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

El avance de la difusión del acceso a Internet se incrementará tanto como lo permita la expansión de las conexiones de banda ancha, que no sólo facilitará aumentar la velocidad del tráfico de datos por medio de una línea telefónica 108

convencional, sino también incorporar simultáneamente varios medios de comunicación. 16 En los países del proyecto, Panamá tiene el mayor número de abonados, aunque con grandes asimetrías territoriales, pero en el caso de los tres restantes, el número de abonados es todavía muy bajo, lo que impide que la difusión de Internet sea todavía más rápida en El Salvador y Guatemala.

Gráfica #52

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Una información relevante para el proyecto, son los usos y frecuencias con que los jóvenes usan Internet, si bien no se tiene información sobre los países focalizados por el proyecto:  Según datos de la OIJ (2009), el 29.87% de la población de América Latina y El Caribe es usuario de internet, de los cuáles casi el 80% tiene menos de 35 años.  En América Latina, se observa una reducción de los no usuarios (que nunca usan Internet) mucho más rápida entre los jóvenes que en los adultos, tanto en términos absolutos como relativos.  El uso intensivo de Internet, es decir diariamente, aunque es bajo con relación a otras regiones con un tránsito más fluido hacia la sociedad de la comunicación, se ha mantenido en los adultos pero en cambio ha aumentado más del doble entre los jóvenes.  En las categorías de análisis restantes es evidente que el uso esporádico (casi nunca) entre los jóvenes ha ido cediendo a uno más frecuente (uso 16 A su vez, este proceso de convergencia tecnológica presiona a la tecnología de la transmisión de datos por obtener mayores anchos de banda, por encima de las velocidades de acceso a internet actualmente ofertados. El intercambio de archivos de video y música es el principal exponente de esta tendencia, que exigirá anchos de banda en el hogar entre 20Mbps y 100Mbps.

109

ocasional), mientras para el grupo de los adultos esta categoría se ha nutrido más bien de la disminución de los que nunca habían usado Internet en 2000.  A 2007, casi el 60% de los jóvenes ha usado Internet, mientras en el grupo adulto todavía es mayor la cantidad de personas que nunca lo han usado.  Como promedio latinoamericano, la proporción de jóvenes conectados (ocasionales y cotidianos) se duplicó entre 2002 y 2007, lo que confirma la tasa de expansión de Internet en la región.

Gráfica #53

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Las brechas entre jóvenes y adultos con respecto a la intensidad del uso también implican diferencias en los usos concretos, evidenciado que los jóvenes no sólo se conectan con más frecuencia, sino con una mayor diversidad en sus fines.

En la Gráfica 54 se muestra que los jóvenes latinoamericanos usan las TIC todos los días para comunicarse, pero sólo ocasionalmente y casi nunca para entretenerse y buscar información. En cambio, los adultos lo usan todos los días para otros propósitos no especificados y también para comunicarse, casi nunca para entretenerse y sólo entre ocasionalmente y casi nunca para buscar información.

110

Gráfica #54

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

Al observar los totales regionales, la divergencia más amplia en el uso de Internet entre jóvenes y adultos, se observa en que los jóvenes lo usan más para entretenerse, mientras los adultos lo emplean más en el trabajo. Coinciden, en cambio, en sus usos para la comunicación social y la búsqueda de información.

Gráfica #55

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

111

En tal sentido, los jóvenes demuestran tener más habilidad para usos innovadores y sincrónicos de Internet, es decir, con capacidad para procesar la información y volverla a usar en la red con un sentido proactivo y de interacción, de modo que establecen un vínculo con las TIC que configura una identidad expresiva.

Con todo, los avances en la incorporación de las NTICs a la educación son todavía precarios, a pesar de diversos programas públicos y privados. De hecho, la tasa de alumnos por computador sigue siendo muy elevada, incluso en países con mayor disponibilidad de computadores, como Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, con menos de 30 alumnos por computador. No hay datos de todos los países del proyecto, pero en Guatemala esta proporción es de 41 estudiantes por ordenador en primaria y 35 en secundaria, mientras Nicaragua tiene un computador para 43 alumnos en la primaria y uno por 51 en secundaria (CEPAL, 2010).

No obstante, en América Latina la escuela ha sido una importante vía para reducir las brechas de acceso y uso de las NTIC, donde los usuarios jóvenes de los hogares situados en los quintiles más pobres de ingresos acceden a Internet predominantemente en la escuela por sobre el uso en el hogar, destacándose el caso de Panamá, con un nivel de acceso en la escuela para el quintil más bajo superior al 50% (CEPAL, 2010).

De cualquier manera, los países focalizados están todavía por debajo de los países más avanzados de la región y mucho más de los países de la OCDE, como se visualiza en la siguiente gráfica, con una escala cualitativa que califica de 1 a 7 el acceso a Internet en las escuelas: Gráfica #56

Fuente: World Economic Forum, Executive Opinion Survey, 2008. Disponible en http://www.weforum.org/issues

112

Otro acontecimiento importante en el acceso a las NTICs, ha sido el aumento en la disponibilidad de teléfonos móviles, con un alto impacto en la integración de las personas de menos recursos a los servicios de telecomunicación, lo que ha convertido esta tecnología en el medio masivo de telecomunicaciones entre las comunidades pobres de América Latina. De hecho, mientras en los países de bajos ingresos la penetración de la telefonía móvil aumentó de 2 por cada 100 habitantes en 2003 a 25 por cada 100 en 2009 (UNCTAD, 2010), en la región aumentó de 23 a 80 en el mismo período (CEPAL, 2010). 17 Según un informe producido por la OIJ en 2009, la masificación de la telefonía móvil es más visible todavía entre los jóvenes y adolescentes, superando el uso de internet en esta población. En América Latina, donde hay 250 millones de abonados, es decir casi 5 de cada 10 latinoamericanos, casi el 90% de los jóvenes y adolescentes tiene un celular.

En efecto, el estudio de la Fundación Telefónica encontró que el 60% de los jóvenes y adolescentes reciben su primer teléfono móvil antes de los doce años.

Sobre los usos, el informe resalta que el 72% de los jóvenes y adolescentes usuarios de este servicio, lo utiliza para comunicación mediante el uso de la voz, un 69% usa el SMS (mensaje de texto) y un 12% chatea a través del dispositivo móvil. El 42% de los jóvenes apaga el celular en la escuela y el 82% lo mantiene encendido al dormir.

Al mismo tiempo, la tecnología de los celulares se ha sofisticado, incorporando capacidades que superan los computadores personales de hace veinte años atrás, incluyendo la emisión y recepción de mensajes de texto y archivos multimedia, navegador de internet, cliente de correo electrónico, receptor de radio, reproductor MP3, GPS, consola de juegos, etc.

Según el estudio antes mencionado, el 76% de los alumnos de educación secundaria considera absolutamente esencial contar con uno de estos dispositivos. Saben cómo mantenerlos en silencio para que su uso no sea detectado en la escuela, y demuestran avanzadas destrezas motrices al momento de escribir mensajes de texto.

17

Entre tanto, la penetración de la telefonía fija se ha estancado alrededor del 18% durante los últimos cinco años, y se prevé que la tendencia continúe e incluso se registre una disminución. En poco tiempo, esta democratización de las comunicaciones ha llevado a que las diferencias entre zonas urbanas y rurales sean menores en la telefonía móvil que en la telefonía fija, siendo Panamá el país latinoamericano que registra la mayor brecha entre hogares, con una tenencia de móvil en hogares urbanos 4,8 veces superior a hogares rurales (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe, 2008). Aun así, mientras el consumo de 100 minutos mensuales de telefonía representa el 26% del ingreso de un latinoamericano, para un estadounidense o canadiense es apenas el 2% (Márquez, 2009), lo que incide en que la mayoría de la población de bajos ingresos apenas use sus celulares para recibir llamadas.

113

Por estas razones, el proyecto le apuesta al aprovechamiento de la irradiación de la telefonía móvil – incluso en mayor medida que al Internet -, para ampliar la disponibilidad de información para los jóvenes y fortalecer su capacidad para expresar opiniones en tiempo real.

En Centroamérica, los servicios de telefonía móvil se han vuelto progresivamente más accesibles para la población, en especial para los pobres, dado que la competencia y los avances tecnológicos han hecho bajar los precios. Sin embargo, los países todavía no logran una cobertura plena, siendo Nicaragua el que está más lejos de este objetivo.

Gráfica #57

Fuente: Hopenhayn, CEPAL (2008).

114

III. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL EN JUVENTUD La incorporación social de la población joven puede entenderse como un proceso progresivo de ciudadanización vinculado al desarrollo de unas capacidades de participación en instituciones sociales y ocupacionales, cuyo objetivo final es consolidar la transición iniciada desde la infancia hasta lograr la autonomía social e individuación psicológica, que se encarna en la emancipación del núcleo familiar de origen.

Este proceso - livianamente descrito - representa el “modelo” hegemónico (occidental, capitalista y moderno) de transición a la etapa adulta, y siempre es necesario contrastarlo con las situaciones socio-históricas concretas en que se realiza la condición juvenil, dentro de las cuales, además de las determinaciones objetivas de clase, género y cultura, hay que considerar también los marcos institucionales y normativos que facilitan esta transición.

Por tanto, las transiciones juveniles comprenden dos tipos de determinantes que se complementan dialécticamente: por un lado, los condicionantes objetivos, en donde entran los contextos familiares, sociales y económicos que establecen las posibilidades materiales para el acceso de los jóvenes al ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Pero, por otro lado, las transiciones juveniles están también determinadas subjetivamente, es decir, por las decisiones que los jóvenes adoptan en cuanto a la asunción individual de determinadas responsabilidades.

En este proceso, el Estado juega un rol esencial al favorecer y proteger esta transición, de manera que se pueda cumplir con unos mínimos de equidad generacional e intergeneracional en el acceso a bienes, oportunidades y servicios públicos, estimulando al mismo tiempo la responsabilidad de los jóvenes en sus decisiones, un aspecto que termina estableciendo un vínculo con el resto de las decisiones individuales en la sociedad, facilitando que no sólo se conviertan en ciudadanos con derechos sino también con deberes. 18

18

El ejercicio de los derechos civiles y políticos potencian la capacidad de los jóvenes para construir “libertades” sociales, económicas y culturales, mismos que hacen posible alcanzar una ciudadanía plena, que sólo es concebible si se integra a un grupo conformado por sujetos vinculados a “colectividades ligadas entre sí por una serie de derechos y obligaciones enraizadas en un orden moral amplio" (Castel, 1990). En este sentido, las “irresponsabilidades” de los jóvenes - condicionadas por la precariedad de las “libertades” construidas -, sería la objetivación de la respuesta de los jóvenes a imperativos y obligaciones que los apremian desde el mundo adulto, y los ponen en “la situación paradójica de estar cada vez más presionados para que asuman sus responsabilidades personales y colectivas pero, al mismo tiempo, carecen de los recursos necesarios para poder ejercer de manera efectiva la ciudadanía.” (Benedicto y Morán, 2002: 21).

115

Desde el punto de vista del proyecto, el análisis debe proporcionar insumos para gestionar la estrategia de cooperación con los actores y el proceso clave del sistema político para incrementar el impacto y fortalecer su sostenibilidad, identificando las ventanas de oportunidad que pueden aprovecharse para generar dinámicas y sinergias que impulsen una relación virtuosa con el entorno y disminuyan los riesgos.

Se va a empezar por establecer un contexto general en el que se desarrolla la institucionalidad de juventud, mencionando algunas fortalezas y limitaciones que son comunes y posiblemente estructurales debido a las particularidades del sujeto a quienes están dirigidas estas iniciativas.

Luego, se pasarán a describir las características más relevantes de los países en cuanto a leyes, políticas y programas que pueden ser de interés para la gerencia del proyecto, como insumo para el capítulo de recomendaciones. De igual manera, se reconocerán aquellas iniciativas transnacionales que puedan tener alguna importancia para los objetivos del proyecto; sin embargo, cada caso deberá ser analizado y valorado con información primaria obtenida de manera directa con los actores principales antes de tomar una decisión concreta.

GENERALIDADES DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE JUVENTUD Los jóvenes como titulares de derechos en la legislación internacional La adopción de un enfoque de derechos humanos en el ámbito de las políticas poblacionales implica que las instituciones y decisiones políticas que tienen por finalidad promover el bienestar de un colectivo específico, se fundan sobre normas establecidas por el derecho internacional y voluntariamente refrendadas por los Estados. La finalidad de su aplicación es analizar las desigualdades, corregir las prácticas discriminatorias y redistribuir el poder para garantizar que los derechos humanos del país signatario cumplan con los principios de universalidad, responsabilidad, indivisibilidad y participación. 19 Siendo los derechos humanos por principio universales, han sido objeto de especial protección jurídica en aquellos colectivos cuyo status y necesidades 19

Estos principios pueden explicarse sucintamente así: – – –

–

Responsabilidad: Los Estados aceptan sus obligaciones y son responsables de respetar, facilitar, proteger y hacer cumplir los derechos de adolescentes y jóvenes. Las Familias, junto con el Estado y la Sociedad Civil, son responsables de la protección de sus derechos.

Universalidad: Todos los derechos de adolescentes y jóvenes están vigentes durante todo el tiempo y en todas partes, sin discriminación de ninguna clase.

Indivisibilidad: Los derechos de adolescentes y jóvenes son interdependientes, aunque se reconoce la necesidad de priorizar acciones y programas según situaciones específicas y capacidades de los titulares de deberes.

Participación: Se reconoce el derecho de adolescentes y jóvenes a participar, y esta participación es fundamental para que puedan exigir y defender sus derechos como actores sociales y ciudadanos.

116

particulares demandan una atención específica, como es el caso de trabajadores/as, mujeres, niños/as y pueblos indígenas. La condición juvenil, siendo una etapa especialmente vulnerable del ciclo vital, en contraste con las anteriores no ha obtenido una normativa internacional que lo reconozca como sujeto específico y particularizado de derechos, por lo cual su estatuto jurídico permanece “en una categoría indefinida para la que el tratamiento legislativo es aleatorio y proveniente de otras situaciones y regulación sectorial de derechos: educación, empleo, salud, etc. (…) en la que no aparece el joven como titular de derechos ni como protagonista del desarrollo.” (Bernales, 2001:8).

Por tanto, no hay normas internacionales a nivel mundial que ponga el marco de reconocimiento y protección de los derechos de los jóvenes, salvo la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en lo que se aplica a las jóvenes. Por el contrario, existen muchas generalidades y vacíos en cuanto al tratamiento de derechos que tienen relación directa con limitaciones al ejercicio de una ciudadanía plena. 20 Esta convención fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 185 países. Su texto consagra los conceptos de discriminación y de igualdad sustantiva para las mujeres, aplicando acciones afirmativas para superar las situaciones de desigualdad que las afectan.

La aplicación de este instrumento internacional en América Latina, a pesar de lo mucho que falta para realizar una igualdad plena con los hombres, ha sido muy valioso para crear una legislación positiva que ha beneficiado especialmente a las mujeres jóvenes en sus aspiraciones de alcanzar la igualdad de oportunidades con los hombres, con la garantía del respeto a su identidad y al libre desarrollo de su personalidad como obligaciones para los Estados. 21 Dado que en la legislación sobre juventud en El Salvador, Guatemala y Panamá hay una parte del tramo de edad juvenil que comprende a población menor de 18 años que todavía no es titular plena de derechos civiles y políticos, entre los 20

En 1978, los países de América Latina aprobaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos fundamentos jurídicos y filosóficos sostienen la primacía de la persona humana y el compromiso de los Estados de resguardar los derechos sociales en el marco de instituciones democráticas y de un régimen de justicia social y respeto a la libertad. Este instrumento “podría favorecer más a la juventud si órganos políticos, invocando el texto de la Convención, pusiesen en práctica políticas que beneficien a la juventud.” (Hopenhayn, 2004: 277).

21 Algunos derechos especialmente relevantes para las mujeres jóvenes, son la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre (art.2); las medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer (art. 3); la modificación de patrones socioculturales discriminatorios (art. 5); la eliminación de la explotación sexual de la mujer (art. 6); los derechos políticos de la mujer (art.7); el aseguramiento de la igualdad real y efectiva de derechos en la educación y el empleo (art. 10 y 11); la adopción de medios para garantizar la atención médica y el cuidado durante el embarazo, el parto y el post-parto (art.12); la atención especial a los derechos de la mujer rural (art. 14); la igualdad jurídica con el hombre en material civil y vida matrimonial, entre otros.

117

tratados multilaterales suscritos por los gobiernos es necesario considerar los relativos a la infancia y adolescencia, siendo la Convención de los Derechos del Niño el instrumento internacional que más directamente ha incidido en el reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes.

Aprobada en 1989 y ratificada por todos los Estados del mundo - con excepción de Somalia y Estados Unidos -, alcanza hasta los adolescentes a partir de la definición de Niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (art. 1). Con este criterio, los adolescentes de los tres países nombrados están amparados por la Convención, mientras no es el caso de Nicaragua, que establece la población juvenil a partir de los 18 años. Así es que entre esta edad y los 30 años (para Guatemala), los jóvenes no tienen una norma internacional que legisle específicamente para su protección (Bernales, 2001).

Este tratado otorga al adolescente una condición de sujeto de derecho, concediéndole simultáneamente la titularidad de bienes, goces y beneficios a los que accede jurídicamente protegido, correspondiendo a los Estados la obligación de adoptar medidas legislativas y formular políticas que materialicen las oportunidades que permiten a los titulares el desarrollo pleno de su condición.

En la misma línea van los acuerdos y resoluciones de la OIT sobre regulación y protección de niños/as y adolescentes que trabajan. Éstos concretamente protegen a los/as adolescentes, el Acuerdo 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Acuerdo 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

Un hito internacional importante para el logro de los derechos económicos y sociales en el mundo, ha sido la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que unificó los compromisos en materia de derechos humanos y los objetivos de desarrollo como prioridades, concertando ocho objetivos con metas y plazos precisos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sustentados por tratados internacionales como parte de un marco integrado de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, haciendo referencia explícita a la juventud en la meta 16, empleo juvenil digno y productivo.

Por otra parte, los países iberoamericanos tienen el único tratado internacional que reconoce a la juventud como sujeto específico de derecho, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ). Promovida por la OIJ, consta de 44 artículos que establecen una serie de derechos Civiles y Políticos (Derecho a la Vida, a la Objeción de Conciencia, a la Justicia, Libertad de Pensamiento y Religión, Libertad de Expresión, Reunión y Asociación, entre otros); y Económicos, Sociales y Culturales (Derecho a la Educación, a la Educación Sexual, a la Cultura y el Arte, al Trabajo, a la Vivienda, entre otros).

Su sanción implica que cualquier joven de los países que la han ratificado puede demandar esta herramienta jurídica cuando vean vulnerados alguno de los derechos que ahí se consagran, que reconoce a los jóvenes como sujeto de 118

derecho, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente derechos y libertades. Sin embargo, aunque los cuatro países focalizados del proyecto firmaron la Convención en 2008, a la fecha sólo ha sido ratificada por los parlamentos de Ecuador, República Dominicana, Honduras, España y Costa Rica.

El desarrollo institucional de las políticas de juventud en América Latina Durante los últimos 20 años se ha producido un acelerado proceso de desarrollo institucional de la condición juvenil en la sociedad, con programas y reformas administrativas que expresan el esfuerzo por dar coherencia a la dispersión legislativa y sectorial en el tema, a la par de consolidar una categoría socio-jurídica específica para la juventud.

Estos desarrollos institucionales han tenido diferentes enfoques, pero lo que se ha llamado genéricamente “políticas de juventud” tienen la motivación común de optimizar reformas administrativas en el conjunto de la política pública (focalización, descentralización, eficiencia e integralidad) con el fin de proveer bienes, servicios y oportunidades a favor de los jóvenes.

En efecto, todas las políticas de juventud coinciden en diferenciar un rango etáreo entre los 14 y 30 años de edad, como un punto de inflexión en el desarrollo personal, que vincula cambios psicológicos, biológicos y culturales del individuo con instituciones y dispositivos orientados a la construcción de una identidad adulta, un proceso que se articula al desarrollo de unas competencias necesarias para la incorporación del sujeto a colectividades laborales, políticas y sociales bajo la fórmula clásica de los derechos y obligaciones.

