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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

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erspectiva conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio.

En punto de fuga, en un sistema de proyección cónica, es el lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, convergen. Existen tantos puntos de fuga como direcciones en el espacio. Propagación: situación que amenaza a expandirse. Del modelo de represión a las causas políticas persecución a la protesta social y a la oposición política y la masificación de la población carcelaria en el modelo carcelario industrial. Este informe es un insumo de reflexión ilustrativo para el Foro “Colombia Entre Rejas: En búsqueda de un Camino para la Libertad y la Paz” por parte de la Campaña por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs “Traspasa Los Muros” y la Fundación Lazos de Dignidad. Este informe se basa en fuentes oficiales, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y testimonios de las y los prisioneros políticos y está compuesto por dos partes, una de contexto y otra enfocada a las problemáticas de las personas en reclusión por causas políticas. 1. Propagación del modelo de represión

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l contexto histórico en Colombia de los últimos 60 años ha estado marcado por la implementación de un modelo económico que lesiona la autonomía de los pueblos a través de la fuerza y en un marco de impunidad que “ha erosionado instituciones y estructuras; ha afectado el mundo de las relaciones sociales y políticas; ha diseñado el Estado.” 1 El actual gobierno de Juan Manuel Santos está cumpliendo una función clave en darle una “legalidad” a los procesos de represión, evidencia de ello son los proyectos de ley con los inició su mandato, enfocados a la “seguridad, desarrollo y consolidación territorial”. Por otra parte, posturas de este gobierno que se habrían podido entender como distintas del gobierno anterior, como el reconocimiento del conflicto armado, no son más que posturas convenientes para reforzar la política de guerra en el país.

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1- “Consecuencias Jurídicas y Políticas de la Impunidad.” Giraldo, Javier M.S.J. Memorias del Seminario Latinoamericano sobre Impunidad, poder judicial y derecho a la justicia. Volumen III, Bogotá, 25-26 de Abril 1997 p.94

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Estas políticas gubernamentales tienen su base jurídica en la lógica de un postconflicto que no existe y evidente en el no reconocimiento del fracaso de la “desmovilización” paramilitar, la estigmatización de las víctimas de crímenes de estado y la descalificación de cualquier propuesta de salida negociada al conflicto y los primeros pasos para llegar a esta como son los acuerdos humanitarios. Y es por esto que seguimos hablando de modelos de represión.

“Si no hay conflicto armado interno, entonces no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla, a los campamentos guerrilleros. Bajo el ámbito de los Derechos Humanos esto está prohibido, bajo el ámbito del Derecho Internacional Humanitario está permitido”, dijo Santos en un acto público en el suroeste del país.” 2

1.1 La criminalización de la protesta social y la oposición política

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ntre julio de 2010 y mayo de 2011 hubo en Colombia 255 agresiones contra quienes defienden los derechos humanos.3 A pesar de que en el mes de agosto de 2010 hubo un cambio de gobierno, se ha mantenido una política de violación a los derechos humanos. La Misión de Verificación de la situación de Derechos Humanos que visitó el país en noviembre de 2011 afirmó que conocieron “numerosos casos de detenciones individuales y masivas y judicializaciones de defensores/as que realizan actividades de protesta social, como la oposición a proyectos mineros, de infraestructura, problemática de tierras, y de los jóvenes que participaron en las recientes protestas estudiantiles, entre otros. Asimismo, hemos recogido numerosas preocupaciones en el sentido de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana haga posible estas actuaciones contra defensores/as y comunidades.” 4 Se evidencia así que la ley penal no es solamente utilizada para las personas alzadas en armas, sino que también se está utilizando para la persecución sistemática de quienes ejercen la protesta social y la libre expresión del pensamiento crítico y la oposición política. Este fenómeno se da bajo la lógica de catalogar como enemigo interno cualquier forma de disidencia. En este modelo de represión, el delito político se ha ido desnaturalizando. Desde la reforma del código penal en 1980, la aplicación del delito político se ha venido modificando notoriamente; se crearon nuevos tipos penales y se empezaron a juzgar por aparte los delitos 2- “Santos reitera su reconocimiento de que hay un conflicto armado en Colombia” 14 de mayo 2011 http://noticias. telemedellin.tv/?p=7153 3- Sistema de Información sobre Agresiones a Defensoras y Defensores (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. 4- Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la defensa de los derechos humanos en Colombia, Informe preliminar, 2 de diciembre de 2011.

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

conexos a la rebelión, asonada y sedición con el objetivo de prolongar el tiempo de juzgamiento por el aumento de cargos, la obtención de condenas más altas y la aplicación de regímenes de alta seguridad que obstruyen la posibilidad de acceder a beneficios judiciales y administrativos, lo que también se ha denunciado como aplicación del derecho penal de enemigo.

MIGUEL ANGEL BELTRÁN VILLEGAS - Prisionero político de conciencia El día 22 de Mayo de 2009, en México D.F. el profesor universitario MIGUEL ÁNGEL fue expulsado ilegalmente por el Instituto Nacional de Migración y entregado a las autoridades colombianas bajo acusaciones de tener vínculos con las FARC. Las acusaciones en contra de MIGUEL ÁNGEL se hicieron por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con base en información los discos duros de las computadoras atribuidas al fallecido miembro de las FARC “Raúl Reyes”, halladas después del ilegal bombardeo que el Ejército Nacional realizó en territorio Ecuatoriano el 1º de marzo de 2008 en el marco de la Operación Fénix. En mayo 18 de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió Auto Inhibitorio en el caso de Wilson Borja por el proceso de la FARC-POLITICA. En dicho auto la Corte sentenció que los elementos probatorios obtenidos en la Operación Fénix que fueron la base de las acusaciones, son ilegales y no pueden ser utilizados en ningún proceso. Basado en este fallo y debido a la falta de pruebas para condenarlo, el día 3 de junio de 2011 MIGUEL ANGEL recuperó su libertad siendo declarado absuelto por la Juez (4) cuarta Especializada de Bogotá después de 2 años en reclusión. Por otro lado, a las y los opositores políticos como forma de persecución se les empieza a jugar por rebelión con el argumento de ser rebelde también aquel que aunque no este uniformado y no porte armas, apoye a un grupo insurgente. De esta forma, se estigmatiza el ejercicio de los derechos a la denuncia, a la protesta y al pensamiento crítico entre otras formas de expresión. Según Naciones Unidas en su último informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia “sigue siendo motivo de preocupación la judicialización y detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de derechos humanos que se fundamentan principalmente en declaraciones de informantes, desmovilizados o informes de inteligencia militar, sin contrastar con otras fuentes. En Arauca se emitieron fallos absolutorios a favor de defensores que llevaban detenidos hasta dos años; las absoluciones se dictaron por falta de pruebas o tras haber sido declarados inocentes de los cargos imputados. Una vez liberadas, estas personas siguen sufriendo estigmatización y amenazas.”5 5- Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010.

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WINSTON GALLEGO PAMPLONA – Prisionero Político víctima de montaje judicial Este defensor de derechos humanos fue detenido el 10 de junio de 2009 en Medellín, dejado en libertad condicional el 25 de mayo de 2010 y el 31 de agosto de 2011 el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín, le profirió sentencia condenatoria. La génesis de la actuación penal en su contra la constituye informes de inteligencia militar elaborados por integrantes del Regional de Inteligencia Militar del Ejército (quienes carecen de funciones judiciales conforme a la Constitución Nacional), basados en testimonios descalificados en otros procesos penales así como informantes animados por la obtención de beneficios jurídicos y económicos que son utilizados temerariamente por las fuerzas militares como parte de la estrategia de judicialización en el marco la lucha contrainsurgente. Este informe de inteligencia relaciona a organizaciones políticas, sindicatos, defensoras de derechos humanos, estudiantiles y culturales como supuestos integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano. Desde el momento de la detención de Winston Gallego, las organizaciones sociales siguieron denunciando y exigiendo que el proceso saliera de la dependencia de la Fiscal 74, esta petición se logró y el proceso fue enviado al fiscal 94 Jorge Enrique Valencia delegado ante los jueces penales del circuito; es de anotar que en esta instancia el funcionario estuvo ceñido al principio de legalidad generando una mayor confianza entre las partes en el proceso y señalando que en el mismo se habían cometido arbitrariedades e irregularidades. A pesar de los alcances que tuvo el proceso en esta nueva fiscalía por disposiciones del saliente Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, el proceso fue trasladado a Bogotá ante la fiscalía quinta Unidad Nacional contra el terrorismo, bajo el argumento de garantizar seguridad e integridad personal a los funcionarios que adelantan su conocimiento, demás intervinientes y la imparcialidad e independencia sobre la actuación procesal. Otra de las irregularidades en este proceso fue el traslado de Winston Gallego junto a cerca de cien presos de la cárcel de Bellavista, el viernes 6 de noviembre de 2010. A pesar de ser sindicado, Winston fue trasladado a la Cárcel La Dorada. La hipótesis de las organizaciones de derechos humanos frente a este traslado se basa en las denuncias públicas que Winston Gallego hizo desde la cárcel Bellavista con el objetivo de evidenciar la grave situación de derechos humanos en este centro penitenciario y los tratos crueles del personal del INPEC a los presos.

