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Sin olvidar la gran corrupción de la IV

fórmulas de control en el objetivo de que éste sea garantizador de eficiencia en los logros a alcanzar.

El problema de la ineficacia de ellos se presenta en cualquiera de los niveles y áreas de prestación de servicios, por lo cual la fórmula de enfrentarlo es común a todas ellas y por tanto deben ser aplicadas en forma simultánea, lo cual sin duda repercutirá en los buenos resultados de la gestión pública.

La comunidad organizada puede y ha de cumplir una actividad de vigilancia en la marcha de los servicios públicos, pues le corresponde advertir de diversas formas de su deterioro, interrupción e ineficacia.

Por tal motivo las organizaciones comunales tienen una función primordial en asegurar que los servicios cumplan con los estándares óptimos en su funcionamiento.

De ahí la necesidad de educar a los ciudadanos en esa función que ellos deben ejercer para su beneficio y del Estado.

En tal sentido, las organizaciones vecinales son órganos idóneos en materializar, mediante la información motivadora, la obtención de esa importante finalidad. Será una ciudadanía contralora efectiva.

Irán Aguilera

Pocos países se atreven, como lo hace el nuestro, a emprender una lucha frontal contra la corrupción, como la que hemos visto en los últimos días, donde el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, se puso al frente, de manera enérgica, para llegar al fondo, hasta las últimas consecuencias, con la activación decidida de la Fiscalía General de la República, la Policía Anticorrupción y la Asamblea Nacional, y el apoyo del Alto Mando Político de la Revolución, y el no menos importante, el del pueblo movilizado en las calles.

¿Pero será verdad, como vocifera la mediática burguesa que nunca ha existido tanta corrupción como ahora? Nadie puede olvidar que el Caracazo en 1989 y la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 tuvieron entre sus causas fundamentales la indignación del pueblo ante la gigantesca corrupción de la depravada democracia adeco-copeyana, cuyas cúpulas podridas desfalcaron al país impunemente.

Fueron miles los casos de corrupción denunciados, con los que se hizo famoso aquello de “delitos sin delincuentes”, recordemos algunos muy sonados:

* Robo de 300.000 millones de bolívares en la construcción del Terminal de

La Bandera, 5.000 millones en Inmerca, y por la concesión del Cementerio General del Sur 1.500 millones, capo: Antonio Ledezma.

* Desfalco y robos con el Viernes Negro, 300.000 millones de dólares, responsables: Luis Herrera Campíns y Leopoldo Díaz Bruzual; el robo con las cuentas mancomunadas, 1.200 millones de dólares, Cecilia Matos y Carlos Andrés Pérez (CAP); robo de 700 millones de bolívares, Vinicio Carrera (Luis Herrera); robo en el Banco de Los Trabajadores (BTV) 1.800 millones de bolívares, Carlos Ortega y CAP; el “Sierra Nevada”, 400 millones de dólares, CAP; la Manzopol, Policía de Manzo González, robo de “jeeps” y armas para el CEN de AD, 180 millones de dólares, Jaime Lusinchi.

* Robos en los Bancos Progreso y Latino, 90.000 millones de bolívares, Luis Herrera-Orlando Castro; robo y quiebra de Viasa, 65.000 millones de bolívares, CAP; Recadi, monto en dólares que nunca se sabrá, Jaime Lusinchi; los cheques de la mamá de Leopoldo López para fundar Primero Justicia; los jeeps de Ciliberto; y un largo etc. Sin contar ahora lo de la banda de Guaidó-López y consortes, que es como seguir removiendo “esta ciénaga pestilente” diría Erasmo de Róterdam en Elogio de la locura

Editor: Felipe Saldivia

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Brasil conmemoró 59 años del golpe a João Goulart

Brasil conmemoró ayer 59 años del golpe que instauró la dictadura en 1964. En la asonada del 31 de marzo, los militares se desplazaron a Río de Janeiro, con el objetivo de detener al presidente João Goulart.

El grupo Brics creará una moneda común

El grupo Brics, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, podría crear una moneda común “fundamentalmente nueva”, afirmó el vicepresidente de la Duma Estatal rusa, Alexánder Babakov.

Avanza juicio

a Guillermo Lasso

Caracas. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó ayer, con seis votos a favor y uno en contra, remitir el proceso de juicio político en contra del presidente del país, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, a la Comisión de Fiscalización del órgano legislativo.

La Comisión de Fiscalización tiene un plazo de 30 días para elaborar un informe en el que debe decidir si recomienda o no el juicio político.

El lapso se dividirá en diez días para que el presidente ejerza su derecho a la defensa; otros diez días para la actuación de pruebas y diez más para la elaboración del informe.

Con el informe, el presidente del Parlamento convoca al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión, el mandatario tiene nuevamente derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos), citaron agencias. l

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