La exclusión parcial o total de estos procesos formativos durante la etapa juvenil se asocia con falta de oportunidades o insuficiencias propias, familiares o institucionales, repercuten en el incremento de la vulnerabilidad de los jóvenes a los cambios propios de esta edad y generan formas de adaptación social negativa, que se manifiestan en fenómenos de desafiliación y marginalidad, situaciones, a su vez, que limitan el ejercicio de sus derechos, y, por ende, su capacidad de responder a las obligaciones sociales (Castel, 1990).

Desde este consenso sobre la especificidad y diferencia de la condición juvenil a otras condiciones como la de mujer o campesino, y la observación de que esta condición comporta una diversidad de situaciones que son potencial o realmente conflictivas, se justifica hablar de unas políticas de juventud. Bajo esta constatación, los decisores de política han formulado intervenciones en las que pueden reconocerse las dependencias históricas – path dependencies -, que representan la impronta y repercusión de esas mismas acciones.

Las acciones públicas orientadas a la juventud no operan en el vacío, y se encuadran en un marco institucional y normativo compuesto de organismos especializados, instrumentos de política, promulgación de leyes e incluso reformas 119

a los sistemas de justicia y policía. Los enfoques y resultados, sin embargo, difieren según la concepción dominante sobre la condición juvenil, a su vez tributaria de la estabilidad de los grupos y formas que regulan la reproducción del capital social.

Así, una sociedad dominada por tendencias conservadoras, construirá dispositivos jurídicos e institucionales más orientados al control del “problema” juvenil de manera que se mantenga el status quo, mientras otro tipo de sociedad, con una clase hegemónica progresista, tenderá a fomentar el relevo generacional como motor de cambio y avance en el proyecto de afirmar su propia renovación.

Aquí se produce otro consenso importante, y es que la idea que se tiene de la juventud, influye en la construcción de los problemas y las soluciones que son aceptables, definiendo el tipo de política que se formula y el marco institucional que le es adecuado, aunque es obvio que aquí entran en juego otras consideraciones que hacen parte del juego político.

Sin embargo, después de dos décadas, existe ya un acumulado de experiencias que van definiendo criterios que son más afines a las aspiraciones de los jóvenes, una consideración cuya incorporación a las políticas las hacen más efectivas a la larga, al promover un mayor sentido de pertenencia y fortalecer la cohesión social.

Desde esta perspectiva, las formulaciones de políticas de juventud tienden a superar su reducción a un conjunto de servicios y medidas compensatorias y siempre insuficientes, para maximizar las respuestas positivas de los jóvenes en interacción con los deberes u obligaciones generacionales correspondientes a su perfil etario.

Esto implica un enfoque más “afirmativo” 22 , orientado a realizar la ciudadanización de la condición juvenil, por medio del desarrollo de la capacidad en los jóvenes para construir objetivos personales socialmente responsables, comunicarlos y defender públicamente su legitimidad, y para actuar haciendo uso de sus derechos en un marco de deberes y corresponsabilidades.

A pesar de estos avances, persisten los problemas de implementación y diseño institucional, comunes en mayor o menor grado a todos los países de la región:  La construcción de una institucionalidad pública de juventud ha sido un proceso discontinuo, cíclicamente “reciclado” pero sin los recursos humanos y presupuestos que requieren sus planes; 22 Las acciones afirmativas parten del principio de que ante la desigualdad efectiva de sujetos con diferentes condiciones, hay que contemplar y atender las situaciones en las cuales deben ser tratados como iguales los iguales, y los desiguales de manera desigual, aplicando un trato que “favorezca” a las personas discriminadas para realizar así la igualdad que consagra la ley contemplando las características de su condición específica; el enfoque transicional de las políticas de juventud, por el contrario, advierten una desigualdad en la condición juvenil con relación al adulto que se supera llevando al joven a la ciudadanía por medio de instituciones y servicios que favorecen los aprendizajes y experiencias del “ser adulto” y con plenos derechos.

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 Los organismos a cargo son poco relevantes en las estructuras de gobierno, y no tienen asegurado su funcionamiento y continuidad;  Operan con un marcado sesgo sectorialista y les falta coordinación con instituciones encargadas de los mismos temas, de manera que terminan trabajando en forma aislada, sin una adecuada difusión y con bajos niveles de cobertura;  Sus acciones no siempre responden a necesidades priorizadas de los jóvenes, dada la falta de información actualizada sobre sus situaciones;  No disponen de un monitoreo y evaluación sistemático, a veces ni siquiera a nivel de actividades, y casi nunca de calidad e impacto de sus servicios.

Lo anterior interpela al Estado respecto del tipo de institucionalidad que propicia en materia de juventud:  Es necesario trabajar en una perspectiva integral de desarrollo de capacidades, desde la formación del personal a cargo del diseño y operación de los servicios para jóvenes, pasando por el desarrollo organizacional de las instituciones, el establecimiento de sistemas de cooperación y su articulación con el marco jurídico e institucional de la política.  Esto implica definir con mayor claridad la especificidad de lo juvenil en las políticas sectoriales, vale decir, en las prestaciones y los programas públicos que implican a los jóvenes como eventuales usuarios o beneficiarios.  También entraña definir el estatus y las funciones de la institucionalidad específicamente abocada a los temas de juventud dentro de la estructura estatal (sea dirección, instituto, secretaría o ministerio de juventud), así como su relación (de coordinación, operación, asesoría, control, etc.) con las secretarías y ministerios sectoriales.  Se requiere articular al sujeto mismo de las políticas (los y las jóvenes) con las políticas que le competen, estableciendo sistemas de información.

En Centroamérica, el tema ha estado ligado históricamente al desarrollo de una institucionalidad especializada en Juventud, organismos que se han caracterizado por la heterogeneidad de sus diseños de estructura administrativa y marcos legales, en que se pueden diferenciar tres modelos básicos:  El caso de Honduras, donde el organismo tiene una adscripción periférica a una institución no especializada ni directamente dependientes del Ejecutivo, lo que implica limitaciones administrativas, presupuestarias y políticas.  El caso de Panamá y Costa Rica, donde los aparatos de juventud son instancias autónomas y descentralizadas, que tienen relación de interdependencia con los ministerios sectoriales, situación que exige una alta competencia técnica y “capacidad de lobby”.  El caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde la instancia de juventud tiene dependencia directa de la Presidencia de la República o de Secretarías adscritas al Ejecutivo, lo que da viabilidad a las políticas de 121

juventud si bien lo mismo puede constreñir su margen de maniobra y afectar la continuidad de las acciones con los cambios de administración.

Desarrollo institucional en los países del proyecto A continuación se caracterizan los rasgos institucionales más relevantes del desarrollo institucional en materia de juventud para los países del proyecto focalizando aquellos aspectos que es importante considerar para articular servicios y asegurar la sostenibilidad de los resultados de Armando Paz. También, se presenta una síntesis de leyes y programas gubernamentales cuyos objetivos y productos pueden representar oportunidades de cooperación estratégica para incrementar los impactos y hacer economías de escala aprovechando recursos e infraestructura.

La información se complementa con la identificación de iniciativas relevantes para el proyecto Armando Paz desde la Sociedad Civil, así como sistemas de cooperación y redes de instituciones y organizaciones juveniles, tanto en el nivel nacional como regional, e integrados, en la mayoría de los casos, a la ejecución de convenios y programas específicos.

El alcance de la consulta se limitó a redes, instituciones y programas/proyectos que tuvieran objetivos de prevención de la violencia como resultado directo de los productos y servicios prestados, e incluyeran, entre estos, el desarrollo juvenil integral. Se realizó una búsqueda por Internet a partir de la información recopilada en unas encuestas y el análisis de directorios especializados, optando por seleccionar experiencias que cumplieran con los siguientes criterios:  La consistencia de la concepción metodológica y su desarrollo sistemático  Cierto nivel de capacidad para la gestión de recursos a través de la formulación y presentación de propuestas y proyectos  Una mínima información de resultados concretos del quehacer institucional y organizativo  Maduración institucional y organizativa, con efectos como la organización comunitaria de las poblaciones juveniles participantes, la interacción con entidades homólogas y complementarias en el plano nacional, la relación con la cooperación internacional y la capacidad de interlocución con estructuras del Estado  Capacidad de incidencia en el contexto local y nacional, promoviendo cambios en el marco de las políticas públicas, contribuyendo al cuestionamiento de los enfoques represivos y estigmatizadores de la condición juvenil La información que se proporciona es un primer insumo que debe ser complementado y ampliado progresivamente con la experiencia del proyecto in situ.

Por otra parte, se manifiesta en todos los países – especialmente en Nicaragua, Guatemala y El Salvador -, una fuerte vinculación de las instituciones en redes, lo 122

que supone un alto potencial para economías o impactos de escala. La cantidad de instituciones y su interconexión en redes nacionales y regionales, evidencia la importante dinámica y relevancia que ha cobrado el tema de juventud y prevención de la violencia en la región.

Las redes facilitan el intercambio de experiencias y el aprendizaje horizontal de enfoques y metodologías, y aportan a la creación de oportunidades para innovar temas, prácticas y modelos de trabajo con jóvenes. Sin embargo, estas “redes” – que sería más apropiado llamar sistemas de cooperación, para dar cabida a otras formas de trabajo interinstitucional, tales como coordinaciones, mesas de trabajo, alianzas, etc. – operan, en la mayoría de los casos, con recursos de las agencias de apoyo para el desarrollo.

Esta característica implica muchas veces que sus acciones terminan junto con el fin del financiamiento para sus actividades. En este aspecto, los datos disponibles en Internet son de desigual calidad, y en muchos casos desactualizados, lo que puede señalar la inestabilidad de estas entidades, particularmente en el caso de las conformadas por organizaciones juveniles.

Por otra parte, algunas de estas redes surgieron a finales de los años 80 en torno al proceso de la Convención por los Derechos del Niño y se fortalecieron mediante el apoyo financiero y técnico de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas más comprometidas con esta causa. Estas entidades no consideran tan específicamente el grupo etáreo juvenil como sí a los adolescentes que beneficia la Convención. Esta impronta debe ser tenida en cuenta por el proyecto, ya que posiblemente no encuentre muchas asociaciones que tengan el mismo grado de fortalecimiento en el campo específicamente juvenil.

EL SALVADOR Marco político-institucional Con la ascensión de Saca González al gobierno en junio de 2004, El Salvador comenzó una fecunda etapa de trabajo en el dominio de las políticas públicas de juventud, con la creación de una Secretaría Nacional de la Juventud con rango ministerial y el diseño de una primera propuesta de Plan Nacional de Juventud.

Además durante su mandato, se realizó la primera encuesta nacional de juventud en 2005.

Si en la ejecución directa de las acciones previstas en el Plan que tenía directamente a cargo, la Secretaría fue bien evaluada, no consiguió en cambio, cumplir con las metas estratégicas de la gestión interinstitucional, pues no conformó el Sistema Institucional de Juventud, ni generó una articulación interinstitucional entre los programas del gobierno central y los departamentos y alcaldías.

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En 2008 se entregaron los resultados de una segunda encuesta nacional de juventud. Sobre esta base, en 2009 los candidatos a la presidencia acordaron un Pacto por la Juventud. Ya bajo el mandato del presidente Funes Cartagena, la Secretaría de la Juventud, tras un proceso de reforma administrativa, pasó a ser la Dirección Nacional de la Juventud dependiente de la Secretaría de Inclusión Social, mientras el Consejo Nacional de Seguridad Pública - establecido en 1996 se transformó en el Consejo Nacional de Juventud.

Con funciones mejor definidas - elaborar la primera Política Pública de Juventud, articular interinstitucionalmente la oferta pública dirigida a los jóvenes, promover su desarrollo integral, generar espacios de participación y organización efectiva, y propiciar espacios para promover y divulgar sus derechos -, una de las primeras acciones de la Dirección fue, precisamente, realizar un proceso de consulta para formular la política de juventud con 8.000 jóvenes de 262 municipios y 23 grupos focales según situaciones específicas.

Después de la entrega de estos resultados y de su validación ante actores de la Sociedad Civil en agosto, el 18 de marzo de 2011, el gobierno del Presidente Funes oficializó la entrada en vigencia de la Política Nacional de la Juventud, que dispone de un presupuesto de 707,64 millones de dólares hasta 2014 para atender los componentes de generación de empleo, acceso a la educación, atención en salud integral, cultura, prevención de violencia, participación juvenil y deporte.

La Política Nacional de Juventud procura impulsar tres grandes procesos: la construcción de identidad y autonomía de las y los jóvenes; el mejoramiento de la integración social y la participación ciudadana de las juventudes; y el fomento de la cohesión social y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. Para desarrollarlos, se ha elaborado un Plan de Acción hasta el 2014, que prioriza los siguientes objetivos:  Jerarquizar las Políticas de Juventud en la agenda pública, que consiste en realizar acuerdos políticos con el gobierno y la Sociedad Civil para visualizar la importancia de las acciones públicas en favor de los jóvenes y así mejorar la articulación de las políticas sectoriales de juventud, promover su desconcentración y descentralización en el territorio y aumentar los recursos para el Plan de Acción y los siguientes.  Mejorar las percepciones sociales sobre las y los jóvenes, superando los estereotipos y prejuicios dominantes que tienen los tomadores de decisión y la opinión pública, especialmente los medios de comunicación, construyendo argumentos que deslegitimen las visiones negativas y promuevan imágenes más realistas.  Modernizar la gestión pública en políticas de juventud, que implica la coordinación de las políticas sectoriales de educación, salud, empleo y prevención de la violencia, la desconcentración y la descentralización de los planes y programas, y el fortalecimiento del Sistema Institucional de 124

Juventud. Como herramientas claves para el logro de este objetivo, se menciona el Programa de Formación de Recursos Humanos, el Programa de Investigaciones y Estudios, y la Estrategia de Monitoreo y Evaluación Permanente de Planes y Proyectos relacionados con las y los jóvenes.

En el marco del Plan de Acción, el gobierno nacional confirmará la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes (CIDJ) y trasladará la iniciativa a la Asamblea Legislativa para que sea ratificada. Sobre esta base jurídica, se prevé invitar a la Comisión de Juventud, Deporte y Turismo de la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley General de Juventud.

De hecho, en agosto/2011 se firmó una “Carta de Entendimiento” entre el Gobierno nacional, representado en la Secretaría de Inclusión Social, y agencias de ayuda al desarrollo para establecer el marco de cooperación técnica y financiera para la redacción de una Ley de Juventud, para lo cual se realizarán una consulta nacional que permita contar construir insumos para su formulación.

Así mismo, se ha previsto que se someterán al Congreso varios proyectos de ley complementarios para modernizar y completar la actual legislación en juventud, que incluirán modificaciones en el campo laboral (pasantías, contratos de aprendizaje, y otras), en la atención a la salud (edad mínima para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, etcétera) y en el Código Municipal, a efectos de incorporar explícitamente la existencia de programas y estructuras institucionales en los municipios.

Otros programas del gobierno Programa PROJÓVENES (Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil) Durante la administración Saca, el Consejo Nacional de Seguridad Pública inició el Programa PROJÓVENES en 2003 con apoyo de la Unión Europea, una intervención con medidas de prevención social destinadas a 50.000 niños, adolescentes y jóvenes con edades entre 10 y 25 años de los municipios del Gran San Salvador para evitar su ingreso a pandillas mediante su integración en el desarrollo social y económico del país.

El programa consolida las capacidades para la prevención social de la violencia por medio de un modelo integral de intervención que incluye la prevención a través del voluntariado, el liderazgo juvenil, la participación activa y propositiva de los jóvenes y la organización comunitaria.

La implementación de las acciones se realiza a través de Equipos multidisciplinarios asignados a Unidades Territoriales que definen su plan de trabajo en coordinación con los referentes municipales, Facilitadores Juveniles que cumple funciones de articulación y comunicación entre los equipos territoriales y 125

los jóvenes beneficiarios y Promotores Voluntarios de Prevención, que apoyan a los equipos en la identificación de casos de jóvenes y familias en especial situación de riesgo.

El trabajo se realiza con base a tres características específicas: focalización, sinergias territoriales, transferencia de conocimientos, y el modelo de intervención consolida la capacidad organizativa, participativa y propositiva de la población infantil y juvenil, de un lado, y la coordinación a nivel comunitario y municipal de las instituciones públicas en las acciones de prevención, apoyando directamente  Infraestructura según definición de las municipalidades  Planes de acción comunitarios diseñados conjuntamente con referentes municipales  Oportunidades económicas ampliadas y brindadas a jóvenes para incluirlos en el mercado laboral  Intervenciones de rehabilitación  Apoyo a la creación y fortalecimiento de Consejos Municipales de Prevención de la Violencia, con participación de organizaciones juveniles Con el gobierno Funes, se ha transferido la operación de la segunda fase del programa (2010-2012) a la Dirección Nacional de Juventud y el Consejo Nacional de Juventud, ampliando la cobertura a 79 comunidades de 14 municipios del Área Metropolitana de San Salvador para beneficiar a 350.000 niños y jóvenes. En esta segunda fase, el rango de edad se ha ampliado hasta los 35 años.

Reducción de la Violencia y Construcción de Capital Social Como complemento del programa PROJOVENES, el gobierno de El Salvador - a través del Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Alcaldía Municipal de San Salvador con apoyo del Sistema de Naciones Unidas -, implementa el programa Reducción de la Violencia y Construcción de Capital Social que contribuye a promover el desarrollo humano y la consecución de los ODM, a través de la prevención de la violencia y el fomento de seguridad y convivencia ciudadana, con participación activa y protagónica de jóvenes y mujeres.

Con respecto a los jóvenes, el programa realiza actividades que buscan crear oportunidades laborales, como la creación de una oficina de gestión de empleo y la entrega de fondos semillas para financiar iniciativas emprendedoras. También se han instalado espacios de encuentro entre jóvenes y se han apoyado las iniciativas de organizaciones juveniles que fomentan una cultura ciudadana de respeto a las personas.

A escala político-institucional, el programa apoya la construcción de acuerdos entre Estado y Sociedad Civil mediante la formulación de un Plan Nacional de Prevención de la Violencia y el establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Ministerio de 126

Seguridad Pública y Justicia (MSPJ) y la Alcaldía de San Salvador, que se concreta en Planes Municipales de Prevención coordinados por Consejos Municipales conformados por representantes de los distintos niveles del Estado que actúan en la instancia municipal y referentes de la Sociedad Civil local. 23 Centros Integrales de Desarrollo Juvenil La Dirección Nacional de la Juventud cuenta con ocho Centros Integrales de Desarrollo Juvenil (CID Juveniles), ubicados en seis departamentos. Se trata de instalaciones amplias y apropiadas para la realización de actividades organizacionales, deportivas, culturales y recreativas, muy valoradas por los jóvenes y los padres de familia.

Sin embargo, afrontan graves problemas de mantenimiento y equipamiento. El actual Plan de Acción de la Política de Juventud ha previsto su remodelación para transferirlas a las alcaldías y apoyarlas para que se conviertan en la cara visible de los planes municipales de juventud.

Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno El Ministerio de Educación en coordinación con la Dirección Nacional de Juventud ha iniciado, desde enero de 2011, la implementación del modelo de Escuela Inclusivas de Tiempo Pleno en una muestra piloto de 22 centros escolares de todo el país, que prolonga la actividad escolar de 25 a 40 horas semanales, es decir, también durante fines de semana y vacaciones.

En esta perspectiva, las escuelas estarán abiertas a las familias y a las comunidades, por lo que se promoverán acciones con niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados, centrándose en un Modelo de Educación para la Convivencia, con 5 módulos: Transformación de Conflictos, Formación para el Empleo, Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Arte y Cultura, y Deportes.

La iniciativa comprende el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas y cuenta con la participación de diversas instituciones gubernamentales, de la Sociedad Civil y el apoyo de la cooperación internacional.

