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"...Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos..."

Rayuela, Julio Cortázar

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BOLETÍN No. 2 DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

CAPÍTULO MÉXICO 2011-2014 Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos

presencia no sólo de los jueces sino también del Secretario General del TPP, Gianni Tognoni. Finalmente, se presenta una síntesis de las exposiciones de Simona Fraudatario durante las reuniones que sostuvo con diversos grupos de cada una de las audiencias temáticas del 22 al 28 de octubre del 2011. El propósito general de estas reuniones fue orientar a los participantes respecto del sentido y las funciones del TPP, así como hacerles recomendaciones y resolver dudas en torno a la metodología de trabajo que pueden implementar y desarrollar para la preparación y realización de las audiencias.

PRESENTACIÓN Amigo lector, el documento que tienes ahora en tus manos es el Boletín No. 2 del Capítulo México del TPP. El objetivo general de nuestro Boletín consiste en servir como medio de enlace entre los distintos colectivos y personas que participan al interior de cada una de las siete audiencias temáticas. En el Boletín podrás encontrar un material de apoyo para la organización y enriquecimiento de los diferentes momentos por los que atraviese el Capítulo México; se trata de acompañar el proceso, de dar cuenta de su desarrollo y de recoger las inquietudes, propuestas, puntos de encuentro y demás información que se vaya generando dentro de la dinámica propia del proceso, atendiendo siempre a las necesidades de los colectivos y personas que lo conforman y participan en él. Nuestro Boletín no tiene una periodicidad fija de aparición; más bien, se ha buscado que su publicación responda a los requerimientos mismos del proceso.

COMISIÓN DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS BOLETINES Y OTROS MATERIALES

En este Boletín se recogen las participaciones de cada audiencia temática durante la presentación oficial de la Petitoria para la realización de un Capítulo México por parte del TPP. Asimismo, se han incluido las intervenciones de Philippe Texier y Franco Ippolito, los dos jueces del TPP que tuvieron a su cargo la recepción de la Petitoria. La sesión se llevó a cabo el día 21 de octubre del 2011 en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, en

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Índice

SEGUNDA SECCIÓN.

PRIMERA SECCIÓN.

Síntesis de las exposiciones de Simona Fraudatario, secretaria técnica del TPP, frente a diversos grupos de trabajo de cada una de las audiencias temáticas

Intervenciones de cada audiencia temática y de los jueces durante la mañana del 21 de octubre

I. Sobre las generalidades del TPP y el Capítulo México…...……47 II. Sobre la presentación de los casos……………………………….50

I. Intervenciones por audiencia temática 1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia…………………………………………………..……….………….5 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado…….……..………...13

III. Sobre las resoluciones y la sentencia final……...……………...52 IV. Actos posteriores a la sentencia del TPP………………………53 V. Elementos mínimos para la exposición de casos al TPP..…….54

3. Feminicidio y violencia de género…………...….…………………...16 4. Violencia contra los trabajadores……………………...………..……22 5. Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía.27 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos………………....31 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores ...37 II. Intervenciones de los jueces 1. Franco Ippolito…………………………………….….….….….…..…42 2. Philippe Texier………………………….…….……….……….….…..44

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PRIMERA SECCIÓN.

Intervenciones de cada audiencia temática y de los jueces durante la mañana del 21 de octubre.

I. Intervenciones por audiencia temática 1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia Carlos Fazio e Ignacio del Valle Aceptando, sin conceder, que el Estado posee por naturaleza el monopolio legal del uso de la fuerza, es de rigor, también, que la acción coactiva del Estado debe aplicarse dentro de los límites consentidos por la legislación interna e internacional, porque uno de los cometidos esenciales del Estado es la defensa de la ley. En ese contexto, en particular durante graves crisis políticas contemporáneas,1 distintos gobiernos mexicanos han quebrantado de manera abierta o encubierta la normatividad del Estado de Derecho y recurrido a formas típicas de un Estado de excepción, períodos en el que el uso de la coacción ha sido considerado ilegítimo por su carácter desproporcionado y excesivo, perpetrándose incluso en algunos casos crímenes de lesa humanidad, tras la flagrante violación de tratados internacionales y la propia Constitución Política mexicana. En dichos momentos, el Estado-mediación cedió el paso al Estado-opresión, y se acentuó el carácter represivo del Estado mediante la práctica de la tortura sistemática, la detención-desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial, que derivó en una forma de Nos referimos de manera específica a un período que abarca desde la represión de estudiantes en Tlatelolco (1968) a las acciones de contrainsurgencia desplegadas por el Estado mexicano durante los cinco años de gestión de Felipe Calderón (2006-), pasando por la guerra sucia de los años 70, la guerra de baja intensidad contra el EZLN a partir de 1994 y los operativos represivos en Atenco y Oaxaca en 2006. 1

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guerra sucia propia de un Estado terrorista. El modelo de Estado terrorista encarna en una doble faz la actuación de los aparatos coercitivos del Estado: una pública y presuntamente sometida a las leyes, y otra clandestina, al margen de toda legalidad formal, que, según sus propios ejecutores, incorpora “formas no convencionales de lucha” y utiliza el terror como método, valiéndose para tales fines, como ocurre en la coyuntura, de escuadrones de la muerte, comandos paramilitares y grupos de limpieza social. En su etapa actual, la actuación represiva extralegal del Estado mexicano fue diseñada en el marco de la “guerra al terrorismo” de la administración de George W. Bush, cuyos parámetros implícitos están contenidos en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLC militarizado, 2005), acuerdo Ejecutivo del que derivó después la Iniciativa Mérida (2007). En virtud de tales acuerdos semi-secretos con Estados Unidos, que no pasan en México por el control del Congreso, la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal está sustentada en una Doctrina de Seguridad Nacional de manufactura estadunidense que tiene como eje la represión de un “enemigo interno”, el cual, según documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y declaraciones de funcionarios estatales −entre ellos el propio titular del Ejecutivo Federal−, hay que “exterminar”. A partir de tales consideraciones generales, y en el marco de un acelerado proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del Estado mexicano, que en cinco años registra el asesinato de más de 50,000 personas y 18,000 desapariciones forzadas,2 y que tiene como brazo paralelo un nuevo proceso de Desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010 se reportaron en instalaciones militares 18 mil 491 levantones en todo México, aunque no se tiene confirmación de la posterior liberación o muerte de los

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apropiación territorial capitalista, que incluye la tierra como mercancía y el saqueo de recursos geoestratégicos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales, etcétera) por compañías transnacionales, queremos demandar ante ustedes al Estado Mexicano por la comisión de diferentes crímenes. De manera general, queremos reseñar que, entre 1968 y el presente, distintas fuerzas coercitivas del Estado y grupos paramilitares a su servicio han cometido varias matanzas −algunas bajo la modalidad de guerra sucia− que podrían ser tipificadas como crímenes de lesa humanidad, entre ellas las de Tlatelolco,3 Jueves de Corpus,4 Aguas Blancas,5 El Charco,6 El Bosque7 y Acteal.8 En todos los casos los asesinos siguen impunes. afectados. Ver Gustavo Castillo, “Este sexenio se han reportado 18 mil 491 levantones en el país”. La Jornada, 31 de enero de 2011. 3 El 2 de Octubre de 1968 se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en la historia de México ejecutada por el gobierno. El número de muertos no se sabe con precisión, fuentes oficiales refieren no más de 50 mientras que investigadores afirman que fueron más de 300. 4 El 10 de junio de 1971 también es conocido como El Halconazo o Jueves de Corpus. Ese día se llevó a cabo una matanza por grupos paramilitares estatales. No hay cifras exactas del número de muertos, pero hay quien afirma que fueron más de 100. 5 El 28 de junio de 1995, la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero masacró a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. La matanza fue ordenada por el entonces gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer. 6 La madrugada del 7 de junio de 1998, en una escuela en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, un grupo de elementos del ejército mexicano comandados por el General Alfredo Oropeza Garnica, masacró a 11 indígenas e hirió a 5 más. 7 En junio de 1998, en el marco de la guerra de baja intensidad del Ejército mexicano contra el EZLN, se registró la matanza del municipio El Bosque, Chiapas, con un saldo de 8 civiles y 1 policía muertos, 53 detenidos (2 menores de edad), robo con violencia y tortura. 8 La Matanza de Acteal fue producto de una incursión paramilitar en la zona de Los Altos de Chiapas el 22 de diciembre de 1997. Durante la

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El accionar anticonstitucional del Ejército y la policía se verificó nuevamente en Atenco, Estado de México y en la ciudad de Oaxaca, ambos hechos en 2006, donde el Estado echó mano de la represión indiscriminada y, mediante acciones deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadas en cuanto al uso de la fuerza, intentó sembrar un miedo con efecto “paralizante” en la población, apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia de difusión mediática (propagandística) consustanciales a las operaciones de guerra psicológica. En Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, diversas corporaciones policiales del Estado mexicano desplegaron una acción de escarmiento y control de población de tipo antisubversivo contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con saldo de 2 muertos, decenas de heridos y 217 detenidos. En el marco del operativo reapareció en México la tortura sexual: 22 mujeres violadas, algunas de manera tumultuaria por un grupo de agentes del orden. El cuerpo de la mujer como botín de guerra. A Ignacio del Valle se le impuso 112 años de cárcel, pero debido a la acción legal de la defensa y la presión popular la Suprema Corte de Justicia decidió exonerarlo y está en libertad. En el caso de Oaxaca, en el marco de una represión continuada que abarcó de junio a noviembre de 2006, el gobernador estatal, Ulises Ruiz, canceló de facto las garantías constitucionales de libre tránsito, manifestación, organización y expresión, y violó de manera sistemática los derechos humanos tras desplegar la acción violenta del aparato de seguridad estatal. Pero además puso en práctica una acción paralela y clandestina, al utilizar escuadrones de la muerte contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo fue de una veintena de personas muertas, entre incursión, presuntos miembros del grupo Máscara Roja atacaron a indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas.

