Fariña

desmantelada, todavía llevaría a cabo varias descargas más. Los peligros de querer dar el titular del día siguiente.

Cuando llegó la hora del juicio, en 2003, Orbaiz Picos largó raudo y le contó a Garzón todo lo que había sucedido: dejó en calzoncillos a «o Can» y aseguró que él había participado obligado por la Policía Nacional, que le había propuesto según explicó ser su confidente. Después, dijo, la Policía le había dejado tirado, y ya no pudo echarse atrás por miedo a las represalias de los colombianos. Su estrategia no funcionó, y tanto Orbaiz Picos como «o Can» fueron condenados a 20 años de cárcel. A esa condena hubo que añadir nueve años de cárcel por intentar colar, en 1996, tres toneladas y media de hachís a bordo del pesquero pontevedrés Estrela do Mar. Antes de producirse aquella descarga, Orbaiz Picos había sufrido un infarto, pero encontró rápidamente quien lo sustituyera al frente de la operación: su hijo José Luis Orbaiz Quintáns, que resultó un digno sucesor. En el año 2008 la Policía detuvo a Orbaiz júnior con 275 kilos de cocaína a bordo del barco de línea regular Armada, que venía de Colombia y hacía escala en Marín. Le cayeron seis años, pero el día de Navidad de 2014, cuando tenía que ingresar en prisión, desapareció. Hoy sigue prófugo y huérfano: Orbaiz Picos, su padre, el agente que cambió de lado de la ley, murió hace tres años por problemas cardiacos.

No fue Picos el único que saltó de trinchera. «Es algo que tenemos que asumir. Ha habido mucha, muchísima corrupción en el cuerpo en Galicia.

Date cuenta que muchos de los chavales eran de allí. Sus primos o vecinos eran narcos. Y no los querían denunciar», comenta resignado un agente de la Guardia Civil que vivió en primera línea aquellos años.

En el año 2002 cuatro agentes de la Guardia Civil destinados en Sanxenxo fueron suspendidos de empleo y sueldo por mantener cinco reuniones (grabadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera) con la organización de «Sito Miñanco» junto al cementerio de Meis. El propio capo acudió en persona a uno de los encuentros. Los agentes se defendieron asegurando que se trataba de contactos profesionales que formaban parte de una investigación. El juez no llegó a esclarecer nunca el fin de aquellas reuniones, por lo que atenuó la sanción a un año. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo consideró aquellos encuentros «gravemente contrarios a la