Programa Nacional del Servicio Social Estudiantil (PNSSE) El Consejo Nacional de la Juventud implementa este programa desde el año pasado con el propósito de fortalecer procesos liderados por estudiantes de Educación Media y promover espacios de participación juvenil que aprovechen el potencial de estos jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.

23 A su vez, la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República ha diseñado una Estrategia Nacional de Apoyo a Municipios en Prevención de la Violencia, que operará en todo el país. En este campo, las iniciativas contarán con el apoyo del Banco Mundial y del KFW alemán para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura institucional y comunitaria.

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El PNSSE focaliza intervenciones con enfoque de prevención social de la violencia juvenil en alfabetización, prevención de desastres, reconstrucción de infraestructura social y comunitaria, salud reproductiva, promoción de la equidad de género y orientación laboral y habilidades para el trabajo. Para su realización, se coordina con el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Consejo Nacional de Seguridad Pública, Comisión Nacional Antidrogas y la Policía Nacional Civil.

En 2011 se está realizando una prueba piloto en los departamentos de Morazán, San Miguel, Usulután, Ahuachapán, Sonsonate y San Salvador - que disponen de infraestructuras adecuadas como Centros Integrales de Desarrollo Juvenil y ex gimnasios estudiantiles -, mediante la formación y apoyo a 550 jóvenes voluntarios cuya réplica llegará a 25 mil estudiantes de nivel medio.

Instituciones y programas de la sociedad civil Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) Desde los tiempos del conflicto armado, la UCA ha tenido incidencia frente a decisiones estatales y de grupos de poder mediante la generación de análisis críticos sobre la realidad y publicaciones propias, señalando no sólo las vulneraciones a los derechos humanos, sino las causas de problemas sociales como la violencia, aportando a la conformación de una masa crítica en torno a la comprensión política de fenómenos sociales y la generación de conciencia ciudadana La UCA ha formado parte de los actores clave en el tema de la prevención de la violencia juvenil, desde su participación en la Mesa de Seguridad ciudadana y paz social, durante la anterior gestión presidencial. Con la nueva configuración política, ha pasado a formar parte del Consejo Económico Social, siempre sin reducir su capacidad de análisis y actitud crítica ante la realidad, de manera que se constituye en un aliado estratégico para posicionar nuevas perspectivas e introducir prácticas innovadoras en la agenda política de la violencia juvenil.

De hecho participa en la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil por medio de dos institutos:  Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), que hace incidencia en las agendas sociales y políticas del país mediante la investigación de la opinión de la población salvadoreña.  Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), para garantizar el respeto a los derechos humanos por medio del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas.

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Programa Miguel Magone y Laura Vicuña Este programa es desarrollado conjuntamente por la Fundación Salvadoreña de Educación y Trabajo (EYTRA) y el Polígono Industrial Don Bosco como una alternativa a la violencia de las pandillas juveniles, que ofrece oportunidades de inserción laboral a jóvenes de escasos recursos en riesgo social, ex pandilleros o que han tenido conflictos con la ley. Con una tasa del 92% de egresados trabajando y socialmente reinsertados, es el único programa salvadoreño que figura en la base de datos de experiencias innovadoras seleccionadas por CEPAL y la Fundación Kellogg.

Su estrategia combina la educación formal y la capacitación técnica-vocacional, incorporando el entrenamiento directo en empresas, con un régimen de internado.

Así, desarrolla competencias técnicas y socio-laborales que permiten salir de las situaciones de extrema vulnerabilidad y exclusión, generar ingresos y construir un futuro en la legalidad.

Ingresan al programa los jóvenes con edades entre 14 y 22 años de edad que tengan una mínima capacidad para socializar con los otros adolescentes, aspecto que se evalúa mediante pruebas psicológicas. Además se exige que deba tener un familiar o tutor que se haga responsable. En casos de jóvenes en conflicto con la ley y bajo proceso, se requiere un acuerdo múltiple con las autoridades penitenciarias, los jueces, los reclusos y sus padres o familiares responsables, para que el joven cumpla su pena en el programa y no en la cárcel.

Una función del tutor o familiar responsable es aportar una cuota de ahorro que sirve de capital semilla para iniciar una vida productiva al momento del egreso. La cantidad no es significativa pero tiene un alto valor simbólico, puesto que representa un compromiso asumido por la familia del joven que refuerza sus vínculos y educa en la cultura del ahorro. El 80% de las familias cumplen este compromiso e incluso buscan padrinos, para que hagan un aporten adicional a la cuenta.

El modelo reconoce la educación como un derecho, toma en cuenta las necesidades de los jóvenes y los educa desde y para la vida. Incorpora y fomenta en ellos una vocación empresarial y asociativa. Las prácticas empresariales, que se realizan en su mayoría en empresas del Polígono, enriquecen su proceso de capacitación en un oficio y la gestión de una empresa. De esta manera logra una conexión efectiva entre educación, empresa y empleo.

Centro de Formación y Capacitación PASSOS El Centro de Formación y Capacitación PASSOS nace en 1997 como un producto del proceso de la Pastoral de Maras de la Vicaría Divino Salvador por medio del proyecto “Pastoral Integral a niñas, niños, hombres y mujeres adolescentes involucradas en Maras Juveniles”. En el 2005 se institucionaliza el centro, 129

definiendo su perfil de intervención en torno a la prevención, la reducción del daño, la construcción de redes, y la formación y capacitación de agentes sociales.

Su misión es promover una cultura de atención efectiva y científica en las organizaciones comunitarias que trabajan con personas en situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo sus habilidades y destrezas para que brinden servicios especializados, con un alto sentido profesional y ético, valores ecuménicos, perspectiva de género, construcción de redes y apoyo a las minorías.

PASSOS provee entrenamiento, guía e investigación para realizar acciones sociales, especializándose en el entrenamiento profesional de quienes acompañan y cuidan a personas adictas y en desventaja social en 12 centros ubicados en comunidades marginadas de San Salvador. El currículo incluye la prevención de la violencia, la administración de programas deportivos en las escuelas y el trabajo de mentoring en áreas marginadas donde las pandillas están arraigadas.

Servicio Social Pasionista (SSPAS) El SSPAS tiene como objetivo potenciar la situación social de los jóvenes en situación de riesgo y de crisis desde una atención integral que incremente sus oportunidades y reduzca la vulnerabilidad de su situación marginal.

Con un equipo de 80 profesionales, el SSPAS trabaja en la microrregión Melida Amaya Montes (Cuscatancingo, Mejicanos y Ayutuxtepeque), en las áreas de Juventud y Niñez, Género, Formación y Empleo, Salud, Cultura de Paz y Cohesión Social. Se realizan actividades en el ámbito de la prevención y rehabilitación de jóvenes por medio de clínicas de salud y programas de educación y empleos; se presta asistencia jurídica a personas que se les han vulnerado sus derechos.

La institución se preocupa particularmente por la violencia juvenil e infantil y de género, y apunta por un abordaje integral que responda a la multicausalidad del fenómeno de las diferentes expresiones de violencia. Su principal enfoque es de prevención primaria con una metodología propia de respuesta a la situación de riesgo y vulnerabilidad a las que se ha sometido a niños, jóvenes y mujeres.

Actualmente tiene vigentes los siguientes proyectos de cooperación internacional, específicamente en el campo de la prevención de la violencia y fomento del desarrollo juvenil:  “Prevención de la violencia y fortalecimiento organizativo de la microrregión del Gran San Salvador”, Gobierno Vasco, 2008-2011  “Construyendo empoderamiento en jóvenes y mujeres del municipio de Mejicanos”, Escuelas para el Mundo-EPM y Municipio de Toledo, 20092011  “Construyendo empoderamiento en mujeres y jóvenes del municipio de Mejicanos”, Gobierno de Navarra, 2010-2012 130

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“Prevención de Violencia de Género en el Municipio de Mejicanos”, Diputación de Gipuzkoa, 2010-2011 “Generando espacios de participación y fomento de las capacidades en mujeres y jóvenes vulnerabilizados de la micro región de San Salvador”, Diputación General de Aragón, 2010-2011 “Empoderamiento y liderazgo juvenil”, BRÜCK-LE PONT - El Salvador, 2010-2011 “Prevención de violencia económica en la microrregión de San Salvador”, Diputación foral de Bizkaia, 2010-2012 “Inserción social y la participación comunitaria trabajada desde y para la equidad de género”, Ayuntamiento de Bilbao, 2011-2013 “Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de la educación, la vertebración social y la participación ciudadana de niños, niñas, y adolescentes en sus comunidades, fomentando los factores de protección frente a la violencia”, 24 Agencia Española de Cooperación Internacional al desarrollo (AECID), 2010-2014 “Generando Espacios de Inserción social y Justicia Restaurativa”, USAID, 2011 “Juventud y Organizaciones Comunitarias, construyendo ciudadanía”, Diputación General de Aragón, 2011-2012 “Creando Espacios de Participación e Incidencia juvenil sin violencia”, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2011-2013 “Nuevas masculinidades: Una contribución hacia la equidad de género”, Diputación General de Aragón, 2011-2013

Equipo Nahual El Equipo Nahual es una de las organizaciones no gubernamentales de El Salvador dedicada al diálogo comunitario con jóvenes activos en pandillas en la ciudad de San Salvador, abordando el tema desde una metodología propia llamada Círculos de Reconciliación, que se implementa con la asesoría de psicólogos entrenados en el manejo de jóvenes involucrados en pandillas.

Los Círculos de Reconciliación funcionan como mecanismos permanentes dedicados a generar diálogo en las comunidades, donde representantes de varias organizaciones comunitarias, incluyendo a las juveniles, pueden discutir con confianza las preocupaciones de la comunidad respecto a la seguridad y relacionadas con la actividad delictiva de pandillas juveniles.

Sus programas son:  Empleo, emprendimiento y formación profesional, que ofrece capacitación vocacional en emprendedurismo en las micro empresas, para la elaboración de planes de negocio

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También se ejecuta en Nicaragua y República Dominicana.

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 Recreación, cultura y expresión artística, con una escuela de fútbol y la promoción de torneos deportivos con participación de organizaciones comunitarias  Promoción de la salud y auto-cuidado, con actividades de prevención primaria en salud sexual y reproductiva, y sexualidad responsable para jóvenes y líderes comunitarios en Cuscatlán, San Miguel y San Salvador.  Vida sin violencia y cultura de paz, actividades de formación sobre temas de violencia, cultura de paz y efectos del consumo de drogas para jóvenes en Cuscatlán, así como Grupos de terapia para el desarrollo personal de jóvenes en Cuscatlán, San Miguel y San Salvador.  Vivienda y servicios comunitarios, para apoyar organizaciones locales en gerencia de proyectos y construcción de redes sociales, dirigido a jóvenes líderes comunitarios en San Salvador.

Superar el estigma que representa el trabajar con miembros activos de pandillas, mientras al mismo tiempo se educa al público sobre el porqué los jóvenes se involucran en las pandillas y como las comunidades pueden prevenir la violencia de las pandillas, son los desafíos a los que se enfrenta el Equipo Nahual.

Movimiento de Jóvenes Encuentristas MOJE La Asociación MOJE tuvo su origen como una organización juvenil iniciada en 1994 en la parroquia de Ilobasco, un pueblo rural ubicado a una hora de San Salvador y que ha crecido como centro de entrenamiento para micro empresas artesanales, por el interés de un sacerdote en trabajar con jóvenes que se encontraban en pandillas o en riesgo de exclusión social, para así reducir los índices de violencia juvenil.

Actualmente MOJE es una ONG que ejecuta proyectos encaminados a generar oportunidades para la juventud con un enfoque integral por medio de servicios localizados en el Centro Juvenil Casa MOJE, ubicado en Cabañas. Sus programas atienden a ex-pandilleros y jóvenes en riesgo. A su vez, MOJE provee actividades de desarrollo humano como atención psicológica y ayuda para mejorar su autoconcepto.

Los programas que actualmente se ofertan en la Casa Moje, son  Empleo, emprendimiento y formación profesional: dirigido a jóvenes con edades entre 16 y 29 años, desarrolla habilidades para la vida y capacita en gestión empresarial, elaboración de productos artesanales, madera, metal , cerámica, velas y serigrafía, elaboración de planes de negocios y capacitación técnica en el sector turismo, para oficios de mesero, camarero y cocinero profesional.  Recreación, cultura y expresión artística: se apoya a organizaciones y clubes juveniles de deportes de equipo y deportes extremos, break dance, así como se forman animadores socio-juveniles por medio de una escuela especializada para jóvenes entre 16 y 25 años.

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 Vida sin violencia y cultura de paz: se diseñan e implementan planes de prevención primaria de la violencia con jóvenes a nivel municipal. Además, MOJE hace incidencia en las políticas públicas de prevención de la violencia juvenil a nivel nacional.

Centro de Formación y Orientación Padre Rafael Palacios (CFO) El CFO inició labores en 1986 en el municipio de Mejicanos con el propósito de proporcionar atención integral a personas en exclusión y situación de crisis, con especial énfasis en la juventud. Se desarrollan cuatro programas básicos:  Formación técnica, humana y socio-cultural: En el área de formación técnica se imparten cursos en oficios como reparación y mantenimiento de computadoras, electricidad, sastrería, modista; en la formación sociocultural, talleres de dibujo y pintura, música, decoración y piñatería; finalmente, el área de formación humana se enfoca en la resolución de conflictos, autoestima, proyecto de vida y orientación espiritual.  Orientación psicológica, jurídica y laboral: En esta área se cuenta con una bolsa de empleo que hace intermediación entre la oferta y demanda de empleo en el municipio y está conectada a la Red Nacional de Empleo. Los jóvenes del centro reciben orientación socio-laboral en entrevistas de trabajo, elaboración de currículo, búsqueda de empleo, etc.  Participación juvenil: Comprende acciones encaminadas al fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana y apoyo al asociacionismo juvenil.  Adiós Tatuajes: Desde 2002 se atiende la demanda de los jóvenes que buscan la remoción permanente de tatuajes alusivos a pandillas, por ser considerados una barrera psicosocial entre quien los porta y el resto de la sociedad. Se implementa con dos componentes: la remoción de tatuajes y el acompañamiento psicológico a los jóvenes que solicitan el servicio; la prevención de la violencia, en coordinación con centros escolares de la comunidad, para formar y promover jóvenes líderes en las organizaciones comunitarias.

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Redes y otros sistemas de cooperación Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) Desde la Sociedad Civil es necesario destacar los aportes de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), constituida por 80 organizaciones salvadoreñas que trabajan con la niñez y la adolescencia a nivel nacional, y se ha definido como el principal interlocutor legítimo con capacidad de propuesta en el proceso de formulación, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales con relación a la niñez y adolescencia. En este proceso, la RIA cumple distintos roles y tareas:  Promoción e incidencia en marcos legales y políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud  Desarrollo de competencias en niños y adolescentes para que asuman un rol protagónico en procesos de incidencia política en la construcción de agendas públicas  Facilitadores de procesos participativos de niños y adolescentes que los lleven a asumir la vocería por la defensa de sus derechos  Elaboración de proyectos para la Cooperación Internacional, no sólo demandar al Estado  Abogacía y lobby para protección de los derechos de la niñez y la adolescencia En la actualidad, la RIA es la Secretaria Técnica de la Coordinadora Sub-Regional para la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la niñez y la adolescencia, que integra redes, coordinadoras y coaliciones de México, Centroamérica, Panamá y República Dominicana y ha generado la Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de El Salvador (RENAES), con el propósito de contribuir a generar un verdadero protagonismo infantil y juvenil.

Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador (CIPJES) La CIPJES hizo su presentación pública en 2009 con el lema "Todas las juventudes, todos los derechos", enfocada en la participación de los jóvenes en la decimoctava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El espacio se define como una instancia plural, integradora, propositiva, y abierta al entendimiento de las diversidades juveniles, y se ha propuesto como instancia de interlocución en el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos de los Jóvenes.

Esta coordinadora está conformada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, y busca promover procesos de consensos y diálogo intergeneracional, pero sobre todo fomenta una real participación y protagonismo de los jóvenes. En cumplimiento de esta función, ha sido protagonista del proceso de formulación y sanción de la Política de Juventud, promoviendo diversas 134

acciones, siendo la más importante la Mesa Intersectorial de Seguimiento al Pacto Nacional pro Juventudes, iniciativa conjunta con la Plataforma Nacional de Juventudes de El Salvador (PLANJES) para dar cumplimiento a la cuarta demanda del pacto, 25 y que tiene apoyo de distintos cooperantes internacionales como INTERVIDA, Plan Internacional, UNFPA y GIZ. Plataforma Nacional de Juventudes de El Salvador (PLANJES) La PLANJES es un espacio articulado de 26 organizaciones juveniles que trabajan en diferentes departamentos del país, que surge a fines de 2006. Actualmente la PLANJES coordina la Mesa Interinstitucional de Seguimiento al Pacto junto con la CIPJES, y define como su interés la articulación de todos los esfuerzos existentes de jóvenes y para jóvenes que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de las juventudes salvadoreñas y su inclusión como actores del desarrollo.

Red de Juventudes de Los Nonualcos (RNJ) Como parte de las iniciativas conjuntas de las instituciones locales en el marco del programa PROMUDE de la GIZ, se conformó esta instancia que integran jóvenes de 14 municipios de los 16 que constituyen la Asociación Municipal Los Nonualcos. La Red está legalmente constituida y cuenta con oficinas equipadas con computadoras, proyector, sonido, teléfono e Internet.

A la fecha, ha logrado inscribir candidatos en las planillas de elección para concejales municipales y se propone desarrollar las siguientes iniciativas:  Formalizar pactos con candidatos(as) a alcaldes(as) para incluir en sus planes de gobierno el tema de juventud con fondos del presupuesto municipal.  Sistematizar la experiencia del proceso de la Red Juvenil Los Nonualcos para su facilitar su réplica en otras zonas  Ampliar la cobertura de la Red a los 16 municipios de la asociación Los Nonualcos

GUATEMALA Marco político-institucional Aunque en las últimas décadas del siglo pasado se desplegaron algunas iniciativas para la institucionalización de las acciones públicas en beneficio de los jóvenes, como la creación del Instituto Nacional de la Juventud – actualmente Instituto de la Juventud y el Deporte, bajo dependencia de la Dirección General de Educación Física -y del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), los

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con el fin de que los candidatos a la presidencia – Mauricio Funes de se comprometieran con el

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esfuerzos más sistemáticos se hicieron en la pasada década, aunque con bajos niveles de consenso y legitimación por parte de actores clave.

A finales de 2004 con el apoyo técnico y financiero de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas (UNPFA y UNICEF) y de la Cooperación Técnica Alemana, el CONJUVE - organismo dependiente de la Presidencia de la República a cargo de la coordinación y articulación de las iniciativas en estos dominios -, lideró un complejo y amplio proceso de debate y concertación para formular una política de juventud.

A partir de los análisis y propuestas de una Mesa Interinstitucional de trabajo integrada por diversos órganos del Estado, se definieron objetivos y se sistematizaron componentes, estrategias y líneas de acción de la política, que posteriormente se sometieron a validación con representantes de organizaciones juveniles, de comunidades lingüísticas mayas y partidos políticos.

En agosto de 2005, se hizo el lanzamiento de la Política Nacional de Juventud para un período de 10 años, acompañada en 2007 de un Plan de Acción Interinstitucional de Juventud, para concretar las propuestas formuladas en el documento de política. No obstante estos esfuerzos, su aplicación práctica estuvo limitada por factores institucionales y presupuestales, que tampoco pudo corregir una nueva versión 2009-2019 propuesta en el mismo gobierno de Berger.

En el gobierno Colom, como respuesta a una solicitud del Consejo de Cohesión Social del Gobierno de Guatemala acompañando la solicitud del CONJUVE, con la dirección técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el apoyo de la Unión Europea, se volvió a promover la formulación de una política de juventud con base en una propuesta elaborada en el marco de una consultoría técnica y consensuada con los principales actores del sector: Ministerios y Secretarías del gobierno, Sociedad Civil, organizaciones y programas de jóvenes, cooperación internacional, y partidos políticos.

