14 / Sobre la responsabilidad de proteger (RP) y el uso legal de la fuerza (a propósito del conflicto en Siria) Y fuera de estos casos, la intervención armada por causa de humanidad que una coalición de Estados o una Organización regional, sin autorización del Consejo y bloqueado este por el veto, no debería considerarse ilegal si cumple con todos los requisitos exigidos por la doctrina de la RP, muy en particular, desde luego, si el propio Consejo la avalase a posteriori. 7. Pero no deseo poner fin a estas páginas (que a la postre proponen no condenar a la ilegalidad eventuales intervenciones humanitarias que se llevan a cabo de modo ortodoxo aun sin la autorización del Consejo; esto es, aceptar el enfoque que vería en 22 ellas una conducta “ilegal solo formal o aparentemente pero moralmente legítima”) , sin proclamar que debería ser el mismo Derecho internacional el que consagrara esta posibilidad siempre que se diesen los presupuestos, porque el Derecho no solo debe el patrón de la legalidad sino también el de la moralidad, máxime cuando es el mismo Derecho el que reconoce, y con el mismo rango, que si está prohibido usar la fuerza en las relaciones internacionales también lo está cometer genocidios o atrocidades a gran 23 escala ; siendo ambas prohibiciones normas sustantivas, de fondo, primarias del 24 Derecho internacional . 8. Es importante y bienvenida sea la convicción de la comunidad internacional de que ya no se puede, y en ninguna circunstancia, dejar sin protección a los civiles en un contexto de conflicto armado o de crisis de las estructuras del Estado, en el que Naciones Unidas esté presente con misiones u OMP. Bienvenidas sean la convicción y su puesta en práctica. Y, sin embargo, esta respuesta dejará sin ella los casos en los que en esos mismos supuestos, que no son estrictamente aquellos para los que la RP se pensó, o en otros en los que el peligro, o su comisión misma, de atrocidades se diera, Naciones Unidas no intervenga porque uno (al menos) de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ha interpuesto su veto.
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En relación directa con esta cuestión, Dapo AKANDE piensa que “es posible considerar que el derecho debería prohibir dicha acción pero que hay casos en que la misma debería tener lugar (como una cuestión de moralidad) aunque la prohibición permaneciera”. Y añade: “desde este enfoque, sería plausible tomar la postura de que aunque una acción en Siria fuera ilegal debería sin embargo llevarse a cabo” (“The legality of military action in Syria: humanitarian intervention and responsibility to protect”, EJIL Talk, 28 de agosto de 2013, p. 3 http://www.ejiltalk.org). 23 En este mismo sentido, entiendo, se manifiesta la profesora LÓPEZ-JACOÍSTE DÍAZ, E.: “Repensando el sistema de seguridad colectiva…” cit,., pp. 137. 141. 24 Y no sustantiva, de fondo, primaria una (la prohibición del genocidio o de la tortura u otras que forman parte del ius cogens internacional) y procesal, instrumental, secundaria la otra (la que consagra la inmunidad de jurisdicción del Estado), argumento que se ha utilizado, sabido es, por la jurisprudencia internacional para entender que incluso cometiéndose por un Estado actos ex iure imperii contrarios al ius cogens, la naturaleza de la violación cometida no puede superar el principio (de otra naturaleza) de la inmunidad de jurisdicción.(vid. ad ex. GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª.J.: El Derecho Internacional en la encrucijada, Trotta, Madrid, 2012 [3ª edición], pp. 84-87).