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un incentivo para su uso eficiente. En los últimos años, ha aumentado la recuperación del coste de servicios por vía de las tarifas33. Los modelos de fijación de precios y la capacidad de los operadores de servicios y de los ayuntamientos para recaudar las tarifas y tasas influyen fuertemente en la sostenibilidad y en la asequibilidad de los servicios. En Europa, los precios generalmente se establecen localmente en los contratos entre las autoridades organizadoras y los operadores, aunque las regulaciones europeas influyen cada vez más sobre la financiación y la fijación de precios34. En América Latina, los precios en el sector del agua son establecidos por los organismos reguladores o las empresas de servicios públicos nacionales. En países federales como México, las tarifas deben ser aprobadas anualmente por cada estado. Por lo general, los proveedores de servicios necesitan la aprobación de los niveles superiores del gobierno para cambiar las tarifas35. En el sector de los residuos, el precio es aún más variable pues la mayoría de los ayuntamientos facturan y cobran directamente36. En África y Oriente Medio, las autoridades nacionales (o intermedias) son las encargadas del establecimiento de tarifas. En Eurasia, las tarifas “socialmente aceptables” son generalmente fijadas a nivel nacional o estatal, lo que resulta en una brecha entre los costes y los ingresos, que se cubre mediante subvenciones públicas. La recaudación de tarifas e impuestos es un gran desafío en países de ingresos bajos y medianos. En África, las encuestas de hogares muestran que un 40% de los usuarios no pagan los servicios públicos de agua - en algunos países, esta cifra llega hasta un 65 %37. En muchas ciudades, no hay ningún sistema para identificar la dirección a la que se debe facturar. Por ejemplo, en Maputo (Mozambique) sólo el 15 % de los hogares reciben las facturas.
El primer paso para mejorar la recaudación puede ser el establecimiento de un sistema para identificar calles; aunque es una tarea particularmente difícil en los asentamientos donde la tenencia de propiedad formal ni siquiera se reconoce. Sin embargo, el Informe GOLD III expone casos en que se ha logrado una implementación exitosa de sistemas de recaudación adaptados, por parte de los gobiernos locales o los mismos proveedores de servicios con el apoyo de organizaciones comunitarias (por ejemplo, en Manila, Filipinas). Lograr un equilibrio entre la asequibilidad y la sostenibilidad financiera es uno de los principales retos para la fijación de tarifas, pero estos objetivos no son mutuamente excluyentes. Según el PNUD, para garantizar el derecho al agua, las tarifas no deben superar el 3% del ingreso familiar. En Europa, en 2011, las tarifas representaron un pequeño porcentaje de los ingresos medios de los hogares (1,7% el agua y 4,4% la electricidad), pero estos promedios ocultan variaciones importantes. Si la accesibilidad es una preocupación incluso en los países de ingresos altos, lo es todavía más en países de ingresos bajos y medianos. El debate de la asequibilidad puede ser abordado desde dos perspectivas: a) una perspectiva de mercado, que evalúe los ingresos familiares para establecer las tarifas más adecuadas y así garantizar que los colectivos más pobres puedan asumirlas, y b) un enfoque centrado en los derechos humanos, en particular en el derecho al agua, para garantizar el libre acceso a un nivel mínimo de consumo38. El enfoque basado en los derechos humanos se ha visto impulsado con el reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento por la Asamblea General de la ONU en 201039. En Sudáfrica, la población más pobre tiene garantizado un nivel mínimo de acceso libre a los servicios de agua, electricidad y recogida de residuos sólidos40. Esta estra-
33
OCDE (2009) p. 17
Véase el capítulo sobre Europa, 3.5 Financiamiento de los servicios públicos básicos 34
35
CAF (2012) p. 25.
Véase el capítulo para América Latina, particularmente Martínez et al (2011). 36
Foster y Briceño- Garmendia (2010) p. 10. Véanse los informes regionales para las diferentes modalidades de facturación. 37
Una Directiva de la Comisión Europea también prohíbe la desconexión de la electricidad para los “clientes más vulnerables” en momentos críticos. Las mismas medidas se han tomado para el sector del agua. Véase el capítulo europeo. 38
Asamblea General de la ONU, resolución 64/292, El derecho humano al agua y saneamiento, 28 de julio 2010. 39