Este borrador, revisado por los técnicos de la Secretaría General de Planificación y del CONJUVE, fue examinado en el Consejo de Cohesión Social y sometido a un proceso de validación por actores del sector gubernamental y de la sociedad civil. En esta misma etapa, delegados de las mesas del Programa de Prevención de POLJUVE y expertos sectoriales apoyaron valiosos elementos para la prevención de la violencia, seguridad y justicia.

En el tercer momento, un documento final fue presentado por el presidente Colom en agosto del año pasado, que concluye un proceso iniciado en las campañas presidenciales de 2002 y define un marco jurídico para planes de acción en educación, salud, seguridad y justicia, inversión laboral, cultura-recreación-deporte y participación ciudadana.

La Política propone una estrategia de fortalecimiento de los organismos rectores que desarrolle sus capacidades para transversalizar el enfoque de derechos de 136

los jóvenes. En este marco, se plantea hacer un plan de acción a corto plazo (2010-2012) y diseñar el sistema de monitoreo.

En el plan se contempla apoyar la formulación de planes municipales de juventud y elaborar cinco productos estratégicos transversales para la acción de la política, implementados bajo un enfoque de gestión joint programs, que fomenta la coordinación intersectorial junto con el apoyo coordinado de la cooperación internacional:  Formación de Recursos Humanos destinado a responsables de implementar programas o acciones dirigidas a la juventud en las distintas instituciones públicas y privadas, con apoyo de universidades y centros de investigación especializados en juventud.  Observatorio(s) de la Juventud, para generar investigaciones sobre la situación de los jóvenes en el país, así como producir información de los avances de los programas y proyectos de juventud en coordinación con observatorios sectoriales y de diversos niveles territoriales, así como con observatorios internacionales.  Primera Encuesta Nacional de Juventud, que pretende aprovechar la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) insertando un módulo de indicadores sobre juventud, para lo cual se va a contar con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN).  Red de Centros de Información Juvenil, coordinada por el CONJUVE, para difundir información de interés para los jóvenes sobre becas, oportunidades de trabajo, eventos, trámites, etc., por medio de un portal en Internet que pueda ser consultado en línea en centros educativos, espacios culturales, instalaciones deportivas, iglesias, centros comunitarios y lugares donde acceden los jóvenes.  Estrategia de comunicación que se enfoque en las tareas de afirmación positiva de la condición juvenil en la sociedad y contribuya a combatir la discriminación generacional, bajo responsabilidad común del CONJUVE, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República y la participación de comunicadores jóvenes.

Sin embargo, la Política de Juventud sólo dispone de un presupuesto de 4 millones de quetzales y el atraso en algunas decisiones políticas, como la transformación del CONJUVE en una Secretaría de la Juventud, la sanción de la Ley de Juventud –presentada al Congreso en septiembre de 2008 - y un programa de becas universitarias, han impedido que se aprovechen fondos de la cooperación internacional hasta por valor de 30 millones de euros.

Pese a estos obstáculos, los programas de los candidatos a la presidencia en las elecciones de este año han incluido estos temas en sus agendas de gobierno. De otro lado, existen programas e iniciativas de la cooperación internacional, el

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Estado y la Sociedad Civil guatemalteca que pueden ser puntos de apalancamiento valiosos para el proyecto.

Otros programas del gobierno Secretaría del Servicio Cívico Aunque la Ley de Servicio Cívico fue aprobada en 2003, sólo el año pasado se reglamentó la ley que sustituye la anterior de Servicio Militar y amplía las modalidades de prestación del servicio cívico, que ahora puede ser militar o de carácter civil. Con su promulgación, se espera motivar la participación de los jóvenes en tareas a favor de las comunidades en áreas tales como alfabetización, prevención de enfermedades, protección del ambiente, prevención y atención de desastres, atención a personas con discapacidad, promoción de la mujer, protección de la niñez, adolescencia y la tercera edad, construcción de infraestructura comunitaria, y actividades para el uso del tiempo libre, entre otras.

Bajo esta normatividad, desde 2010 la Secretaría del Servicio Cívico - bajo la dirección del Ministerio de Gobernación -, contempla alcanzar una meta de 25 mil jóvenes voluntarios en apoyo a la consolidación de procesos ya existentes, desde los Consejos de Desarrollo Comunitarios hasta las organizaciones indígenas. Los voluntarios tienen entre 18 y 24 años, prestan un servicio que no excede las 728 horas en 18 meses, por el que perciben una remuneración de 8,75 quetzales la hora (poco más de un dólar).

Una de las primeras tareas de estos jóvenes, ha sido entrevistar a 7 mil jóvenes entre 15 a 29 años para la Primera Encuesta de Juventud en el país. Durante este año, 8.500 jóvenes se han vinculado a 19 proyectos, entre los cuales se destacan la protección del lago de Amatitlán, el servicio en las reservas militares y actividades educativas para prevenir el delito en zonas rojas.

Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Juventud Considerando la necesidad de desarrollar las capacidades del sistema institucional de juventud en el país para la implementación de la Política Nacional de Juventud y el Plan de Acción Interinstitucional de Juventud, la Unión Europea trabaja desde 2009 con los organismos gubernamentales y no gubernamentales en los sectores de educación, salud, justicia y seguridad, e inserción laboral.

El programa procura fortalecer las capacidades institucionales de las instituciones clave y apoyar los organismos rectores con responsabilidades sectoriales específicas dentro de la política. Así mismo, se quieren mejorar los sistemas de producción y análisis de información sobre juventud y apoyar estrategias comunicacionales para promover una visión estratégica de los jóvenes como protagonistas del desarrollo.

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Entre los destinatarios de sus servicios, se encuentra el Congreso de la República, ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Gobernación, Economía, Agricultura y Cultura, la SEGEPLAN, el CONJUVE, gobiernos departamentales y municipales, organizaciones de la Sociedad Civil y redes juveniles, con quiénes e promueve el diálogo con los actores institucionales y su participación en espacios de decisión.

Una iniciativa de interés para el proyecto Armando Paz, es el apoyo del programa a una Red Nacional de Centros de Información Juvenil, que ha avanzado en la elaboración de un Marco Referencial y Operacional por medio de una experiencia piloto en Huehuetenango. De otro lado, el programa está apoyando a la Red Nacional de Juventud de los Pueblos Indígenas (RENOJ) con asistencia técnica para la incidencia en busca de la aprobación de la Política Pública Multicultural de Juventud Indígena: Maya, Garífuna y Xinka, no ha sido aprobada por el Ejecutivo.

Escuelas Abiertas Como una adaptación del modelo Abrindo Espaços desarrollado en Brasil y transferido a Argentina, Colombia y Perú, entre otros países, la estrategia del programa es reducir la violencia en la escuela y su entorno, incorporando a jóvenes entre los 10 y 24 años de edad en barrios con altos niveles de violencia en actividades formativas y promocionales ofertadas en las escuelas durante los fines de semana.

Escuelas Abiertas posibilita que los jóvenes experimenten una vivencia de ciudadanía vinculada con el logro de aprendizajes significativos pertinentes con la cultura de sus comunidades y las sensibilidades juveniles, para favorecer el empoderamiento juvenil, generar condiciones para un diálogo intergeneracional, y fortalecer sus habilidades básicas para la vida activa (empleabilidad y empresarialidad).

A la fecha, 220 establecimientos educativos del país en 15 departamentos y 156 municipios, prestan servicios cada fin de semana a más de 270 mil jóvenes, con una variada oferta de formación que incluye computadores, inglés, teatro, fútbol y hip-hop, entre más de 35 actividades diferentes.

Coordinado por el Consejo de Cohesión Social y ejecutado por la Secretaría de Bienestar Social, Escuelas Abiertas es, con mucho, el servicio intersectorial más exitoso y de más amplia cobertura prestado por el gobierno guatemalteco en beneficio de la promoción del desarrollo juvenil, consiguiendo incorporar, de manera eficiente, múltiples organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las que se encuentras los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, Salud, alcaldías, organizaciones juveniles y ONGs que trabajan con jóvenes, entre otras.

En este sentido, representa un modelo de atención a adolescentes y jóvenes en riesgo imposible de soslayar, cuyos componentes esenciales son: 139

 La promoción del protagonismo juvenil por medio de la conformación de Consejos Juveniles para la gestión intergeneracional de las escuelas abiertas.  Realización de investigaciones sobre situaciones de los usuarios de los servicios.  La constitución de una red de voluntariado solidario de jóvenes para jóvenes.  El establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones que desarrollan proyectos para jóvenes in situ.

Escuelas Seguras La violencia en la escuela y en su entorno inmediato representa un riesgo para el bienestar y la convivencia escolar, atentando contra la permanencia de los estudiantes en el centro educativo y limitando el aprovechamiento escolar.

El propósito de Escuelas Seguras es la consolidación de la escuela pública como un espacio seguro, libre de violencia y adicciones, propicio para el desarrollo integral de niños y adolescentes. Esto se pretende conseguir por medio de la aplicación simultánea de estrategias de prevención social y estrategias de prevención situacional, dentro de la escuela y en el entorno comunitario que circunda los centros educativos, junto con acciones de control en el establecimiento, el entorno que circunda el establecimiento y las vías de acceso a la escuela.

El programa es coordinado por la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, y es apoyado por la Dirección General de Educación Física, la Policía Nacional Civil, el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), el Ministerio de Cultura y Deportes y la Secretaría de Bienestar Social, que se reúnen en una instancia de conducción, la Mesa de Decisiones, conformada por el nivel de Ministros y Directores responsables de la asignación de recursos, que garantizan la funcionalidad del programa y priorizan las estrategias.

El programa, que inició tareas en septiembre de 2009, actualmente llega a 47.000 estudiantes en los ciclos primario, básico y diversificado de 93 escuelas de la zona 1, la zona 18, Mixco y Villa Nueva en Guatemala y su área metropolitana, así como escuelas de los departamentos de Quetzaltenango, Jalapa, Escuintla y Petén. Sus principales productos y servicios son  Apoyo a grupos de voluntariado con estudiantes para la prevención de la violencia, de desastres y promoción del desarrollo escolar;  Formación alternativa para maestros en transformación de conflictos y agentes de prevención social.  Dotación y calificación de un cuerpo especial de agentes de la PNC titulados como maestros para el programa (policía escolar).  Instalación y operación de dispositivos tecnológicos para la seguridad del centro educativo (alarmas y cámaras).

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 Instalación y operación de una línea telefónica de denuncia escolar, con apoyo de una unidad especial de investigación y monitoreo para el seguimiento a casos.  Presencia policial en el perímetro de los centros educativos.  Intervención de transformación social y urbana en los lugares de riesgo ubicados en el perímetro de los centros educativos.  Fortalecimiento de redes y sistemas de cooperación local en el tema de seguridad y prevención de la violencia con organizaciones comunitarias.

Promotores Juveniles Comunitarios (PJC) El programa tiene más de 10 años y está bajo responsabilidad de la Dirección General de Educación Extraescolar con apoyo del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO y UNICEF), que coordina un grupo de ministerios: Agricultura y Ganadería, Educación, Salud, Trabajo y Protección Social, y Cultura y Deportes.

El programa funciona como una plataforma para conformar y fortalecer grupos comunitarios donde los programas de la Dirección tienen cobertura. De esta manera, los jóvenes del programa incidencia directamente en sus comunidades y facilitan la gestión interinstitucional descentralizada, fortaleciendo el poder local y la organización juvenil.

El objetivo del programa es fortalecer el empoderamiento, la organización y la participación de adolescentes y jóvenes a nivel local, municipal, departamental, regional y nacional, y sus resultados esperados son:  La consolidación de la participación social y la organización juvenil  El fortalecimiento de redes juveniles a nivel local, departamental y nacional  El diseño, gestión y ejecución de proyectos juveniles El programa ha desarrollado una metodología PJC que ha sido incluida en la planificación conjunta y las capacitaciones de inducción a los técnicos de educación extraescolar, que ejecutan el programa para el fortalecimiento de la organización juvenil.

Actualmente, Plan Internacional-ONG y la Procuraduría de los Derechos Humanos están capacitando 250 jóvenes con edades entre 14 y 21 años de 57 comunidades del departamento de San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y Jalapa, de manera que promuevan las organizaciones juveniles.

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Instituciones y programas de la sociedad civil SODEJU-FUNDAJU (Sociedad para el Desarrollo de la Juventud - Fundación para la Juventud) SODEJU-FUNDAJU 26 se presenta como la organización con más experiencia y capacidad técnica en el trabajo con adolescentes y jóvenes en Guatemala, específicamente en la promoción de su participación. Su objetivo es impulsar la participación consciente y el protagonismo socio político de la niñez, adolescencia y juventud en la solución de sus problemáticas y apoyar la búsqueda del desarrollo social, económico, político y cultural de la sociedad guatemalteca.

Desde hace más de 10 años, tiene experiencias de trabajo con la cooperación internacional pública y privada en proyectos de apoyo a la juventud, con proyectos financiados por Ayuda Popular Noruega, Save The Children, Unión Europea, UNICEF, PNUD, USAID, Action Aid International, Fondo Democrático de CECI, Federación Mundial Luterana y GTZ, entre otros.

Con el apoyo de estas entidades, ha ejecutado exitosamente diferentes proyectos de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, entre los que se pueden destacar:  Juventud, Violencia y Delincuencia, programa que impulsaba acciones de prevención por medio de una metodología innovadora bajo el concepto “mara positiva”, con apoyo de Save The Children, que aprovecha el potencial participativo y de organización de estos grupos;  Apoyo a la participación ciudadana de la niñez, adolescencia y juventud por medio de la organización y coordinación de una campaña de incidencia en 15 municipios con candidatos a la municipalidad, financiado por la ONG canadiense CECI;  PNUD financió su proyecto Incidencia desde la Juventud para la Aprobación de la Ley de Servicio Cívico, logrando contribuir a la aprobación en el Congreso de la Ley;  Con Action Aid Internacional Guatemala se realizó el proyecto Participación Juvenil en el Marco de Una Cultura de Paz;  Mediante un concurso financiado por USAID y administrado por Creative Associates Internacional, Inc. (CAII), obtuvieron el financiamiento para el proyecto Prevención del Delito en Adolescentes y Jóvenes en Áreas de Alto 26

La Fundación para la Juventud Oliverio Castañeda de León se planteó en 1992 para mantener el aporte teórico y práctico de este líder estudiantil para la construcción de una sociedad más justa, trabajando programas específicos relacionados con derechos humanos, democracia y paz, mujer, medio ambiente, educación y formación, y juventud. Después de un proceso de discusión e intercambio con otros países, se decide impulsar un trabajo dirigido específicamente a la promoción juvenil, valorando su potencial como actor estratégico para impulsar cambios en Guatemala. Es así como en 2000 y por una serie de problemas legales con el nombre original, se crea la Sociedad para el Desarrollo de la Juventud, que promueve la participación juvenil organizada para su incidencia como sujetos sociales y políticos.

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Riesgo Social, en el marco del programa Alianza Joven, 27 logrando los resultados esperados y obteniendo varios reconocimientos internacionales por sus campañas radiales y televisivas.

En la actualidad, la SODEJU-FUNDAJU es responsable para Guatemala del programa regional Prevención de la Violencia y Desarrollo Integral de los y las Jóvenes - que también se implementa en México y Honduras -, financiado por la AWO International de Alemania con el fin de consolidar una cultura de paz, la democracia participativa y la vigencia de los derechos de los y las jóvenes de la región centroamericana por medio de la participación e inclusión de las organizaciones juveniles en el desarrollo local, nacional y regional.

Si bien el programa está en su cierre, los objetivos e indicadores logrados se relacionan directamente con estrategias de Armando Paz, por lo que valdría la pena aprovechar esta experiencia. Entre otros, vale la pena mencionar los siguientes resultados:  Formación de jóvenes “embajadores” por la paz y prevención de la violencia  Formación de maestras/os, autoridades, iglesias, padres y madres, periodistas y líderes sociales formadas/os, impulsando acciones de prevención de la violencia  Organizaciones juveniles asociadas en una red que impulsa acciones y políticas para el desarrollo integral, la prevención de la violencia y a la participación en maras  Organizaciones juveniles e instituciones realizando acciones de comunicación para la sensibilización social, promoviendo los derechos juveniles y una cultura de paz  Socios del programa definen colectivamente una estrategia de comunicación regional mediante radio, televisión, afiches, trifoliares, página web, documentos educativos, calcomanías, playeras, generación de opinión pública, etc.  A partir de procesos de incidencia promovidos por las organizaciones juveniles, instituciones de gobiernos municipales y nacional inician debate e implementación de políticas públicas y legislación que promueve el desarrollo integral de las y los jóvenes  Se conforman sistemas municipales de prevención de la violencia y desarrollo integral de la juventud entre autoridades y sociedad civil  Se establece una red de organizaciones juveniles a nivel centroamericano contra la violencia 27

Creative Associates International Inc, es una empresa consultora internacional con operaciones a nivel mundial y presencia en 18 países. Ha trabajado en todos los países de la región centroamericana desde los años ochenta, y desde 2002 ha desarrollado programas de prevención de violencia juvenil en Guatemala en cooperación con USAID. El programa Alianza Joven de Guatemala ha sido un programa exitoso, que ha brindado asistencia técnica y financiera a proyectos innovadores de prevención para jóvenes en riesgo. Basado en su amplia experiencia en la región y su conocimiento sobre la problemática de violencia juvenil y pandillas, Creative Associates International implementó el programa “Alianza Joven Regional USAID-SICA” hasta septiembre de 2010 con la finalidad de reducir la actividad de las pandillas en la región.

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 Organizaciones juveniles de la región centroamericana establecen vínculos de intercambio y comunicación en torno a la vigencia de sus derechos y prevención de la violencia  Se realizan 3 encuentros de las redes nacionales a nivel regional  Se implementa un campamento internacional con monitores, promotores juveniles y expertos internacionales en manejo de conflictos y prevención de violencia.

Alianza para la Prevención del Delito (APREDE) APREDE es una organización no lucrativa dedicada a la prevención del delito por medio de programas para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Ofrece alternativas de capacitación e inserción laboral partiendo del reconocimiento de los potenciales y las capacidades humanas de los jóvenes para un desarrollo personal, familiar y social.

Por otra parte se dedica al reforzamiento del tejido social en las comunidades, apoyando la organización y participación juvenil, la conformación de consejos juveniles y de seguridad ciudadana, y la formación de personas de recurso para la prevención de la violencia y el desarrollo humano en las comunidades. En la actualidad, está capacitando y asesorando la conformación de una red de jóvenes productores de medios radiales alternativos en asocio con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.

Grupo Ceiba El Grupo Ceiba es una asociación laica, no gubernamental y sin fines de lucro, que desde 1989 acompaña a niños, adolescentes y jóvenes de 15 comunidades marginalizadas con acciones locales para la prevención del abuso de drogas psicoactivas y la violencia juvenil por medio del fortalecimiento de sus capacidades intelectuales y de organización.

Ofrece programas de educación formal y no formal alternativa como aporte clave a la prevención de diferentes riesgos a la población excluida del sistema de educación formal por extra edad, bajo rendimiento o expulsión, con un fuerte componente en nuevas tecnologías de información y comunicación, entrenamiento técnico y educación empresarial bilingüe en inglés y en español.

Hasta la fecha ha beneficiado a más de 50.000 jóvenes y consolidado un modelo de atención eficiente y eficaz, económicamente sostenible y replicable. Es la única experiencia guatemalteca en la base de experiencias presentadas al concurso anual de CEPAL y la Fundación Kellogg, que destaca como su innovación el abordaje inter-pares y el desarrollo de un modelo pedagógico que toma en cuenta las dificultades de aprendizaje de estos jóvenes y trabaja en el desarrollo de habilidades socio-laborales.

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Redes y otros sistemas de cooperación Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Guatemala (MSDNAJG) Creado en 1998, en el contexto de la lucha por la vigencia del Código de la Niñez y Juventud para responder a la necesidad de articulación institucional de la sociedad civil organizada, sectores sociales, coordinadoras, redes, sindicatos y otros movimientos sociales que generan propuestas y demandas a favor de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

El MSDNAJG focaliza sus acciones en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud que vive en pobreza y pobreza extrema. No atiende directamente a los niños, niñas y adolescentes, ya que son las organizaciones asociadas las que realizan el trabajo directo. El MSDNAJG les facilita información básica a sus socios para hacer más efectiva la derivación de casos y potenciar las sinergias entre las instituciones, mejorando el impacto de las intervenciones.