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ellas varios maestros y el camarógrafo estadunidense Bradley R. Will, de Indymedia. Por otra parte, el Estado mexicano ha utilizado el fraude electoral y la represión y asesinato de opositores políticos al régimen.9 Los fraudes de Estado en 1988 y 2006 impidieron que proyectos alternativos al modelo neoliberal accedieran a la Presidencia de la República. En la actualidad se da una fuerte regresión autoritaria, lo que ha puesto en riesgo la vía electoral como forma de acceder al gobierno. Durante la gestión de Felipe Calderón, la reaparición de grupos de “vengadores anónimos” propios de la guerra sucia se ha manifestado en varias partes del país. En Ciudad Juárez, en particular, se han llevado a cabo acciones de limpieza social al interior de centros para la rehabilitación de adictos a las drogas, contra jóvenes considerados “desechables”.10 Otra modalidad de paramilitarismo fue promovida por el alcalde Mauricio Fernández en el municipio San Pedro Garza, en Monterrey, Nuevo León (el más rico del país), quien formó un grupo de “comandos rudos” con la colaboración del cártel de los Beltrán Leyva, lo que vino a evidenciar el nexo extralegal entre criminales y autoridades en la presunta salvaguarda de la seguridad pública. Otras variables de paramilitarismo en tiempo presente son la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y el Ejército de Dios, que junto con el Ejército han establecido un cerco de exterminio sobre las bases de Durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se registraron más de 600 asesinatos de cuadros de dirección intermedia y dirigentes sociales vinculados al Partido de la Revolución Democrática (PRD). 10 El 1º. de septiembre de 2009 fueron fusilados 18 jóvenes en el centro de rehabilitación Aliviane, y el 16 de ese mes otros 10 fueron ejecutados en otra clínica, ambas ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. 9

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apoyo zapatista en Chiapas, y los grupos que mantienen bajo acoso a la comunidad de San Juan Copala, en la zona triqui de Oaxaca. Asimismo, paramilitares al servicio de propietarios locales han asesinado a 27 comuneros de Ostula, Michoacán, y secuestrado-desaparecido cinco más. En Chiapas, además, el gobernador Juan Sabines y el Ejército vienen impulsando la reubicación forzosa de comunidades indígenas asentadas en los Montes Azules, área de influencia zapatista, que se oponen a la explotación petrolera, la bioprospección y la construcción de represas hidroeléctricas en sus tierras. Asimismo, está en curso el programa llamado Ciudades Rurales Sustentables, cuya génesis se remonta a las “aldeas estratégicas” de Estados Unidos en Vietnam y que fueron reproducidas luego como “polos de desarrollo” y “aldeas modelo” durante la guerra genocida y las campañas de tierra arrasada contrainsurgente de los militares guatemaltecos. Sumado a lo anterior, existen elementos que permiten suponer con cierta certeza, que militares y policías han conformado grupos de exterminio como Los Matazetas, que ha venido operando en los estados de Quintana Roo y Veracruz. Ese grupo clandestino se atribuyó la matanza de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, en septiembre último. Los cuerpos, semidesnudos, fueron diseminados a plena tarde en una zona de hoteles cinco estrellas y, por tanto, sumamente controlada, lo que no sería posible sin “protección” oficial. Además, militares que se desempeñan en tareas de seguridad pública, como el general Carlos Bibiano Villa y el teniente coronel Julián Leyzaola, han reivindicado en entrevistas públicas el derecho a “matar” en caliente a presuntos delincuentes. Si bien por el momento no existen evidencias que pudieran probar la consumación de asesinatos por esos militares, hay claros elementos de que incurrieron en “apología del delito”, figura que está tipificada en el Código Penal Federal. Con el agregado de que en México no existe la pena de muerte y que la

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impunidad de los militares es protegida por un “fuero de guerra”, lo que posibilita la afirmación del obispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, en el sentido de que “el Ejército mata y no se investiga”. Junto a la reaparición de la tortura y las ejecuciones sumarias extrajudiciales, otro hecho que ha tomado relevancia durante la “guerra” de Calderón es la detención-desaparición forzada de personas, crimen de lesa humanidad que no prescribe y cuya zaga, en el caso mexicano, se remonta a los años de la guerra sucia de los setenta (casos Piedra Ibarra, Radilla, Alicia de los Ríos y otros), pero que ha tenido amplia visibilidad pública en la actualidad tras la detención-desaparición, en 2007, en Oaxaca, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).11 La crisis humanitaria provocada por la estrategia de guerra al narcotráfico de Felipe Calderón se ha visto evidenciada, además, por la aparición de fosas comunes en varias partes del país; el ametrallamiento de civiles, incluidos niños, en retenes militares; el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos; la práctica por el Ejército de los falsos positivos de inspiración colombiana;12 la violación de mujeres y niñas por militares;13 la mutilación y decapitación de personas, consideradas “enemigas”; la aparición de personas colgadas de puentes en varias partes del El caso dio lugar a la creación de una Comisión de Mediación entre la Secretaría de Gobernación (Interior) y el EPR. 12 Un caso paradigmático es el de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, asesinados por militares y hechos aparecer en el comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional como sicarios del narcotráfico. 13 Ver caso Ernestina Ascencio, la anciana indígena de la sierra de Zongolica, en Veracruz, que murió a raíz de un ataque sexual (violación tumultuaria) de integrantes de una partida castrense acantonada cerca de su domicilio. 11

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país, y en algunos casos ametralladas antes de morir asfixiadas, y un largo etcétera. En ese contexto, en agosto de 2009, un documento desclasificado del Pentágono fechado en 1999 vino a confirmar que el Ejército Mexicano entrenó y dio protección a grupos paramilitares en Chiapas en el marco de la estrategia contrainsurgente contra el EZLN. A su vez, reportes periodísticos han dado cuenta de que en la guerra secreta que se libra en México estarían participando grupos mercenarios que llevan a cabo operativos quirúrgicos y altamente profesionales. Uno de los grupos señalados es la empresa de seguridad privada Blackwater/XE Services, de recordada actuación en Bagdad, Irak. Por todo lo anteriormente expuesto, imputamos ante este Tribunal Permanente de los Pueblos al Estado Mexicano, representado por Felipe Calderón Hinojosa, lo siguiente: Primero.- La realización, por acción, omisión y aquiescencia de las matanzas descritas en el cuerpo del presente escrito, que lo ubican de manera clara como un Estado autoritario y represor, que ha violado su propio marco jurídico así como las normas internacionales que lo obligan a respetar, defender y promover los derechos humanos y a sancionar y castigar las violaciones a los mismos. Segundo.- La práctica de conductas, acciones y omisiones que han garantizado la impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, lo cual ha dado como resultado la reincidencia de los criminales y la comisión de nuevos hechos que afectan de manera grave la convivencia social. Tercero.- Debido a lo anterior, exigimos que se someta a juicio a los responsables de los actos ilícitos mencionados, imponiéndoles penas ejemplarizantes. En caso de que el Estado persista en su

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afán de otorgarles protección e impunidad, condenar a éste moralmente por su evidente coparticipación en dichos crímenes. Cuarto.- Las sanciones que el Estado debe imponer a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como los que probaremos en el transcurso del juicio, deben comprender no sólo su castigo, sino la satisfacción de la sociedad en su deseo de justicia. Esto significa que las víctimas deben ser reivindicadas de manera pública y que deben darse garantías de no repetición. Quinta.- Pedimos a este Tribunal Permanente de los Pueblos que reciba las probanzas de los hechos de los que acusamos al Estado Mexicano, en sendas audiencias públicas a efectuarse en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Distrito Federal durante el año 2012. Luego de valorarlas, solicitamos que se le condene y sancione, publicando internacionalmente la correspondiente sentencia para que con su valor moral contribuya a restaurar una situación de pleno respeto a los derechos de las y los habitantes de México. Sexta.- Señalamos como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle San Lorenzo 290, cubículo 30, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado José Antonio Foronda Nuestra perspectiva sobre los temas de migración, refugio y desplazamiento (o “movilidad humana”) parte de un enfoque que asume que estos procesos en el territorio mexicano están caracterizados por patrones recurrentes de violencia estatal, estructural y sistemática que producen graves violaciones de derechos humanos, que se han agudizado y profundizado en el

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último año. Esto incluye masacres, fosas clandestinas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros masivos, desapariciones forzadas, violaciones y otros tipos de violencia sexual, feminicidios, y tortura, entre otras, que implican responsabilidad jurídica estatal dentro del marco del derecho penal internacional, por acciones y omisiones de actores estatales (y/o su complicidad con actores paraestatales, como por ejemplo sectores narco – paramilitares) en los tres niveles de gobierno (federal, estatal, y municipal, civiles, policiales y militares). Todas estas violaciones han sido tipificadas como “crímenes de lesa humanidad” por el estatuto de Roma de la corte penal internacional y otros instrumentos o marcos convencionales y consuetudinarios de derecho internacional, y por ende pueden y deben abordarse como “crímenes de estado” que reflejan la aplicación de un modelo de terrorismo de estado, a la luz de la normatividad universal que es de cumplimiento obligatorio en México por mandato constitucional. Estas violaciones afectan tanto a los migrantes de origen mexicano como a los migrantes en tránsito (principal pero no exclusivamente de origen centroamericano), a quienes afirmamos como sujetos colectivos abordados desde su integralidad como “pueblos en movimiento”. De nuestra perspectiva el derecho a la libre movilidad humana, como horizonte de las demandas planeadas ante este tribunal, esta fundamentado en las demandas de los movimientos de migrantes en todo el mundo, y sus redes, organizaciones, familiares, comunidades y pueblos de origen, y en los aportes de sus defensores y aliado/as en los países de tránsito y destino. Este derecho incluye tres componentes claves: el derecho a migrar, o a no migrar (y/o al arraigo), y a no ser desplazado/a forzosa o arbitrariamente, tanto en sus dimensiones nacionales (internas) como internacionales.

