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EURASIA
Tras la desintegración de la Unión Soviética, los países de Eurasia que se examinan en el presente informe (Armenia, Georgia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán) contaban con una oferta de servicios básicos suficientemente desarrollada: infraestructuras de agua y saneamiento, redes urbanas de calefacción y transporte público. La proporción de población con acceso a estos servicios era casi comparable a la de los países desarrollados. Aunque la infraestructura creada durante el período soviético se caracterizó por una elevada intensidad de capital y consumo de energía, la prestación de servicios era fiable. En ese momento, el principal inconveniente se derivaba del diseño de las instalaciones que contemplaba un consumo irrazonablemente alto de agua o de calefacción. Esto generaba un gasto muy superior al nivel de ingresos derivados del cobro de tarifas al usuario para la provisión de los servicios y el mantenimiento de las infraestructuras. A diferencia de otros servicios básicos, durante el régimen soviético se prestó poca atención a la gestión de los residuos sólidos. Sus instalaciones eran financiadas con transferencias del presupuesto estatal, mientras que los costes de operación eran
en su mayoría cubiertos por altas tarifas asumidas por los usuarios industriales sobre la base de subvenciones cruzadas. La desintegración de la URSS provocó numerosos cambios estructurales para el sector público en la región. La no renovación de ningún tipo de activos fijos provocó el deterioro de la calidad de los servicios públicos, así como el aumento del número de accidentes en sus instalaciones y redes. En muchas ciudades, los servicios de suministro de agua se hicieron insostenibles. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de desechos sólidos dejaron de funcionar. Los servicios de calefacción urbana se interrumpieron en muchas ciudades de la región del Cáucaso y de Asia Central, incluidas las capitales. A lo largo de la última década, la degradación de la infraestructura de los servicios públicos se ha detenido y, en cierta medida, revertido en la mayoría de los países. Los gobiernos de la región han adoptado una serie de medidas legislativas, institucionales y económicas encaminadas a reformar los servicios urbanos básicos, proporcionar incentivos para mejorar la eficiencia en la prestación y fomentar un entorno propicio para la participación pública. A pesar de estos esfuerzos, la prestación de servicios públicos a menudo no alcanza los niveles