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De una forma sofisticada de represión desde el año 2011 se crean nuevos delitos como con la Ley 1453 de 2011 por medio de la cual se reforma el código penal, también conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, encaminada a reprimir de manera “legal” o con la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta última encaminada a reprimir de manera “legal” a la protesta social, el artículo “reformas al código penal 11” establece “no se penaliza la protesta social. Pero sí se penaliza con cárcel de 2 a 4 años a quienes obstaculicen las vías perjudicando la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros. También se penaliza con cárcel, de 4 a 8 años, la obstrucción y daño de transporte público.”

Durante las manifestaciones de los trabajadores de PACIFIC RUBIALES en el municipio de Puerto Gaitán- Meta el 11 de noviembre de 2011, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos asistió a siete personas privadas de libertad judicializadas con la ley 1453 de seguridad ciudadana, varios de ellos han denunciado ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por miembros de la policía durante el procedimiento de captura. Manifiestan los denunciantes que luego de su aprehensión fueron encerrados en una celda en la que previamente habían estallado pipetas de gas y que una vez dentro, dispararon más gases, los cuales impactaron en el cuerpo de uno de ellos, causándole lesiones en su abdomen. Así mismo denuncian haber sido víctimas de golpes, escupitajos, y maltrato verbal. A esto se suma las pésimas condiciones de detención a las que han sido sometidos, como no habérseles suministrado alimentos, ni atención médica a algunos de los heridos, a pesar de haber trascurrido más de 24 horas desde el momento de su captura, y verse obligados a hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas.6 6- “Torturas a detenidos en Puerto Gaitán” Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 11 de Noviembre de 2011.

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1.2. Contexto carcelario y penitenciario El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “observa con preocupación la alta incidencia de hacinamiento, y las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal. Al Comité le preocupa que el aislamiento durante tiempos prolongados sea usado como una medida de castigo. Le preocupa al Comité la falta de separación entre los sindicados y los condenados y la falta de servicios de salud física y salud mental para los internos. El Comité nota como positiva la iniciativa de la creación de los Comités de Derechos Humanos dentro de los centros penitenciarios, sin embargo le preocupa que estos mecanismos estén bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y no constituyen un mecanismo independiente de prevención (Artículos 7 y 10)”. 7

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egún las últimas cifras de población carcelaria públicas, “en 2011 ingresaron a los 142 penales del país 55.112 reclusos, lo que indica un aumentó del 40% en la población carcelaria del país. De acuerdo con la entidad (Instituto nacional penitenciario y carcelario-INPEC), el incremento se dio porque fue mayor el número de ingresos al número de salidas, lo que genera un preocupante hacinamiento en las cárceles colombianas, que para este año se sitúa en 30,5%. El informe señala que en 2011 ingresaron al sistema penal más de 55 mil reclusos, mientras que 19.231 personas recuperaron su libertad.” 8

7- Comité de Derechos Humanos 99o período de sesiones Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010. 8- “Población carcelaria del país aumentó 40% en 2011” 27 de diciembre 2011 http://www.radiosantafe.com/2011/12/27/ poblacion-carcelaria-del-pais-aumento-40-en-2011/

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

99- “El eterno sobrecupo carcelario” El Espectador 16 de febrero de 2011, http://www.elespectador.com/impreso/nacional/ articulo-326991-el-eterno-sobrecupo-carcelario

El continuo crecimiento de población carcelaria incrementa el índice de hacinamiento, factor usado por el Gobierno para justificar la construcción de nuevas prisiones sin resolver de fondo la problemática, preexistiendo un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles y penitenciarias declarado por la Corte Constitucional mediante las Sentencias T-153/98 y T-606/98. “En Colombia la población reclusa, medida como tasa por 100 mil habitantes, también ha venido creciendo en forma sostenida a lo largo de los años, y casi se ha duplicado en 20 años, pasando de 94,9 en 1990 a 185,6 en el 2010, con un crecimiento anual de 4,8%.” El INPEC estima que en 2022 habrá una población interna de 173.679, eso supone que en 10 años se pasaría de 100.959 a 173.67911 , un incremento de 72.720 personas que significa un crecimiento de un 72,7% en 10 años. 10- “El crecimiento de la población reclusa y el hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada” Documento 380 elaborado por la Subdirección de Justicia y Gobierno de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, Diego RESTREPO LONDOÑO, 3 de octubre 2011. 11- Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2010, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 2011.

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Es preocupante que el crecimiento de la población carcelaria sea una proyección gubernamental que parte del plan estratégico de quienes ven los establecimientos de reclusión como un negocio y no se plantean políticas encaminadas a “buscar soluciones al hacinamiento por la vía normativa (modificaciones normativas para despenalizar delitos, reducciones El general Gustavo Adolfo de penas, creación de subrogados penales, justicia Ricaurte, director del INPEC, terapéutica, detención o prisión domiciliaria con acepta que son casi 7.000 vigilancia electrónica, flexibilidad en la sanción 12 los cupos que aún no están intramural, etc.).” Por este enfoque de masificar habilitados y además, como el sistema carcelario y penitenciario, hablamos de la argumento de fondo, explica industrialización de las prisiones.

que “las reformas de justicia, el nuevo sistema penal acusatorio, la Ley de Justicia y Paz, y la Ley de Seguridad Ciudadana han creado nuevas conductas e incrementado las penas en muchos delitos, aumentando la población”.13

En marzo del año 2000, el embajador de Estados Unidos y el Ministro de Justicia colombiano firmaron el programa de mejoramiento para el sistema penitenciario en Colombia, el cual daría paso a una nueva era en materia de seguridad y vigilancia. A través de la agencia USAID y del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, el gobierno estadunidense financió y diseñó el proyecto para la construcción de nuevas cárceles de mediana y máxima seguridad. Con la inauguración de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (La Tramacúa), en noviembre del año 2000, se dio inicio a un nueva política que transformaría todo el sistema penitenciario colombiano y que se conoce como “Nueva Cultura Penitenciaria”. De ahora en adelante la resocialización, que es la función de la pena en los establecimientos de reclusión, queda desplazada y desvanecida para darle cabida a unas nuevas construcciones dirigidas al encierro y al asilamiento como forma de castigo, donde se utiliza la seguridad para limitar derechos. 12- El crecimiento de la población reclusa y el hacinamiento en Colombia en perspectiva comparada” Documento 380 elaborado por la Subdirección de Justicia y Gobierno de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, Diego RESTREPO LONDOÑO, 3 de octubre 2011. 13- “El eterno sobrecupo carcelario” El Espectador 16 de febrero 2012 http://www.elespectador.com/ impreso/nacional/articulo-326991-el-eterno-sobrecupo-carcelario

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

“Los reglamentos que nos imponen actualmente en las nuevas reclusiones ERON, obligan el uso de esposas aun para cortos desplazamientos internos, prohíben el uso de espejos, encendedores, cortaúñas, esmaltes y un larguísimo etcétera, desconociendo las condiciones de seguridad que de suyo garantizan estos establecimientos al estar lejos del perímetro urbano y rodeado de instalación militar, un diseño e infraestructura de alta seguridad, dispositivos eléctricos y electrónicos y una guardia especialmente adiestrada para el manejo de situaciones de riesgo. Es decir, que al prohibirnos hasta los más elementales artículos, limitar el número de prendas de vestir a tres, hay en realidad una injustificada motivación retaliatoria que busca hacer más penosa nuestra pérdida de la libertad.” Informe colectivo prisioneras políticas de Jamundí, 23 noviembre 2011 Después de la construcción de la cárcel de Valledupar, siguió EPAMS Cómbita (2002) y EPAMS Girón-Palo Gordo (2003), las siguieron “entrega de siete (7) nuevos establecimientos de reclusión que contribuyeron a la disminución de la sobrepoblación carcelaria, y permiten contar con instalaciones modernas de última generación y condiciones de habitabilidad dignas en los departamentos de Antioquia, EP Puerto Triunfo y EC Pedregal-Medellín; Casanare, EPC Yopal; Norte de Santander, EPC ERE JP Cúcuta; Tolima, EPMSC ERE Ibagué; Meta, EPMSC Acacias; Valle, EPC Jamundí.”14 Esta última considerada por el gobierno como una de las más grandes y más modernas de América Latina. En 2011 se entregó el ERON de La Picota en Bogotá y el EP Las Heliconias en Caquetá (2011). “Sin embargo, según un informe presentado hace unas semanas por la Contraloría, que calificó la ejecución !"#$%"&'()*+,-.!/.'0+1"+2/3*4

del proyecto como deficiente, las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones a $8.338 millones y los plazos de ejecución y liquidación, 36 y 12 meses, se extendieron a seis años y medio.” Además de los sobre costos se destaca que la entrega de las nuevas construcciones ha sido incompleta; obras sin finalizar, suministros insuficientes y carencias de personal, por lo que se podríamos hablar de una corrupción deseada por parte de las instituciones públicas con el fin de mantener este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de encierro y no tomar medidas inmediatas para cambiarlas. 14- Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2010, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 2011. 15- Reclusorio de Orden Nacional e Internacional 16- “El eterno sobrecupo carcelario” El Espectador 16 de febrero de 2011, http://www.elespectador.com/ impreso/nacional/articulo-326991-el-eterno-sobrecupocarcelario