Cuenta con personalidad jurídica propia y reúne a 65 organizaciones que participan regularmente en las distintas comisiones de trabajo (Comunicación, Movilización, Auditoría Social, Jurídica y de Niñez, Adolescencia y Juventud) y en las líneas estratégicas de Fortalecimiento institucional, Incidencia política, Denuncia social, Investigación y Comunicación.

Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario (ADEJUC) ADEJUC es una red o alianza apoyada por Save The Children Guatemala que integra dos docenas de organizaciones juveniles que protegen los derechos humanos de los niños de la calle por medio de su propia participación política. Si bien no se ocupan directamente de la prevención juvenil, han desarrollado un modelo exitoso para la promoción de la organización juvenil, y disponen de una extensa base de datos con grupos de jóvenes formados y fortalecidos en acciones de incidencia política. Actualmente, más de 4.000 jóvenes han participado en ADEJUC. Con base en el voluntariado juvenil, los jóvenes de un programa exitoso visitan en compañía de un grupo asesor profesional, otras comunidades o barrios con el fin de movilizar a los jóvenes y organizar un nuevo grupo juvenil, investigan los problemas de la comunidad, y desarrollan una estrategia de solución.

Por cinco años, ADEJUC apoya al nuevo grupo y su proyecto con asistencia técnica, presupuesto y apoyo administrativo. Después, los adultos se retiran y los jóvenes continúan el proceso. Simultáneamente, los jóvenes que implementan el proyecto hacen lobby para presionar a los gobiernos locales a adoptar la Convención de los Derechos de la Niñez. Hasta ahora, se reporta mucho éxito en la parte legislativa aunque a veces no pasa de ahí. Otros grupos se han valido de 145

medios como el uso de la radio o la conformación de micro empresas para difundir sus ideas políticas y conocimientos.

Por su parte, los adultos administradores de ADEJUC apoyan a la Junta Directiva compuesta por jóvenes en la creación de una estrategia general, y los orientan sobre cómo movilizar una comunidad o tratar diferencias culturales. Sin embargo, la toma de decisiones es responsabilidad de los jóvenes, quienes además deben seleccionar los juveniles de la organización.

Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas (RENOJ) Es una instancia a nivel nacional en la que participan 60 organizaciones juveniles representativas de las 22 comunidades lingüísticas de los Pueblos Mayas, Garifuna, Xinka, que comparten la cosmovisión maya ancestral expresada en tradiciones, costumbres y formas de concebir el desarrollo.

La RENOJ ha sido la principal promotora y animadora de la Mesa de Juventud Indígena, creada por diversas organizaciones juveniles de la sociedad civil, organizaciones indígenas, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA) y otras instituciones del Estado, una iniciativa creada en 2008 para promover, monitorear y acompañar el proceso de formulación de una política pública de juventud con enfoque multicultural.

Según la RENOJ, la política de juventud que ha promovido el CONJUVE y presentada por el presidente Colom en 2010, no recoge las necesidades de la juventud indígena, que representa el 48% de la población menor de 30 años.

NICARAGUA Marco político-institucional Aunque existen importantes antecedentes, el proceso de las políticas públicas de juventud en Nicaragua comienza en 1999, cuando la Presidencia de la República por intermedio de la Secretaría de Acción Social –asume la tarea de formular una política de fomento de la juventud, mientras en paralelo la Asamblea Nacional y varias organizaciones juveniles agrupadas en el Consejo de la Juventud de Nicaragua adelantan una ley para movilizar los recursos del Estado y de la Sociedad Civil para promover el desarrollo humano de los jóvenes y garantizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

La Ley 392 de Promoción del Desarrollo Integral de la juventud sancionada en 2001, institucionalizó la Política Nacional de la Juventud y creó la Secretaría de la Juventud (hoy Instituto Nicaragüense de la Juventud – INJUVE), organismo de rango ministerial dependiente de la Presidencia, con el mandato de conducir la formulación de la política pública y articular los esfuerzos programáticos e institucionales sectoriales de promoción del desarrollo juvenil. Así mismo, 146

reconoce al Consejo de la Juventud de Nicaragua como una de las instancia de coordinación de las organizaciones juveniles y organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen el tema de juventud.

Posteriormente y con el apoyo del UNFPA, la Secretaría de la Juventud coordinó el proceso mediante el cual se diseñó la Política del Plan de Acción de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud Nicaragüense, y sucesivamente, el Plan de Acción de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud Nicaragüense , a regir entre 2005 y 2015, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y estructurado en torno a seis ejes de acción: inserción productiva, educación, salud, participación, cultura y deporte, y prevención y atención de la violencia.

En síntesis, las políticas públicas de juventud han tenido en la última década un importante desarrollo, por lo menos en el campo de los acuerdos institucionales correspondientes. En la actualidad, el INJUVE mantiene convenios con diversas instituciones, siendo los más relevantes los que mantiene con la Policía Nacional, la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional Tecnológico y el Ministerio de la Familia para contribuir al desarrollo integral de la juventud en situación de riesgo y a la prevención de la violencia.

Cabe resaltar en este panorama institucional, que el INJUVE tiene relación directa con movimientos y asociaciones juveniles relativamente masivas y con fuerte incidencia política, siendo los principales:  Movimiento Cultural Leonel Rugama, que promueve la organización juvenil comunitaria, promoviendo todas las formas de expresión artística por medio de la articulación interinstitucional para fortalecer en los jóvenes un sentido de identidad nacional y el reconocimiento de la diversidad cultural del país.  Red de Comunicadores Jóvenes, que desarrolla procesos comunicativos desde la comunidad con la juventud organizada, fortaleciendo habilidades, capacidades y posibilidades de interlocución política y social para el ejercicio pleno de los derechos de la juventud nicaragüense, promoviendo la visibilidad de los jóvenes en los procesos sociales, políticos y económicos de importancia estratégica para el país y la región mediante estrategias de comunicación.  Movimiento Guardabarranco, que fomenta la organización y movilización de las y los jóvenes como promotores y procuradores ambientales para que contribuyan a solucionar los problemas ambientales más sentidos por la comunidad, enfatizando la corresponsabilidad en la promoción, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.  Federación de Estudiantes de Secundaria, constituida para hacer abogacía por los derechos de los estudiantes de educación media y técnica mediante la incidencia política en procesos de toma de decisión vinculados al sector estudiantil.

Otros programas del gobierno 147

Comisión Nacional del Voluntariado En agosto de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Voluntariado Social, iniciativa promovida conjuntamente por la Secretaría de la Juventud y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas en Nicaragua (VNU-PNUD), cuyo objetivo es promover, facilitar y regular la participación solidaria de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes.

La ley establece la creación de la Comisión Nacional del Voluntariado como un espacio de coordinación y participación nacional entre el Estado y la Sociedad Civil en el tema de voluntariado social. Está integrada por representantes de la Presidencia de la Republica, del Consejo Nacional de Universidades, de la Red Nacional del Voluntariado, la Cruz Roja Nicaragüense, la Asociación de Scouts, el Club de Jóvenes Ambientalistas, la Asociación de Municipios y el Movimiento Comunal. Dicha comisión tiene personería jurídica, patrimonio propio y puede contraer derechos y obligaciones.

Con base en esta ley, el Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua implementó un Programa de Lucha contra el Hambre y la Desnutrición para aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con participación de jóvenes voluntarios en coordinación con las alcaldías municipales, las delegaciones del gobierno central y cooperantes internacionales. 28 Programa Nacional de Información, Capacitación y Asesoría para la Juventud Siendo el manejo de las nuevas tecnologías una de las competencias sociales y productivas más necesarias, el INJUVE calcula que el 45% de los jóvenes nicaragüenses que viven en situación de extrema pobreza no tienen acceso a esta tecnología en sus hogares ni disponen de los recursos para pagar estos servicios en los comercios habilitados, de manera que quedan marginados de las nuevas formas de organización, expresión e intercambio cultural que posibilita la Web 2.0, lo que afecta seriamente sus posibilidades de una inserción competitiva en los actuales procesos de innovación productiva y social.

El programa Centro de Información, Capacitación y Asesoría para la Juventud pretende democratizar el acceso de los jóvenes más pobres a las nuevas tecnologías de información y comunicación, con el propósito de promover la participación juvenil por medio de la formulación de proyectos sociales que incluyen el desarrollo de capacidades para usar programas básicos de computación e Internet.

28 No obstante, una posterior evaluación de la ley y sus efectos ha mostrado que es desconocida por la población y carece de una reglamentación que la haga efectiva (“Voluntariado aún sin Reglamento”: La Prensa, Managua, 29.04.2009.

En http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/abril/29/noticias/nacionales/324607.shtml).

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De esta manera, el programa facilita el acceso de los jóvenes a educación, empleo y salud, e impulsa procesos de participación y organización juvenil a través de la instalación, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los Centros de Información, Capacitación y Asesorías para la Juventud (CICAS).

Actualmente existen Centros de Información, Capacitación y Asesorías en 50 municipios del país que han beneficiado a más de 4.000 jóvenes, donde además de formarse en el uso de las nuevas tecnologías, los jóvenes acceden a ofertas culturales para el uso del tiempo libre, reciben formación y asesoría en temas de empleo y salud, y entregan sus solicitudes y documentos para postular a diversas becas de capacitación técnica y vocacional.

Programa Ventana de Juventud, Empleo y Migración Bajo la coordinación del INJUVE y una amplia plataforma de entes estatales sectoriales así como la participación de organismos del Sistema de Naciones Unidas, 29 desde agosto de 2009 el programa Ventana Joven está encaminado a crear modelos para la prevención de la violencia juvenil, fomentar la empleabilidad, el emprendedurismo y la prevención de las consecuencias negativas de la migración juvenil.

Este programa concuerda con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 2008-2012, y contribuye directamente a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de la Juventud y la Política Nacional de Empleo. Se ejecuta en 11 municipios de 6 Departamentos, focalizando los municipios donde ya se están llevando a cabo programas del gobierno o de agencias internacionales, pobreza y peso demográfico de la población joven, entre otros criterios de selección. Su meta es beneficiar a 40 mil jóvenes excluidos del sistema educativo y sin empleo, en condiciones de alto riesgo social.

Como estrategia, se propone mejorar el vínculo entre oferta y demanda laboral juvenil en los municipios seleccionados, crear o reforzar las cooperativas y microempresas de personas jóvenes, y fortalecer las capacidades técnicas del sistema institucional de empleo y migración juvenil del Estado nicaragüense para diseñar, implementar, monitorear y evaluar el Plan Nacional de Empleo Juvenil.

Algunas de las principales acciones del programa son:  Capacitación técnica y ocupacional con habilidades para la vida 29 Entre otras instituciones, el programa se ejecuta con participación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), el Ministerio del Trabajo (Mitrab), el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), el Ministerio de Gobernación con la Dirección General de Migración y Extranjería (MIGOB-DGME) y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial de Turismo (OMT).

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 Apoyo a la inserción laboral mediante convenios y acuerdos con empresas, cooperativas y consorcios, para abrir oportunidades laborales a los jóvenes que entren al programa  Movilización y comunicación social para sensibilizar a los actores del programa (jóvenes, empleadores, sindicatos, gobiernos locales, familias, y tomadores de decisión, y la conformación de redes y asociaciones de jóvenes) y facilitar la puesta en marcha de la Política Nacional de Desarrollo Integral de la Juventud y el Plan Nacional de Empleo Juvenil  Apoyo a 3.500 jóvenes seleccionados, desarrollando en ellos un espíritu emprendedor y cooperativo, y brindándoles apoyo técnico especializado y financiamiento a través de un fondo rotativo y un fondo de capital semilla con subsidios de US$500 a US$2.500 para la creación de micro empresas.

Programa Voz Joven La Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) ha mantenido una alianza estratégica con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) desde 1998, apoyando la promoción del ejercicio de derechos y ciudadanía de adolescentes y jóvenes en el marco de la iniciativa Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes (CMAJ), que actualmente suman 43 municipios del país.

Las estrategias centrales del programa son:  Incidencia en el ámbito de las políticas nacionales mediante la participación juvenil en procesos que surgen desde el contexto político local  Las CMAJ han hecho un planteamiento integrador a través del cual fácilmente pueden absorberse y proyectarse otras iniciativas. De hecho, en algunas CMAJ ya comenzaron a trabajar en la prevención de drogas y en la reinserción social de grupos juveniles.

Con fondos adicionales de la Embajada Real de los Países Bajos y la Embajada de Finlandia, la fase actual del programa está fortaleciendo las capacidades organizativas de las CMAJ e implementado un componente de trabajo en Abogacía y Comunicación a nivel nacional, para la promoción de derechos de los jóvenes en el nivel nacional. Todo esto, con el fin de facilitar la operacionalización de los programas y planes de instituciones clave.

Factores de éxito del programa CMAJ han sido, entre otros, la selección y capacitación de técnicos municipales de juventud que facilitan la gestión de las CMAJ y su estabilidad/permanencia en los cargos, así como su eficaz relación costo/impacto, que se asegura por la articulación del CMAJ con instancias del gobierno municipal y nacional, así como con no gubernamentales, sobre todo de organizaciones juveniles.

AMUNIC como el UNFPA tienen en perspectiva apoyar a gobiernos locales para desarrollar la iniciativa en los 153 municipios del país, por lo que se mantiene el proceso de movilización de apoyos con otras agencias de cooperación, organizaciones e instituciones interesadas en trabajar en el desarrollo humano de 150

los y las adolescentes y jóvenes desde una perspectiva multisectorial y con un enfoque local.

Instituciones y programas de la sociedad civil Consejo de la Juventud de Nicaragua Desde su fundación en 1992, el Consejo se propuso promover la incorporación de las propuestas de los adolescentes y jóvenes en la agenda política, social y económica del país, al tiempo que el proceso contribuye a generar una cultura política, democrática, propositiva, crítica y participativa para el país.

El Consejo tiene representación en las instancias nacionales del Consejo de Planificación Económica y Social, Coordinadora Civil y la Comisión Nacional de Juventud, mientras internacionalmente hace parte del Comité Directivo del Foro Latinoamericano de Juventudes (FLAJ) y es miembro fundador de la Red de Jóvenes Centroamericanos (REJCA). 30 Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV) El CEPREV es una ONG que desde 1997 aplica un modelo integral de prevención de la violencia y construcción de cultura de paz en Nicaragua, trabajando en la prevención de la violencia y promoviendo la equidad de género con jóvenes y adultos en los ámbitos familiar, educativo, comunitario e institucional, promoviendo un cambio cultural con los protagonistas de la violencia y sus víctimas, pero también abordando causas estructurales y macro-sociales. A la fecha, unas 30 mil personas en Nicaragua y otros países de Centro y Sudamérica se han beneficiado de sus acciones.

En la actualidad presta servicios en 36 barrios de los distritos IV, V y VI de la capital y en el municipio de Tipitapa, afectados por violencia intrafamiliar y juvenil, con capacitación a multiplicadores usando los manuales didácticos elaborados por el CEPREV y dirigidos a jóvenes, docentes, policías, funcionarios del Estado y líderes comunitarios y religiosos. Adicionalmente hace una intensa labor de incidencia política por medio de periodistas y estudiantes de periodismo; del impulso a redes locales y regionales, de la integración con iniciativas regionales de prevención de violencia en Centroamérica, de la investigación y sistematización.

Redes y otros sistemas de cooperación 30 Aunque no se encontró casi información sobre esta red – lo que puede significar su escasa relevancia o que directamente ya no exista-, la cita puede dar una idea de la capacidad de movilización de la organización nicaragüense, puesto se menciona que:

“… el Consejo de la Juventud de Nicaragua fue el precursor para que en Centroamérica se crearan las instancias de coordinación juveniles. Una vez que el resto de los países Centroamericanos contaron con Consejos Juveniles, se organizó la Red Juvenil Centroamericana, siendo sus siglas REJCA. Actualmente Nicaragua coordina la Secretaría Técnica” (Corrales, Abaunza y Andino, 2003, 26).

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Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) Conformada en 1992 y legalmente constituida desde 2002, CODENI es una instancia sin fines de lucro, apartidaria y no confesional para la coordinación y articulación de diferentes expresiones de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, movimientos sociales que apoyan desde una concepción de trabajo en red, la promoción, defensa y protección de los derechos de niños y adolescentes.

Entre sus objetivos, están establecer relaciones de coordinación y articulación con las diferentes instancias y actores relacionadas con la niñez y la adolescencia, para desarrollar acciones de incidencia para la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, leyes, planes, programas y la asignación de recursos económicos dirigidos a garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia; promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en el marco de sus intereses, necesidades y derechos, y propiciar desde los miembros de la CODENI espacios para ejercerla; y contribuir al fortalecimiento de las capacidades y competencia de las organizaciones miembros y desarrollar iniciativas que permitan la consecución de recursos destinados a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL) Esta red de la Sociedad Civil trabaja en el departamento de Chinandega, y promueve una participación ciudadana juvenil crítica y propositiva en el contexto local con un enfoque socioeducativo y perspectiva de género y generacional para el fortalecimiento y la potenciación de capacidades de ciudadanía activa en líderes juveniles.

Para esto, ha propiciado la organización de los jóvenes en redes juveniles municipales y en el departamento, que intervienen en el desarrollo estratégico de los municipios y las municipalidades y para el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil nicaragüense.

Se destacan como principales logros de los jóvenes que apoya la asociación, la incidencia a nivel municipal en los procesos electorales de tres municipios en 2008, donde las redes juveniles crearon su agenda joven municipal e hicieron incidencia ante autoridades municipales, y la movilización de 500 jóvenes para incidencia en las campañas electorales, quienes elaboraron su agenda joven 2008-2012 y consiguieron de los candidatos un acuerdo donde se comprometían a dar cumplimiento a la agenda.

Estas acciones han sido planeadas con la Red Voces del Presente, una iniciativa de Plan Internacional en 16 países. Recientemente, ASODEL y la Red Voces del Presente actualizaron las agendas con las principales problemáticas que afectan a la juventud del departamento y las propuestas de solución que plantearon los 152

jóvenes a las autoridades municipales, que integraron, además de las temáticas de salud, educación, recreación, incursión laboral, participación ciudadana y violencia, un nuevo eje de trabajo ambiental.

Movimiento Juvenil Nicaragüita Esta organización de voluntarios - reconocida a nivel internacional con el primer puesto en el Concurso “Buenas Prácticas de Jóvenes de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Perú”, organizado por el Banco Mundial -, apoya el empoderamiento de jóvenes como actores políticos estratégicos para la democratización del sistema político nicaragüense.

Al igual que Armando Paz, el MJN hace uso de estrategias de comunicación para, con y de jóvenes con el fin de promover el reconocimiento de la juventud como agente de cambio y actor estratégico para el desarrollo sostenible de la sociedad.

Por ejemplo, su programa de Promoción de Derechos Humanos facilita espacios físicos y virtuales para la libre expresión juvenil sobre situaciones que limitan sus derechos. Algunas iniciativas de interés para Armando Paz han sido:  Funcionamiento de una Cabina Móvil de Expresión Juvenil: un espacio propio, libre y necesario para que la juventud exprese sus ideas de manera espontánea, con lo cual se generan videos sobre temas de interés para la ciudadanía, transmitiendo la voz de jóvenes excluidos.  Desarrollo de un sitio Web (www.mjn.org.ni), con información institucional de la organización y temas relacionados con la inclusión social y política, utilizando herramientas de foros, redes sociales, encuestas, multimedia, etc.  Producción de programas de radio para hacer abogacía, transmitir información de interés y promover la libre expresión juvenil acerca de temas relacionados con inclusión social y política.  Publicación impresa y digital de un boletín informativo sobre temas de interés para los jóvenes, con énfasis en la promoción de derechos a la educación, el empleo y la participación ciudadana.  Utilización activa de redes sociales, como facebook, twitter y youtube para transmitir información y generar discusiones sobre temas relacionados con la inclusión social y política de los jóvenes.  Desarrollo de la campaña “Soy joven”, que transmite mensajes alusivos al reconocimiento de la juventud como sujeto de derechos y deberes.

