Importancia, potencialidades y desafíos alfredo molinas

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Importancia del sector productivo La pobreza rural está asociada a una profunda desigualdad distributiva de las tierras, sumada a marcadas deficiencias en el acceso a la educación y salud, servicios básicos y no básicos, infraestructura, y otros. Las asimetrías en la tenencia y distribución de las tierras son de muy larga data y han generado numerosos conflictos en el proceso agrario paraguayo, desigualdades socio-económicas en el sector y fuertes crispaciones sociales entre los que viven y trabajan en el campo. En 1963 fueron promulgadas dos leyes, la Nº 852 que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR), y la Nº 854 que establece el Estatuto Agrario. En ese marco el Gobierno, a legalizar ocupaciones de hecho en varios departamentos, impulsó un proceso de colonización hacia los ejes este y norte del país denominado la “Marcha hacia el Este” (décadas del `60 y `70), y se crearon nuevas colonias con miles de lotes agrícolas habilitados, pasando de 130.443 propiedades rurales existentes en el país en el años 1960 a 258.281 en 1980. En estas décadas se dio un intenso proceso de deforestación por la ausencia de políticas ambientales. Se incrementó la superficie de rubros de renta como el algodón y el tabaco, el trigo, la soja y la producción ganadera, el ingreso masivo de colonos y capitales extranjeros fue muy importante. Lamentablemente, los resultados fueron insuficientes y con la apertura democrática los conflictos por la tierra se han profundizado, generando una situación problemática que continua hasta nuestros días y que parece no tener atisbos de so32

lución. Desde 1989 se han producido numerosas invasiones por parte de grupos denominados de “campesinos sin tierras”, quienes con la intención de hacerse de un pedazo de tierra propia, han ocupado propiedades privadas a las que denominan latifundios, tierras improductivas, y supuestas tierras mal-habidas. Las crispaciones sociales se radicalizaron especialmente en los Departamentos de Alto Paraná, San Pedro, Caaguazú e Itapúa. Para analizar la problemática territorial y las convulsiones sociales en el sector Agro-Rural es importante revisar la Constitución Nacional promulgada en 1992, que en su Artículo Nº 128, consagra la Reforma Agraria como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural y la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. El mismo Artículo señala que a este efecto se adoptarán sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de tierra, se organizarán el crédito y la asistencia social, se fomentará la creación de cooperativas y de otras asociaciones similares, y se promoverá el incremento de la producción, su industrialización y la racionalización del mercado, de modo que permita a la población campesina lograr su mejoramiento económico, como garantía de su libertad y dignidad, y como fundamento del bienestar nacional. Un análisis práctico de este Artículo nos demuestra que los pequeños productores tienen derecho al acceso a la tierra para poder generar bienes y servicios que generen beneficios económicos y socia-

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les para sus familias y de esa manera poder llevar una vida más digna como paraguayos, pero en ningún momento autoriza a realizar invasiones y ocupaciones que violen la propiedad privada como muchos pretenden dar a entender. Es urgente que la distribución de tierras sea acompañada de un apoyo decidido por parte de los organismos del Estado paraguayo con el afán de proveer infraestructura, asistencia técnica y crediticia según las condiciones socio-ambientales de los asentamientos y colonias. Aunque en el 2004 se promulgó el nuevo Estatuto Agrario y se creó una nueva institucionalidad ejecutiva denominada INDERT, cuya función es identificar los problemas relacionados a la tierra y coordinar la tan necesitada reforma agraria integral, a casi una década, los mismos problemas continúan en el sector Agro-Rural por la falta de liderazgo y voluntad política para resolver los problemas de arraigo y competitividad en el sector rural. La inequidad estructural debido a las consecuentes ocupaciones del territorio y al fomento de la deforestación y la explotación forestal irracional para la habilitación de tierras para la agricultura y la ganadería, han dado como resultado una agricultura dual, minifundiaria y empresarial. La Constitución Nacional asegura que paraguayos y extranjeros nacionalizados accedan a la tierra para poder trabajarla y con los beneficios obtenidos poder llevar una vida más digna, y que el INDERT por medio del Estatuto Agrario deberá asegurar una mejor distribución de las tierras y

sobre las mismas sistematizar las acciones y actividades que permitan el arraigo definitivo de los productores en el sector rural. El desafío a encarar para lograr el arraigo de las familias de los pequeños productores se sustenta en vencer el bajo nivel de innovación y apoyo tecnológico para el aumento de la productividad, lo que requiere de una adecuada y eficiente asistencia técnica con innovaciones tecnológicas acordes a la demanda de los mercados nacionales e internacionales, incorporando a las pequeñas y medianas unidades productivas por medio de la competitividad a las grandes unidades productivas, disminuyendo la presión sobre la tierra que por su condición natural tendrían consecuencias ecológicas negativas. La utilización de las tierras y sus recursos naturales (bosques, aguas, suelos), está sujeta actualmente a estrictas normas técnicas que favorecen el manejo y uso racional de los mismos, las que deben ser respetadas por los propietarios de las tierras, y por los que la ocupan, debiendo desterrar la práctica de que los “invasores de tierras” no tienen ninguna responsabilidad sobre sus actos y mucho menos sobre la sustentabilidad de los recursos naturales que contienen esas tierras. Es urgente necesidad que el actual Gobierno y los que vengan de aquí en adelante, entiendan y establezcan espacios adecuados de debate e instauren señales concretas y claras de políticas eficaces para el sector Agro-Rural, donde el acceso a la tierra, la educación y la capacitación

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