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Estas nuevas cárceles se encuentran aisladas de centros urbanos y situadas en temperaturas extremas con construcciones que no responden a las condiciones bioclimáticas del lugar, afectando deliberadamente la salud física y mental de las y los reclusos. A estas condiciones físicas de encierro se agrega una notoria reducción de los espacios físicos tanto para las visitas como para las y los reclusos, espacios que además no contemplan un enfoque diferencial, si no que por el contrario, se homogeneiza el tratamiento de todas las personas reclusas por igual, sin tener en

cuenta especificidades de género, edad o personas con enfermedades terminales. En estos centros también se ve afectada la vida cotidiana de las personas reclusas por los reglamentos rígidos por parte de la guardia ya que estos son más contundentes y rigurosos, como por ejemplo cuando las celdas y los pasillos están cerrados la mayoría del tiempo. Otra característica a resaltar del nuevo modelo y que afecta directamente a los derechos de la población reclusa, es la privatización de los servicios, como el de salud con la EPS Caprecom o las comunicaciones con Prepacol.

En el nuevo centro penitenciario Puerto Triunfo que lleva funcionando desde el 5 de agosto de 2010, se denuncia la escasez de agua generada por el no funcionamiento de las 12 bombas eléctricas lo que ha generado que en las celdas se pueda estar 3 días sin agua. En el clima caliente donde está ubicado el centro penitenciario, se crea una situación grave en las condiciones higiénicas, produciendo plagas y enfermedades (hongos, diarreas, infecciones…). A este hecho se le adiciona la dudosa calidad del agua. Los internos han realizado acciones de hecho con huelgas de hambre el 25 de julio de 2011 que han tenido que abandonar por su precaria situación de salud y la falta de atención médica en el centro. A la fecha del informe recibido por los prisioneros políticos, esta situación no ha cambiado y reciben el agua en lapsos de 30 min por la mañana y 30 minutos por la tarde. La otra situación denunciada es la falta de ventilación en las celdas, sólo hay dos ventanas de 1,20m de alto por 10 cm de ancho para cada celda de 4 personas. Informe colectivo prisioneros políticos del 18 de noviembre de 2011

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Respecto esta situación ha habido una Tutela de la Defensoría en contra el penal que resolvió el Tribunal Superior de Antioquia del 20 de junio de 20 11. Destacamos de esta tutela: “Se observa también informe de 13 de diciembre de 2010, suscrito por el accionante y dirigido a la Dra. Patricia Ramos Rodríguez, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, en el cual informa que existen problemas en la atención en salud, el centro médico carece de personal para las respectivas atenciones, además, luego de entrevistar a varios internos, refieren que internos ubicados en mediana seguridad son tratados como si estuviesen en alta seguridad, hay escasez de habitaciones para la visita conyugal, no tiene ventilación, no tienen actividades para redimir condena, el expendio tiene pocos productos, la comida es pésima, las raciones son insuficientes, se sirve en recipientes sucios; indica además, que no hay acceso a los defensores públicos por parte de los internos. (…) es observado informe de 26 de enero de 2011, en el cual la Defensora Pública, informa a la defensoría del pueblo que actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo se encuentran 750 internos, se presentan problemas de salud, pues los servicios prestados por CAPRECOM son deficientes, no hay médicos y medicamentos suficientes. El servicio de agua también se queda corto, hay 4 motobombas para todo el sitio; debido a encontrarse inconclusa la construcción del establecimiento, existen fallas en las mallas, torres de energía, bombas de agua entre otras. Se indica además, la existencia de una persona con tuberculosis, 7 personas con problemas psiquiátricos y sin los medicamentos necesarios.(…) Es que el Estado se encuentra obligado a efectuar estudios preliminares que establezcan proyecciones sobre la cantidad de nuevos reclusos que generaran las leyes aprobadas que incrementan penas y niegan beneficios de rebajas punitivas o descuentos por terminación anticipada de procesos. Para que en la misma proporción se destinen los recursos indispensables para aumentar los centros de reclusión y los cupos en los ya existentes, en las condiciones de dignidad exigibles según la legislación internacional y la interna. Pues si la política criminal del Estado se encamina a un mayor número de punibles con pena privativa de la libertad, de más larga duración y sin posibilidad de subrogados; tal política debe ser coherente con brindar a esta población las condiciones existenciales dignas, que no pierde por el hecho de ser condenado.”

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A nivel general vemos en los centros de reclusión la instauración de mecanismos de impunidad de hecho, que son aquellos que se encuentran prohibidos por la ley pero que de hecho se utilizan para garantizar la impunidad, 17 como son la negación al acceso de información a los y las reclusas. Destacamos de estos mecanismos el no dar a conocer los reglamentos internos de los penales y el no funcionamiento de las oficinas jurídicas; permitiendo así la arbitrariedad de las y los funcionarios públicos y la imposibilidad de que los y las reclusos puedan ejercer sus derechos.

Sobre reglamentos internos: ERON Cúcuta 20 de enero de 2011: el reglamento interno es un misterio, lo hemos solicitado pero según la directora esta en aprobación en Bogotá. Hace 10 meses, debido a eso aquí todo se maneja dependiendo de la guardia, unos prenden la luz más temprano que otros, nos ponen el agua cuando quieren, no respetan el tiempo para nosotras tomar los alimentos pues en las mañanas y en las tardes en muchas ocasiones ingresan a contarnos y nos toca soltar el plato son terminar de comer e ir inmediatamente a firmar. (…) la hora de sol o recreo es a veces cada 8 días, es cuando la guardia quiere, a la hora que quieren no hay un horario fijo para nosotras programar nuestro tiempo y tener disciplina. ERON Pedregal 21 de marzo 2011: los implementos de aseo como champú, talcos, cremas de mano, bálsamo que compramos en el expendio en las requisas por parte de funcionarios del INPEC nos los han hecho reemplazar en bolsas o tarros transparentes cuando

estos productos son adquiridos en la reclusión. Si no es debido tener envases oscuros, pedimos que el expendio nos los vendan en envases transparentes. Sobre oficinas jurídicas: ERON Picota 18 de noviembre de 2011: no firman recibidos de la documentación que se tramita por jurídica ni ponen el sello jurídico, desapareciendo la documentación (…) todo el que haga reclamos, denuncie o instaure una tutela, le cobran venganza devolviendo a sus visitantes, no tramitando la documentación que requiera, bloqueándole la cuenta del expendio, etc. ERON Cúcuta 20 de enero de 2011: hay muchas internas con bastante tiempo recluidas, no saben en que juzgado de ejecución de penas las tiene, otras no saben que ya es el tiempo para solicitar la mediana seguridad, la libertad condicional o beneficios administrativos, para el beneficio de 72 horas deben esperar 6 meses o más. Informes colectivos de prisioneras y prisioneros políticos

17- Proyecto Colombia Nunca Más

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2. LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS 18

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esde los años 70 han sido constantes las denuncias sobre la existencia de prisioneras y prisioneros políticos en Colombia y los vejámenes cometidos contra ésta población vulnerable. En el año 1984, en Colombia existían 30.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 300 eran prisioneras y prisioneros políticos. 19 A partir del año 2006, las organizaciones de derechos humanos han denunciado la existencia de alrededor de 7.500 personas privadas de la libertad por motivos políticos en Colombia, sin embargo, el 4 de agosto de 2011, los Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP informaron a la opinión pública sobre el aumento de esta cifra, estimando la existencia de aproximadamente 9.500 prisioneras y prisioneros políticos en el país:

“La cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo, consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la privación de la libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra, teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato judicial como instrumento de la guerra.

