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Viernes 114de deAbril diciembre 2011 de 2012
Palco de Prensa La impunidad oficial II Por Gilberto Lavenant gil_lavenants@hotmail.com
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l sábado 29 de Septiembre, comentaba aquí en Palco de Prensa, bajo el título: “La impunidad oficial”, que los ciudadanos no confían en el gobierno, porque saben perfectamente que cuando algún funcionario público, incurre en algún exceso, irregularidad o presunta comisión de algún delito, nada pasa. Que nunca se procede en su contra. Decía entonces que programas como !Pónle dedo al ratero! o ¡Denúncialo, nosotros sí vamos! no operan, cuando el señalado es un político. Que aunque ya no estén en funciones, y hayan o no tenido fuero, los políticos son intocables. Advertía que si se hiciera una revisión en las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, en Baja California, se podría observar la enorme cantidad de averiguaciones previas contra las que se aplicó el llamado “recurso de alzada”. Las alzaron, o guardaron, para que nadie las alcanzara, para resolver lo conducente. Rceordaba que un par de meses antes de que, por circunstancias del destino, el panista Alejandro González Alcocer, fuese designado Gobernador del estado, a la muerte de don Héctor Terán Terán, un Agente del Ministerio Público turnó ante el juez penal en turno, indagatoria con petición de orden de aprehensión, en la que aparecía como presunto responsable de hechos ilícitos. Que, irónicamente, el indiciado, luego de la gubernatura, llegaría al Senado y ostentaría la presidencia de la Comisión de Justicia. Una burla. Subrayaba, que en México, prácticamente sin
distinción de siglas partidistas, los políticos aplican al pie de la letra aquello de que “perro, no come perro”, disculpando la expresión. Que se dice que los políticos conjugan a la perfección el verbo “tapar”. Yo te tapo, tú me tapas, él nos tapa, nosotros nos tapamos, ellos nos tapan, todos nos tapamos. Que por eso la impunidad oficial, es una institución sumamente “sólida”. Observaba que, salvo contadas excepciones, cuando las circunstancias lo permiten, se procede contra algún exfuncionario, pero sólo como escarmiento para muchos otros. Hasta ahí. Decía que no obstante que por obligación constitucional y conforme a las funciones del cargo que ostentan, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar a quien o quienes aparezcan como presuntos responsables de algún hecho delictivo. Pero que las fallas o encubrimientos se dan en el área de procuración de justicia. Concretamente en las Agencias del Ministerio Público, dependientes de la Procuraduría de Justicia, que a su vez dependen del Gobernador del Estado. Que ahí está el meollo del asunto. Entonces, recordaba que el 26 de octubre del 2011, el Lic. Héctor Vega Galindo, con el carácter de apoderado legal del XX Ayuntamiento de Tijuana, presentó una denuncia de hechos presuntamente delictivos, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, en turno, en la que aparecían como presuntos responsables el exalcalde Jorge Ramos Hernández y varios de sus colaboradores.Que el representan-
te legal del XX Ayuntamiento, señaló en dicha denuncia que “…cuando los hoy denunciados se desempeñaron como servidores públicos del XIX Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, retrasaron sin causa justificada los pagos de las aportaciones del 19% sobre los equivalentes al sueldo o sueldos básicos integrados de los trabajadores del Ayuntamiento, por el período comprendido de la segunda catorcena de Septiembre a la última de Diciembre del 2009, así como todas las correspondientes de Enero y Febrero del 2010, como también retuvieron indebidamente el pago del incremento de las cuotas del personal de seguridad pública por el período comprendido de Enero del 2008 a la primera quincena de Noviembre del 2009, contraviniendo la obligación legal de enterar al ISSSTECALI, a más tardar diez días naturales posteriores a la fecha de pago de los salarios, las cuotas y aportaciones establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California”. En la denuncia, se explicaba que dicho retraso representó un pasivo que dejó la Administración Municipal del XIX Ayuntamiento, a la actual del XX Ayuntamiento, por la cantidad de $ 57 millones 124 mil 384 pesos, más los recargos que se generaron, por no haberse enterado las cuotas y aportaciones dentro del plazo de diez días naturales posteriores a la fecha de pago de los salarios catorcenales. El exalcalde Ramos Hernández, tratando de evitar acciones legales en su contra, por tales irregularidades, alegando que era anticonstitu-
cional tanto la denuncia penal presentada en su contra, así como solicitud de juicio político por tales hechos, promovió juicio de amparo, el cual le fue negado, insistió ante el Tribunal Colegiado y el resultado también le fue adverso, según lo reveló la Síndico Procuradora del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, el pasado 28 de septiembre. Pues bien, el pasado martes 11 de diciembre, el Alcalde Carlos Bustamante dio a conocer, en conferencia de prensa, que presentó una nueva denuncia penal en contra de su antecesor, Ramos Hernández, por irregularidades detectadas en el manejo del Pire, Porgrama Integral de Repavimentación, además de que se dolió de que la Procuraduría de Justicia del Estado nada había hecho en relación con la denuncia anterior. El aludido, exalcalde panista, ayer jueves, en conferencia de prensa, se defiende de las acusaciones, las que ubica en el nivel de simples chismes, que dijo tienen como objeto el desacreditarlo ante la opinión pública. Que es un hombre decente, honrado, honesto, que tomó “decisiones amorosas” por su ciudad. Asumió pues el papel de víctima. Este es el resultado de que, de manera absurda y censurable, la procuración de justicia se maneje con fines políticos. Que la impunidad oficial genere políticos cínicos, a sabiendas de que por encima de cualquier denuncia, valen más el amiguismo, el compadrazgo y la filiación partidista. Y todavía, para colmo, se atreven a pretender la gubernatura estatal.
