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Acerca de las profesiones y la reforma prevista del colectivo de autónomos Eugenio Sánchez Gallego A mediados de enero, conocíamos la propuesta en firme del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de reformar el sistema de cotizaciones del colectivo de autónomos. Desde entonces, este proyecto, que estaría contextualizado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha transitado el primer trimestre del 2022 rodeado de críticas y como sujeto de debates, principalmente, de corte político. De hecho, el planteamiento inicial ya ha sufrido algunas modificaciones presentadas por el ministro José Manuel Escrivá con el fin de lograr mayor consenso y balance entre los intereses de los distintos agentes sociales con los que se negocia como ATA, UATAE, UPTA, o la CEOE. Desde el Gobierno se desprendió que el objetivo sería equilibrar los limitados ingresos que obtiene mediante el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los crecientes gastos que le implica en prestaciones. Dada su naturaleza, se trataría de un cambio estructural al abandonar el sistema de bases de cotización de elección voluntaria por el autónomo, para establecer un modelo de cotización vinculante en función de los rendimientos netos (a tenor de la última propuesta de finales de febrero) y dividido en varios tramos, cada uno de los cuales asociado a una cuota mensual.
Más del 85% de los profesionales autónomos (persona física) cotiza por la base mínima, un porcentaje por encima del 86% en el conjunto del RETA Estado del RETA Bajo este panorama, el propósito de este artículo es aproximarnos a los factores de fondo que puedan motivar esta reforma, y centrarnos en las peculiaridades del ejercicio de las profesiones colegiadas por cuenta propia que habrían de ser considerados de manera suficiente en este proceso para su mejor desempeño. Primero, ponemos el foco en el RETA; según las estimaciones iniciales del Gobierno se apuntó que esta reestructuración podría incrementar un 20% (unos dos mil millones de euros al año) los ingresos hasta superar los diez mil millones de euros anuales. Sin embargo, en el periodo 2010-2022 se advierte una brecha ascendente entre lo que se percibe y desembolsa que se sitúa en torno a los diez mil millones de euros. Solo en el 2020, debido a la pandemia de COVID, la recaudación apenas rebasó los nueve mil millones de euros, mientras que el gasto en prestaciones rozó los veintiún mil millones de euros. En este cúmulo, las pensiones aglutinan el 90% y el resto tiene que ver con incapacidad temporal, maternidad, paternidad y otros subsidios, entregas únicas reglamentarias y otras prestaciones e indemnizaciones. 22 g Profesiones
En consecuencia, los desequilibrios del RETA son evidentes e invitan a estudiar su posible reformulación por medio de un funcionamiento más sostenible para las arcas de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, conciliar que las prestaciones que reciban los autónomos sean más apropiadas a sus necesidades y no se obtengan a través de cuotas excesivas en relación con los rendimientos obtenidos, pues podrían desincentivar esta modalidad de ejercicio. Singularidades conceptuales del profesional Dentro del sector terciario, los servicios profesionales son credence goods, bienes basados en la confianza, y son los más intensivos en conocimiento dado que la prestación se realiza fundamentalmente con la aportación intelectual adquirida y mejorada gracias a la acumulación de formación y experiencia. Por ende, sin perjuicio del empleo de otros medios y recursos como herramientas o tecnologías especializadas, el capital humano y la confianza son los activos esenciales de los profesionales cuando prestan sus servicios. Una descripción que contrasta con otros sectores como el comercio minorista donde la actividad requiere la adquisición de bienes materiales, mercancías para operar. Estos aspectos son excepcionales en la medida que tienen efectos, traducidos en desventaja, a la hora de poder atribuir menos gastos deducibles en el IRPF o los rendimientos netos de su actividad. Además, el acto profesional se enmarca en el esquema de independencia de criterio, responsabilidad y control deontológico con régimen disciplinario, por lo que el sentido del profesional no es aumentar de manera primordial su tasa bruta de explotación y maximizar su beneficio neto como en cualquier otro sector, sino que ha de conjugarse con la diligencia en el suministro preciso de calidad al cliente, paciente o usuario. Algunos datos ilustrativos En sintonía con el apartado anterior, es ilustrativo abundar en la configuración cuantitativa y definitoria del subsector de servicios profesionales en el terreno autónomo. Comenzamos por indicar que alrededor del 15% de las afiliaciones en este subsector, —lo que supone casi medio millón— se encuentra en el RETA, y también son el 15% de las afiliaciones que tiene este sistema en el país. Y no hay que olvidar que en torno a doscientos mil profesionales que operan por cuenta propia se ubican en mutualidades de previsión social alternativas. Por su parte, algo más del 85% de los profesionales autónomos (persona física) cotiza por la base mínima, un porcentaje por encima del 86% en el conjunto del RETA. Si bien, en el grueso de los 3,3 millones de autónomos, que incluye a los societarios, el volumen que está en la base mínima se reduce al 64,7%, es decir, 2,4 millones de personas. Esta situación tiene reflejo en la cuantía de las prestaciones recibidas. Por ejemplo, la pensión media de jubilación en el RETA es un nº 196 g marzo-abril 2022