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Este concepto incluye también por ejemplo el derecho a migrar con dignidad y sin violencia, el derecho a la asistencia humanitaria, el asilo, y al refugio o santuario (como partes del derecho a la hospitalidad), el derecho ancestral a la libre movilidad de los pueblos indígenas que anteceden la creación de los estados nacionales actuales que ocupan espacios como el estado actual mexicano. Este derecho a la “ libre movilidad” o “libre circulación” (o ius migrandi), reconocido por la corte internacional de justicia de la Haya en su sentencia consultiva en el caso sobre el muro israelí en territorios ocupados de Palestina, a la luz de los artículos 13, 14, y 15 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, en términos de un derecho la “libre circulación”, y en la jurisprudencia emergente de los sistemas regionales interamericano, europeo, y africano de derechos humanos. También asumimos como hipótesis adicional sujeta a su desarrollo y debida comprobación ante este honorable tribunal en sus espacios preparatorios y audiencias preliminares y finales, que los procesos contemporáneos de migración , refugio y desplazamiento reflejan en si los tres tipos de violencia (estatal, estructural y sistemática) señalados arriba, al imponer condicionamientos ilegítimos al ejercicio libre de derecho universal o a libre movilidad humana- este derecho está vinculado íntimamente al derecho a la auto o libre determinación y autonomía que fundamenta el derecho a un “proyecto de vida propio“ enarbolado por la declaración de Argel y las reflexiones de TPP en casos como el de Colombia.

comunitario y contra hegemónico como el que ha sido planteado en reflexiones teóricas y epistemológicas como las de Enrique Dussel y Boaventura Sousa Santos, y que le han dado fundamentación a la insistencia de movimientos sociales de este tipo en todo el mundo, incluyendo lo de los migrantes y desplazado/as, y de los espacios académicos como el posgrado para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la UACM, a favor de la construcción de paradigmas alternativos de los Derechos Humanos “desde abajo”.

Se nutre también la afirmación de este derecho de reflexiones teóricas como las del premio Nobel de economía bengalí Amartya Sen, arquitecto intelectual del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD), que han sugerido que la pobreza consiste precisamente en la falta de control sobre las circunstancias en las que uno vive y de los marcos teóricos sobre la necesidad de la construcción de un derecho emancipatorio, alternativo, popular,

La audiencia Feminicidio y Violencia de Género es una audiencia que demanda justicia ante los agravios contra mujeres, jóvenes, niñas y niños en México que alcanzan niveles de brutalidad indescriptibles y que se encuentran en absoluta impunidad. Denunciaremos específicamente la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida. Existe en México, así como en el plano internacional, una normatividad jurídica y legal que es violentada e invisibililizada cotidianamente por las autoridades mexicanas

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Está presente este derecho además en escritos de juristas y pensadore/as influyentes como Luigi Ferrajoli, Ermanno Vitale, Seyla Benhabib , y Saskia Sassen, y está vinculado con perspectivas como la de Hannah Arendt en cuanto al reconocimiento del “derecho a tener derechos” como el derecho humano primordial, y a la “ética de la hospitalidad” desarrollada por otros como Jacques Derriba y Leonardo Boff, y puesta en práctica por la Pastoral de la Movilidad Humana en sus albergues y esfuerzos de incidencia y movilización (como la caravana paso a paso por la paz y sus antecesores, ahora incorporados al Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad). 3. Feminicidio y violencia de género Teresa Pérez Vázquez y Eugenia Gutiérrez

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en todos los niveles de gobierno, por lo que esta audiencia busca evidenciar la impunidad y la violación de los derechos humanos de las mujeres, cometidos, permitidos, tolerados, auspiciados o promovidos por el Estado, sea por acción o por omisión.

impunidad en la historia de la justicia en México. Esta violencia se agudiza en muchos sentidos por la violencia de tipo estructural: la pobreza, la marginación y la desigualdad social que prevalecen en nuestro país.

Los principales hechos violatorios que presentamos ante este Tribunal son:

Desde la petitoria:

 Las conductas misóginas y la inmoralidad con la cual son juzgadas y discriminadas las mujeres, las mujeres indígenas y sus pueblos, las comunidades de la diversidad sexual, ante la ley en los aparatos de procuración e impartición de justicia.  La injusticia, discriminación y exclusión que practican cotidianamente las instancias de gobierno responsables de proporcionar seguridad y las mismas oportunidades de desarrollo humano a las mujeres, afectando así sus derechos ciudadanos.  La complicidad de los aparatos policíacos y en general de los aparatos del Estado con criminales, al encubrirlos, protegerlos y coludirse con redes del crimen organizado, o incluso participar en posiciones de liderazgo en dichos grupos, que se caracterizan por promover y ejercer diversos grados de violencia de género.  La ausencia de políticas de Estado que incluyan al feminicidio y la violencia de género como asuntos prioritarios, de emergencia nacional, por lo que se debe aplicar la alerta de violencia de género contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  La actitud de desprecio, desinterés, burla y misoginia de cualquier servidor público ante las denuncias de las mujeres tanto en los departamentos de Averiguaciones Previas como en los Ministerios Públicos, los Tribunales y las Fiscalías. El Estado, al no cumplir con la obligación constitucional de proporcionar seguridad, calidad de vida y atención ciudadana, está dando lugar a uno de los más profundos estados de

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Apelamos al Tribunal Permanente de los Pueblos, preocupadas, preocupados, por la falsa imagen que el gobierno mexicano ha ido forjando de sí mismo en el exterior. En México existe una simulación jurídica donde se fabrica una postura democrática inexistente en los hechos y que sigue afectando los derechos humanos de miles de personas, particularmente mujeres, jóvenes, niñas y niños. Los movimientos sociales han constatado durante décadas que no existe la procuración de justicia en México y que recurrir a las instancias internacionales puede ser un proceso lento y complejo. En tanto, los agravios contra miles de mujeres, jóvenes, niñas y niños continúan sin ser investigados a fondo. Esto conlleva una impunidad generalizada donde las víctimas de la violencia, en la mayoría de los casos, nunca son resarcidas y donde los responsables de los agravios no son detenidos ni llevados a un debido proceso, salvo en casos excepcionales donde, finalmente, el responsable del agravio suele ser liberado en medio de un contexto de corrupción jurídica. Feminicidios y violencia de género Entendemos por violencia contra las mujeres lo que plantea la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México. Esta ley describe la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,

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patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”14.

asesinadas de enero de 2009 a junio de 2010 en 18 de las 32 entidades de la república.

Entendemos por violencia feminicida lo que estipula la misma ley: “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

En el Estado de México, mientras en el año 2005 se registraron 97 homicidios contra mujeres, para el año 2010 el número de asesinatos había aumentado a 200, es decir, 106% en cinco años, mientras que la población femenina sólo creció 8% en el mismo período.

El gobierno mexicano muestra cada día su incapacidad para evitar la corrupción y la infiltración del poder de las mafias en el sistema político y económico. La ingobernabilidad es percibida por la ciudadanía, pues no confía en la policía, en las leyes, en la política, ni en sus gobernantes y funcionarios. En este contexto, las modalidades más extremas de violencia contra las mujeres están comenzando a ser parte de la “normalidad” social en México, sin que se vislumbre una solución ya sea en el mediano o en el largo plazo. ¿Cuáles son las pruebas? De 1993 a mayo del 2005 fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, 379 mujeres y niñas; 20 en la ciudad de Chihuahua; 93 homicidios se cometieron entre los meses de junio, julio y agosto de 2005, prácticamente uno por día. Este fenómeno que inicialmente parecía estar localizado en el norte del país, se ha extendido a toda la república, registrándose en materia de violencia de género y feminicida en el plano nacional que en 2004 fueron asesinadas 1205 mujeres y niñas en todo el país, es decir, 4 mujeres y niñas asesinadas cada día, y 1728 mujeres han sido

Asimismo, en México se presenta todo un mecanismo de industria del comercio de mujeres y la niñez con fines de explotación sexual en 21 de las 32 entidades del país. En 2009, datos publicados por la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres, colocan a México en 5º. lugar mundial de trata de personas, pues se calcula que cada año 20 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual y 85 mil son usados en actos de pornografía. En 2011 la Trata de personas se considera el segundo ilícito más redituable en México para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas; cerca de 12 millones de personas son víctimas de Trata. Por otro lado, en nuestro país se ha tipificado el aborto como delito de homicidio en razón de parentesco en 11 estados, criminalizando la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Para el periodo de 2006 a 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, reportó 128 casos documentados de agresiones a defensores de derechos humanos en México, de los cuales 36 son mujeres.

