RESUMEN EJECUTIVO
cidades sectoriales, así como la historia, las tradiciones e instituciones nacionales. Las actuales transformaciones e innovaciones en la gobernanza de los servicios públicos deberían permitir el desarrollo de una atribución de competencias, que no sea absoluta, sino evolutiva - según la evolución de la tecnología y las preferencias de los usuarios. Establecer normas comunes sencillas y operativas, pero evitando la estandarización: la existencia de reglas comunes que reflejen los principios y valores compartidos de los países europeos es necesaria. Sin embargo, estas reglas deben guiarse por el principio de subsidiariedad, según el cual las decisiones se deben tomar a nivel europeo sólo cuando sea más eficaz que hacerlo a niveles inferiores de gobierno. Promover la diversidad: Para todos los servicios que dependen de “la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales” (Protocolo 26 del Tratado de Lisboa), las asociaciones de gobiernos locales en Europa requieren que las instituciones europeas respeten la diversidad sectorial y local; que fomenten la innovación, la experimentación y el intercambio de buenas prácticas y de indicadores comparativos (benchmarking). Articular las dimensiones económica, social, territorial y ambiental: Los servicios públicos básicos desempeñan un papel fundamental para garantizar los derechos fundamentales de cada persona y para promover la cohesión social, territorial y económica. Deberían además tomar en cuenta los nuevos desafíos derivados del cambio climático y del desarrollo sostenible. En Europa, las ciudades generan la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo debido al transporte y a los servicios públicos. Por lo tanto, los servicios públicos juegan un papel
clave para implementar una estrategia de desarrollo sostenible. Desarrollar evaluaciones: La evaluación es una de las herramientas que podría aumentar la eficiencia de los servicios públicos básicos, lo que permitiría satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos. Ésta puede centrarse en el alcance de los objetivos esperados del servicio o en su rendimiento. Ello no implica la creación de nuevos controles jerárquicos sobre las autoridades locales, ni una comparación entre países, operadores o autoridades públicas. Por el contrario, la evaluación debe favorecer el intercambio de experiencias, y dar lugar a un flujo abierto de información acerca de formas de innovación y casos de éxito y fracaso. La evaluación debe ser una herramienta para la adaptación, la evolución y la modernización de los servicios públicos locales. Poner en práctica todas las disposiciones de los tratados de la UE y, en particular, el Protocolo 26: El Tratado de Lisboa refuerza las competencias y responsabilidades de los gobiernos locales como parte fundamental del modelo social europeo. Las nuevas disposiciones de los tratados de la UE deben ser aplicadas, en particular las relativas a los servicios de interés general, y especialmente el Protocolo 26. Éste afirma que los servicios de interés general que no tengan carácter económico no están sujetos a la ley de competencia europea o del mercado interior. Para los servicios de interés económico general, se debe tener en cuenta la diversidad, fruto de los diferentes contextos geográficos, sociales o culturales presentes en Europa; así como seis valores esenciales: un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y el respeto de los derechos de los usuarios.