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Miércoles 2 de agosto de 2017 Viernes 1 de Abril 2011
Kiko obliga a constructores abastecerse en e Por Semanario Zeta
E
l gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ha ordenado a toda empresa que celebre un contrato de obra pública en Baja California, comprar el asfalto necesario en solo dos empresas: Industrias Zahori y Guaycan Químicos y Petrolíferos, ambas vinculadas al secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache. La primera fue dirigida por el miembro del gabinete del gobernador y continúa con su esposa como socia. No solo eso, el otro propietario de Industrias Zahori es José Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Cce) en Baja California y como tal, el interlocutor entre las cámaras empresariales y el sector gubernamental. Que el Gobierno estatal obligue a los empresarios adquirir el asfalto para obras públicas en la empresa del líder empresarial y del funcionario estatal, significa un conflicto de intereses. Además, Díaz Gallego es familiar de Eva María Gallego Salas, esposa del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y por lo tanto, pariente político de éste. Mientras que Guaycan Químicos y Petrolíferos, la segunda compañía, es propiedad de un empresario con negocios que también incluyen a la familia de Bonfante Olache. En sí, que el gobierno designe a dos empresas como exclusivas para que sus contratistas adquieran uno de los principales materiales para la realización de construcciones, se trata de un acto que viola la propia Ley de Obras Públicas, Equipamientos y Suministros, que pone al borde de la quiebra a las 21 empresas productoras de asfaltos en Baja California y que ha
unido a empresas constructoras para exigirle al gobierno que detenga este tipo de prácticas monopólicas. La instrucción del gobierno se hizo además de manera oficial. Por medio de un documento fechado el 3 de julio. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morelos, informó a la industria constructora que estas dos empresas son “las únicas que serán aprobadas para brindar los servicios de proveeduría de productos asfálticos, utilizados en licitaciones de obras públicas de Baja California”. Esto a pesar de que, como titular de SIDUE, Manuel Guevara ni siquiera tiene competencia orgánica para impedir que otras empresas participen como proveedoras y mucho menos, para designar exclusivos. Al hacerlo, rompe la regla de la libre competencia que le impedirá al propio gobierno tener costos competitivos. Gobierno se otorga atribuciones que no le corresponden Para dar paso a tal arbitrariedad, Sidue dijo corroborar que las dos empresas elegidas, situadas en Mexicali, cumplen con las disposiciones dictadas por las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del estado de Baja California. Estas normas, afirma el oficio en poder de ZETA, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de octubre de 2016, y dictaminan que las plantas de los proveedores de asfalto deberán estar establecidas en México y con residencia en Baja California. También deberán contar con equipo comple-
to de laboratorio y personal certificado en el Estado, con reconocimiento de la Asociación Mexicana del Asfalto (Amaac-Imt) en el área de asfaltos.
recorrido físico en las instalaciones, solo necesitan la copia de los oficios de reconocimientos por parte de la asociación que certifica, la norma Amaac-Imt, el laboratorio y del personal.
Lo anterior, sin embargo, no justifica lo que hizo después el Gobierno del Estado. De acuerdo con el oficio firmado por Guevara, representantes de dependencias gubernamentales, en compañía de empresarios y personal de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), actuaron de inspectores durante un recorrido físico a las instalaciones de Industrias Zahori, Guaycan Químicos y Petrolíferos, así como de una tercera empresa, SEM Materials México, el martes 13 de junio.
En específico, la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMICBC) puntualizó, respecto a la participación de la CMIC, que la Cámara “no es un órgano rector establecido para dictaminar cómo se participa o licita alguna obra”.
La decisión de acudir a revisar las instalaciones, asegura el secretario de “Kiko” Vega, forma parte de “los acuerdos generados durante la reunión del 12 de mayo de 2017, en la delegación Baja California, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), representada por el ingeniero Alfredo Gómez Ramírez. La medida resulta absurda para expertos, puesto que el trabajo de certificación de calidad lo hacen laboratorios acreditados por el Gobierno Federal, así que esta corroboración física resulta innecesaria e interviene con atribuciones reservadas para otros organismos. Además, las normas publicadas en el Periódico Oficial no hacen mención de que se requiera un
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Empresarios rivales inspeccionan compañías El hecho de que la tercera empresa inspeccionada, SEM Materials México, no fuera incluida en la lista de empresas aprobadas para vender asfalto a contratistas de gobierno, no significa que no haya pasado las mismas pruebas de calidad. Guevara justificó en el oficio que SEM Materials México negó la entrada a la comitiva, “expresaron que por política interna, tienen como limitante la visita de competidores”. La decisión no resulta extraña. Cualquier empresario sabe que abrir las puertas de sus procesos de calidad y de producción a personal de gobierno e incluso a empresarios rivales -como lo fueron los representantes del sector privado- es regalar información confidencial y otorgarles una ventaja en competitividad.
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