14 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero de 2007, artículo 5, numeral IV.

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El fracaso del sistema nacional de justicia en cuanto a la protección de la vida e integridad personal de las mujeres, ha quedado documentado en tres casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado al Estado mexicano por violaciones a los derechos de las mujeres. Con base en los datos proporcionados por los organismos de derechos humanos y las organizaciones feministas, hemos ubicado la problemática de la violencia de género que queremos documentar y denunciar en los siguientes rubros: 1. Violencia Militar y de cuerpos de seguridad gubernamentales. 2. Violencia Paramilitar. 3. Feminicidio e Impunidad. 4. Trata de Personas. 5. Diversos crímenes de odio y violaciones a los derechos humanos por homofobia y lesbofobia. 6. Violencia institucional a través de la criminalización del aborto y encarcelamiento de mujeres por interrupción del embarazo. 7. Violencia contra las defensoras de derechos humanos. La lista del horror en México vinculado con la violencia de género en sus diversas manifestaciones y los asesinatos de mujeres, jóvenes, niñas y niños se ha vuelto interminable. Hoy apelamos a este Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, para que comiencen los trabajos de la audiencia Feminicidio y Violencia de Género, porque confiamos en que nuestro país encontrará mejores caminos cuando un Estado de derecho justo y ético sea la única respuesta aceptable ante estos agravios.

4. Violencia contra los trabajadores Martín Esparza El Estado Mexicano viola en forma sistemática las leyes nacionales y tratados internacionales que proporcionan protección y promoción de los derechos universales al trabajo, el salario digno, la libertad sindical, la contratación colectiva, la seguridad social y el derecho de huelga. Al instrumentar políticas destinadas a privatizar los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, “flexibilizar” la fuerza laboral y favorecer los intereses del gran capital nacional e internacional y sus organismos financieros globales, ha desatado una feroz persecución del sindicalismo democrático e independiente, reforzando al sindicalismo patronal para imponer una reforma laboral en donde se eliminan derechos laborales fundamentales - conquistas históricas de cien años de lucha. Todo ello violenta las garantías individuales de los trabajadores, así como los preceptos tutelares en materia laboral que otorgan la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo. El intento de destruir a los sindicatos de trabajadores mineros y electricistas es todo un ejemplo del carácter despótico y autoritario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Sus autoridades laborales - encabezadas por su Secretario de Trabajo y representante de los sectores más reaccionarios de los empresarios mexicanos, Javier Lozano Alarcón -, no han dudado en recurrir a flagrantes violaciones a la Constitución de la República, de la Ley Federal del Trabajo y de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Estas grotescas violaciones a la libertad sindical en México han sido causa del asesinato, detenciones arbitrarias y suicidio de sindicalistas; de múltiples actos de violencia y amenazas de

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muerte; de la destitución o no reconocimiento de comités ejecutivos democráticamente electos; de complicidad con empresarios para ocultar crímenes industriales y establecimiento de sindicatos paralelos y de protección; de confiscación de recursos económicos de los sindicatos independientes; de múltiples violaciones al derecho de huelga con violenta intervención de las fuerzas represivas, y del encarcelamiento de sindicalistas. Ante la abierta subordinación y corrupción de los órganos de procuración de justicia, como la Suprema Corte de la Nación, que avala al poder ejecutivo federal en esta campaña de violencia sistemática en contra de los trabajadores, las organizaciones sindicales victimadas se han visto en la necesidad de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias internacionales para la defensa de sus respectivos derechos. Una de estas instancias, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical –integrado por abogados, expertos laboralistas y defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales--, ha constatado “que el Estado Mexicano, lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y las que emanan de la Constitución Política, persiste en el incumplimiento de las normas internacionales y ha contribuido a la profundización de las violaciones a esos derechos fundamentales… Se ha comprobado la persistencia de diversas formas de violencia que se venían ejerciendo contra los trabajadores y sus organizaciones: la violencia física, a través de las fuerzas policiales e incluso del ejército, por medio de golpeadores contratados o de paramilitares que ejercen la intimidación, el terror y el asesinato; la militarización de regiones enteras, y la criminalización creciente de la protesta social. El Tribunal de Libertad Sindical en México emitió una nueva resolución, la cual da cuenta del agravamiento de la violación a la libertad sindical y del aumento de la violencia ejercido por el propio estado mexicano”.

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Algunos casos relevantes: 1. Sindicato Mexicano de Electricistas. El 10 de octubre de 2009, las instalaciones de Luz y Fuerza fueron tomadas policiaca y militarmente con más de 27 mil efectivos desalojando a los trabajadores con lujo de violencia. Unas horas después, el gobierno mexicano emitió un inconstitucional decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro que violentó las facultades del Congreso de la Unión en esta materia y las garantías individuales y laborales de sus 44 mil 500 trabajadores y sus familias, al despedirlos sin ningún tipo de advertencia o juicio y sin la debida consulta con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como complemento, el Estado Mexicano desató una violenta campaña mediática para desacreditar, estigmatizar y criminalizar a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, causándoles un tremendo daño moral, social y económico. Posteriormente se les ha negado a estos trabajadores su derecho a ser reinstalados bajo la figura del “patrón sustituto” que actualmente presta el servicio eléctrico en esta zona. La contratación - por parte de empresas “outsourcing” - de empleados que carecen de la capacitación necesaria para la prestación del servicio, ha sido la causa de graves fallas en el servicio y la muerte de no menos de treinta trabajadores. Actualmente continúan en resistencia 16 599 trabajadores que continúan exigiendo su derecho a ser reinsertados en el sector eléctrico, el respeto a su contrato colectivo de trabajo y a su organización sindical. 2. Sindicato Minero. La intensa lucha de este gremio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros y su exigencia de esclarecer el accidente de la mina “Pasta de Conchos”, que le costó la vida a 65 trabajadores mineros, fueron violentamente rechazados por el anterior y el actual gobierno

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panista. Su respuesta fue fincarle a su dirigente principal, el compañero Napoleón Gómez Urrutia, una falsa acusación por “malversación de los fondos sindicales”. También intentaron dividir al sindicato y al no lograrlo crearon un sindicato paralelo. Posteriormente han violado flagrantemente el derecho de huelga de sus secciones de Cananea, Taxco y Sombrerete, en los estados de Sonora, Guerrero y Zacatecas, respectivamente. Actualmente este sindicato continúa su lucha por el reconocimiento de su Secretario General, la resolución de los conflictos huelguísticos, el castigo de los responsables de los homicidios industriales y por mejorar las condiciones de seguridad en las minas. 3. Trabajadores de Mexicana de Aviación. Luego de la privatización de esta exitosa empresa estatal, el empresario Gastón Azcárraga realizó una serie de malos manejos y saqueo impunes de esta empresa que provocaron su quiebra. El gobierno está aprovechando esta situación para abrir el espacio aéreo mexicano a empresas extranjeras y atacar los contratos colectivos de los trabajadores. 4. Trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes mexicanos que laboran en los Estados Unidos y Canadá sufren de las peores condiciones de trabajo y salariales en dichos países, además de una lamentable discriminación. De manera criminal el gobierno mexicano aplica un tratamiento aún más denigrante a los trabajadores centroamericanos que pasan por nuestro país rumbo a los EE.UU. Cientos de trabajadores centroamericanos han sido asesinados o desaparecidos recientemente.

Juárez "trabajan" arduamente para situar a México como el segundo productor de pornografía infantil en el mundo. Por ello resulta de imprescindible urgencia erradicar el trabajo infantil de México y hacer exigibles y vinculantes los derechos consagrados en el artículo 123. 6. Salarios de hambre y desempleo. Bajo el neoliberalismo los salarios reales se han reducido en un 80 por ciento, convirtiéndose en los más bajos del mundo. Oficialmente el desempleo asciende a un 5.5 por ciento, pero en realidad junto con el subempleo abarca al 25 por ciento de la población. Existen 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Todo esto explica la grave descomposición social y el crecimiento exponencial de la delincuencia. 7. Maestros democráticos integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), son reprimidos sistemáticamente a consecuencia de su lucha por preservar la educación pública, mejorar las condiciones de vida y trabajo de su gremio, así como democratizar su sindicato nacional. Éstos y otros casos se podrán presentar y ampliar en las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos-México para demostrar que en México se ha roto con las leyes nacionales e internacionales que procuran derechos y libertades fundamentales a los trabajadores mexicanos.

5. Trabajo infantil. En 2007 en México, había 29 millones de niños y niñas de 5 a 17 años de edad, de los cuales más de 3 millones y medio realizaron alguna actividad económica, el 67% eran niños y 33% niñas. Sus condiciones de trabajo y salariales son, en muchas ocasiones, aún peores que las de sus mayores. Miles de niños y niñas en ciudades como Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad

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5. Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía Verónica Villa Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz blanco, y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne...

