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25 años. Esto no significa que todos los servicios estén regulados u organizados de forma idéntica (principio de subsidiariedad). - La europeización está vinculada a las tradiciones nacionales y a las especificidades de cada sector. Hoy en día, hay un acervo europeo en el ámbito de los servicios públicos (servicios de interés general) que define el marco organizativo de los servicios básicos, y ofrece claras garantías para los gobiernos locales [véase el resumen de 10 puntos, cuadro 1 en el informe completo]. Marco institucional
En Europa, los servicios básicos se encuentran en el centro de múltiples y complejas tensiones entre: la integración de un mercado interior común - a menudo idealizado, teniendo en cuenta que los servicios públicos están situados en territorios concretos y tienen objetivos específicos; las obligaciones de servicio público (tanto generales como específicas para cada sector) para llevar a cabo las “misiones” y para cumplir los objetivos de interés general definidos por las autoridades públicas; el principio de subsidiariedad y las competencias compartidas entre los distintos niveles de gobierno (europeo, nacional, regional y local), para ofrecer la mejor respuesta posible a cada situación y según las necesidades, contribuyendo a la solidaridad nacional y europea; el objetivo de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Los servicios públicos básicos siguen siendo definidos, organizados, implementados, financiados, controlados y regulados en el marco de condiciones políticas, administrativas, económicas, territoriales, demográficas y culturales diversas.
En casi todos los países europeos, la gestión del agua y del saneamiento se encuentra bajo la jurisdicción de los ayuntamientos u otras autoridades locales. Los ayuntamientos también son generalmente responsables de la colecta y el transporte de los residuos sólidos. Su reciclaje, tratamiento y eliminación pueden ser competencia de diferentes autoridades. Las responsabilidades también pueden depender de diferentes niveles de gobierno en función del tipo de residuos. En algunos casos, la (re)organización de los servicios de eliminación de residuos está condicionada por las normas ambientales, cada vez más rigurosas, impuestas por la legislación europea. El transporte urbano es generalmente una responsabilidad de las ciudades. Cabe recordar que el 70% de la población europea vive en zonas urbanas. Las competencias de las autoridades locales en materia de electricidad son limitadas en la mayoría de los países, a pesar de una creciente tendencia hacia la localización de las políticas energéticas. El proceso de europeización de los servicios públicos básicos ha generado normas comunes que establecen un marco para la “libre administración” de las autoridades nacionales, regionales y locales en cada sector. También se han adoptado reglas transversales que afectan más específicamente el financiamiento de los servicios públicos y los regímenes de contratación pública. Los Estados miembros de la UE y los gobiernos sub-nacionales son libres de decidir el modelo de gestión utilizado para la prestación de servicios públicos básicos. La Unión Europea es neutral en la cuestión de la propiedad de los proveedores de servicios básicos. Hay una tendencia general hacia compartir competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno y entre