18- En razón al conflicto social y armado reconocemos la existencia de 3 Categorías de Prisioneras y Prisioneros Políticos (PP): PP de Guerra: Es quien se ha alzado en armas y hace parte de un grupo insurgente, con el propósito de tomarse el poder y derrocar el régimen constitucional y legal vigente, y en razón a ello ha sido privado/a de la libertad por su contradictor. PP de Conciencia: Es quien ha ejercido el derecho a la oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o colectiva en su calidad de miembro de una organización social, barrial, popular, sindical, política, estudiantil, campesina, defensora de derechos humanos, indígena, afro-descendiente, entre otras, y en razón a ello ha sido privado/a de la libertad por su opositor. Victima de Montaje Judicial: Es quien ha padecido la estigmatización de ser auxiliador/a de la insurgencia por el solo hecho de habitar en una zona altamente afectada por el conflicto armado interno, donde por sobrevivir ha tenido que interactuar con los diferentes actores del conflicto y en razón a ello ha sido detenido/a, presentado/a como resultado positivo de las políticas y planes contrainsurgentes, y sometido/a a procesos penales con pruebas falsas, manipuladas o insuficientes. 19- “Que gran país tenemos” Informe 1984. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

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Por otra parte, en Colombia la cifra de personas detenidas por motivos políticos ha sido calculada históricamente con base en una aproximación, teniendo como base el número total de internos a nivel nacional, pues en términos reales calculado en Colombia el número de detenidos políticos aproximadamente en el 10% de la totalidad de la población carcelaria. Aquí nos encontraríamos también, con que 7.500 sigue siendo una cifra demasiado conservadora y que no responde a la realidad actual; respondía a lo sumo hasta el año 2010, cuando la cantidad de internos llegó a los 78.000. Pero tomando como base la cifra más reciente, de finales de Julio de 2011, de cantidad de internos en las cárceles de 95.184; podríamos decir que el número de Prisioneros Políticos y de Guerra puede ser en 2011, aproximadamente de 9.500 Presos Políticos y Prisioneros de Guerra en las mazmorras colombianas.”20

Por su parte, el gobierno nacional y el INPEC guardan silencio absoluto sobre el reconocimiento de la condición de las prisioneras y prisioneros políticos en el país, a pesar de las declaraciones del primer mandatario sobre el reconocimiento del conflicto armado interno. No obstante, según el INPEC, a 31 enero de 2012, la población privada de la libertad asciende a 102.292 hallándose 21.199 de estas personas asociadas a delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado, 21 discriminadas en las siguientes gráficas:

20- “SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA (I)”, Prisioneros de

Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, 04 de Agosto 2011. www. resistencia-colombia.org

21- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-. Sisipec.web. Enero 31 de 2012.

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POBLACIÓN RECLUSA POR DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO ENERO 31 DE 2012 10000 9000

8629

8000

TOTAL: 21.199

7000 6000 5000 4326 4000 2987

3000 2000

2541 1933

679

1000

18

30

54

1

1

0

SITUACIÓN JURÍDICA DE LA POBLACIÓN RECLUSA POR DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO (DETALLADA POR GÉNERO) ENERO 31 DE 2012

TOTAL: 21.199 604 3%

935 4%

6.979 33% 12.681 60% MUJERES SINDICADAS HOMBRES SINDICADOS

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MUJERES CONDENADAS HOMBRES CONDENADOS

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Teniendo en cuenta tanto la vigencia y agudización del conflicto social y armado, la práctica sistemática de capturas masivas y arbitrarias,22 los diferentes obstáculos para mantener censos actualizados,23 la estimación de que un 10% de la población reclusa corresponde a las personas privadas de la libertad por motivos políticos, la desnaturalización del delito político y las estadísticas del INPEC detalladas en los gráficos anteriores donde se expone que 21.199 personas se encuentran recluidas por delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado, podríamos estimar que para enero de 2012 la cifra de prisioneras y prisioneros políticos oscila entre 10.229 y 21.199. Esta alarmante situación que incrementa la crisis humanitaria y de derechos humanos en las prisiones colombianas, merece ser atendida prioritariamente por parte del gobierno nacional, que en aras de avanzar en la construcción de propuestas que aporten a la solución política y negociada al conflicto debe reconocer la condición de actores políticos de las prisioneras y prisioneros políticos. 3 . PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS 3.1. En el proceso penal Como indicamos anteriormente, la aplicación del derecho penal de enemigo es uno de los principales problemas que afectan a

las y los prisioneros políticos y que persigue prolongar el tiempo de juzgamiento y/o la privación de la libertad. Una de las formas de prolongar el tiempo de juzgamiento se presenta con el sometimiento a la justicia especializada, que implica la duplicación de los términos para la revocatoria de la medida de “detención preventiva” y en consecuencia, para la oportunidad de obtener la libertad por vencimiento de términos; esto sumado al abuso de la medida de detención preventiva, que a pesar de ser una excepción se aplica como regla general en los casos relacionados con delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado, conlleva a que miles de personas en condición de “sindicadas”, “imputadas” o “acusadas” padezcan el encarcelamiento por motivos políticos aunque con posterioridad sean absueltas. Como uno de los casos emblemáticos de sometimiento a la justicia especializada con fines de prolongar el tiempo de la privación de la libertad podemos citar el de la socióloga y defensora de derechos humanos LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, a quien desde el 8 de agosto de 2008 se le detuvo “preventivamente” y a la fecha no se le ha resuelto su caso, cumpliendo tres años y seis meses de privación del derecho a la libertad en condición de sindicada. 22- “Libertad: Rehén de la seguridad democrática”

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 6 de abril de 2006.

23- Traslados arbitrarios y periódicos, aislamientos, no

separación de prisioneros en razón al conflicto, no cobertura nacional de acompañamiento, entre otras.

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA- Prisionera política de conciencia y víctima de montaje judicial Detenida el 08 de agosto de 2008 en el marco del proceso conocido como la “FARCPOLITICA”, convirtiéndose así en la primera capturada por este proceso. Dicho proceso está basado en evidencias materiales obtenidas ilegalmente en territorio ecuatoriano a raíz del bombardeo al campamento del abatido guerrillero Raúl Reyes en la Operación Fénix. Actualmente LILIANY está siendo judicializada por los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas sin que hasta la fecha se le haya resuelto su situación jurídica. Lleva 3 años y 6 meses “detenida preventivamente”, en la Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, a pesar de que la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia declaró el 18 de mayo de 2011 que las pruebas incautadas en la Operación Fénix son ilegales y que no pueden ser usadas en ningún proceso. Durante este tortuoso tiempo la “justicia colombiana” le ha negado 10 veces la detención domiciliaria, a la que tiene derecho por ser madre cabeza de familia, bajo el pretexto de “representar un alto peligro para la sociedad”. Por otro lado le han sido negadas varias solicitudes de libertad inmediata por vencimiento de términos, así como la negación de varios recursos de Habeas Corpus, recursos a los cuales tiene derecho debido a que los retrasos en el proceso han sido responsabilidad del Juzgado que lo lleva. Paralelamente, contra la familia de LILIANY se ha cometido tortura psicológica derivada de continuos atropellos, visitas de personas desconocidas, vigilancia y seguimiento permanente. También al interior de la Reclusión LILIANY ha sido víctima de persecución y hostigamientos por parte de directivos y personal de guardia del INPEC, como consecuencia de su compromiso en la ardua defensa de los derechos humanos de las prisioneras políticas. Trabajo que le costó el aislamiento de sus compañeras prisioneras políticas al ser traslada del patio 6 al patio 7 de la misma Reclusión.

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Así mismo, a pesar de que la ley penal colombiana fije unos principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, en la práctica las y los prisioneros políticos de guerra son sometidos a altas condenas y a la prolongación del tiempo de la privación de la libertad mediante el sometimiento a juicios cíclicos, lo que se ha denunciado como “sometimiento a cadena perpetua de facto”, como sucede con la prisionera política de guerra MARINELLY HERNANDEZ, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), y el prisionero político de guerra JAIRO FUENTES, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos declarados en proceso de ruptura por considerar ilegítimo al Estado Colombiano.

MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO – Prisionera política de guerra

Después de 16 años en las FARC, MARINELLY fue capturada en condición de combatiente y la justicia colombiana le ha atribuido un sin números de delitos siendo sometida a 3 juicios, condenada en 2 de ellos y procesada actualmente por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio, entre otros, según sus propias palabras “repitiéndose la misma dosis que en los anteriores juicios para justificar una nueva condena que legitime la cadena perpetua de hecho que se acostumbra imponer a las y los prisioneros políticos en Colombia”. El pasado 6 de abril de 2011, MARINELLY fue conducida por el INPEC a la audiencia pública citada por el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdó, dentro del proceso No. 2010002000. Luego de ser presentada en audiencia manifestó al juez que se “declaraba en ruptura”, por considerar la inexistencia de garantías al debido proceso y por desconocer como autoridad al Estado colombiano, procediendo a entregar un escrito en el que sustentó su declaración y renunció a cualquier tipo de defensa, manifestando textualmente: “no necesito ninguna defensa, pues no he cometido ningún delito, me declaro en ruptura con el estado colombiano y sus leyes anti populares e injustas, he sido una luchadora del pueblo”. MARINELLY se encuentra recluida en la Reclusión de Mujeres de Medellín (San Cristóbal) El Pedregal. Es importante resaltar que con la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio las y los prisioneros políticos, principalmente en las categorías de prisioneros de conciencia y víctimas de montaje judicial, denuncian que son sometidos a chantaje judicial por parte de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de aceptar cargos por rebelión aunque no sean responsables de ese comportamiento, bajo el argumento de correr riesgos de ser condenados por más delitos y ser sentenciados a altas penas privativas de la libertad. !(


Propagación del modelo de represión a las causas políticas

FREDY JULIÁN CORTÉS – Prisionero de conciencia y víctima de montaje judicial

Docente universitario capturado el 27 de agosto de 2009 en la ciudad de Bogotá, sindicado de rebelión y concierto para delinquir. Al día siguiente de su detención, los medios de comunicación con información proveniente de la fiscalía mencionaban que pretendía atentar contra la vida del ex presidente Uribe y tres de sus ministros, presentándolo a la opinión pública como alias “Francisco” un peligroso guerrillero de las FARC. El trabajo conjunto de la Fiscalía, los medios oficiales de comunicación y la Policía Nacional, generaron un escenario adverso al profesor Fredy Julián, quien se vio presionado a reconocer el cargo de rebelión.

