RESUMEN EJECUTIVO
manejan alrededor de la mitad del volumen total del servicio, mientras que el sector privado se encarga del 45 %, y un 3% restante recae sobre cooperativas22. En Eurasia, los gobiernos locales externalizan la gestión de residuos a operadores privados. A menudo, en los países de ingresos altos los sistemas urbanos de transporte público están dirigidos por agencias o autoridades públicas especiales, aunque también hay operadores privados y sistemas de transporte de propiedad privada (esto es, redes de autobús y tranvías). En las zonas menos pobladas, los gobiernos locales gestionan los sistemas de transporte puesto que ello no sería rentable para los operadores privados. Tras la caída de la Unión Soviética, en Eurasia y Europa del Este la responsabilidad del transporte público urbano fue transferida a los ayuntamientos, pero sin la correspondiente asignación de financiación para que pudieran asumir su operación y mantenimiento. Ello supuso una caída en la calidad del servicio, lo que propició el surgimiento de operadores privados. En los países de medianos y bajos ingresos, por lo general el sector privado domina el transporte, y los operadores muy pequeños juegan un papel importante. Las autoridades locales regulan las rutas de transporte, el mantenimiento de carreteras, la reglamentación del tráfico, y a veces también tienen servicios de transporte propios (por ejemplo, de Porto Alegre, Brasil).
Véase el capítulo sobre América Latina. 22
La electricidad –generación, transporte y distribución– no es generalmente una responsabilidad del gobierno local, pero en algunos casos la distribución se comparte con las autoridades nacionales. Los informes regionales señalan casos en que gobiernos locales promueven el uso de energías renovables o asisten a áreas geográficas más aisladas con pequeñas instalaciones eléctricas de propiedad local o de cooperativas (en
EE.UU. y América Latina). En China, las autoridades metropolitanas gestionan la electricidad. Sea cual sea la forma de gestión – interna o externalizada–, la autoridad organizadora debe garantizar el control sobre los bienes públicos, la equidad en el acceso y una clara la rendición de cuentas. En los casos de externalización, las autoridades locales deben asumir el seguimiento sistemático y el control de los operadores externos (públicos o privados), así como la evaluación de su actividad. En muchos países, las autoridades locales están poco capacitadas para negociar con operadores privados, que suelen tener más experiencia en procesos de contratación complejos. Las relaciones asimétricas pueden dar lugar a malentendidos, aumentar la incertidumbre y el riesgo y, en el largo plazo, también los costes. Si bien no existe una fórmula universal para el éxito, las autoridades organizadoras deben tratar de maximizar sus puntos fuertes. Los capítulos regionales presentan múltiples estrategias locales exitosas que han permitido la competencia entre operadores, manteniendo al mismo tiempo el control interno y fortaleciendo la experiencia local. El Informe también menciona diversas iniciativas de gobiernos locales para evaluar el desempeño en la prestación de servicios básicos. Existen iniciativas de evaluación comparativa tanto voluntarias como impuestas por los reguladores nacionales (p. ej. IBNET del Banco Mundial, la European Benchmarking Initiative para el agua, o ADERASA , la red de agencias de regulación en América Latina). Los gobiernos locales deben ser apoyados para que puedan fortalecer su capacidad de supervisión, con el fin de promover la eficiencia en los servicios básicos.