La Bufadora Profecía Por El Mosquito Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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unque muchos le temían a la profecía Maya, en el día 12 del décimo segundo mes del año del 2012 (12/12/12), no sucedió un cataclismo, una hecatombe o una tragedia mundial, pero sí hubo pequeñas sorpresas que seguramente quedarán para el anecdotario. Ocurrió en Tijuana. La víctima fue nada más y nada menos que el recientemente estrenado presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quien sufrió peculiar desaire durante su primer gira de trabajo a Baja California, en el salón del Grand Hotel de Tijuana, donde se ocupó sólo un tercio del sillerío, y muchos de los asistentes fueron funcionarios públicos, reporteros de la fuente, empleados del mismo hotel, elementos del Estado Mayor, empleados de la presidencia de la república y, claro, “fans”. El hecho fue difundido en tiempo real por las redes sociales, donde las fotografías eran más que elocuentes, ya que mostraban a empleados retirando sillas y acordonando grandes espacios que habían sido preparados para unas mil personas. Infórmate diariamente en
Para colmo, en el evento se vio a un Peña Nieto muy agripado y un poco desencanchado, pues dentro de sus apuntes no atinó a anotar el nombre de Ensenada, pese a que fue referido por varios de los oradores, entre ellos el gobernador, José Guadalupe Osuna Millán. De hecho los dos primeros puntos mencionados por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas fueron para mencionar la coincidencia de asistir a su primera gira por la entidad un 12 de diciembre, día del santo del gobernador, y para felicitar a los tijuanenses por el campeonato de los Xolos. Por cierto, esta segunda mención fue objeto de la rumorología, pues estaba presente Castro Trenti, quien esperaba saludar al presidente a su salida del salón, pero no contaba que el huésped distinguido saldría por el lado opuesto. ¿Acaso esa sería la consecuencia del 12/12/12? Peña en Tijuana Los políticos que saben y los que no, todavía
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escudriñan en cada una de las expresiones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para saber a qué vino a Baja California. Si el mandatario continúa sus giras por el resto del país, si entre los estados se campechanean los -14- que el año próximo celebran elecciones, de los cuales el único que elige gobernador es Baja California (y es el tercer estado que visita), solo entonces podríamos oler algo de futurismo político. Lo cierto es que el jefe de la nación se reunió con empresarios, alcaldes y gobernador. Es decir, una parte de la sociedad y las autoridades locales. Nada de eso huele a destape. En su discurso, bromeó con la carta a santo clós que le expusieron los bajacalifornianos en el evento celebrado en el Grand Hotel de Tijuana -donde antes tenía acciones Carlos Bustamante, el alcalde de Tijuana-, y ahí dijo que nadie debía de colgarse las medallas de las obras u acciones por esta frontera, en una evidente in-
vitación a trabajar coordinadamente. Hay quien sugirió que Peña Nieto le preguntaría a los alcaldes de la entidad a quien sugerían para candidato -nada más absurdo, habida cuenta que tres de ellos están apuntados- al gobierno de Baja California. No, esa no es la forma, ni en el PRI de hoy ni en el dinosáurico. No es por ahí. Lo que quizás vino a decir Peña, sin muchas especulaciones, es que está dispuesto a cumplir los compromisos ofrecidos como candidato y regresa a la entidad apenas 10 días después de asumir el mando del país. También, que autoridades y sociedad se preparen mejor, se pongan las pilas y armen las mesas de trabajo de los proyectos planteados, dejando de lado la pose, foto y discurso político, porque seguramente regresa pronto y no vaya a pasar que, como en la campaña política pasada, no hubo quien llevara al menos una propuesta para Ensenada.
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