Otra estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas 24 con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición. 25

RICARDO PALMERA ALIAS “SIMON TRINIDAD” -Prisionero Político

Capturado el 4 de enero de 2004 en Quito (Ecuador) en donde se encontraba adelantando tareas para el canje de prisioneros. Dicha operación fue realizada en conjunto por agentes norteamericanos y colombianos los cuales luego lo entregaron a la Policía Ecuatoriana. Posteriormente fue recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita donde fue aislado y sin derecho a horas de sol. Es acusado de los delitos de rebelión, secuestro entre otros y en noviembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia, en violación al artículo 35 de la Constitución Política Colombiana aprobó su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de droga. El presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, en un claro ejemplo de chantaje político afirmó que dicha medida sería revocada si las FARC liberaba a todos los prisioneros que tenía en ese momento en su poder. Ante la negativa de las FARC de acceder a este chantaje, Simón fue extraditado el 31 de diciembre de 2004 a EEUU, convirtiéndose en el primer guerrillero colombiano extraditado.

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24- Figura jurídica para explicar la asociación de dos o más personas para cometer un delito común. 25- Por su condición política tendrán derecho a no ser extraditados por delitos políticos (Art. 35 CN).

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Una vez extraditado, la Corte Distrital de Washington dio inicio al juicio el cual dos veces fue anulado por falta de pruebas por los delitos de narcotráfico. El día 28 de enero de 2008 El juez de distrito Royce Lamberth condeno a 60 años de prisión a SIMON TRINIDAD por conspirar para el secuestro de 3 estadounidenses en el sur de Colombia en el año 2003.El departamento de Estado de EEUU determinó mantener a Simón bajo “el sistema de medidas especiales”, por eso se encuentra recluido en un área de máxima seguridad de una cárcel ubicada en el Estado de Colorado, encerrado en una celda de 1.53 por 3 metros las 24 horas del día sin derecho a llamar por teléfono, a enviar o recibir correspondencia y sin visitas. NAYIBE ROJAS ALIAS “SONIA” – Prisionera de guerra

Fue capturada el 10 de febrero de 2004 en la vereda Peñas Coloradas (Cartagena del Chairá, Caquetá). Antes de ser llevada a su lugar de reclusión fue trasladada a la Embajada Norte Americana donde fue interrogada y presionada sicológicamente para que declarara en contra del secretariado de las FARC, bajo la amenaza de ser extraditada y aislada de su familia. Luego fue trasladada al patio 7 de la Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, donde permaneció la mayor parte del tiempo encerrada en una celda. En Colombia fue condenada a 56 meses de prisión por el delito de rebelión que imputó el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Rico (Caquetá). En enero de 2005 fue trasladada a la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar “la Tramacúa”, convirtiéndose en la primera mujer recluida en esta cárcel destinada para hombres por temores del gobierno a que fuera rescatada. “SONIA” fue extraditada el 9 de marzo de 2005 a los Estados Unidos, donde la Corte del Distrito de Columbia la condenó en el mes de julio del año 2007 a 16 años de prisión, por los delitos de concierto para importar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. El juicio estuvo plagado de incoherencias y falsos testigos. Actualmente se encuentra confinada en la cárcel de “Fort Worth” en el estado de Texas sin derecho a tener comunicación con el mundo exterior.

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

3.2. En el tratamiento carcelario y penitenciario 3.2.1. No Reconocimiento de Condición Política

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n reclusión, identificamos como principal problema de las y los prisioneros políticos el no reconocimiento de su condición política, puesto que de ello depende la clasificación a la que esta población reclusa es sometida y las garantías de respeto a sus derechos básicos y fundamentales. Por su parte, mientras el primer mandatario de Colombia reconoce la existencia del conflicto armado interno, de manera contradictoria el Director General del INPEC insiste en desconocer la existencia de prisioneros de guerra dentro de la población reclusa a su cargo, bajo el argumento de que “Colombia no se encuentra en conflicto armado con ningún país”.26 El no reconocimiento de la condición política de las y los prisioneros políticos conlleva a que no sean separados debidamente de los presos comunes y en el peor de los casos, de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante la seguridad personal y la vida de las y los prisioneros políticos, además de ser sometidos a un ambiente de tensión que implica consecuencias en su salud mental. Esta situación de riesgo se extiende a familiares y visitantes, por este motivo muchas prisioneras y prisioneros políticos piden a sus seres queridos que no les visiten para disminuir las posibilidades de agresiones por parte del

paramilitarismo, como sucede en el Establecimiento Penitenciario de Guaduas “La Pola” en Cundinamarca: “Estamos revueltos con paramilitares y delincuentes comunes de bandas llamadas “Valencianos, Sebastianes y Gaitanistas”, que viven en permanentes riñas mantienen afilando cuchillos todos los días. Las personas de 40 años son las que más sufren los abusos, los robos, los atracos, los insultos y las extorsiones de los miembros de esas bandas.” 27 También se han dado casos donde el traslado a patios sin separación es una forma de castigo adicional a los prisioneros políticos. “El 3 de enero de 2012, nos reunimos con el director Álvaro Valencia Isaza, el Teniente Moreno, dos abogados de la defensoría del pueblo y varios prisioneros políticos, entre ellos nuestro compañero Prisionero Político RUBEN DARIO ORTIZ G., denunciamos la grave situación de riesgo que padecemos en el ERON de La Picota los prisioneros políticos por las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares, por eso solicitamos ser trasladados al patio 14 u otro destinado únicamente para los prisioneros políticos, en garantía al derecho a la vida y a la seguridad personal. Ante la petición el director del ERON manifestó tener que consultar el caso al director general del INPEC y ese mismo día en horas de la noche, RUBEN DARIO fue trasladado al patio 13, donde hay un gran número de paramilitares, por esto RUBEN solicitó ser trasladado a otro lugar, pero en vez de eso fue metido a un calabozo de aislamiento que llaman UTE,28 ubicado en el mismo patio 13.” 29

26- Oficio No. 7120-OFPLA-DINPE 0836, suscrito por

28- Unidad de Tratamiento Especial

27- CRISIS HUMANITARIA EN CARCEL LA POLA EN GUA-

29- Denuncia recibida por la Fundación Lazos de Dignidad el 10

el Director General del INPEC.

DUAS CUNDINAMARCA, Colectivo de Prisioneros Políticos en el Establecimiento Penitenciario La Pola de Guaduas, enero 2012 http://www.traspasalosmuros.net/node/707

de enero de 2012 por parte del colectivo de Prisioneros Políticos del ERON-Picota

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En ocasiones este ambiente de amenaza y tensión trasciende a hechos violentos que obligan a las y los prisioneros políticos asumir el aislamiento como única forma de protección a su vida, como es el caso del prisionero político de guerra JORGE AUGUSTO BERNAL ROMERO, miembro de las FARC-EP, recluido en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar y condenado a 97 años de prisión. Él es sobreviviente de un atentado que grupos paramilitares ejecutaron contra prisioneros políticos en la Cárcel La Modelo de Bogotá en el año 2001, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos le otorgó Medidas Cautelares y a pesar de ello, en los sitios donde ha sido trasladado ha padecido constantes amenazas de muerte de parte de paramilitares. 30

las instituciones competentes y según las y los denunciantes se mantiene la situación de vulneración denunciada.

Ignorar la reproducción del conflicto social y armado en las prisiones colombianas y obligar a convivir a las y los prisioneros sin tener en cuenta las causas y conductas por las cuales han sido privados de la libertad, son acciones que incumplen un trato conforme al Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales y nacionales relacionadas con la separación por categorías.

Según el último Informe de Rendición de Cuentas del INPEC, al 30 de diciembre de 2010, dicho instituto recibió un total de 2023 procesos en su contra, de los cuales 1701, es decir, el 84%, correspondieron a procesos por acción de reparación directa, originados en lesiones o muerte de internos recluidos en establecimientos carcelarios. Si tenemos en cuenta que unos meses más tarde el director el director general del INPEC reconoce públicamente la existencia de 8.882 quejas en todo el país,31 muchas de ellas por maltrato a los internos , podemos hablar de un patrón de represión basado en el uso desproporcional de la fuerza contra las y los reclusos.

