tos de la sostenibilidad amplia, que en la literatura varían, se propone definir específicamente el contenido de cada una de sus dimensiones asociándolas a los intereses de un actor representativo. En otras palabras, se reconoce que cada dimensión corresponde a intereses específicos de los diferentes actores o grupos sociales. Así, los conceptos abstractos pueden ser comprendidos como los motivos del comportamiento de grupos sociales que sostienen dichos intereses. Es decir, se concibe a los comportamientos de grupos de actores con intereses comunes respecto a la movilidad, como sociales y no como individuales.
TEORÍA SOCIOURBANA
Este esclarecimiento de las dimensiones de la sostenibilidad debe generar conceptos utilizables para la toma de decisiones en el diseño de políticas, en la creación de mecanismos regulatorios que permitan, entre otras cosas, la definición de niveles de oferta óptimos, y que incluso sirvan de base a modelos de planificación.
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En términos conceptuales, las dimensiones de la sostenibilidad pueden ser equiparadas a los intereses o enfoques predominantes de los grandes actores de la movilidad, que son: (i) la autoridad organizadora del sistema de transporte; (ii) la persona que se desplaza; (iii) el operador de los servicios de transporte o infraestructura; y (iv) el resto del Estado, quien representa al no usuario. Se considera que cada uno de estos actores tiene una visión propia de la movilidad. Por lo tanto, relacionar dimensiones abstractas de sostenibilidad, implica conjugar las visiones contradictorias de los actores en la formulación de las políticas, programas y proyectos que atañen a la movilidad. Dimensión ambiental La dimensión “ambiental” se concibe con amplitud, de modo de incorporar en ella el concepto de “entorno”, que comprende lo ambiental, ecológico y urbano. Debería incluir todas las externalidades negativas y positivas de la organización de la movilidad. Igualmente, el consumo de recursos como espacio, energía, etc. En otras palabras, esta dimensión, en la que están incluidas todas las externalidades, va mucho más allá de lo ambiental. Por lo tanto, a quién más impacta y representa esta dimensión es al Estado. En efecto, es el Estado quien, en el desarrollo de la movilidad urbana, debe hacerse cargo de las externalidades y quien representa a la sociedad civil que no se moviliza. Es el Estado quién tiene que asegurar
el acceso cualitativo a los bienes públicos como la salud y la calidad del aire y arbitrar el uso de recursos como energía y espacio. Por consiguiente, al diseñar la dimensión ambiental de la política se debe considerar la visión del Estado nacional quien vela por los bienes públicos. Dimensión social En la dimensión “social” están integrados los beneficios sociales que recibe el sujeto del desplazamiento, o movilidad, según sea organizada la actividad y provisto el servicio y la infraestructura de transporte. Por tanto, a quién más le impacta esta dimensión es a la persona o carga que se desplaza. En el caso del movimiento de carga, se trata de los beneficios o desventajas que sufre la carga, por ejemplo: costos de flete, pérdidas, robos, atrasos y otros costos no monetarios. Dimensión económica En la dimensión “económica” están integrados los costos directos de la organización de los desplazamientos y de la provisión de los servicios de transporte. Aquí, deben ser considerados los costos de inversión, de operación y mantenimiento de los servicios e infraestructura de transporte por parte de los operadores. Se considera el negocio de proveer el servicio, o sea la ecuación de costos más los retornos de la operación privada; no el financiamiento o inversión pública. No se considera quién debe pagar los costos totales del sistema, sino el costo de operación y mantenimiento que requiere el sistema elegido e instalado. El operador de los servicios de transporte o infraestructura es una persona física o jurídica que presta servicios a terceros para facilitar el desplazamiento o para manejar una infraestructura que soporte el suministro de los servicios de transporte. Por ello, son los operadores quienes mejor reflejan esta dimensión de la sostenibilidad del sistema. Dimensión institucional La cuarta dimensión de la sostenibilidad, que podría ser definida como el soporte de las demás, es la “institucional” ya que constituye el envoltorio de las tres dimensiones ya comentadas. Se denomina también “buen gobierno” o “gobernanza” y consiste en la coordinación, organización institucional y normativa, fundamental para que las políticas, estra¬tegias, y la legislación se traduzcan en un correcto equilibrio de las respuestas de la sociedad para realizar y consolidar la sostenibilidad. Incluye además el nivel de inversión que puede aportar la autoridad organizadora al sistema de transporte, ya sea a sus servicios o a su infraestructura. El monto de inversión dispo-