VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2010
Captura el INM a 71 ilegales centroamericanos En dos distintas acciones fueron detectados 71 ilegales, de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño, quienes iban escondidos, en condiciones infrahumanas, dentro de sendos ferrocarriles, en los estados de Veracruz y Oaxaca. Dentro del marco de las acciones tendentes a disminuir la incidencia del delito de tráfico de personas en la República Mexicana, agentes federales de la PFP detectaron a los indocumentados cuando efectuaban los servicios de vigilancia y prevención en ambos lados de las vías del tren de la ruta Coatzacoalcos, con destino a Tierra Blanca, en el tramo Minatitlán-Canticas. Por lo anterior, los elementos federales tuvieron contacto con el ferrocarril e indicaron al maquinista, vía radio, que detuviera su marcha. Fue así como se logró detectar a 50 indocumentados centroamericanos de diversas nacionalidades, quienes iban a bordo del ferrocarril. Posteriormente, los inmigrantes, escoltados por agentes de la Policía Federal, fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación migratoria. La segunda acción, registrada en Oaxaca, fue en respuesta a una denuncia ciudadana, en la que se mencionaba que en la estación ferroviaria de la ciudad de Ixtepec había un grupo de personas que estaba escandalizando. Los federales acudieron al lugar, donde encontraron a 21 personas, quienes manifestaron que estaban esperando el tren porque su intención era llegar a la frontera norte de México. Ninguno de ellos contaba con documentación que los acreditara como ciudadanos mexicanos o que amparara su estancia legal en nuestro país. Los 21 inmigrantes indocumentados -20 hombres y una mujer- mencionaron que procedían de diferentes países de Centroamérica, por lo cual fueron puestos a disposición de la Subdelegación local La Ventosa, de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en la referida entidad para que esta representación social sea la que determine su nacionalidad y, en consecuencia, su situación legal.
Los indocumentados vuajaban en tren.
JUSTICIA 39
unomásuno
Multa de 10 mil pesos a quien maneje con licencia cancelada Quien desee burlar la ley, también será sancionado. JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ REPORTERO
Con 10 mil pesos serán multados aquellos conductores que manejen con licencia cancelada o bien pretendan obtener otra licencia en algún otro estado de la República Mexicana, habiendo sido cancelada en el Distrito Federal. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien validó ayer la sanción económica de 10 mil pesos para quien maneje un vehículo en la Ciudad de México, habiendo sido cancelada su licencia. Los 180 días multa (10 mil pesos) establecidos por la Asamblea Legislativa (ALDF) también se aplicará a quienes traten de burlar la ley y tramiten una licencia para conducir en otra entidad a sabiendas de que faltaron al reglamento en el Distrito Federal. Como se recordará, esta disposición data y opera desde 2008 y afecta principalmente a quienes son detenidos más de dos veces conduciendo bajo los influjos del alcohol, estupefacientes y cuando por negligencia, impericia o falta de cuidado causen lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de terceros. En sesión pública, los ministros de Corte establecieron mediante votación de ocho a favor y tres en contra que la ALDF tiene razón en aplicar esta multa, misma que fue impugnada por el procurador General de la República. El argumento del titular de la Procuraduría General de la República fue que la multa era
Se aplicarán costosas multas a automovilistas que no cumplan con el reglamento de tránsito. inconstitucional por tratarse de una multa fija, excesiva, prohibida por la Constitución. Los ministros señalaron que, sin apartarse de la jurisprudencia de la Octava Epoca, en la que se precisa que una multa es excesiva cuando la ley que la prevé no obliga a quien debe imponerla a graduar su cuantía de acuerdo con las condiciones económicas del infractor, en cuestiones de multas administrativas en materia de tránsito, se puede hacer una excepción. Por tal razón, el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país indicó que tratándose de multas administrativas por las infracciones de tránsito, en la mayoría de los casos, dada la inmediatez entre la infracción y la imposición de la sanción, es materialmente imposible fijar
parámetros objetivos verificables respecto del infractor. Así, el Pleno determinó la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el titular de la Procuraduría General de la República, en la que impugnó la constitucionalidad del artículo 64, último párrafo, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, al establecer una multa fija. En la resolución se establece que en este tipo de infracciones no podría hacerse una valoración de la mayor o menor trascendencia económica del asunto, pues no existe un referente de esa naturaleza en la infracción cometida, ya que ni el valor del automóvil ni la capacidad económica del infractor son determinantes, ni aun relacionados con la objetiva conducta ilícita que se penaliza.
“Soy inocente”, asegura el gerente del Bar Bar "Soy totalmente inocente", aseveró el gerente del Bar Bar, Carlos Cázares Ocaña, al iniciar su declaración en el Juzgado 30 Penal del Reclusorio Sur, tras ser acusado de complicidad en la tentativa de homicidio al futbolista Salvador Cabañas. "Soy totalmente inocente del delito que se me está imputando, mi relación con los agresores del señor Cabañas solamente es de cliente a empleado y en todo momento estuve al pendiente, tras enterarme de la agresión, de salvaguardar la vida de
Salvador Cabañas", declaró. Durante su testimonio tras la rejilla de prácticas, "El Charly" negó de manera reiterada que haya facilitado la huida de los agresores o que haya alterado el lugar de los hechos, como sostiene la acusación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Explicó que la madrugada del 25 de enero actuó utilizando su criterio, por lo que su prioridad fue que se atendiera al futbolista paraguayo y aclaró que ni él ni su personal están capacitados para resguardar una "escena del crimen".
Nada se ha podido esclarecer en el asunto Cabañas.
Cázares reiteró que fue por determinación de él que se trasladó al futbolista al hospital Angeles, ya que consideró que recibiría una mejor atención que en un centro de atención público, a donde lo pretendían llevar los paramédicos. De igual forma rechazó que él haya autorizado que un cliente de nombre Alger Falcón, quien era conocido del presunto agresor de Cabañas, ingresara al local con una supuesta arma, como declaró uno de los vigilantes.