3.2.2. Tratamiento de Enemigo Interno En el 2011, la Fundación Lazos de Dignidad (FLD) recibió 99 denuncias de amenazas y/o violaciones a los derechos humanos de las prisioneras y los prisioneros políticos en 12 centros penitenciarios y carcelarios del país. Estas denuncias se han tramitado ante ""

Las amenazas y/o violaciones a los derechos de las y los prisioneros políticos indicados en la gráfica anterior se han presentado -en su gran mayoría- en desarrollo de hechos constitutivos de uso desproporcional de la fuerza, abuso de autoridad, persecución y discriminación por motivos políticos. Estos develan un patrón de comportamiento que se enmarca dentro de la tendencia de tratamiento de enemigo interno; mediante el cual se incrementan las prevenciones, la vigilancia, la persecución y la estigmatización de todo tipo de actividad liderada por esa población vulnerable, incluso aquellas relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Uso Desproporcional de la Fuerza

30- http://www.nocheyniebla.org/files/u1/25/pdf/noche0702.pdf 31- “Inpec denuncia preocupante panorama carcelario en todo el país” RCN Radio, 18 de marzo de 2011, http://www.rcnradio.com/noticias/18-03-11/inpec-denuncia-preocupantepanorama-carcelario-en-todo-el-pa-s


Propagación del modelo de represión a las causas políticas

Amenzas y/o Violaciones de Derechos de las y los Prisioneros Políticos Reportadas a la FLD en el Año 2011 17 15

16 14

14

13 11

10

8

1

2

1 Recreación

3

Educación

Seguridad

Debido Proceso

Salud

Integridad

Vida

Dignidad Humana

0

Ambiente Sano

1

2

4

Trabajo

4

4

Familia

5

6

Comunicación

8

Intimidad

Total : 99

12

Otros

18

Derechos

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El Instituto Nacional de Medicina Legal mediante oficio No. SSF.042.2010 del 4 de febrero de 2010, informa que el reporte de lesiones personales en cárceles pasó de 663 en el año 2007 a 1.098 en el año 2009, con un aumento del 60.38%. Esta situación es más crítica aún en relación con la violencia contra mujeres que se triplicó al pasar de 48 casos reportados en el año 2007 a 147 casos en el año 2009. Entre 2010 y lo que va corrido del los primeros siete meses de 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reporta tan sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar un total de 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec. De las cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las modalidades de tortura física, tratos crueles inhumanos y degradantes, más denunciadas en centros penitenciarios siguen siendo en su mayoría palizas, uso de gases lacrimógenos contra los internos, estiramientos y requisas denigrantes por parte del personal del cuerpo de custodia y vigilancia. En cuanto a la tortura psicológica, han aumentado las quejas por aislamiento y amenazas. Las personas privadas de libertad también son sometidas acastigos colectivos, a través de prácticas como la restricción a llamadas telefónicas y otros servicios públicos como el de agua y luz eléctrica, alimentación, ejercicio físico, requisas extensivas y maltratos a la visita.32 Identificamos que uno de los objetivos del uso desproporcional de la fuerza es el de silenciar la exigencia de derechos. Un caso emblemático sucedió en junio de 2011, cuando los prisioneros en el EPCAMS de la Dorada Caldas, liderados por prisioneros políticos, protagonizaron una jornada pacífica de desobediencia consistente en huelga de hambre en protesta a las golpizas y uso desproporcional de gases lacrimógenos por parte del personal de la guardia, y en vez de solucionarse la situación, se presentaron nuevos hechos de agresión el 31 de octubre de 2011, en los cuales resultando gravemente heridos 8 prisioneros (entre ellos 4 prisioneros políticos), quienes de inmediato fueron aislados e incomunicados, conociéndose un día después el fallecimiento del prisionero

RICARDO ALFONSO CONTRERAS, uno de los heridos.33 Otra situación es cuando se utiliza la fuerza en acciones de retaliación en contra de las y los prisioneros políticos. Un caso a destacar es el que se denunció luego que, el 26 de noviembre de 2011, se diera a conocer públicamente que en el marco de una operación militar de rescate realizada por las fuerzas militares habían muerto de 3 policías y 1 militar en poder de las FARC-EP en calidad de prisioneros de guerra. Desde ese momento, miembros de la guardia del INPEC en el ERON de la PICOTA (Bogotá) asumieron acciones de represalia contra los prisioneros políticos allí recluidos, consistentes en

32- Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la

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Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas Colombia 2009-2010, Coalición Colombiana Contra la Tortura.

33- LUEGO DE UNA FUERTE GOLPIZA MUERE PRESO EN LA

PENITENCIARIA LA DORADA. Fundación Lazos de Dignidad, 2 de noviembre 2011 http://www.traspasalosmuros.net/node/598


Propagación del modelo de represión a las causas políticas

humillaciones y maltrato verbal, mediante los cuales profirieron constantes insultos y acusaciones relacionados con la muerte de los 4 prisioneros de guerra en poder de las FARC-EP. El 1º de diciembre de 2011, a las 9:00 de la mañana, el dragoneante del INPEC de apellido “PATIÑO”, aprovechó una discusión cotidiana de convivencia entre dos prisioneros del Patio 13 del ERON PICOTA de Bogotá para ingresar violentamente a dicho patio y propinarle una fuerte golpiza al prisionero político JOSE ROLANDO SORTIS, causándole heridas en el rostro y diferentes parte del cuerpo. Manifiestan los testigos del hecho que al tiempo que el dragoneante del INPEC golpeaba brutalmente al prisionero político le gritaba “guerrillero hp, terrorista, asesino, la van a pagar”. 34 Estas acciones violatorias se encubren con mecanismos de impunidad de hecho como amenazas para no denunciar, el no trámite de acciones legales de denuncia por parte de las oficinas jurídicas o retardar la asistencia médica para que no haya pruebas físicas de las agresiones.

JHON JAIRO VILLA VILLADA, el 20 de septiembre de 2010, denunció desde la penitenciaria de Acacias (Meta): “Fuera del patio fui desnudado, esposado y golpeado, por el cabo Torres, así mismo me hecho gas pimienta en los ojos y la boca y un puño en el estomago. Posteriormente realizó un informe con una cantidad de falsas acusaciones para legalizar mi tortura”. Posterior a esto JHON JAIRO VILLA VILLADA fue trasladado al patio 8 donde lo hirieron con cuchillo en el brazo izquierdo causándole una cortada profunda de arterias y tendones que pudieron haberle causado la muerte “el cabo Torres me obligó a decir ante la señorita de la policía judicial que yo me había cortado intencionalmente, a lo cual por temor accedí como táctica para no seguir siendo torturado”. ERON Cúcuta el 19 de abril de 2010: Las golpearon, hubo fracturas, gases e insultos. Si alguna que no estaba involucrada les decía que no le peguen a la otra, también la agarraban, la tiraban al piso esposada, le aplicaban gas a la cara y entre 7 y 8 guardianes les daban patadas dejándolas moradas. Resultaron varias lesionadas, pero para borrar las marcas las llevaron a Medicina Legal a los 20 días.

34- “DENUNCIA PÚBLICA Y ACCIÓN URGENTE: PRISIONEROS POLITICOS EN

ERON PICOTA SON AGREDIDOS FISICA Y PSICOLOGICAMENTE POR LA GUARDIA, EN REPRESALIA POR LAS RECIENTES MUERTES DE PRISIONEROS DE GUERRA EN MANOS DE LAS FARC –EP” Campaña Traspasa Los Muros y la Fundación Lazos de Dignidad, diciembre 1 de 2011.http://www.traspasalosmuros.net/ node/621

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Uso de medidas administrativas como represalia

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os colectivos de prisioneras y prisioneros políticos en 12 centros carcelarios y penitenciarios del país, coinciden en denunciar el uso de medidas administrativas en retaliación por el ejercicio de los derechos a la denuncia y a la protesta pacifica, tales como las anotaciones, investigaciones y sanciones disciplinarias arbitrarias, así como traslados masivos y requisas arbitrarias.

RM Buen Pastor: “Desde el año 2010, como castigo nos han trasladado a las líderes de derechos humanos y convivencia, las llevaron para Valledupar (La Tramacúa), después la guardia empezó a sabotear nuestras reuniones a pesar de estar autorizadas por la dirección, nos han sometido a interrogatorios e investigaciones por presuntas denuncias “anónimas” donde señalan nuestras actividades como subversivas, nos decomisan la correspondencia, por lo que hemos presentado las denuncias ante Defensoría del Pueblo, Grupo de DDHH del INPEC, Procuraduría General de la Nación, Comisión de DDHH del Senado de la Republica y Organizaciones no Gubernamentales de DDHH, sin que se tomen medidas o sanciones por estos abusos” . 35 Cómbita 11 mayo 2011: Prohibición de las vías de hecho ya que cuando son tomadas en contra del INPEC de inmediato se traslada al interno a un centro de reclusión de máxima seguridad y distanciado de su familia.(…) cuando se hace un reclamo a alguno de los comandantes encargados del pabellón, corremos con el riesgo de un falso informe disciplinario donde el interno no tiene nada que hacer puesto que este queda en la minuta diaria del pabellón. (…) Medios represivos: Anotaciones en las minutas y anotaciones en la hoja de seguridad: En ninguna de estos dos casos el interno tiene acceso a la información ni a contravertir lo anotado o defenderse de lo escrito por los guardianes, pero si influyen estos apuntes en la calificación de sus conductas, disciplinas o acceso a beneficios. Informe disciplinario del que puede derivar una sanción disciplinarias Impedimento para entrevistarse con los abogados defensores Impedimentos o restricciones para acceder a plazas de trabajo o estudio Informe de seguridad: acta expedida por el comando de vigilancia ordenando medidas extraordinarias de custodia Informe colectivo prisioneros políticos "&

35- Denuncia presentada por el colectivo de prisioneras políticas a la Fundación Lazos de Dignidad, Febrero de 2011.