Popol Vuh

El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país, si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo. La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), requirieron que el Estado mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular, los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo la que busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al

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extremo de apostarle a las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimentación de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos del maíz en un 50%, lo que benefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan el grano.15 Una segunda tesis es que este desmantelamiento jurídico y esta privatización tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos. Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles el atentar contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Una tercera tesis es que estas leyes promueven una invasión transgénica —que comenzó en 2001— e inevitablemente contaminará a las 62 razas y miles de variedades que existen en Las investigaciones del Centro de Estudios para el cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) durante más de 15 años, son la fuente de estas conclusiones. Ver www.ceccam.org.mx

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México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales. Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—, todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática. Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, debido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, el transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el almacenamiento

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y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los gases con efecto de invernadero.16 En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos un 70%17 de los alimentos del mundo, y mantener nuestros cultivos ancestrales, con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera voluntad política para defender los modos de vida que están en el centro de esta agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa: diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que también son nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control territorial, un autogobierno, una autonomía. Debemos frenar el acaparamiento de tierras y la invasión de los territorios de las comunidades. La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente. El maíz es sustento material y también fuerza identitaria y sagrada. Al contaminarlo con transgénicos, al desmantelar la economía maicera desde las políticas gubernamentales, al despreciar la milpa, se atenta contra un proceso inédito, específico en el mundo: la propuesta civilizatoria mesoamericana. El ataque al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen, pues, contra uno de los pilares de la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del maíz, al defender el Ver GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octubre, 2009, http://www.grain.org/article/entries/1236; “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, 28 de septiembre, 2011, http://www.grain.org/es/article/entries/4364 17 ETC Group: “¿Quién nos alimentará? Cuestiones sobre la crisis del clima y los alimentos”, 14 de diciembre, 2009, http://www.etcgroup.org/en/node/4921 16

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intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera. El maíz es nuestra sangre, nuestra carne, nuestra madre, nuestro hijo, es el que habla, ríe, se pone de pie y camina. Poema náhuatl. Esta audiencia es promovida por más de mil comunidades de agricultores en mediana y pequeña escala, y campesinos indígenas en todo el país. Entre algunas de las organizaciones se encuentran la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en Chihuahua, la Huasteca y la Península de Yucatán, entre muchos otros estados. 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos Alejandra Méndez Mi nombre es Alejandra Méndez Serrano, formo parte del Centro “Fray Julián Garcés” de Derechos Humanos y Desarrollo Local, en el estado de Tlaxcala, una de las entidades que acumula muchos de los más graves problemas sociales y ambientales del país por la contaminación de sus ríos y suelos, la acumulación de daños a la salud de sus habitantes y por la crisis desatada debido a la trata de personas para la prostitución. Formo parte también de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, uno de los espacios que existen en México para la articulación de las luchas que defienden el derecho colectivo a un medio ambiente sano y a que se respete la decisión de las comunidades locales del campo y la ciudad respecto al uso del territorio que ocupan y para que en nuestro país prevalezca un Estado de derecho que garantice no sólo formalmente, sino realmente, las condiciones sociales y

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ambientales para que las generaciones presentes y futuras puedan existir y desarrollarse. Desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a los campesinos e indígenas se les obligó a competir en absoluta desventaja con la agroindustria subsidiada de Estados Unidos, centrada en los transgénicos, la ganadería industrial y las plantaciones de monocultivos (de árboles, cereales y frutos comerciales, y ahora de agrocombustibles). A millones de trabajadores urbanos se les impuso una reducción criminal del salario y, poco a poco, se les fue restringiendo el acceso al espacio urbano por medio de la expansión de centros comerciales, tiendas de conveniencia, libramientos carreteros, gasolineras, unidades habitacionales, redes de telefonía celular, antros y hasta clubes de golf, fraccionamientos privados de lujo o enormes zonas de urbanización, conectadas directamente al mercado global, pero carentes de lazos con los barrios vecinos, convertidos en verdaderas barriadas, favelas o ciudades miseria. A 17 años de inicio del TLCAN, las medidas jurídicas e institucionales adoptadas por las sucesivas administraciones mexicanas fueron fundamentalmente dos: 1. La abolición de facto de cada una de las garantías laborales y salariales a los trabajadores mexicanos para abaratar su fuerza de trabajo y atraer inversiones extranjeras de alto y rápido rendimiento. 2. La desregulación ambiental, orientada a garantizar la impunidad de las empresas que generasen cualquier tipo de saqueo de recursos naturales o su destrucción mediante el vertimiento de residuos o emisiones tóxicas en los suelos, aguas y aire de las comunidades mexicanas.

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Como resultado visible de este penoso proceso, el campo mexicano es hoy una zona de desastre: México importa 40% de los alimentos que consume, y de los que sí se producen en México, una parte cada vez mayor es acaparada por la agroindustria y las empresas que procesan alimentos industrialmente; cada minuto emigra un mexicano a Estados Unidos, y el espacio rural es codiciado por sus minerales, bosques y biodiversidad, para la instalación de grandes presas, para saquear el agua de los ríos y los acuíferos o como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, las aguas negras o la siembra de estupefacientes. Y las ciudades, intransitables ya por el exceso de automóviles privados, se están volviendo inhabitables por la violencia, la degradación de la convivencia, la privatización y deterioro de los servicios públicos, por el desprecio de las autoridades a los reclamos de las organizaciones sociales en los barrios populares y por el deterioro de la salud de sus habitantes (México, además de ser el primer consumidor mundial de agua embotellada, es ya el primer país en el mundo en obesidad infantil y el segundo en diabetes y obesidad adulta). El saldo general del colapso ambiental de México es entonces mayor que la suma de los agravios locales y regionales vividos por las comunidades de todo el país en estas tres décadas: 70% de los ríos del país están tan contaminados que sus aguas son altamente tóxicas para quienes viven en sus orillas; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados por el dispendio agroindustrial y el saqueo urbano de las aguas rurales; México pierde diversidad biológica y bosques a un ritmo vertiginoso; las tierras de cultivo de alimentos están amenazadas tanto por la expansión invasora de las ciudades como por la siembra “experimental” de maíces, soya, jitomates, algodón, jatropha y otras especies de transgénicos (por no mencionar opiáceos y marihuana en las sierras), y el territorio nacional se

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sumerge en una guerra sin fin entre las facciones de criminales que participan impunemente en 22 de los 23 ramos reconocidos de la economía criminal global. En medio de estas y otras agresiones privatizadoras y destructoras del tejido social mexicano, muchas comunidades campesinas, indígenas y urbano-populares, así como organizaciones sociales y civiles hemos opuesto resistencia jurídica y política. Nos hemos enfrentado al desprecio de las autoridades y las empresas en nuestras luchas por garantizar nuestro derecho a la consulta, a la decisión previa informada y al rechazo de sus proyectos de despojo. Hemos acudido a tribunales locales y federales y hemos presentado evidencias de los daños ambientales, sociales, económicos y a la salud ocasionados por las minas, las presas, las carreteras, los basureros, e incluso varias veces esos mismos tribunales nos han otorgado la razón (como en los casos de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, o la Presa La Parota, en Guerrero). Y aún después de haber demostrado que tenemos la razón, las autoridades ambientales mexicanas no sólo se han mostrado incapaces para detener y cancelar dichas operaciones, sino además, han puesto en evidencia su complicidad con los agresores, permitiéndoles actuar con la más completa impunidad. En otras palabras, México sufre, en términos jurídicos, una crisis por desviación de poder, en la que el Estado mexicano promulga leyes y administra las instituciones públicas con el fin de favorecer el interés privado de un muy reducido grupo de empresas privadas, transfiriendo a los pueblos de México la mayor parte del saldo negativo: menor disponibilidad de agua, aire, y suelos limpios, devastación del territorio, pérdida efectiva de derechos, nulo acceso a la información y, por supuesto, a la justicia. En México, la mayoría de las luchas socio-ambientales de las comunidades locales se ha desarrollado, hasta ahora, principalmente de manera invisible, dispersa, inconexa, aislada y

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en completa desventaja jurídica y política frente a gobiernos locales, estatales y el federal, que actúan como defensores de oficio de las empresas privadas mexicanas y extranjeras. Así hoy, aunque el gobierno federal mexicano por un lado simula ante el mundo su “compromiso” con la preservación ambiental, por el otro ya ha concesionado casi el 30% del territorio nacional para la exploración y explotación minera transnacional, privatiza el agua de los ríos y los acuíferos y promueve esquemas mercantiles en el manejo de los bosques y selvas. Pero también dedica amplios recursos para difamar, desconocer, golpear y criminalizar todo intento de crítica y defensa colectiva de la autonomía de los pueblos e impide que éstos decidan informada y democráticamente sobre el uso de sus territorios y recursos comunitarios. Es por todas estas razones que hoy estamos aquí: para reivindicar nuestros derechos como pueblos y para anunciar a todos ustedes que las múltiples y diversas organizaciones sociales y comunitarias que participamos en la defensa del derecho del pueblo mexicano a gozar de un medio ambiente sano y a frenar el colapso ambiental de nuestra nación exigiremos, a lo largo del proceso de la Audiencia sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, en el marco del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos:  Que se realice un diagnóstico real de las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadas de 17 años de libre comercio y se reconozca que México vive un colapso social y ambiental sin precedentes.  Que se detenga la criminalización y la persecución política que sufren los activistas ambientales del país.  Que se sancionen efectivamente los delitos ambientales cometidos por el Estado y las empresas privadas contra los pueblos de México y que, como parte de la sanción, se incluya la

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restitución de la integridad ambiental de los ecosistemas, aguas, bosques, suelos y aire de las comunidades afectadas.  Que se cancelen todas las concesiones de tierras, bosques y aguas a proyectos mineros, carreteros, agroindustriales, de presas o basureros y se establezca una verdadera política de Estado que proteja el derecho de los pueblos a oponerse al saqueo indiscriminado de sus territorios y a defender el lugar en el que viven.  Que el Estado mexicano asuma su responsabilidad por la catastrófica situación ambiental del país, lo cual incluye la derogación de las leyes que facilitan el despojo y la privatización de los recursos naturales del país, la creación de tribunales especializados en materia ambiental en México, así como el acatamiento de las resoluciones judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos de detener actividades y proyectos que notoriamente han violado los derechos individuales y colectivos de los pueblos.  Que se reinstale la moratoria definitiva a la siembra “experimental” (y de cualquier otro tipo), de cultivos transgénicos, especialmente en el caso del maíz, del que México es centro de origen y diversidad. Desde hace mucho esperábamos la oportunidad de hacernos visibles. Desde hace mucho tiempo hemos cuestionado y denunciado las violaciones a nuestro derecho a existir. Por ello, agradecemos y reconocemos que el Tribunal Permanente de los Pueblos esté en México para escuchar nuestros argumentos y facilitarnos un espacio de diálogo y encuentro con nosotros mismos y con otros pueblos del mundo que han acudido a él para hacerse escuchar y volver a abrir la puerta a la esperanza.