Por su parte, en el programa de Formación Ciudadana, se han capacitado jóvenes de 12 municipios en temas de comunicación y medios para el manejo y producción de medios escritos, radiales y televisivos aplicados al ejercicio activo de la ciudadanía y la defensa de los derechos humanos en sus localidades, dirigidos hacia la práctica de valores (responsabilidad, respeto, tolerancia, equidad de género, voluntariado, etc.), el conocimiento teórico desde un enfoque práctico (en temas de democracia, gobernabilidad, derechos humanos, desarrollo local, etc.) y 153

el desarrollo de capacidades (como la persuasión, comunicación, planificación estratégica, resolución de conflictos, emprendedurismo, etc.).

PANAMÁ Marco político-institucional La visión del desarrollo de la institucionalidad pública en el dominio de las políticas de juventud en Panamá, indica que el Estado ha realizado esfuerzos importantes por la atención de la juventud y la protección de sus derechos, pero aún no ha logrado armonizar las distintas iniciativas que se dan en el ámbito nacional, ni poner en práctica programas permanentes de promoción en el nivel municipal.

El tema se institucionalizó en el ámbito estatal desde 1997, mediante la Ley 42 que crea el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, y lo establece como ente rector de la política de juventud, siendo la Dirección Nacional de la Juventud el organismo técnico que específicamente se encarga de la administración, coordinación y ejecución de las políticas, planes, programas y diversas acciones en beneficio del desarrollo juvenil.

Dos años después, el decreto No. 7 de 1999 estableció el Consejo de Políticas Públicas de Juventud (CPPJ) - órgano de consulta y asesoría en materia de juventud para promover la articulación de las distintas instituciones gubernamentales ocupadas de temas relativos a la juventud y ser organismo de consulta, enlace e información entre el sector público y privado.

Bajo el mismo decreto, se reconoció al Consejo Nacional de Juventud (CONAJUPA) como un ente de representación juvenil para ser consultado por los organismos rectores de la política de juventud, con el encargo adicional de vigilar que se realice el diagnóstico de la juventud panameña para sustentar las políticas públicas de juventud y controlar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Juventud.

La institucionalidad se completaba con el “Programa de Apoyo al Desarrollo Humano de la Juventud Panameña”, desarrollado por la UNESCO entre 1997 y 2000 para contribuir con el Estado y la Sociedad Civil en la elaboración y puesta en marcha de estrategias y políticas para promover el desarrollo humano sostenible de la juventud panameña, que incluía un componente para la promoción de la participación activa de los jóvenes en la definición de políticas y programas que incidan directamente sobre ellos.

En este marco, por iniciativa del CONAJUPA y con apoyo de UNFPA, en 1999 se firmó un “Pacto por la Juventud Panameña” que establecía metas orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos en los jóvenes y apoyar su participación en el desarrollo social y económico.

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Como continuación de este proceso y en sintonía con el enfoque de derechos humanos implementado en Costa Rica, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia diseñó entre 2003 y 2004 una Política Pública de Juventud respaldada por UNFPA. El proceso incluyó la realización de amplias consultas con jóvenes y diferentes actores institucionales que operaban en ese dominio. En la misma línea, el PNUD dedicó su Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004 al tema Juventud, cuya realización implicó la realización de una Encuesta Nacional de Juventud y varios estudios sectoriales.

En julio de 2005, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia se convirtió en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que asumió la rectoría de las políticas sociales para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del capital humano del país hacia el logro de un desarrollo nacional sostenible. En mayo de 2011, el actual ministro del MIDES instaló el último Consejo de Políticas Públicas de Juventud 31 y se anunció el apoyo del ministerio a la conformación de una Secretaría Nacional de Juventud. En tanto, sigue pendiente el proceso de formular y aprobar una Ley de Juventud.

En la actualidad, los programas del MIDES que benefician a jóvenes y cuyo conocimiento puede ser relevante para el proyecto Armando Paz, son los siguientes:  Padrino Empresario: Promueve la vinculación del sector empresarial para generar oportunidades de empleo y educación para jóvenes con edades entre 14 y 18 años y en alto riesgo social, mediante becas a cambio de trabajo de medio tiempo en las empresas asociadas, de manera que puedan proseguir sus estudios, mejorar los ingresos familiares y desarrollar nuevos hábitos y valores de empleabilidad.  Proyecto Muévete por Panamá: Capacita en competencias básicas a jóvenes con edades entre 15 y 29 años de edad que no han asistido al sistema escolar y carecen de las competencias mínimas en lectura y escritura. De esta manera, casi 9.000 jóvenes han sido alfabetizados hasta mediados de 2011.  Centro de Educación y Desarrollo para el Adolescente (CEFODEA): Capacita para el trabajo a jóvenes con edad entre 14 y 18 años, excluidos del sistema de educación formal y bajo medidas socioeducativas de protección. Se ofrecen talleres de belleza, cocina básica, construcción, chapistería, ebanistería, soldadura y mecánica, completados con módulos de educación humana.  Elige tu Vida: es un programa que se implementa por medio de una red de cooperación de instituciones públicas y privadas con la finalidad de 31

EL CPPJ está actualmente compuesto por el Ministerio de Desarrollo Social, quien lo preside; el Ministerio de Salud (MINSA); el Ministerio de Educación (MEDUCA); el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL); el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP); el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU); el Instituto Nacional de Cultura (INAC); el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH); PANDEPORTES; el Consejo de Rectores; el Comité Ecuménico Nacional y el total de los miembros del CONAJUPA.

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desarrollar y ejecutar proyectos, programas y campañas de prevención, represión y rehabilitación de jóvenes vinculados con pandillas.

Otros programas del gobierno Programa de Seguridad Integral (PROSI) Por otra parte, en julio de este año el BID aprobó un préstamo de 22,7 millones de dólares al gobierno panameño para financiar el Programa de Seguridad Integral (PROSI), destinado a prevenir la violencia juvenil y mejorar la coexistencia y la seguridad ciudadanas en los municipios con mayores índices de violencia mediante acciones estratégicas, integrales, interinstitucionales y promotoras de la participación juvenil, apoyando intervenciones en dos niveles:  Prevención primaria, orientada a jóvenes vulnerables con el objetivo de disminuir sus factores de riesgo ante la violencia y delincuencia. Se contempla apoyar los programas de prevención de uso de drogas psicoactivas, capacitar a estudiantes en habilidades para la vida en las instalaciones escolares, proporcionar reforzamiento técnico y consejería a la comunidad educativa; apoyar el uso positivo del tiempo libre mediante actividades deportivas y culturales y brindar atención integral a niños, adolescentes y jóvenes en centros comunitarios.  Prevención secundaria, para jóvenes simpatizantes o participantes en bandas, contempla implementar un modelo integral de inserción social utilizado y complementarlo con servicios de salud, recreación y atención psicológica.

El programa será responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Justicia y se centrará en los municipios de Colón, David, Ciudad de Panamá y San Miguelito mediante acciones estratégicas, abarcadoras y participativas para prevenir la violencia.

Un aspecto clave del programa es la coordinación interinstitucional, por lo que también se invertirá en acciones de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones locales y nacionales responsables de la seguridad y el desarrollo juvenil para mejorar su impacto individual e incrementar la sinergia de sus objetivos, y así reducir la participación de jóvenes en actos de violencia y delincuencia.

Los resultados del programa incluyen la reducción de los índices de criminalidad en jóvenes de 12 a 29 años, la mejora de la gestión de las instituciones de prevención de la violencia, el incremento de la eficiencia en los sistemas de información y producción de estadísticas de delincuencia, y elevar el nivel de confianza de la opinión pública en las instituciones nacionales y locales.

También hay que resaltar dos programas de la UNESCO que se implementan con apoyo de diversos ministerios y ONGs: 156

Túnel de la sexualidad El programa tiene un página (http://www.cnjpanama.org.pa/tunel.html) diseñado para el sitio Web del CONAJUPA con el objetivo de entregar conocimiento y formas de prevención del VIH a adolescentes y jóvenes con edades entre 14 y 34 años. El portal está avalado por los ministerios de Educación y de Salud.

Formación del talento humano en prevención del VIH/SIDA Ante la alta incidencia del VIH/SIDA en la población de jóvenes panameños, el proyecto procura motivar la participación juvenil en las acciones de prevención.

Focalizado en el trabajo con adolescentes y jóvenes de las zonas urbanomarginales de Panamá y Colón, con el apoyo de la ONG Aid for Aids se interviene desde un enfoque de desarrollo de habilidades para la vida.

Entre otras actividades, se han realizado talleres a grupos clave de organizaciones juveniles para empoderarlos como agentes de prevención en sus comunidades. A la fecha, hay más de 3.500 jóvenes capacitados y se han fortalecido redes de organizaciones juveniles para difundir los contenidos de los talleres.

Instituciones y programas de la sociedad civil Movimiento Cultural Nueva Generación (MCNG) Desde la Sociedad Civil, se destaca el Movimiento Cultural Nueva Generación (MCNG), una organización social de base comunitaria que hace prevención integral dirigida a la niñez y la juventud que se encuentra en situación de vulnerabilidad a la violencia, drogas y pandillas por medio de actividades sociales, culturales y deportivas.

El MCNG presta sus servicios de reforzamiento escolar, alimentación, actividades recreativas y culturales en cuatro centros ubicados en zonas urbano-marginales de la capital, donde se atiende a más de 1.000 niños y jóvenes con edades de 7 a 29 años, que realizan actividades de teatro, danza, folklore, círculos de lectura y otras disciplinas físicas.

Lo novedoso del MCNG es su modelo de gestión, que incluye una Junta Directiva conformada por representantes de importantes empresas, muy activas y propositivas. De esta manera, se ha conseguido que el sector privado, los medios de comunicación y el gobierno apoyan sus proyectos, y el MIDES, a través de gestiones realizadas con el Banco BBVA, facilita el apoyo económico para la construcción y mantenimiento de los centros. De igual manera, el MCNG realiza convenios con las alcaldías locales para la administración de los espacios y su coordinación con programas del MIDES, como “Elige tu Vida”.

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Redes y sistemas de cooperación Red de Jóvenes Comunicadores Es un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias de jóvenes comunicadores de América Latina y el Caribe, que promueve una comunicación solidaria al servicio de la sociedad, desde una perspectiva humanista y cristiana.

La Red elabora estrategias de comunicación para incidir en las políticas públicas nacionales en temas de salud, educación, empleo, pobreza y prevención de la violencia. Además, su acción apoya la actuación de nuevos liderazgos en las instituciones privadas y públicas, con jóvenes involucrados en diversas tareas profesionales.

La Red es apoyada por la OCLACC (Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación), y tiene socios en Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia. Los jóvenes comunicadores están presentes en cada una de las Asambleas Continentales de la OCLACC, participando activamente en actividades de formación.

INICIATIVAS DE ALCANCE REGIONAL Programa Seguridad Juvenil en Centroamérica (PSJ) Este programa se implementa desde 2007 como una intervención diseñada y operada por ICCO (Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo) e Iglesias en Acción ante la creciente violencia social e institucional que afecta a la población joven de Centroamérica, la carencia de perspectivas para su desarrollo integral y la falta de capacidad de los gobiernos de la región para actuar con políticas adecuadas y respetuosas de los derechos humanos.

El espacio apunta a fortalecer nexos entre actores e iniciativas en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como a divulgar las prácticas innovadoras y alternativas para la definición de políticas públicas y acciones a favor de las juventudes de la región centroamericana.

El programa cuenta con 15 organizaciones socias, un equipo técnico especializado y una línea de cooperación financiera que incluye un presupuesto para el fortalecimiento de capacidades de actores del programa y un fondo delegado regional que apoya con pequeñas subvenciones a iniciativas articuladoras en el marco de la promoción de la seguridad juvenil. 32 32 El concepto “seguridad juvenil” se basa en el de “seguridad humana” propuesto por Naciones Unidas para diferenciarlo de la “seguridad nacional” - la seguridad y defensa de un Estado o nación -, al hacer énfasis en las personas y condiciones de desarrollo o riesgos que enfrentan en un determinado contexto. La seguridad de los jóvenes se evaluaría, al igual que la seguridad humana, midiendo 7 componentes: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. Desde

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Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil (POLJUVE) El programa Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil es una iniciativa de la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (INTERPEACE), cuyo propósito es apoyar a los Estados y la Sociedad Civil de El Salvador, Guatemala y Honduras a prevenir la violencia relacionada con jóvenes, maras y pandillas en la región, mediante un enfoque integral de abordaje que combina la investigación social y el diálogo político.

POLJUVE trabaja mediante alianzas con organizaciones locales experimentadas en la prevención de la violencia juvenil. En El Salvador el programa se realiza en alianza con la Fundación para el Estudio de la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro de Formación y Orientación Padre Rafael Palacios (CFO); en Guatemala en colaboración con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); y en Honduras con el apoyo de Unidos por la Vida, Organización JHA-JA y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Estas organizaciones realizan actividades de investigación y facilitan espacios de diálogo con representantes del Estado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional para discutir causas y manifestaciones del problema de la violencia juvenil, buscar soluciones y alcanzar consensos para promover políticas públicas.

Como resultados y productos, POLJUVE ha dejado un informe escrito y un material audiovisual sobre el tema, y dispone de un mapa de actores clave en el campo de prevención de la violencia en cada país. En la actual fase, ha iniciado un proceso de diálogo político en El Salvador y Guatemala con representantes de gobierno, el sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organizaciones juveniles.

Prevención de la violencia juvenil en América Central (PREVENIR) Desde 2010 y hasta 2017, la GIZ implementará este programa en El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyo objetivo es mejorar la calidad y el alcance de los servicios públicos y privados dirigidos a la prevención de la violencia juvenil, y así contribuir a que este enfoque tenga una mayor aceptación social y política en lugar del tratamiento represivo y punitivo que prevalece en los países seleccionados.

El programa tiene tres componentes:  Apoyo a los intercambios de conocimientos y experiencias, y para la coordinación  Capacitación y asesoría a los actores relevantes  Armonización de la prevención, la educación y las políticas de juventud una perspectiva integral de los derechos humanos, al afectar cualquiera de estas dimensiones o derechos se afectan todos.

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En cuanto a sus principales destinatarios, en el nivel regional el programa apoya a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como una institución regional que promueve la cultura de paz y la prevención de la violencia. En los países asociados, asesora a las autoridades nacionales a cargo de la coordinación intersectorial para promoción del desarrollo juvenil en la formulación y aplicación de las políticas de juventud, prestando especial atención a la promoción de la participación y fortalecimiento de redes nacionales de jóvenes en el proceso político. Además, presta asistencia técnica a las oficinas de estadísticas, brindando datos sobre la situación de violencia que afecta a jóvenes.

El programa trabaja en estrecha colaboración con las autoridades regionales, nacionales y locales responsables de la política de juventud, la educación y la prevención de la violencia, así como con redes de jóvenes, organizaciones juveniles no gubernamentales (ONG) y con instituciones de cooperación internacional que operan en el campo de la promoción de la juventud, prevención de la violencia y cultura de paz. En este sentido, PREVENIR utiliza cursos de capacitación para promover grupos de jóvenes, expertos locales y líderes individuales, de manera que puedan desarrollar estrategias efectivas para la participación juvenil y la inclusión social de jóvenes estigmatizados.

A nivel local, el programa se enfoca en apoyar una combinación entre acciones innovadoras para la prevención de la violencia y fomento de una cultura de paz con medidas dirigidas a la integración social y mejoras económicas en las condiciones de vida de los jóvenes desfavorecidos. En este nivel de intervención, y en cooperación con gobiernos municipales, el programa apoya la conformación de “casas de la juventud” - espacios alternativos seguros en medio de la violencia presente en los barrios intervenidos - administradas por los mismos jóvenes y sus organizaciones, como espacios para el encuentro y el uso positivo del tiempo libre, además de servir como una experiencia para el desarrollo de habilidades en la gestión de estos equipamientos. También se apoya el fortalecimiento de organizaciones policiales y de la sociedad civil que hacen tareas de prevención, promoviendo medidas de formación e intercambio de buenas prácticas.

Hasta ahora, el programa ha obtenido los siguientes logros:  En muchos municipios en los tres países asociados, grupos de jóvenes y administraciones locales trabajan juntos para gestionar las “casas de la juventud”. Además, por primera vez, autoridades locales han dado participación a los jóvenes en la toma de decisiones.  Las redes nacionales de jóvenes para apoyar la formulación de políticas nacionales de juventud se han conformado y dialogan con los gobiernos.  Se ha incrementado el número de miembros de los grupos de base juvenil y comunitaria que trabajan en prevención de la violencia.  Después de haber ampliado su base de conocimiento mediante el análisis de buenas prácticas en América Central y otros países, las autoridades 160

nacionales y locales intervienen de forma más sistémica en la prevención de la violencia y la promoción de la juventud Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ) Esta red multidisciplinaria y multisectorial surge como resultado de la conferencia “Voces de la Experiencia: Iniciativas Locales e Investigaciones en Violencia Juvenil de Pandillas en Centro América”, llevada a cabo en 2005 por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ).

Está conformada por dieciséis organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que desde diferentes enfoques y niveles de intervención se proponen incidir políticamente en el marco legal-institucional del tratamiento a la violencia juvenil relacionada con las pandillas. Su objetivo es proponer, promover e impulsar iniciativas de ley, políticas públicas nacionales y regionales, coordinar esfuerzos de organismos gubernamentales y nogubernamentales e implementar actividades específicas integrales, inclusivas y de prevención a la violencia juvenil que contribuyan a disminuir los hechos violentos generados por maras y/o pandillas.

Desde su conformación, la CCPVJ ha desarrollado una serie de actividades temáticas con el propósito de contribuir a la comprensión del fenómeno de las maras y/o pandillas e incidir en la formulación de políticas públicas comprensivas e integrales, que incorporen la prevención y la rehabilitación como ejes relevantes en el tratamiento del fenómeno. Si bien es una entidad relativamente nueva, la CCPVJ ha jugado un papel clave de incidencia política y de educación pública en la región sobre el tema de la violencia en adolescentes y jóvenes, proporcionando información confiable y oportuna para los debates nacionales y regionales.

En la actualidad, la CCPVJ la integran las siguientes organizaciones  Alianza para la Prevención del Delito (APREDE) - Guatemala  Grupo Ceiba - Guatemala  Asociación Jóvenes Hondureños Juntos Avanzamos (Jha-Ja) - Honduras  Casa Alianza - Honduras  Centro de Comunicación Popular de Honduras (CENCOPH) - Honduras  Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT) - Honduras  Proyecto Paz y Justicia - Honduras  Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV) - Nicaragua  Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) – El Salvador  Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) – El Salvador  Movimiento de Jóvenes Encuentristas (MOJE) – El Salvador  Centro de Formación y Orientación Padre Rafael Palacios (CFO) – El Salvador 161

Prevención de la Violencia Juvenil en Zonas Urbanas y Periurbanas con Especial Atención al Fenómeno de las Maras en los Países Centroamericanos La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) mediante convenio con la Cruz Roja Española (CRE), está implementando el programa Prevención de la Violencia Juvenil en Zonas Urbanas y Periurbanas con Especial Atención al Fenómeno de las Maras en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití.

Los socios locales para la ejecución de la iniciativa son las organizaciones de la Cruz Roja en los países focalizados y la Red Regional de la Cruz Roja Juventud, que facilitarán actuaciones de voluntariado dentro del proyecto, en coordinación con un importante grupo de instituciones que proporcionarán asesoría y apoyarán el trabajo en red:  Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)  UNICEF - Oficina Regional América Latina  UNIFEM - Oficina Regional para Centroamérica, México y El Caribe  INTERPEACE - Oficina Regional para América Latina (Punto focal de la Coalición Centroamericana para la Prevención de Violencia Juvenil) El Convenio se centra en la intervención con personas jóvenes en riesgo de exclusión social, que sin estar integradas a bandas delictivas, presentan factores de riesgo familiar, social, económico y cultural, además de compartir características comunes relacionadas con la vida social (lenguaje slang, gestos agresivos, tatuajes, formas de vestir, música, etc.).

