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La normativa fiscal, dificulta que los gobiernos locales puedan generar ingresos sobre las propiedades en proporción a los servicios que son de su competencia. La disparidad entre los niveles tarifarios existentes, los niveles de recaudación y el coste real de la prestación de servicios: en todos los países de la región las tarifas están subvencionadas por el gobierno central. La reticencia del gobierno de adoptar sanciones en caso de impuestos impagos. La falta de mantenimiento de las infraestructuras y la insuficiente prestación de servicios en los asentamientos informales y barrios marginales son factores que contribuyen a la actual inestabilidad de la región. En cuanto a los partenariados público-privados (Public-Private Partnerships–PPP), los gobiernos de los países no productores de petróleo están buscando una mayor participación del sector privado en la financiación de proyectos de infraestructura, pero la crisis financiera mundial y los disturbios civiles iniciados en 2011 han generado una disminución de la inversión privada (doméstica como extranjera) en la región, con excepción del CCEAG y de Turquía. La participación del sector privado en proyectos de infraestructura puede tomar muchas formas, en función del tipo de acuerdo contractual y el nivel de riesgo compartido: concesiones, privatización, construcción de nuevas infraestructuras (los llamados “greenfield projects”), así como otros incentivos para la participación de la empresa privada para disminuir el riesgo de inversión. Sin embargo, dado el contexto económico actual y la percepción generalizada de inestabilidad en la región, los gobiernos han tenido dificul-
tades para plantear modelos de financiación atractivos al sector privado. Los fondos especiales para el desarrollo municipal, en comparación con otras regiones en desarrollo, los países de Oriente Medio y Asia Occidental no disponen de muchos fondos de financiamiento privado o de mecanismos de financiación innovadores dirigidos al desarrollo local. También carecen de instituciones de micro-financiamiento para la vivienda o de ayuda a familias de ingresos bajos para mejorar el acceso a los servicios básicos y las condiciones de vida en barrios marginales y asentamientos informales. Dado que la financiación a largo plazo es difícil de obtener en estos países, se han creado instituciones financieras municipales específicamente destinadas al financiamiento de proyectos de los gobiernos locales. Estas instituciones reciben fondos principalmente del gobierno central y de organizaciones internacionales de desarrollo. La mayoría de los fondos se destinan a financiar proyectos de infraestructura, aunque recientemente se observa una tendencia hacia la financiación de programas de reducción de la pobreza y de proyectos medio ambientales. En relación al financiamiento basado en la valorización del suelo, las autoridades locales utilizan el suelo en áreas urbanas periféricas y áreas no urbanizadas estratégicamente ubicadas como un activo para la financiación de proyectos urbanos y sociales. Normalmente, el uso de los derechos de paso permite disponer del suelo para desarrollar servicios o instalaciones públicas en barrios sin servicios. Así, recientemente las autoridades locales han empezado a utilizar estos instrumentos para recuperar espacios ocupados por edificaciones en ruinas para mejorar las infraestructuras. O revisan el plan de uso del suelo, revendiendo los terrenos a precio de