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la pequeña empresa (small business increment financing, SBIF). Sin embargo, estos procedimientos implican tener un registro adecuado de la propiedad, un registro catastral completo, una fiscalidad del suelo y de la propiedad, acompañados de herramientas de gestión del suelo y de gestión de proyectos que incluyan el desarrollo de vivienda social con el fin de mitigar el riesgo que las poblaciones más pobres se conviertan en víctimas de la valoración del distrito. Estas condiciones son prerrequisitos al éxito de las operaciones de este tipo (los ejemplos incluyen Tokio, Chicago, Estambul, Shanghái, Bogotá y Brasilia). También se están empleando estrategias y herramientas presupuestarias, económicas o de monitoreo complementarias que transforman los modelos de organización de la autoridad local o de las instituciones asociadas, promueven mayor igualdad en el acceso a los servicios básicos y fomentan nuevos y dinámicos canales de comunicación con los ciudadanos. Algunos ejemplos son el presupuesto participativo (Porto Alegre y Yaundé), las monedas sociales y locales (Río de Janeiro, Bristol, París, Toulouse, Ámsterdam), los nuevos indicadores de riqueza (Bogotá, Sao Paulo) y la reducción de las horas de trabajo (El Paso, EE.UU.). También son necesarios impulsar paralelamente acciones políticas, socio-económicas y técnicas, incluyendo entre otras: la cooperación descentralizada/entre ciudades y la cooperación entre iguales (entre países o territorios); los impuestos sobre la masa salarial de las empresas, los subsidios al transporte pagados por los empresarios a sus empleados y las tasas por congestión urbana; profundizar el análisis de impacto de las economías de escala, de reducción de costes y una mejor valorización de las externalidades positivas derivadas de las intervenciones urbanas en
los servicios básicos; la distribución equitativa de los ingresos de los servicios básicos; las tarifas diferenciadas, incluidas las exenciones, el enfoque hacia grupos de población concretos y subvenciones cruzadas; la cooperación con redes de economía y finanzas solidarias (cooperativas de producción de energía ciudadana, por ejemplo); el compromiso negociado con el sector privado a través de programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); la financiación colectiva local (local crowdfunding) y el microcrédito local para hogares y entidades que trabajan en el desarrollo o la prestación de servicios básicos. Estos elementos se ilustran con los casos de Antananarivo, Berlín, Sao Paulo, Durban, Londres, Singapur, Semarang, Casablanca, Johannesburgo y Río de Janeiro. La diversificación de recursos y socios debe llevarse a cabo, sin embargo, con plena conciencia de las consecuencias de la financiarización potencial de la gestión local. Debido a la debilitamiento del papel del Estado, recurrir a prácticas del sector bancario y del sistema financiero (incluyendo formas de PPP como el Build-Operate-Transfer) y, relacionado con lo anterior, el uso de su lógica sobre el tejido urbano (hipoteca, deuda, titularización, derivados) tendrá un impacto directo y de facto sobre la gestión presupuestaria y, por lo tanto, sobre la definición de prioridades. De hecho, la lógica de estos actores financieros -a menudo fuera del alcance de la visión local- es muy heterogénea. Además, esta lógica se enmarca en escalas temporales totalmente incompatibles con las de las ciudades. La lógica cortoplacista de los actores financieros es contraria a los procesos de desarrollo urbano (de largo plazo), y se basan exclusivamente en el dualismo del riesgo-beneficio, por lo que la ponderación