Se interviene con un enfoque que promueve la participación y el ejercicio de los derechos, para detectar y apoyar el liderazgo de las personas jóvenes en riesgo de exclusión, partiendo de diferentes actividades de tiempo libre y participación, que mejoren sus capacidades humanas y fortalezca las organizaciones comunitarias, integrando a las personas jóvenes en la toma de decisiones y apoyando el desarrollo de las iniciativas juveniles.

El proyecto aspira a beneficiar entre julio/2008 y julio/2012 a cerca de 3.000 personas jóvenes, y prestar atención individual a 300 más, que demuestren tener aptitudes para el liderazgo social y político, tales como capacidad de reflexión, capacidad de influir en otras personas, creatividad, capacidad de resolución y ser propositivos. Con estos jóvenes se realizará un acompañamiento pedagógico personalizado, que permita desarrollar sus capacidades para favorecer iniciativas comunitarias que involucren a otros jóvenes.

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Este trabajo es complementado con acciones de incidencia política en el ámbito comunitario y nacional a través de los medios de comunicación con el objeto de influir en la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas, mejorar la percepción de la opción pública acerca de la juventud y motivar el uso positivo del tiempo libre entre los jóvenes.

Red Voces Con el apoyo técnico y financiero del Plan Internacional, la Red Voces surgió hace 10 años como una propuesta de niños, adolescentes y jóvenes de las Américas y El Caribe, que promueve el protagonismo infantil y juvenil con autonomía de los adultos y una actitud crítica y propositiva ante las problemáticas que los afectan, local y regionalmente. Existen nodos de la Red Voces en 13 países americanos y caribeños, entre los cuales se encuentran Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

La Red busca el reconocimiento de la niñez, adolescencia y juventud como actores sociales capaces de incidir en las dinámicas socio-culturales y los procesos de participación y ciudadanía de sus países. Es una experiencia en la que participan especialmente los niños, adolescentes y jóvenes de las zonas urbano-marginales y de estratos socioeconómicos bajos, en su mayoría grupos vinculados al Plan Internacional y sus organizaciones asociadas.

La Red contribuye a configurar, articular y fortalecer los grupos, colectivos y organizaciones de jóvenes para la resistencia, defensa y promoción colectiva de sus derechos por medio de la formación, el intercambio y la promoción y el posicionamiento de sus propias iniciativas en diversos escenarios locales, nacionales e internacionales, a partir de la acción pública, la interlocución, la participación y el hermanamiento de los procesos sociales de jóvenes en sus países y a nivel regional.

Uno de los objetivos centrales de la Red es el fortalecimiento, la diseminación y la articulación de las experiencias de participación y comunicación de niños, niñas adolescentes y jóvenes en cada país por medio de la plataforma de comunicación www.somosregion.org, que sirve de enlace entre las organizaciones y grupos de niños y jóvenes que trabajan a nivel comunitario en cada país.

La Red Voces tiene como soporte una Red Técnica, conformada por un equipo de profesionales en los temas de derechos de la niñez, participación y comunicación en los 13 países de la región donde opera el Plan Internacional. Esta Red también tiene la función de crear puntos focales en las comunidades para impulsar y fortalecer las capacidades organizativas y de movilización de los niños, adolescentes y jóvenes en las mismas, desde un enfoque de derechos, una perspectiva inclusiva y una visión regional compartida.

Con la coordinación y el soporte de la Red Técnica y personal local del Plan Internacional se capacita a los niños, adolescentes y jóvenes de la Red en el manejo y uso de técnicas y medios de expresión y difusión como fotografía, dibujo, 163

pintura, video, música, teatro, radioteatros, literatura, periódicos murales, minireportajes entre otros, (radio, televisión, impresos e Internet) para evidenciar la situación de sus derechos desde sus territorios.

La Red Técnica entra en alianzas con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para participar en eventos locales, nacionales, regionales y globales en temáticas de interés de los niños, adolescentes y jóvenes, y con medios de comunicación, tanto a nivel local y nacional, para garantizar espacios de transmisión de las producciones de los grupos de niños, adolescentes y jóvenes.

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IV. LECCIONES APRENDIDAS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA En Centroamérica, la violencia juvenil ocupa un lugar central tanto en el debate político como en las ciencias sociales. En ese debate se puede constatar que en toda la región hay una lucha desde diferentes sectores por la definición, interpretación y clasificación de ese campo temático, con consecuencias políticas e institucionales sumamente relevantes. Este debate parte de cuestionar un supuesto consenso tanto en la definición de la violencia juvenil, como a su valoración y los medios para neutralizarla.

Sin embargo, se puede decir que uno de los resultados de ese debate es que se ha ampliado la asignación social de sentido a la violencia juvenil para incluir, a nivel de discurso, la violencia doméstica y la violencia en instituciones educativas, fenómenos de los que se hacía caso omiso hasta hace relativamente poco, aún cuando no tengan un lugar importante en los sistemas y estructuras de intervención institucional, tanto desde los gobiernos como en la sociedad civil.

En todo caso, es un logro de estos debates que al lado de la primacía de los enfoques represivos y de control del delito, situación que en particular se evidencia en El Salvador y Guatemala, los enfoques centrados en la prevención desde la salud pública, la promoción de los derechos humanos y la seguridad humana tienden a ganar más lugar en las alternativas de acción frente al problema de la violencia juvenil.

Por otra parte, se constata una transición en la comprensión de la relación jóvenes – violencia, donde estos ya no son identificados nada más como generadores de violencia; por el contrario, se profundiza cada vez más en las variables de contexto y de estructuras, así como en la influencia de las lógicas e intereses adultos. De igual forma, tampoco se identifica a los jóvenes únicamente como víctimas o como sujetos en “riesgo social”; y se avanza en una concepción más integral como sujetos de derechos y actores estratégicos del desarrollo.

De hecho, las iniciativas identificadas coinciden en considerar la multicausalidad de la violencia juvenil en el diseño de sus intervenciones, y una apuesta, explícita o implícita, en contra de las medidas de represión implementadas. Incluso de parte de los gobiernos, hay un creciente consenso en la aplicación de medidas preventivas y promocionales, pero también consciencia de qué significa asumir los costos de transacción para generar arreglos interinstitucionales y desarrollar cooperaciones intersectoriales e interinstitucionales para afectar las políticas públicas a favor de los jóvenes.

En este mismo sentido, un aspecto de suma relevancia para el proyecto al momento de buscar pares para diseñar respuestas pertinentes y oportunas, es el 165

vinculado con la búsqueda de la integralidad de las intervenciones por medio de la complementariedad de los diversos enfoques estratégicos de prevención, desde la instalación de Observatorios y realización de estudios comparados, al relevamiento de buenas prácticas y su difusión, pasando por innovaciones metodológicas para la prevención con opciones para la atención.

En dicho marco, la creciente coordinación entre los organismos internacionales de ayuda técnica y financiera y el establecimiento de redes y coordinaciones supranacionales procura evitar los reduccionismos y las excesivas generalizaciones con que se aborda el problema de la violencia juvenil.

Bajo estos parámetros, importa ahora destacar las principales lecciones que pueden derivarse de los esfuerzos actuales que han resultado más prometedores para disminuir los índices de violencia social y delincuencial que afecta a adolescentes y jóvenes en los países del proyecto.

De la revisión de las experiencias y su comparación con la literatura científica producida sobre el tema, tanto en los países seleccionados como en el resto América Latina, la lección fundamental es que, para ser sostenibles, las intervenciones deben dirigirse a modificar comportamientos individuales y factores estructurales, pero es en la comunidad y la familia donde más efectivamente se pueden producir estos cambios. Aún más: tratándose de la violencia en adolescentes y jóvenes, los cambios individuales y estructurales sólo son efectivos y producen efectos multiplicadores en el ámbito de las relaciones personales y comunitarias más cercanas.

Por el contrario, los esfuerzos por delimitar y tratar sólo causas individuales o estructurales conducen a efectos poco sustentables —en el primer caso— o a complicados ejercicios de formulación de políticas y marcos legales que no disponen del desarrollo institucional necesario y los acuerdos pertinentes para ser efectivos. Por lo tanto, es en el nivel de las relaciones interpersonales y con la comunidad, donde se pueden asentar las bases de transformaciones duraderas en los individuos y capacidades para promover transformaciones estructurales en las políticas económicas y los mecanismos de gobierno de las sociedades.

En grados diferentes, las intervenciones que han demostrado evidencias de efectividad o logros significativos en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes, han actuado sobre el contexto personal, es decir, en el entorno familiar y comunitario del adolescente y del joven. Desde ese ámbito se ha buscado fortalecer su resiliencia, mediante la identificación y disposición de alternativas e influencias positivas en grado suficiente para modificar las elecciones personales, proporcionándoles mayores niveles de libertad en el momento de optar entre los rangos de conducta posibles para cada situación frente a los factores de riesgo individuales o de su ambiente.

Muchas de estas intervenciones no han partido “desde arriba y afuera”, sino de intereses de la propia comunidad y de acciones iniciadas por ella misma como 166

reacción inicialmente defensiva, pero después proactiva. Son intervenciones apoyadas y fortalecidas por ONGs, donantes internacionales y gobiernos, pero que se basan en la capacidad de la comunidad para enfrentar y solucionar sus problemas.

En este sentido, las intervenciones más exitosas tienen una importante base comunitaria o están vinculadas a la comunidad por su origen: la violencia en y por adolescentes y jóvenes se produce mayormente en los ambientes donde han crecido; en consecuencia, es necesario involucrar los actores de su entorno familiar y comunitario, y reconocer y actuar en las dinámicas psicosociales y relaciones de poder que se presentan en el territorio, y que muchas veces implican tipos de violencia intrafamiliar, institucional y sexual que suelen no ser muy visibles y se asocian a conflictos intergeneracionales y de género.

En otros términos, la movilización comunitaria es el principal factor de éxito encontrado en las intervenciones de prevención de la violencia, por medio de dos estrategias: la programación dirigida por la comunidad, que responda a necesidades auto-identificadas, y el fortalecimiento comunitario, o desarrollo de la capacidad de la propia comunidad para desarrollar y apoyar los programas de prevención con sus propios jóvenes.

Estas intervenciones en el entorno de los jóvenes responden de forma directa a factores de riesgo y protección presentes en el entorno, que se identifican a partir de la demanda e intereses de los jóvenes, y también de los padres y familiares, así como de los actores relevantes en la comunidad, tales como maestros, comerciantes y agentes de policía. Por este motivo, se focalizan en zonas específicas, facilitando una aproximación mucho más práctica a la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, con objetivos concretos y verificables dentro y por la propia comunidad.

Por esta razón, son intervenciones altamente personalizadas, adaptadas a las características de sus destinatarios, y funcionan según esquemas que antes de partir de una oferta inflexible, se ajustan flexiblemente a las demandas que emergen del mismo proceso. Esto aumenta sus posibilidades de actuar respecto a necesidades y factores de protección diferentes en contextos similares de alto riesgo pero también introducen problemas adicionales para su réplica y escalamiento (up scaling).

La prevención terciaria no es, para la mayoría, una opción, así que las intervenciones exitosas definen de antemano si abordan esta problemática o se limitan a hacer derivaciones de los casos. Las que lo hacen con efectividad, no se fijan como meta la extinción de la pandilla de amigos o que los adolescentes dejen de verlos y pasar algún tiempo con ellos, salvo que puedan disponer de condiciones adecuadas. Si no es así, es una meta difícil de alcanzar.

De otro lado, se ha mostrado que aprovechar la estructura de las pandillas existentes, involucrándolos en proyectos socialmente útiles y enfatizando los 167

aspectos positivos de la pandilla - tales como la seguridad y la contención afectiva y emocional entre los miembros, el apego a normas y disciplinas, y la identificación con el grupo -, facilita cambios personales y grupales positivos siempre que se integren a otros grupos de la comunidad y no se les mantenga en un falso aislamiento. Además, estos proyectos exitosos de prevención terciaria deben incluir el apoyo psicológico profesional para las neurosis traumáticas, el acompañamiento terapéutico a la familia y la asistencia psicopedagógica.

En cuanto a los aspectos de cómo se diseñan las intervenciones efectivas, los factores hallados en los ejercicios de análisis de las buenas prácticas coinciden en:  Incorporar a los adolescentes y su ámbito de relaciones familiares y comunitarias en el diseño, la implementación y el seguimiento del proyecto, no sólo para asegurar la pertinencia de la intervención sino para generar las bases de su sostenibilidad, al hacer surgir liderazgos locales, jóvenes o adultos, que pueden volverse referentes y modelos para los adolescentes y jóvenes.  Partir de diseños que aspiran a intervenciones integrales, es decir, tratan de comprender el espectro de situaciones y factores de riesgo que contribuyen a la generación de la conducta violenta. Aunque se prioricen problemáticas específicas, no se excluyen del análisis las interrelaciones de los diferentes factores de riesgo, así como la identificación de acciones de prevención que pueden tener un efecto más sinérgico en todos los factores identificados, por lo cual son experiencias que mantienen un activo relacionamiento con actores e instituciones del entorno. 33  Ofrecer influencias contrarias a los resultados positivos de la conducta violenta, contribuye a su aceptación social. No son intervenciones que procuran “convencer” moralmente a los adolescentes y jóvenes con charlas “moralistas” —ya que muchas personas violentas son referentes de éxito en sus comunidades y reciben una sincera admiración—, sino mostrando modelos diferentes y asequibles, con parámetros de éxito distintos de los que ofrecen, por ejemplo, los jóvenes de las pandillas, los padres o los amigos. Esto supone el sólido respaldo de una ética humana y religiosa que no puede “inventarse” de un día para otro. De ahí el éxito de las instituciones que actúan desde unos valores cristianos más que civiles, en sociedades poco secularizadas. 34  Promover la integración de adolescentes y jóvenes “violentos” y “no violentos” que conviven en las mismas comunidades, expuestos a los similares factores de riesgo, y compartiendo una misma situación de pobreza y marginalidad social y económica, estando afectados ambos 33 En cambio, ninguna experiencia exitosa ha concentrado su estrategia en sólo el apoyo a los padres, la oferta de oportunidades de trabajo para los jóvenes o las actividades extracurriculares, si no que entregan opciones variadas y suficientes para responder a todos o a la mayoría de los factores de riesgo, por medio de alianzas o cooperaciones más o menos formales con otras instituciones.

34 Sin embargo, un rasgo común a estas experiencias es el despliegue de sus capacidades de gestión para asegurar una relativa autonomía y posibilidades de impulsar acciones más allá de la política de las estructuras eclesiales.

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grupos por la violencia. Por lo anterior, todos los adolescentes y jóvenes de la comunidad deben acceder a los beneficios de las ofertas de prevención, y no sólo algunos, especialmente cuando se proporcionan beneficios especiales sólo para adolescentes y jóvenes que están en conflicto con la ley, como una especie de “soborno”. El mensaje es que las intervenciones efectivas no discriminan entre jóvenes “malos” y “buenos”. Esto fortalece los factores de protección en ambos grupos; en cambio, aislar a los adolescentes infractores de sus pares no infractores, limita el éxito de la intervención o termina siendo contraproducente.

Ofrecer espacios públicos de encuentro e interacción social entre los adolescentes y la comunidad, en actividades que construyen y restauran la infraestructura comunitaria y social del barrio, o bien inciden para que ellos se apropien de los recursos y dotaciones del barrio o vecindad y las utilicen.

No se procura, en cambio, que los adolescentes y jóvenes formen un “mundo aparte”, artificialmente aislado de su realidad familiar y barrial.

Dar a adolescentes y jóvenes la oportunidad de formar parte de un proyecto significativo y valioso para ellos mismos y su comunidad no sólo genera factores protectores y alimenta la capacidad de resiliencia, sino que permite el surgimiento de líderes juveniles que pueden convertirse en referentes de vida para niños y adolescentes.

Apoyar a jóvenes para que adquieran competencias y se conviertan en animadores, monitores y coordinadores de los proyectos de prevención de la violencia, facilita no sólo un medio de vida sino que proporciona a otros un modelo cercano y positivo para imitar.

Atender a la necesidad de generar mejores ingresos como derecho social a la equidad e igualdad. Por eso, las intervenciones que trabajan en el nivel familiar se preocupan también por apoyar la búsqueda de soluciones dirigidas a mejorar la renta familiar por medio de capacitaciones, bolsas de empleo y créditos subvencionados, especialmente en familias de alto riesgo, como aquellas con jefatura familiar, baja escolaridad, pobreza y/o madres y padres adolescentes.

Hacer una oferta que mejore la empleabilidad de los jóvenes y tome en serio su necesidad de construir una autonomía económica. Esta innovación, puesto que las ofertas educativas tradicionales no la considera como una necesidad, ha conseguido mantener a los adolescentes en la escuela o regresar a ésta, facilitándoles formas de ganarse la vida, reconociendo el potencial creativo y el valor artístico de sus expresiones culturales.

Construir alternativas culturales capaces de demostrar no tanto la negatividad de la subcultura de la violencia —que muchos contemplan, por el contrario, con admiración— sino las ventajas de elegir otra forma de vivir.

Es importante resaltar que estas alternativas son atractivas, emocionantes y de estilo juvenil —como la música, los deportes o la danza—, y ofrecen una identidad propia por medio de la identificación grupal con modelos de vida y referentes culturales distintos a los que presentan los líderes de las pandillas y bandas criminales.

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 Integrar las intervenciones a redes locales, muchas veces informales, y favorecer la creación o fortalecimiento de alianzas con grupos y asociaciones al interior o fuera de la vecindad. Así, mejoran sus posibilidades de incidencia en los marcos jurídicos y en las decisiones políticas que generan las condiciones que determinan las estructuras de oportunidades y alternativas para adolescentes y jóvenes.

En este sentido, los programas más exitosos creados por los gobiernos, la mayoría con financiamiento de la cooperación internacional, son aquellos que definen planes de acción integrales en desarrollo juvenil y prevención de violencia, con una financiación sostenida y equipos de trabajo relativamente estables, que involucran a los jóvenes en la planificación, ejecución y seguimiento.

Así mismo, los programas se están planteando el establecimiento de alianzas de diverso tipo con las organizaciones de la sociedad civil, lo que sin duda en la práctica conlleva a revisar y ajustar las culturas organizacionales de ambos sectores. En estas intervenciones, el Estado ha cumplido un rol irremplazable en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, posibilitando el desarrollo de sentimientos de confianza, la apropiación cívica de los espacios públicos, y el fomento del asociativismo horizontal en las comunidades.

De este modo se ha permitido la expresión de demandas y propuestas de la comunidad para incorporarlas a las políticas públicas de prevención, y se ha promovido la unificación de criterios de coordinación y consenso con la comunidad y las ejecutoras directas de los servicios con el fin de que las intervenciones de prevención no perjudiquen la convivencia social ni estigmaticen a los adolescentes y jóvenes de un sector.

En esta función, la cooperación internacional ha tenido un papel importante al servir de “prestamistas” de poder para que las realidades de “abajo” sean incorporadas y tenidas en cuenta en las estructuras de decisión de los gobiernos.

Por otro lado, especial atención se está prestando al desarrollo de capacidades institucionales en los programas con financiamiento internacional, desde una perspectiva de generar mayores bases de sostenibilidad técnica. Sin embargo, sería menester impulsar al mismo tiempo, el desarrollo de relaciones de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, de manera que se generen acuerdos para la sostenibilidad financiera de los programas.

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V. RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO ARMANDO PAZ Con todo lo anteriormente planteado y considerando los objetivos y estrategias de intervención de Armando Paz, ¿cómo podría el proyecto hacer una diferencia substancial y agregar valor a los ya importantes avances que se registran en el área de intervención? En primer lugar, es necesario resumir los rasgos actuales más relevantes de la situación en la que quiere intervenir el proyecto: a)El contexto social, cultural e histórico no fomenta el diálogo intergeneracional y alternativas de comportamientos culturalmente compartidos entre adultos y jóvenes Las condiciones históricas y estructurales de las sociedades centroamericanas han generado sociedades fragmentadas y escasamente cohesionadas, con altos niveles de desconfianza interpersonal y hacia las instituciones, que se vincula con altas tasas de homicidios y desigualdad económica.