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Consideramos necesaria la realización de una audiencia sobre “desinformación, censura y violencia contra los comunicadores” por las consideraciones que enunciare a continuación:

las organizaciones sociales que pretenden denunciar los agravios de que son víctimas, y criminalizar las protestas sociales. La injusticia y la impunidad son reforzadas a través de amplios bolsones de silencio y desinformación, como lo han denunciado las redes, organizaciones y sindicatos de comunicadores que marcharon recientemente en la ciudad de México bajo el lema “el peor crimen es el silencio”.

1. El duopolio televisivo y de las telecomunicaciones

2. Agresiones contra periodistas

Según datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en 2007 el 94% de las 461 estaciones televisivas en México eran propiedad de dos compañías: Televisa con el 56% de las estaciones comerciales del país y TV Azteca con el 38%. Dos tercios de la inversión publicitaria benefician a Televisa y el resto a TV Azteca. Cada una de estas empresas tienen dos canales nacionales y Televisa posee, al mismo tiempo, un sistema de repetidoras con las que puede articular una tercera cadena nacional, con lo cual concentra el 72% de la audiencia nacional.

El relator especial sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyo, en Junio de este año, que México es el país más peligroso del continente americano para los comunicadores; documentó 66 casos de asesinatos de periodistas ocurridos entre 2000 y 2010 y 12 desaparecidos entre 2005 y 2010, de los cuales muy pocos fueron esclarecidos. Según reporteros Sin Fronteras, en México han asesinado 73 periodistas desde 2000. Además, según el comité para la protección de periodistas, los índices de impunidad se han agravado en México. Hasta marzo de 2010, la fiscalía especial de los actos contra periodistas, solo había consignado 4 casos de los 108 registrados, y en el 60% de ellos se había declarado incompetente.

7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores Talina Hernández

El duopolio televisivo domina en nuestro país, no solo el mercado de la televisión, sino también amplios segmentos de la radiodifusión y se disputa actualmente el dominio de nuevas tecnologías de la comunicación amparadas en procesos digitales que permitirá una mayor expansión y concentración; el duopolio también ejerce control sobre los mecanismos de conformación y operación de los órganos reguladores oficiales de las comunicaciones. Además cuenta con numerosas curules en el congreso de la unión, con el cual promueven las leyes para defender y ampliar sus privilegios, por ejemplo: la llamada Ley Televisa. Las dos grandes televisoras del país controlan la información y de opinión hacia la sociedad; impiden una mínima pluralidad informativa; se permiten ocultar y tergiversar información sobre

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Los informes de Cencos, Artículo XIX y la Fundación Manuel Buendía refieren, que en más del 65% de los actos contra medios se advierte como presuntos responsables a gente vinculada al poder público. Otro mecanismo eficaz para restringir la libertad de expresión es la ambigüedad de la ley que permite un uso abusivo de del derecho de defensa de la personalidad. Esto permite la recurrente demanda penal contra los periodistas por la difamación, lo cual obliga al periodista demandado a defenderse de las acusaciones con un costo enorme de energía y dinero. Además, sirve de

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advertencia y amenaza indirecta para quienes realizan el periodismo de investigación. Por otro lado, los casos de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, detenidos en Veracruz, el 25 de Agosto del 2011, acusados de terrorismo por publicar en Twitter y Facebook comentarios sobre la supuesta situación de alarma en la ciudad ; así como el de María Elizabeth Macías Castro, asesinada en Nuevo Laredo, Tamaulipas por difundir a través de las redes sociales información sobre las actividades de narcotraficantes, demuestran la incompetencia del estado mexicano para asegurar el respeto a la libertad de expresión en las redes sociales, blogs y páginas de medios libres y comunitarios, incumpliendo su obligación de brindar seguridad a las personas que hacen uso de ese derecho.

4. Las estrategias de criminalización mediática de la protesta social

3. La situación de las radios libres y comunitarias Debido a la legislación a la legislación actual y el impedimento de la parte del duopolio de crear una nueva legislación con una visión más plural, publica, y menos comercial, se ha negado el derecho de los pueblos a manejar sus propios medios de comunicación. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), han documentado amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, tortura, homicidio y bloqueos en la cobertura informativa; delitos que quedan en la impunidad. La legislación actual ni siquiera reconoce a la radiodifusión comunitaria como legitima. Debido a ello, las radios comunitarias están sujetas a un alto grado de discrecionalidad de las autoridades para otorgarles un permiso, el cual además discriminatorio, ya que se les impide tener financiamiento comercial y gubernamental, así como acceso a la publicidad

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oficial por declararlas “radios no lucrativas”, lo cual las condena frecuentemente a un cese de operaciones por razones financieras. Por estas razones, muchas radios libres y comunitarias han preferido operar sin permiso, por lo que son perseguidas por vías penales desproporcionadas. El caso de radio Tierra y Libertad, en Nuevo León, es un ejemplo contundente del uso de la fuerza pública excesiva y de violación de derechos humanos, ya que han sido tomada por la fuerza pública y sus integrantes sujetos de procesos penales. Radio Ñom’da, en Guerrero, han resistido el continuo asedio policíaco y la persecución de quienes participan en este proyecto indígena autónomo. Uno de los casos más graves en este sentido, es el asesinato de dos mujeres triquis, en Oaxaca, promotoras de una radio autónoma, el cual hasta el momento continua impune.

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Las luchas por los movimientos sociales en México generalmente son ocultadas e invisibilizadas por los medios comerciales de comunicación, y cuando se logra cierta visibilización, se tiende a minimizar y descalificar a los movimientos. Rara vez se da la voz a sus miembros y se escuchan sus argumentos. Se minimizan las estrategias de resistencia civil pacífica y se engrandece todo acto de violencia. Esto contribuye claramente a justificar la represión violenta de los movimientos. Los medios comerciales construyen un escenario o tribunal, donde se juzga a los movimientos sociales. Desde las mesas de noticias, los locutores actúan como jueces y llaman de diferentes maneras a callar a los movimientos ya reprimirlos. En esa lógica no hay espacio para narras los conflictos políticos y económicos que están en la base de las movilizaciones; no hay espacio para señalar las crisis sociales de representación política y cuestionamientos del orden vigente. Tampoco hay espacio para

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narrar las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos. El caso de Atenco en 2006 es uno de los más paradigmáticos, debido al que operaron los medios de comunicación masiva. Ellos son responsables de crear un escenario de justificación de una represión extremadamente violenta contra el poblado de Atenco. 5. La violación del derecho a saber Finalmente, hay que señalar que el Estado Mexicano, en todos sus niveles, viola sistemáticamente los derechos de las poblaciones afectadas por los megaproyectos y las políticas públicas, no sólo en lo que se refiere a ser consultadas al respecto, sino también a ser informadas de dichas iniciativas, incluso cuando suponen el despojo y la destrucción de sus hogares, sus territorios, sus espacios de trabajo, sus tierras de cultivo y sus lugares sagrados. Ante lo expuesto podemos admirar que en México hay de manera sistemática, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

II. Intervenciones de los jueces 1. Franco Ippolito Para responder a la solicitud y a las preguntas que han sido hechas al TPP, creo que lo mejor es hacer referencia a los principios establecidos por la declaración de Argel, que representa, junto con el sistema internacional de derechos humanos, el marco normativo básico del Tribunal, y recordar la cultura jurídica, la jurisprudencia madurada por el TPP a lo largo de sus treinta años de historia. Puedo dar lectura a algunos de los artículos de la declaración: todo pueblo tiene derecho al respeto de su identidad nacional y cultural; todo pueblo tiene derecho a liberarse de toda dominación extranjera, directa o indirecta; tiene derecho a un régimen democrático capaz de asegurar el respeto efectivo de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos; todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior; todo pueblo tiene derecho a que no se le imponga una cultura extranjera; cuando, en el seno de un Estado, un pueblo es una minoría, tiene derecho a que se respete su identidad, sus tradiciones, su lengua y su patrimonio cultural; todo incumplimiento a las disposiciones de la presente declaración constituye una transgresión a las obligaciones frente a toda la comunidad internacional. En su historia, el TPP ha reafirmado la existencia de una jerarquía de normas partiendo del principio de que los derechos del ser humano están en la cúspide de la pirámide normativa, y los derechos e intereses privados se encuentran subordinados a aquéllos. La soberanía de los pueblos y derecho de autodeterminación deben presidir el marco normativo de las relaciones internacionales.

