DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2012
Promueve Senado plebiscito, referéndum e iniciativa popular
Dos amparos colectivos presentados contra la aplicación de contratos incentivados de Petróleos Mexicanos a las empresas extranjeras Schulemberger y Petrofac fueron aceptados por el Juzgado Primero del Distrito y el Tribunal Colegiado del estado de Tabasco. Los amparos fueron promovidos por la diputada del PT, Laura Itzel Castillo quien juntó miles de firmas de ciudadanos opositores a la privatización de Petróleos Mexicanos. El caso se aplicó a la autorización de tres campos petroleros. En el 2011 Pemex concedió a la petrolera inglesa Petrofac Facilities Management contratos integrales para la exploración y explotación de los campos petroleros de Magallanes y El Santuario, mientras que el tercer campo el Carrizo, fue concedido a la regiomontana Administradora en Proyectos de Campos, que posteriormente le fue retirada la concesión y se le reasignó a la trasnacional Schlumberger. La empresa inglesa Petrofac así como la firma Schlumberger realizan negocios a escala internacional como proveedoras de servicios y soluciones para las industrias de producción y procesamiento de petróleo y gas. El argumento central de ambos amparos refiere a que las autoridades mexicanas han clasificado la información de las concesiones con carácter de reservada. La forma sobre el otorgamiento de contratos de riesgo, o la participación de un porcentaje en las ventas. La diputada indicó en un comunicado que los contratos fueron clasificados como datos reservados, como información reservada por Pémex, lo que a su parecer, remarcó, es una señal de que el Gobierno Federal trata de encubrir el pago de la renta petrolera a estas empresas internacionales, cuando la Carta Magna que explica y señala expresamente que esa tarea corresponde en exclusiva al Estado mexicano. El amparo colectivo que fue admitido en el juzgado primero de distrito con el número 514/2012 se ajusta a la reforma del artículo 17 de la Constitución en 2010. Con ella se permite impugnar a nivel colectivo cuando se considere que se violenta la ley. La diputada expuso que en el caso del amparo colectivo que se encuentra en el tribunal colegiado de Tabasco, tanto Petrofac y Schlumberger, ayudadas por la Secretaría de Energía y Pemex, presentaron una impugnación. En el caso del amparo del juzgado primero aún no se interpone ninguna acción legal. “En el amparo 514/2012 no han impugnado, es probable que lo hagan. Lo que deseamos saber es si ya se está explotando este contrato, porque si nosotros llegamos a ganar el amparo, como empresas trasnacionales no les conviene comenzar a invertir y explotar, porque este asunto está tratándose a través de un juicio. En éste impugnamos también los términos y las condiciones que habían reservado, que son los términos de la concesión que se clasificó reservada, “opinó la legisladora.
39
unomásuno
Conceden amparo a involucrado en Moreirazo Un juez federal concedió un amparo a Enrique Ledezma Sánchez, ex funcionario de Coahuila, contra el auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de fraude por simulación de acto jurídico. El Juez 1 de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo, Coahuila, otorgó el amparo y protección de la justicia federal, ya que se consideró que la formal prisión dictada violó los artículos 16 y 19 de la Constitución. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, únicamente para que el juez de la causa penal, con plena libertad, dicte una nueva resolución, la cual podría ser otro
auto de formal prisión, o bien, resolver en uno diverso. En una nota informativa, precisó que, se especificó al juez que lo resuelto deberá estar justificado jurídicamente de conformidad a los derechos fundamentales en materia penal. Los antecedentes de este caso se remontan al 30 de junio de 2011, cuando algunos integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de Coahuila denunciaron hechos delictivos relacionados con la deuda pública contratada por el gobierno de esa entidad. En esa ocasión, los diputados señalaron, a través de un escrito, que fueron falseados y alterados documentos a fin de obtener dos préstamos por un monto total de tres mil millones de pesos.
Luego de las investigaciones, el Ministerio Público dependiente de la entonces Fiscalía General del Estado de Coahuila ejerció acción penal contra Ledezma Sánchez y otras cinco personas. Todos ellos en su momento mantuvieron el carácter de servidores públicos del gobierno de esa entidad; los delitos que se les imputaron fueron los de fraude en su modalidad de simulación de acto jurídico y uso de documentos falsos. El asunto fue turnado al Juez 2 de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, quien lo radicó con el número de causa penal 76/2011; posteriormente el 14 de noviembre de 2011, dictó auto de formal prisión contra Ledezma Sánchez.
Validan dictamen de ley para la protección de menores La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de San Lázaro aprobó los dictámenes sobre las leyes de Asistencia Social y la General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que plantea un catálogo de derechos de los menores. Los puntos de acuerdo incluyen un conjunto de disposiciones para proteger y garantizar la promoción y permanencia de los programas dirigidos a la niñez. Con la Ley de Asistencia Social se pretende dar capacidades y
facultades al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), para otorgarle más herramientas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia, y se reconoce al DIF como un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud (SSA). Al respecto, la presidenta de esa comisión legislativa, la priista Yolanda De la Torre Valdez, destacó que la aprobación de estas reformas “es muy importante, ya que se le brindará a la niñez un nuevo orden jurídico que garantice sus
derechos”. Reconoció el compromiso de los demás integrantes de ese grupo de trabajo legislativo, en la construcción de una ley a favor de la infancia, al mencionar que existen 35 millones, menores de 18 años, “situación que demanda un marco jurídico justo y equitativo”. A su vez, la diputada panista, María Joann Novoa Mossberger, señaló que con la creación de la ley para la protección de los menores “se dará un paso sin precedente”, ya que consolidarán un nuevo ordenamiento jurídico para la protección
de la niñez. Apuntó que “de la mano viene una reforma integral a la Ley de Asistencia Social”, en la cual se le reconoce al DIF como un organismo descentralizado de la administración pública, es decir, de la Secretaría de Salud federal. En tanto, la legisladora perredista, Elvira de Jesús Pola Figueroa, resaltó que la ley establece “el piso mínimo” para brindar protección a la niñez, pues incorpora en un mismo orden jurídico principios, derechos y responsabilidades.