Este contexto refuerza la tendencia a prácticas autoritarias, discriminatorias y represivas en las relaciones entre generaciones, factores que aumentan las probabilidades de comportamiento violento, especialmente entre jóvenes que carecen de infraestructura física y social para su socialización y esparcimiento, y de oportunidades de emancipación y movilidad social. 35 b)La actual situación de los jóvenes plantea crecientes desafíos a la prevención de la violencia, en especial con relación al fortalecimiento y ampliación de la democracia Las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral, la inestabilidad y precariedad de las trayectorias de emancipación hacia la vida adulta a la par de la adquisición de una mayor autonomía social y moral de los padres a edades más tempranas, junto con las posibilidades de la masificación de las nuevas tecnologías de la información – en especial, la difusión de la telefonía móvil - para generar nuevas formas de movilización y agregación de intereses, son factores centrales a la hora de planificar intervenciones innovadoras de prevención de la 35

Según el informe del taller “Violencia de los Adolescentes y las Pandillas (Maras) Juveniles” de la OPS/OMS, ASDI y BID, la pertenencia a pandillas, “… sirve para ‘liberar’ los adolescentes de la autoridad de los padres, además de asegurarles amistad y unión con sus pares, y respeto, protección y confianza en sí mismos.

Sin embargo, admiten que, al mismo tiempo, con la filiación pandillera han perdido la confianza de la sociedad, oportunidades de educación y trabajo, además de tranquilidad” (OPS/OMS, ASDI y BID, 1997, 101).

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violencia en torno a estrategias que promuevan la participación y organización juvenil.

Este contexto bien puede reforzar entre los más jóvenes una versión minimalista de la democracia representativa, con una visión instrumental de los procedimientos democráticos en que se privilegian los resultados en términos de crecimiento económico y bienestar social individual, pero también potenciar su participación en las decisiones públicas más substanciales, lo que exigirá perfeccionar los mecanismos institucionales de la política, especialmente en sus aspectos de participación. c)Cambios en motivación y formas de la participación juvenil Los intereses y expresiones de la participación juvenil son muy diferentes a los que tenían las anteriores generaciones de jóvenes: en ausencia de los grandes relatos megapolíticos y la dificultad de organizar sus vidas en torno a la transición escuela-trabajo, los jóvenes no se sienten representados por las instituciones y mecanismos tradicionales del sistema político.

En cambio, aparecen tendencias que asocian la incidencia de los medios de comunicación con nuevas formas de asociatividad juvenil, el ejercicio de derechos políticos y civiles en redes virtuales de organización y acción colectiva, y el incremento de actividades voluntarias que compensan su desconfianza hacia los partidos políticos. d)No se da valor suficiente a la organización y participación juvenil autónoma La participación juvenil en asociaciones y proyectos aporta muchos de los aprendizajes y valores necesarios para el diseño de intervenciones de prevención de la violencia. Sin embargo, hace falta hacer más visibles formas de participación más autónomas y con un sentido más crítico:  Numéricamente, la mayoría de los jóvenes están poco organizados y tienen escasa capacidad de articulación con los gobiernos locales. Realizan actividades informales, generalmente deportivas o religiosas bajo la dirección de adultos. Algunas veces, las organizaciones son convocadas para realizar actividades locales conmemorativas o como voluntarios en acciones de ornato, reforestación y adecuación de espacios públicos.  Existe una minoría de jóvenes muy organizados y empoderados, coordinando acciones con redes institucionales y gobiernos locales, con gran protagonismo, presencia y prestigio en sus comunidades, integrados a procesos de decisión en sus gobiernos locales, redes temáticas y comunidades, pero con frecuencia imbuidos de adultocentrismo y que son portavoces de las agencias de cooperación y movimientos políticos.  Al lado de estos dos tipos, hay otros jóvenes que interactúan en “redes” de producción, circulación y consumos de prácticas culturales, donde la 172

tecnología juega un papel fundamental en sus formas de comunicarse y organizarse. Tienen una limitada capacidad de incidencia en los gobiernos locales, más por ausencia de una contraparte adecuada y espacios habilitados para su participación, que por falta de interés. La existencia de estos jóvenes desafía, sin éxito, la pertinencia de los mecanismos institucionales de participación política, que sin duda enriquecerían con sus aportes y voluntades. e)La mayoría de los actores e instituciones de socialización de la juventud trabajan de forma independiente y poco efectiva la prevención de la violencia Al lado de una tendencia hacia la consolidación de redes temáticas especializadas y programas intersectoriales que se han fortalecido en los últimos tiempos, la disponibilidad de fondos y falta de coordinación de las agencias de cooperación que intervienen en la región, junto con la indudable urgencia de las situaciones en las comunidades y el oportunismo de los gobiernos, conlleva a una alta dispersión de recursos.

En esta situación, cada agente e institución (escuela, familia, iglesias, administración pública, ONGs, etc.), realiza en forma independiente intervenciones de prevención, sin relacionarse ni articularse entre sí, haciendo muchas actividades con objetivos de prevención de la violencia en jóvenes sin tener claro por qué ni para qué lo hacen. Estas acciones, aunque bien intencionadas, con frecuencia no están apoyadas en evidencias científicas sólidamente establecidas o son copias deficientes y parciales de modelos y metodologías que requieren equipos entrenados, supervisión a cargo de expertos y herramientas adecuadas (manuales, guías, instructivos, materiales).

De otro lado, se han desarrollado metodologías que se referencian en experiencias anteriores de probada efectividad y validez científica, pero se adaptan a contextos y situaciones locales. Resultan ser intervenciones altamente específicas, que se adaptan a características concretas de sus destinatarios y funcionan según esquemas de gestión que les permiten ajustarse flexiblemente a las demandas, lo que incrementa su pertinencia respecto a necesidades y factores de protección en contextos de alto riesgo, pero con frecuencia no han sido suficiente ni adecuadamente difundidas. f)Los programas exitosos de prevención de la violencia perduran en el tiempo La experiencia individual de los jóvenes que se vinculan a programas de prevención de la violencia que incorporan los factores de éxito identificados en el capítulo de Lecciones aprendidas, llegan a tener un influjo perdurable en la vida de estos jóvenes y generan condiciones de sostenibilidad social que mantienen la oferta atractiva y actualizada.

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En contraste, se percibe que grande programas intersectoriales con recursos de gobiernos y cooperación internacionales, tienen grandes dificultades de institucionalización por carencia de capacidades técnicas, financieras y políticas para su continuidad. No obstante, en torno a estos programas se producen importantes efectos de “cascada” que terminan nutriendo capacidades en ONGs y organizaciones de base que intervienen como ejecutoras o destinatarias de los servicios. g)Apertura de sectores sociales progresistas al enfoque de prevención de la violencia La gradual difusión de experiencias positivas de prevención de la violencia y el activo lobby de las agencias de cooperación y grupos organizados de la sociedad civil, al lado de los fracasos de las políticas de “mano dura” y “tolerancia cero” por sus nulos efectos de reducción de la criminalidad además de sus efectos colaterales negativos, ha abierto posibilidades a programas de gobierno que enfatizan intervenciones integrales en factores estructurales para prevenir la violencia en jóvenes.

Sin embargo, los grupos de poder político y económico integrados al sistema, cuando son afectados por la violencia, tienden a responder con medidas de “atrincheramiento privado” (rejas, alarmas, seguridad privada, etc.), mientras los excluidos acuden al ejercicio de la justicia por mano propia (“juicios sumarios”, linchamientos, grupos de autodefensa, etc.), lo que da más fuerza al argumento de sumar componentes de incidencia política en las intervenciones de los gobiernos en este campo. h)Práctica inexistencia de estrategias sistemáticas de prevención de la violencia por medios de comunicación, especialmente con nuevas tecnologías de información Se detectó la casi inexistencia del trabajo con medios masivos y de producciones significativas para la prevención de la violencia y menos aún de análisis sobre su efectividad, aunque hay un discurso que valora su uso “en teoría”. En cambio, se encontró que las intervenciones que incorporaban un componente de comunicación, enfatizaban el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes para el manejo de los medios de comunicación para fortalecer la autonomía y como “puerta” para atraer a los jóvenes, por sus afinidades generacionales con las nuevas tecnologías y los formatos audiovisuales.

Retos y necesidades para el proyecto Considerando este panorama, se identifican los siguientes retos y necesidades para el proyecto:  Apoyar la clarificación del concepto y la estrategia de prevención de la violencia mediante el fomento de la participación juvenil: Trabajar con los medios para difundir logros y avances, proponer alternativas de acción y 174

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generar nuevas ideas, es una de las estrategias de prevención menos explotada. Por lo tanto, la influencia de los medios de comunicación, tanto los convencionales como los alternativos, debe ser valorada de manera más específica por el proyecto, por sus efectos en las percepciones de la sociedad ante la problemática de la violencia juvenil. Al momento, no existe un consenso entre expertos, personas y grupos involucrados en experiencias que promuevan la participación juvenil, especialmente mediante el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para la prevención de la violencia. El concepto corre el riesgo de ser asimilado a una moda, y por tanto terminar siendo una experiencia más, igual a las otras.

Reconocer y consolidar las redes y prácticas que ya existen: Trabajar en la identificación y consolidación de redes juveniles existentes, tanto de las “virtuales” y en torno a subculturas, como con las más formalizadas consejos y asociaciones juveniles -, para que se incluya su participación en los procesos de reforma a los marcos legales e institucionales de promoción de la juventud.

Activar el capital social de la juventud: No promover organizaciones nacidas al amparo del proyecto sino reconocer y mejorar espacios de participación formales (como la escuela y entidades con programas de servicio solidario) e informales (alrededor de prácticas y consumos culturales juveniles) para crear capital social donde se practique la ciudadanía y la participación social, apoyando experiencias vitales en los jóvenes que les hagan descubrir las necesidades de la sociedad.

Fomentar el trabajo coordinado y en red de los distintos actores que promueven el desarrollo juvenil: Apoyar condiciones que faciliten la coordinación de acciones entre actores estratégicos de procesos clave ligados a la prevención de la violencia, enfatizando la participación de jóvenes. En este sentido, no planificar actividades “propias” del proyecto, sino más bien, articular acciones que apoyen los objetivos de los grandes programas nacionales y regionales de prevención de la violencia, introduciendo los énfasis particulares de Armando Paz e invirtiendo en el acompañamiento de ciclos completos de experiencias juveniles de participación, en el marco de estas iniciativas, hasta que se consoliden efectos y se recojan lecciones aprendidas.

Apoyar las iniciativas para que los medios de comunicación transmitan un discurso positivo: En lugar de realizar actividades de lobby aisladas y unilaterales, integrar y fortalecer estrategias de otros programas para que los principales espacios de opinión pública (radio, televisión y medios escritos, etc.) transmitan en sus productos un discurso positivo sobre los jóvenes y las acciones que se derivan de su participación como actores sociales.

Promover entre los actores institucionales que se dedican a la prevención de la violencia, los intereses y perspectivas de los jóvenes: Es sabido que existe una alta concentración de la oferta institucional en el tipo de jóvenes que mejor responde al perfil de cada institución o política pública, dejando de lado los que no encuadran. En este 175

sentido, identificar grupos de jóvenes que no son visibilizados por las instituciones y programas de prevención de la violencia y promover su diálogo con los responsables institucionales de manera que se les incluya y consulte a la hora de implantar políticas y programas de prevención.

6. Apoyar proyectos de jóvenes que contribuyan a darles un rol inclusivo en la sociedad: Fomentar y difundir proyectos de jóvenes donde ellos consigan sentirse incluidos en la sociedad y sentirse parte de los cambios que mejoran sus condiciones de vida. A su vez, estos roles inclusivos pueden ser inspiradores para alcanzar utopías (ideales) y fomentar los valores de una ciudadanía activa (perseverancia, responsabilidad, honradez, etc.).

7. Proporcionar información a los jóvenes sobre otras iniciativas y apoyos para desarrollar sus emprendimientos: Las posibilidades que ofrece la tecnología, permiten difundir información útil para los jóvenes a muy bajo costo además de mensajes sobre la convivencia pacífica y el valor de la juventud. Es necesario que los jóvenes dispongan de un conocimiento amplio sobre ayudas, beneficios y oportunidades que actualmente son poco aprovechadas. En este sentido, el proyecto puede fortalecer centros y servicios de información juvenil de manera muy efectiva, promoviendo plataformas tecnológicas más amables y accesibles.

Las siguientes son unas propuestas de pautas de actuación y acciones específicas en torno a los temas identificados como retos y necesidades, y que el proyecto podría incluir como actividades en su planeación, partiendo de las experiencias de implementación y conocimientos derivados de sus dos primeros años de operación.

En lo fundamental, se trata de desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento, que permita sistematizar las experiencias y generar procesos de aprendizaje e innovación en actores clave bien identificados y seleccionados. Para esto es necesario entregar informaciones sobre cambios positivos que puedan ser atribuidos al proyecto y puedan alcanzar niveles de interés público, para que sean institucionalizados por el Estado y/o insertarse en mecanismos de mercado, con el fin de alcanzar su sostenibilidad financiera y disponer de un presupuesto operativo adecuado para la magnitud de sus tareas.

Más específicamente, las áreas en las cuales el proyecto podría marcar una diferencia positiva con respecto a lo que actualmente se está haciendo, podemos encontrar las siguientes:  El impulso a políticas nacionales que fomentan la participación juvenil, aprovechando las experiencias piloteadas por Armando Paz con uso de la telefonía móvil y su página Web para la prevención de la violencia;  Promoción de estas experiencias con actores clave de los sistemas institucionales de prevención de la violencia en jóvenes, mediante estrategias de difusión tales como publicaciones y diplomados conjuntos para incidir en la formación de técnicos a cargo del diseño e implementación de las actividades de prevención con jóvenes, 176

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especialmente aprovechando las redes de voluntariado, como oportunidad para que se promuevan diálogos intergeneracionales para mejorar la utilización del marco legal y los recursos del Estado; Difusión de modelos de intervención donde la participación y autoorganización de los jóvenes sean uno de los factores de éxito, para ser analizados en comunidades de aprendizaje y proyectos de voluntariado juvenil, introduciendo cambios en la forma de operar del animador adulto, de manera que estando presente, vaya de a poco cediendo autoridad y poder de decisión al grupo de jóvenes que coordina; Sistematización y difusión del modelo “Armando Paz” para formar agentes de socialización que participan en diferentes instancias de fomento del desarrollo juvenil por medio de productos de comunicación social, apostando por una formación diferenciada según ámbitos de responsabilidad y actuación, con fuerte énfasis en la práctica y la coordinación con otras estrategias desarrolladas en programas de la cooperación internacional; Identificación de experiencias específicas que combinan estrategias de comunicación social, participación juvenil y prevención de la violencia que puedan servir de precedente, mejorando estas iniciativas, trabajando sobre la base de ella para verificar sus logros, y difundiéndola entre jóvenes y actores clave, enfatizando el valor testimonial; Apoyo de espacios de intercambio de experiencias de participación juvenil en prevención de la violencia para reconocer los factores críticos, promoviendo su discusión con agencias de cooperación y responsables de políticas públicas de juventud a partir de la visibilización de las buenas prácticas existentes en el ámbito comunitario para consolidarlas y reproducirlas en otros contextos, aprovechando las iniciativas regionales que se articulan con programas nacionales; La perspectiva regional que apoya el proyecto hace parte de un conjunto de primeros esfuerzos al que parecen sumarse otras iniciativas antes que una verdadera acción sinérgica. Se recomienda al proyecto partir de los intereses compartidos con otros programas de alcance regional para buscar afinidades que permitan la construcción desde abajo y la consolidación de estructuras y mecanismos de articulación regionales, que brinden respaldo a las iniciativas existentes en los ámbitos comunitarios, según necesidades y posibilidades de cada país, en su contexto y marcos políticoinstitucionales; Difusión y monitoreo de experiencias piloto subvencionadas con fondos del proyecto, identificando para qué contextos y situaciones específicas son propicias para desarrollar proyectos de prevención de la violencia, para después apoyar su réplica e incorporación a políticas públicas. También se recomienda estudiar casos de personas particulares, para analizar sus trayectorias de vida y difundirlas como casos de éxito que estimulen valores ciudadanos en jóvenes; En este sentido y usando los medios de comunicación, el programa pueda promover “champions” en el tema de la prevención de la violencia y la 177

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confianza hacia la gente joven y su participación, mostrando historias de vida que han inspirado iniciativas exitosas que han marcado la gestión del trabajo de organizaciones comprometidas con el desarrollo juvenil; Apoyo a buenas estrategias de comunicación social a través de medios masivos de comunicación y figuras reconocidas y confiables pueden ser útiles para modificar visiones unilaterales y discriminatorias del problema de la violencia en adolescentes y jóvenes, y servir para comprometer a sectores “tibios” – como el empresariado - en la búsqueda y apoyo a las soluciones; Elaboración de materiales de difusión de las metodologías para desarrollar acciones de comunicación para la prevención de la violencia juvenil, incluyendo el fortalecimiento de la gestión de los procesos de intervención en comunicación y no sólo en los aspectos técnicos, de manera que las organizaciones comunitarias y juveniles puedan apropiarse de estas estrategias, de manera más sostenible; Organización de encuentros de trabajo y discusión con productores de medios, expertos en prevención, investigadores y jóvenes comunicadores de las organizaciones de base para debatir y aclarar los conceptos en torno al uso de la comunicación y las nuevas tecnologías de información en la prevención de la violencia; Es muy importante considerar la difusión de los resultados e impactos del proyecto para atraer la atención de los gobiernos en el uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de información en la promoción de la participación juvenil y la prevención de la violencia, haciendo explícita su relevancia para la sociedad en general, y más específicamente, sus posibilidades para fortalecer la participación juvenil; Aplicación de criterios para entregar subvenciones a proyectos con objetivos de prevención de la violencia, priorizando propuestas basadas en evidencia científica, que trasciendan los esfuerzos en los campos educativos y de organización de la juventud para incorporar los temas de incidencia política e inserción socio-laboral, e incluyan a niños y adolescentes, ya que las evidencias indican que los factores de protección tienen más posibilidades de ser fortalecidos en estas edades y no tanto en los jóvenes; Un criterio clave para estas subvenciones, es que sean proyectos que promueven una perspectiva intergeneracional por medio de la participación juvenil en iniciativas socialmente relevantes, como presupuestos participativos, control social de políticas públicas, organización comunitaria, etc., evitando prácticas que refuercen el aislamiento social de los jóvenes, centradas en la construcción de espacios exclusivos de participación juvenil (casas y clubes juveniles, consejos y parlamentos de juventud, experiencias de laboratorio para ensayar “elecciones”, etc.); Es necesario que el proyecto incorpore de manera más visible a la policía, la justicia y las instituciones de protección a la infancia y adolescencia. Con relación a la policía, en especial, parece evidente que debe ser uno de los

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grupos-meta clave para Armando Paz, promoviendo una visión menos unilateral, tanto de la institución ante los jóvenes como viceversa;  Así mismo, un campo en el cual el proyecto podría hacer la diferencia, es en la identificación y promoción de proyectos e iniciativas que integran a mujeres y hombres en una perspectiva de discusión y reflexión acerca de los roles sociales de cada género en acciones para reducir la violencia sexual y doméstica contra adolescentes y jóvenes, generalmente hijas y esposas o compañeras, así como padres y madres adolescentes, sin duda un contrasentido, si se toma en cuenta el incremento del embarazo de adolescentes en la región y la vulnerabilidad de estas familias a los factores de riesgo que conducen a la violencia y la reproducen intergeneracionalmente;  Esto conlleva a pensar que el proyecto puede aprovechar este vacío para liderar una mayor coordinación entre las intervenciones que se hacen desde el área de salud sexual y reproductiva con actividades dirigidas a transformar las relaciones y los roles de género que se vinculan con la violencia escolar, la intimidación, la delincuencia y otros problemas de conducta. Un mayor intercambio entre estos tres enfoques — prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, programas de salud sexual y reproductiva, y prevención de la violencia contra la mujer —, sería productivo para todas y de gran beneficio en las tareas de reducción de la violencia.

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