Propagación del modelo de represión a las causas políticas

Es preciso resaltar que las sanciones disciplinarias son un obstáculo para la obtención de beneficios administrativos y/o subrogados penales, puesto que uno de los requisitos exigidos por la ley para otorgarlos es la certificación de buena conducta de la persona privada de la libertad expedida por el INPEC. Uso de traslado y aislamiento como forma de desarticulación organizativa “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que en febrero los grupos especiales de custodia y vigilancia realizaron 23.928 traslados de internos por el territorio nacional con lo que ya son 44.417 procesos de remisión los que se han hecho este año (enero y febrero 2011). Según informó el Inpec el mayor número de traslados, realizados generalmente para cumplir con órdenes judiciales o citas médicas de los internos.” 36 Esta gran cantidad de traslados se dan por varios motivos, principalmente porque no se tiene en cuenta que la ubicación del proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona esta recluida. Este hecho se da en el caso de los y las prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro de los centros de reclusión y también como retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo familiar.

JAIRO FUENTES - Prisionero político de guerra: En el interior de las cárceles incluso el derecho de expresión es reprimido con medidas como el alejamiento familiar, esto con la excusa eterna de la seguridad; por cierto, es casi un hecho que quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa seamos trasladados a cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias, atendiendo a la discrecionalidad del INPEC para tomar dichas medidas. 37

36- “Crece el número de presos trasladados en el territorio nacional” Vanguardia. com 03 de Marzo de 2011 http://www.vanguardia.com/historico/95008-creceel-numero-de-presos-trasladados-en-el-territorio-nacional 37- Represión Penitenciaria - Trasladan a Jairo Fuentes Prisionero Político – Picota FCSPP 11 de junio 2011 http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=452 :represion-penitenciaria-trasladan-a-jairo-fuentes-prisionero-politico-picota&catid=24:denuncias&Itemid=46

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El 15 de septiembre de 2011 en la Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias, se declararon en huelga de hambre alrededor de 140 prisioneros políticos, quienes inicialmente exigían separación entre prisioneros políticos y prisioneros comunes debido a problemas de convivencia y amenazas a los derechos a la vida y a la seguridad personal. Posteriormente, se sumaron a la acción de protesta varios prisioneros comunes, logrando unificar un pliego de peticiones para exigir a la dirección de la penitenciaria la solución de graves problemas que los afectan, tales como el hacinamiento, negligente atención médica, negligente prestación de servicios de jurídicos y de comunicación, mala alimentación, ausencia de elementos de dotación personal, aplicación de régimen de alta seguridad en vez de mediana, entre otros. Denuncian los prisioneros que el domingo 18 de septiembre de 2011 aproximadamente a las 7:30 pm, el director de la Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias entró a las celdas del patio 3, rompió colchones y objetos personales de varios prisioneros y los amenazó de trasladarlos en caso de continuar con la huelga de hambre y procedió a incomunicarlos. Seguidamente fueron trasladados a diferentes cárceles alrededor de 11 prisioneros que participaban en la huelga de hambre en la Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias, considerando los huelguistas este hecho como un sabotaje a la jornada de protesta y omisión de atención al pliego de petición presentado por los prisioneros. Actualmente, no se tiene conocimiento de los lugares a donde han sido trasladados los prisioneros y quienes continúan privados de la libertad en la Penitenciaria de Mediana Seguridad de Acacias temen que no sean resueltos los problemas que los afectan, ni mejoradas sus condiciones de reclusión. 38 Los prisioneros políticos en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Combita (Boyacá) han denunciado que han sido objeto de estigmatización y traslados masivos y arbitrarios por respaldar actividades convocadas por organizaciones de derechos humanos en reclamación a la libertad de las personas privadas de la libertad por motivos políticos, padeciendo así los traumatismos de cambios climáticos y distanciamiento familiar.

38- TRASLADO MASIVO DE PRISIONEROS EN HUELGA DE HAMBRE

Comunicado No. 2 de la Fundación Lazos de Dignidad 20 de septiembre de 2011 http://www.traspasalosmuros.net/node/518

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

El primero de junio de 2011, 3 días previos al encuentro por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos en Colombia “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, el periódico El Tiempo publicó, según informe del INPEC, que ex guerrilleros presos en distintos centros carcelarios del país aprovecharían el Encuentro por la Libertad de los Prisioneros Políticos para realizar actividades de sabotaje y protesta, anunciando reforzar la seguridad en varias cárceles del país. Con este tipo de pronunciamientos, el INPEC y los organismos de “inteligencia”, iniciaron la estigmatización del encuentro “Larga Vida a las Mariposas” y de las y los Prisioneros Políticos que han venido apoyando la iniciativa. Ese día se denunciaron por parte de l Comité Nacional de Impulso Encuentro las m edidas represivas que el INPEC asumía contra las y los prisioneros políticos: * A las 11pm de ayer, el Grupo de Reacción Inmediata ingreso al patio 6 de la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá y sin explicación alguna sustrajo de su celda a la prisionera política de conciencia LILIANY OBANDO VILLOTA, obligándola a recoger todas sus pertenencias y conduciéndole a las afueras del lugar, procediendo a incomunicarla y generando zozobra en su familia, conociéndose solo hasta la mañana de hoy se que fue trasladada de manera arbitraria a otro patio de mayor seguridad. * Durante toda la mañana el INPEC efectuó un traslado masivo de prisioneros políticos en la torre 1 de la Penitenciaria de Alta Seguridad de Combita, sin conocerse en el momento el lugar a donde han sido conducidos los más de 30 afectados. *Igualmente, a los prisioneros en la penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar se le informó que se les había sido prohibida la visita para este fin de semana. Sometimiento a Régimen de Alta Seguridad y Negación del Derecho a la Libertad

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xiste una tendencia de recluir a las y los prisioneros políticos en los establecimientos de carcelarios y penitenciarios de primera, segunda y tercera generación, es decir, en las cárceles y penitenciarías construidas con recursos y/o asesoría del Buró Federal de Prisiones Estadounidense. 39 Estos establecimientos, denominados de alta y mediana seguridad, traen implícitos el sometimiento a políticas donde prima la seguridad, puesto que la inspiración de estas construcciones se concentra en el castigo, en contravía de la función de la pena en Colombia que tiene como objetivo principal “resocializar”, propiciando la limitación y vulneración de derechos básicos.

39- EPCAMS, COPED, ERON

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EP GUADUAS CUNDINAMARCA: (…) la infraestructura física, es decir, lo

relacionado con las construcciones, tales como los patios y las áreas comunes, área de educativas, salones para las visitas, etc., son un verdadero monumento a la corrupción administrativa; un completo adefesio. Los patios están diseñados en forma de cuña, anchos en la entrada y angostos al fondo. No tienen un espacio para caminar, ni una cancha de microfútbol. Los pisos no tienen los desniveles necesarios por lo que el agua se “empoceta”, además que solo hay tres sifones demasiado angostos. Las celdas no tienen ducha luego es preciso bañarse con el agua de un pequeño lavamanos y como no hay sifón, el agua se vierte sobre el patio. Están diseñadas para cuatro internos, pero en el patio dos, donde nos encontramos, hay cinco y hasta seis internos, es decir, uno o dos durmiendo en el piso. Así tenemos que un patio con 68 celdas, con capacidad para 272 internos, tiene hacinados un promedio de 330 internos. Las duchas del patio tampoco tienen sifones y el agua se vierte al patio. Por estas razones es que el patio permanece mojado todo el día. Solo hay cinco sanitarios y no hay orinales. Estos baños no tienen puerta, luego se está obligado a utilizarlos exhibiéndose públicamente. Tampoco tienen sifones y permanecen inundados. Los internos en general son desaseados y arrojan todo tipo de basura al piso, ni siquiera a las canecas. Los que descuentan en el aseo no barren ni recogen la basura con juicio, por eso estamos infestados de zancudos y mosquitos. Dentro del patio no hay sillas ni mesas, por eso los internos, a pesar de la humedad, viven sentados o acostados en el piso. Donde también se come por qué no nos sacan a los comedores. Estamos revueltos con paramilitares y delincuentes comunes (…) No hay servicio médico ni odontológico establecido y permanente, es solo ocasional. Los funcionarios no responden los derechos de petición, si lo hacen es después del tiempo que les da la ley y sus respuestas son evasivas, porque nunca dan soluciones de fondo. Ni el director, ni funcionario alguno concede entrevista personales, como normalmente sucede en otras cárceles y penitenciarias. Las gran mayoría de los internos estamos ya clasificados en fase de mediana y mínima seguridad, sin embargo, estamos revueltos con internos que todavía están en fase de alta seguridad y como estamos en un patio de alta, pues el tratamiento es de alta para todo el mundo, con todas las restricciones y castigos propios de esta fase, porque son precisamente estos internos (los de fase alta) los que más generan violencia y tensión en el ambiente, propiciando los operativos y respuestas violentas y extremas de la guardia. 40 40- “CRISIS HUMANITARIA EN CARCEL LA POLA EN GUADUAS CUNDINAMARCA”, Colectivo de Prisioneros Políticos en el Establecimiento Penitenciario La Pola de Guaduas (Cundinamarca) http://www.traspasalosmuros.net/node/707