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Para el TPP los derechos humanos tienen un papel prioritario en la garantía de la dignidad y están por encima de los derechos de propiedad de los poderosos y de la libertad económica. Garantizar estos derechos económicos, sociales, culturales, medio ambientales es una obligación primordial del Estado, que debe diseñar políticas públicas adecuadas y medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden, para garantizar el respeto, la satisfacción y la protección de todos los derechos humanos. El modelo económico debe estar sometido a los principios del Derecho internacional y el derecho a la propiedad ha de ser Limitando y democratizando, esto es, subordinando al interés general para que cumpla su función social y económica. Hay que aprobar y aplicar de manera imperativa y efectiva los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que hay que someter las normas sobre inversiones y comercio al Derecho internacional de los derechos humanos. El TPP, como dijo antes Gianni Tognoni, quiere dar voz a las víctimas, a las victimas individuales y colectivas. Las sistemáticas violaciones de derechos humanos inciden pesadamente no sólo en las existencias individuales sino sobre la base misma de la forma de vida de las comunidades rurales, sobre la tierra que trabajan, el aire que respiran, el agua que secularmente ha cubierto sus necesidades elementales. Al final, el TPP evidencia el derecho a la justicia como un derecho fundamental, como un derecho a los derechos. El Estado debe hacerse cargo de que todas las personas y los pueblos tienen derecho a ver garantizados los propios derechos. El Estado está obligado por el Derecho internacional a garantizar el derecho a la justicia, es decir, a procurar los recursos para la eficiencia del sistema judicial y, naturalmente, para asegurar la independencia los jueces no sólo respecto de otros poderes, en particular de los económicos, sino respecto de la

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jerarquía judicial también. La independencia, es independencia del exterior, pero es independencia también de la pirámide judicial. La independencia no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos, y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar los delitos por medio de un sistema de justicia verdaderamente independiente, idóneo para juzgar y aplicar las leyes nacionales e internacionales. El Estado no puede eludir el ejercicio del deber de buscar por medio, por ejemplo, de amnistías u otras figuras de impunidad, las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad y a una total reparación. Con mis colegas estamos aquí para asumir el compromiso, de parte del TPP, de visibilizar delante de la opinión pública internacional la real y dolorosa situación de México. Hoy se abre un proceso largo de investigaciones e instrucción a través de audiencias temáticas públicas que confluirán en una audiencia final con la participación de muchos juristas y personalidades internacionales del TPP. El Tribunal reconfirma su compromiso con la conciencia de que lo que cuenta verdaderamente es, sobre todo, la participación para la construcción del derecho y la democracia por parte de los ciudadanos y de los pueblos. 2. Philippe Texier Tradicionalmente los jueces son mudos, se expresan por sus sentencias. Pero tenemos el deber, por lo menos, de decir por qué estamos aquí, por qué acogemos positivamente la petitoria que nos presentó el grupo, impresionante, que está aquí. Partiendo de lo que se ha dicho esta mañana yo quiero retener algunas expresiones que oímos. Se habló de descomposición de la sociedad, de descomposición del Estado, se habló, y mi colega Franco Ippolito acaba de subrayarlo, del deterioro de la justicia, y

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se habló, y posiblemente es lo más importante para nosotros, de un alto grado de impunidad. Por eso, y repito lo que se dijo ya, hay una necesidad de visibilizar la situación imperante en México. Uno de los últimas oradores de esta mañana, oradora perdón, dijo: “el peor crimen es el silencio”; es, obviamente, el motivo de nuestra presencia aquí, luchar contra el silencio. México, el Estado mexicano tiene una doble imagen. Tiene una imagen internacional relativamente buena, y justamente el papel de toda la sesión del Tribunal será mostrar si esta imagen muy positiva exterior es justificada o no. El Estado mexicano, y como puede averiguar en otros sitios, ha ratificado casi todas las convenciones internacionales: el Pacto de derechos civiles y políticos, el Pacto de derechos económico, social y culturales, la Convención contra la discriminación hacia la mujer, la Convención contra la discriminación en general, la Convención en contra de la tortura y las mayores convenciones de la OIT, y resulta que no ha cambiado gran cosa en su política, por eso es que estamos aquí, por eso es que se va a empezar este ciclo de audiencias.

está movilizado para eso. Tenemos el deber efectivamente de, frente a esta impunidad que se ha subrayado en varias oportunidades esta mañana, mostrar cuál es la realidad. Lo haremos con toda independencia porque la característica TPP es la independencia, lo haremos con toda la seriedad posible, oyendo a los testigos, a los expertos. En particular, sabemos que hay un deterioro en México del medio ambiente que es un verdadero crimen porque trae consecuencias sobre el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la vida. Como ya se ha dicho, todo ello se ha de terminar con la audiencia final en la que el Tribunal tendrá que presentar una sentencia definitiva. Creo que lo que queremos, el propósito de esta audiencia de hoy y las que van a seguir, es ayudar al pueblo mexicano a que la verdad aparezca.

Quisiera insistir sobre lo que ya dijo Franco sobre la violación de muchos artículos de la declaración de Argel. Empezaría por el 5, porque ese artículo es fundamental, es un artículo sobre la autodeterminación, la autodeterminación no solamente está prevista por este articulo sino por los artículos primeros de los dos Pactos, y se trata para un país, para un pueblo, de escoger no sólo su régimen político sino también de explotar personalmente sus riquezas, su suelo y su subsuelo, y uno de los temas de ecología, minas etc., será ver si realmente el Estado de México respeta esos artículos. Se está abriendo primero un ciclo de investigación sobre cada uno de los siete temas que se han abordado esta mañana y luego de audiencias de cada uno de ellos. Sabemos el pueblo mexicano

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SEGUNDA SECCIÓN.

Síntesis de los temas principales expuestos por Simona Fraudatario, secretaria técnica del TPP, frente a diversos grupos de trabajo de cada una de las audiencias temáticas.

I. Sobre las generalidades del TPP y el Capítulo México El TPP es un tribunal ético internacional que nace en 1979 y tiene como antecedente las sesiones del Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina. Su objetivo es constituirse en una tribuna permanente en la que los pueblos afectados por graves y masivas violaciones a los derechos humanos tomen la palabra y sean reconocidos como sujetos de derecho. Su especificidad reside en su metodología de trabajo de análisis interdisciplinario, donde el derecho es concebido como laboratorio de investigación con el fin de esclarecer las causas estructurales de la violaciones y las responsabilidades complejas que la determinan. El TPP nació propiamente para afirmar la legitimidad en el ámbito internacional del derecho a la existencia de los individuos en su dimensión colectiva y del deber de protegerlos frente a la violencia estatal, principio innovador en un ordenamiento que reconocía sólo a los Estados y al hombre abstracto. A lo largo de toda su experiencia, el TPP ha promovido los derechos colectivos y de los pueblos a lado de los derechos individuales, reconociendo que por ningún motivo deben excluirse unos derechos en nombre de otros, sino que más bien todos ellos forman parte de una misma realidad compleja en la que se encuentran articulados y en dependencia recíproca.

impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. Asimismo, el TPP fundamenta sus intervenciones en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos del 1976 (conocida también como Carta de Argel y que es, de hecho, la Carta constitutiva del TPP), la cual reconoce los derechos de los pueblos a la existencia, a la autodeterminación política, económica y cultural. A lo largo de más de 30 años de actividad, el TPP ha llevado a cabo 37 sesiones en diferentes regiones y países del mundo, con el fin de averiguar las múltiples implicaciones de la violación del principio de autodeterminación expresado en la Carta de Argel. El conjunto de las sesiones y sentencias representan la riqueza y complejidad de la historia de vida de muchos pueblos. Para facilitar su lectura, se puede elaborar una agrupación de los casos según áreas temáticas, que si bien no pueden abarcar la heterogeneidad y complejidad de los diferentes casos analizados, pueden servir de orientación: 1. Sobre la autodeterminación de los pueblos, interna y externa (a manera de ejemplo: la sesión sobre Sahara occidental, en Bruselas de 1979; la sesión sobre Argentina, en Ginebra de 1980; la sesión sobre Nicaragua, en Bruselas de 1984). 2. Sobre las causas estructurales que obstaculizan y violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y las raíces del Derecho internacional (los referentes obligados son: las sesiones obre Las políticas del FMI y el BM, en Berlín de 1989 y Madrid de 1994; la sesión sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina, en Bogotá en 1991; la sesión sobre La conquista de América y el Derecho internacional, en Padova y Venecia de 1992).

La actuación del TPP tiene como inspiración y punto de partida el artículo 3 de la Constitución italiana de 1947, que en su párrafo segundo señala que el Estado italiano (la República) tiene el deber de remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando el derecho a la libertad y la igualdad de los ciudadanos,

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3. Sobre crímenes económicos y su autonomía frente a las categorías del derecho (a manera de ejemplo, las recientes y paralelas sesiones sobre La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina, que se ha concluido en Madrid en 2010 y la sesión sobre Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia, que se ha concluido en Bogotá en 2008). 4. Sobre crímenes contra “los pueblos que no pertenecen a nadie” (a manera de ejemplo, La violación de los derechos de los niños y de los menores de edad, en Trento, Macerata y Napoli en 1995; la sesión en Berlín de 1994 sobre El derecho de asilo en Europa). Frente de la inefectividad e inaplicación de los principios reconocidos por el derecho internacional, el TPP ha hecho permanente una línea de investigación que es la relación entre economía y derecho, que prescinde de la fragmentación dada por la especificidad de cada uno de los casos analizados y por analizar, con el fin de trazar un enfoque común de interpretación. La justificación de este enfoque es dada por los impactos, en términos de tiempo y de espacio, de la aplicación del modelo económico neoliberal en los derechos de los pueblos y en la misma configuración del derecho. Al lado del aumento de las desigualdades sociales, de la pobreza y de la miseria, el TPP ha constatado el confinamiento del derecho –siempre más apartado de la protección de los pueblos– y su transformación en instrumento técnico a servicio de las necesidades del mercado.

