general
resolución
En enero de 2013 estaban imputados más de trescientos políticos. La publicación en la prensa (El País y El Mundo) de varios casos de corrupción provocó manifestaciones y acampadas en Madrid y Barcelona.
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En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2012 que realiza la ONG Transparencia Internacional, España está situada en el puesto número 13 de la Unión Europea y es uno de los pocos países que no tiene todavía una ley de transparencia –junto a Luxemburgo y Chipre-. En enero de 2013, España se sitúa en el puesto 19 del ranking mundial, detrás de Uganda.
Corrupción Sindical La profunda crisis económica, política, social y ética está causando un desprestigio profundo del sindicalismo español, consecuencia de los reiterados e innumerables casos de corrupción sindical que tienen su máximo exponente pero no único en los ERES de Andalucía, lo que de confirmarse administrativa y judicialmente supondría un delito continuado e inaceptable. La USO proclama y reclama la necesidad de una regeneración democrática del sindicalismo basada en una transparente gestión económica y financiera sustentada en la honestidad y en el respeto escrupuloso de la legalidad, siendo más necesario ahora que nunca la autofinanciación del sindicato por las cuotas de sus afiliados.
Políticas del Gobierno de Zapatero ante la crisis Durante el pasado mandato congresual de la USO, que arrancó en diciembre de 2009, dos Presidentes del Gobierno han sido los responsables de gestionar la crisis española. Recordamos en primer término las políticas del Gobierno del PSOE dirigidas por José Luís Rodríguez Zapatero.
tintas causas y modificando perniciosamente la negociación colectiva, entre otras cosas. En julio de 2011 se aprueba la reforma de las pensiones, estableciendo la edad legal de jubilación a los 67 años de edad en lugar de a los 65, avalada por los sindicatos CCOO y UGT, medida que representó el mayor recorte de derechos sociales del periodo democrático hasta el momento. De común acuerdo con el PP, en septiembre de 2011 se reforma la Constitución para establecer un techo de déficit presupuestario que no se podrá superar (la regla de oro). Desde USO rechazamos esta reforma injusta en tanto que se antepone la satisfacción de los intereses de la deuda a las políticas sociales.
Política del Gobierno de Rajoy ante la crisis El 21 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy asume la Presidencia del Gobierno con mayoría absoluta parlamentaria, al tiempo que su partido concentra la mayor parte de poder en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Sus primeras medidas de choque antes de finalizar el año fueron encaminadas a recortar el gasto público: subidas de impuestos, congelación de los sueldos de los empleados públicos, pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, incremento de la jornada laboral de los funcionarios, reducción del 20% de las subvenciones, etc. En 2012, el Gobierno aprueba una reforma laboral por medio de Real Decreto-ley que, con la excusa de acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable, lo que hace es eliminar derechos laborales, abaratar el despido, facilitar la reducción de los salarios y generalizar los despidos colectivos de personal laboral de las Administraciones Públicas.
Entre las medidas económicas más importantes del año 2010, se encuentra el recorte de gasto público social por importe de 15.000 millones de euros, lo que implicó la reducción de los salarios de los empleados públicos en un 5 %, la eliminación del cheque bebé y la congelación de las pensiones –a excepción de las pensiones mínimas y las no contributivas-.
En el mismo año, el ejecutivo declara una amnistía fiscal para defraudadores durante seis meses, con el objetivo de aflorar 2.500 millones de euros. Esa amnistía permitió a los defraudadores regularizar lo que no habían tributado, siempre que pagaran un 10% de multa, un tipo muy inferior al aplicado en la mayoría de los impuestos. Además, se blindó a los evasores frente a investigaciones penales. Al final se recaudaron 1.200 millones.
Pocos meses después, aparece la primera reforma laboral y el primer gran atentado a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, abaratando y facilitando el despido, favoreciendo las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo por dis-
También en 2012 el Gobierno implanta “el medicamentazo”, por el que se empeoran las condiciones de compra de medicamentos para trabajadores y pensionistas. Se excluyen de financiación un total de 426 fármacos.