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

De acuerdo a los informes de los colectivos de prisioneras y prisioneros políticos allegados a la Fundación Lazos de Dignidad, la mayor concentración de prisioneras y prisioneros políticos se presenta en 14 de los nuevos establecimientos de reclusión construidos la mayoría de ellos en la periferia de los municipios donde están ubicados. Situación que en ciudades como la Dorada (Caldas) o Palo Gordo Girón (Santander), donde ha sido evidente la presencia de grupos paramilitares, genera riesgos para las y los visitantes. Del mismo modo, el sometimiento a regímenes de alta seguridad también implica obstrucción a las formas jurídicas para obtener la libertad, como la prisión domiciliaria o la libertad condicional, toda vez que los jueces de ejecución de penas en muchos casos justifican la negación de las mismas bajo el argumento de considerar de alta peligrosidad la conducta punible (rebelión y sus conexos). A pesar de cumplir con los requisitos exigidos por la ley colombiana, como sucede con las prisioneras políticas LUZ DARY TORREZ, NANCY TROCHEZ y YAZMIN MOLINA, privadas de la libertad en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá. Es pertinente resaltar que de acuerdo a las estadísticas del INPEC, tan solo 1.819 de las personas privadas de la libertad por delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado gozan de beneficios de detención y prisión domiciliaria (1.420), libertad condicional (130) y mecanismos de vigilancia electrónica (269).

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Obstaculización de las visitas

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omo se ha descrito anteriormente, los continuos traslados y la ubicación de las cárceles en sitios aislados, dificultan el derecho a la visita, sobretodo a la familiar. También hemos descrito el miedo a agresiones físicas y a la estigmatización al que se ven envueltos las y los familiares, además de las medidas arbitrarias y desproporcionales en las que se ven sometidas y sometidos por parte de la guardia.

EPAMS (Cómbita) 27 abril 2011 Extralimitación de las funciones de oficial de servicio en prohibir a los internos sacar a la visita familiar con niños 2 mantas “sólo se les permite bajar 1 cobija y el que quiera así baja y el que no quiera no baja”. En medio de esta oleada invernal y con las temperaturas tan bajas que se dan en esta región, en el área de visitas no existen alojamientos cerrados, son un salón comunal con pequeños burritos de cemento para uno sentarse, con las 2 cobijas se tiende una en el piso y con la otra arropamos a nuestros niños para el frio. Esta obstaculización de la visita se extiende en las y los abogados, como es en el caso de ERON Picota. “El Inpec obstruye la legitima defensa al impedir la visita de los abogados o negando la estadía de los presos, cínicamente les dicen que se negó a salir el interno”, situación denunciada el 18 de noviembre de 2011 por parte del colectivo de prisioneros políticos. El INPEC también ha impedido el ingreso de defensores de derechos humanos internacionales a las reclusiones colombianas. En el año 2010 y 2011, negó el ingreso a la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, a la II Caravana Internacional de Juristas, a la Delegación de Juristas Estadounidenses y al Foro Internacional de Dinamarca, bajo el argumento de seguridad y no haber realizado el procedimiento de trámite por intermedio de la Cancillería, requisito. De esta forma se obstaculiza la verificación de las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas por las y los prisioneros políticos y no se dan garantías para el ejercicio de la Defensa de los Derechos Humanos por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

El 10 de enero de 2012, siguiendo el procedimiento indicado por el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), la Fundación Lazos de Dignidad, presentó ante la Cancillería Colombiana solicitud de autorización de Visita Humanitaria para el día 13 de enero de 2012, a desarrollarse por Defensores de Derechos Humanos Internacionales en la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor y el ERON Picota de Bogotá, lugares donde se encuentran recluidas/os alrededor de 80 prisioneras políticas y 50 prisioneros políticos que recientemente han denunciado graves violaciones a sus derechos humanos, tales como estigmatización, persecución política, discriminación, amenazas de muerte y agresiones físicas. El 12 de enero de 2012, en horas de la tarde, la doctora Juliana Buenaventura, funcionaria de la Cancillería encargada del trámite de la visita de humanitaria, informó a la Fundación Lazos de Dignidad sobre la omisión de respuesta por parte del INPEC, razón por la cual era probable la negativa de la autorización de la visita. Ante la incertidumbre, este mismo día, la Fundación Lazos de Dignidad presentó nueva solicitud de autorización de visita humanitaria para el día 20 de enero de 2012. El 19 de enero de 2012, la funcionaria de la Cancillería en mención informó a la Fundación Lazos de Dignidad que el Director Técnico del INPEC en comunicación oficial había negado la autorización de la visita humanitaria por considerarla “inviable”, sin ofrecer justificación alguna. 41

Negligencia médica ARSECIO LEMUS – Prisionero político de guerra

El pasado 01 de junio de 2010, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue informada por los reclusos que compartían patio con ARCESIO LEMUS, del grave estado de salud en que se encontraba, situación que de manera inmediata informamos al director general del INPEC, Mayor® Carlos Barragán Galindo, a la directora del establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad Doña Juana de la Dorada Caldas, Doctora Gloria Patricia Rendón Castaño y al doctor Cesar Augusto Salazar personero del municipio de la Dorada /Caldas, con la finalidad de que se tomaran las medidas urgentes y eficaces para garantizar el derecho a la salud en conexidad con la vida del preso político ARCESIO LEMUS. En dicha petición se alerto que el detenido político ARCESIO LEMUS, según nos habían informado los reclusos que compartían patio con él venia padeciendo de desmayos, vómito, pérdida del conocimiento y control de esfínteres, síntomas que dada su avanzada edad (67 años) eran de alta preocupación.

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41- “INPEC IMPIDE VISITA HUMANITARIA INTERNACIONAL A PRISIONEROS POLÍTICOS EN BOGOTÁ” Fundación Lazos de Dignidad y el Foro Internacional de Dinamarca, 20 de enero de 2012 http://www.traspasalosmuros.net/node/652

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Por los frecuentes llamados de su familia y los reclusos en los que infirmaban de la preocupación que les asistía, nuestra la Fundación tubo comunicación telefónica con la jefe del área de sanidad del establecimiento penitenciaria y carcelario de alta seguridad de Doña Juana/ la Dorada Caldas, quien nos comunicó que el preso político ARCESIO LEMUS, había sido atendido el día 30 de mayo en las instalaciones de sanidad y nuevamente devuelto a su celda ese día en las horas de la noche, aludió dicha jefe que los problemas de salud del preso en mención se debían a un estado psicológico y que no era cierto lo que mencionaba la familia y los reclusos. Posteriormente su situación de salud se agravó teniéndolo que trasladar de urgencias al Hospital Federico Lleras en la ciudad de Ibagué, donde entró en estado de inconciencia (coma) a causa de una hidrocefalia, falleciendo el 30 de junio de 2010. 42 Las inhumanas condiciones a las que se ve sometida la población carcelaria provoca una degeneración de la salud y una continua exposición a epidemias y plagas. Situaciones que no se resuelven a pesar de las continuas denuncias y además, se evidencia una total negligencia por la falta de atención médica.

ERON Picota: por consumir la alimentación descompuesta y sin mínimas condiciones de higiene la mayoría del personal sufre Fuertes Dolores de estómago, diarreas y vómitos y que los pabelloneros se niegan a sacar al hospital a los enfermos y por el contrario, amenazan a los que solicitan asistencia urgente con llevarlos para el calabozo de castigo en la UTE si siguen molestando. Ningún patio tiene arca de sol, por lo que ya el personal se empieza a enfermar (… ) Las remisiones nacionales las efectúan con el personal amarrado con cadenas o esposas, sin poder descansar y sin ninguna alimentación. 18 de octubre de 2011 42- “EL PRESO POLÍTICO ARCESIO LEMUS MUERE POR FALTA DE UNA ASISTENCIA SANITARIA ADECUADA” Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 3 de julio de 2010.

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Propagación del modelo de represión a las causas políticas

Así, nos encontramos con casos en que no hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o terminales, no se atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se suministran adecuadamente los medicamentos. Llegando a situaciones tan graves como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta el pasado 20 de enero “hay varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no han sido atendidas”. Esta negligencia médica se ve afectada también por las arbitrariedades de las y los funcionarios del INPEC.

ERON Pedregal 30 de marzo 2011: los medicamentos que nos suministra CAPRECOM algunas guardianas en la requisa se nos los decomisan porque dicen que se debe tener la fórmula, cuando muchas veces estas fórmulas no nos las entregan. Informe colectivo presas políticas

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INFORME: Perspectiva en punto de fuga