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de responsabilidades entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la prestación de servicios genera descoordinación en varios sectores. Se necesita además adoptar una planificación urbana y políticas de gestión del suelo coherentes que limiten la expansión urbana y permitan una mejora de los servicios en asentamientos informales y áreas urbanas en rápido crecimiento. También se requiere del uso de instrumentos fiscales basados en el valor de la tierra para promover la construcción de viviendas sociales.
Las reformas fiscales no serán suficientes para financiar las infraestructuras necesarias. Las ciudades deben aprovechar el alto valor de los terrenos urbanos para financiar las inversiones públicas en infraestructuras y servicios. La capacidad de las ciudades para promover la creación de empleo local aprovechando las mejoras urbanas será una cuestión clave. La subcontratación de servicios de construcción y mantenimiento a empresas locales y mediante la cooperación con ONGs para mejorar la calidad de los servicios, pueden contribuir a ello.
Las inversiones necesarias en infraestructuras para el suministro de agua e instalaciones de tratamiento de aguas residuales, así como en sistemas de transporte públicos urbanos son también considerables. La congestión del tráfico ha alcanzado niveles que amenazan la competitividad de las ciudades en la región. En la mayoría de los casos, estas inversiones exceden las capacidades y recursos de las autoridades locales y por lo general se llevan a cabo por parte de los ministerios nacionales, directamente o a través de PPP.
Excepto en Turquía, en este momento existe poco consenso respecto al grado de autonomía que se debe otorgar a las autoridades locales, así como al volumen de recursos financieros que deben ponerse a su disposición. Los conflictos armados y la agitación social han retrasado el proceso de descentralización financiera. Los gobiernos centrales, con escasos recursos, han optado por mantener las finanzas locales bajo un fuerte control (en ocasiones más allá del marco legal existente). Este contexto, aunque transitorio, permanecerá hasta que se restablezca la estabilidad política.