A partir de la consideración de este enfoque, se hace más claro que la finalidad última del TPP no es volver a afirmar derechos ya proclamados, sino más bien destacar la incompatibilidad del modelo económico vigente con los derechos reconocidos universalmente y reafirmar la jerarquía entre economía y derechos humanos. El caso México que está a punto de abrirse cabe perfectamente en estas reflexiones. Como ha sido bien destacado en la petitoria enviada al TPP, cuyos elementos serán objeto de análisis de sus jueces y miembros a lo largo de las diferentes audiencias temáticas, en México se manifiesta una ausencia de instrumentos jurídicos de tutela y protección de derechos humanos y de los derechos de los pueblos, unos mecanismos de impunidad normativa y estructural y de “desvío de poder” que pretenden hacer pasar los intereses particulares de grupos económicos como el interés general de la población.

II. Sobre la presentación de los casos Los puntos que siguen pueden servir de orientación general para la presentación de los casos y la realización de las audiencias temáticas. 1. Con antelación se debe preparar un expediente que contenga los casos que se presentarán a los jueces durante los días de realización de las respectivas audiencias temáticas; dicho expediente, en su versión definitiva, deberá ser entregado a la Secretaría del TPP al menos un mes antes del día en que esté prevista la celebración de la audiencia. 2. En el documento se deben exponer los casos y una contextualización general, de tal forma que se deje en claro que no se trata de una serie de situaciones aisladas, sino que, más bien, se evidencien los elementos recurrentes que

En la relación entre economía y derecho, el concepto de autodeterminación de los pueblos (y su variabilidades históricas), de implicación y protección efectiva del derecho a la vida de los pueblos, de la evolución de los mecanismos de impunidad y de violencia y su finalidad (la de reconfigurar sociedades y modelos de vidas de los pueblos), han sido y siguen siendo elementos esenciales de análisis.

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comparten y que permiten reconocer el carácter estructural y sistemático de las violaciones. Los casos deben de cumplir con una serie de elementos mínimos para garantizar que aporten elementos probatorios sobre la denuncia hecha en la petitoria que sustenta el Capitulo México del TPP. La Secretaría del TPP a su vez puede hacer observaciones de forma, recomendaciones de carácter funcional o bien de profundización sobre el contenido de los casos. Cada grupo responsable de las audiencias temáticas puede decidir cómo prepararse para llegar al día de la audiencia, ya sea que se lleven a cabo pre-audiencias, talleres, acciones de concientización, de difusión, de involucramiento, etc. Las pre-audiencias pueden servir como simulaciones de audiencias oficiales. En ellas se pueden presentar y juntar casos, con expedientes, testigos y expertos o jueces. Son momentos organizativos cuya estructura es muy laxa y sirven para que se vayan afinando los argumentos y los expedientes en general. Por esta razón, en las preaudiencia el TPP no participa oficialmente. Durante las audiencias temáticas del TPP se dará lugar a la presentación de los casos, a cargo de “expertos” y “testigos”. Los expertos se encargarán de la contextualización de los casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos. Los testimonios de víctimas directas permiten al TPP comprobar reconocer el vínculo directo de la acusación con la realidad de las violaciones. La posibilidad de tener testigos depende de la voluntad de los testigos mismos: en algunos casos quieren hablar y ser escuchados; en otro no lo consideran oportuno o conveniente por seguridad propia. Los tiempos de cada audiencia temática: se desarrollan aproximadamente en un día y medio o dos días. Luego hay que preveer la deliberación de los jueces y la lectura

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de la decisión o del juicio que, para las audiencias temáticas, se expresará a través de un dictamen que se leerá públicamente la mañana o la tarde del tercer día. Cada dictamen confluirá en la sentencia final que concluye la sesión. 10. En cada audiencia temática es importante resaltar la relación que éstas tienen con el conjunto de la sesión y con su tema central: “libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, de tal manera que no se pierda nunca de vista que se trata de un solo proceso, de una sesión unitaria desplegada en audiencias temáticas y ejes transversales orgánica y fuertemente relacionados. Nunca hay que perder de vista la lógica de la construcción de la Sesión en su conjunto. 11. El TPP cuenta con alrededor de 120 jueces y expertos internacionales que se desenvuelven en distintas áreas de competencia (economía, derecho, medio ambiente, sociología etc.). 12. La composición del jurado para una audiencia tiene que ser heterogénea e interdisciplinaria para poder juzgar un caso más allá del ámbito jurídico e individualizar causas y responsabilidades de los hechos denunciados, que se han definido complejas.

III. Sobre las resoluciones y la sentencia final La sentencia final que emite el TPP estará fundada y motivada en consideración de lo establecido por el marco normativo de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. Sin embargo, la sentencia no es obligatoria para el Estado o los particulares responsables, carece de efectos vinculantes, más bien, debemos comprenderla dentro de toda una estrategia de reivindicación y del reconocimiento de su legitimidad. La sentencia de la audiencia final, así como las resoluciones correspondientes a cada una de las audiencias temáticas, son

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instrumentos al servicio de las luchas de los pueblos por el ejercicio efectivo de sus derechos. La justicia ética busca visibilizar las violaciones de los derechos humanos, pero también pretende visibilizar a las propias víctimas con el propósito de coadyuvar en la recuperación de su memoria y dignidad. Lelio Basso se dio cuenta de la necesidad de un acercamiento interdisciplinario para llegar a la comprensión total de las causas de las violaciones de los derechos de los pueblos. Ésta es la razón que justifica la pluralidad de las competencias de los expertos que, en calidad de jueces, conforman el TPP.

de las audiencias correspondientes a los ejes transversales, son instrumentos que acompañan las luchas de los pueblos. No son puntos de llegada sino puntos de partida, momentos dentro de un proceso de reivindicación y reconstrucción social. Momentos dentro de un proceso de concientización, articulación y desarrollo de las luchas de los pueblos, de sus necesidades y capacidades reales, dentro de su organización como sujetos de derecho.

V. Elementos mínimos para la exposición de casos al TPP 1. Exposición de los hechos. Los hechos deben enumerarse, y deben consistir en una narración sucinta, clara y precisa, donde no falte nada pero tampoco sobre. El contenido de los hechos en que se funde la petición debe aludir al derecho presuntamente violado, a la forma en que fue violado y a los presuntos responsables de tal violación. La narración debe incluir una contextualización de la situación en la que se presentaron las violaciones, una descripción de la situación y de las violaciones concretas que se perpetraron, así como de sus consecuencias. 2. Fuente de las pruebas. Se trata de documentos oficiales como constancias notariales, certificaciones, actuaciones judiciales o cualesquiera resoluciones emitidas por autoridades locales, nacionales o internacionales. Pero también pueden presentarse fotografías, vídeos, grabaciones de audio, publicaciones en periódicos, revistas y libros, e incluso documentales y programas de televisión, páginas de Internet y demás documentos privados que coadyuven a demostrar los hechos. Las pruebas pueden ser confesiones, testimonios, informes periciales etc., independientemente de que hayan sido presentadas y recibidas o no en un proceso ante autoridades internas del Estado o bien ante instancias internacionales. De preferencia se deben presentar sólo las

La Secretaría del TPP notifica a los Estados o a la empresas transnacionales la realización de las audiencias, y lo hace con mucha anticipación. Es importante que el comité organizador de la sesión sobre México o las personas responsables de la comunicación con la Secretaría del TPP envíe todas las direcciones necesarias. A manera de ejemplo, para lo que se refiere a las empresas, sería necesaria la dirección de la casa matriz y de la sede en México. Una vez que el TPP ha elaborado la sentencia final, es decir después de la realización de la audiencia final, la Secretaría del TPP enviará la sentencia a los actores que han sido individualizados como responsables de los hechos y casos denunciados.

IV. Actos posteriores a la sentencia del TPP La sentencia del TPP puede ser usada de diferentes maneras: por ejemplo, puede servir para la visibilización luchas y reivindicaciones políticas y sociales, o bien puede emplearse dentro de una estrategia jurídica paralela, como prueba dentro de un proceso nacional o internacional. La sentencia y los dictámenes o resoluciones propios de cada audiencia temática o, en su caso,

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pruebas que sean fundamentales para corroborar los hechos narrados. Legislación de referencia que respalda la acusación. Se hace referencia a la legislación local, nacional o internacional, aplicada o no aplicada. Una ley se tiene por aplicada cuando algún tribunal o instancia de carácter jurisdiccional haya emitido alguna resolución o sentencia en la que se pronuncia reconociendo o no la existencia de violaciones y responsabilidad. En el caso de que en la resolución no se hayan reconocido violaciones o responsabilidades por cualquier motivo, el TPP puede analizar la argumentación del tribunal en cuestión y evidenciar, en su caso, sus vicios e inconsistencias. Una ley no aplicada es muestra palpable de impunidad. Muchas veces las autoridades no aplican todas las leyes que deben aplicar, ya sea por ignorancia o dolosamente. Respuestas eventuales de las instituciones. Se puede dar el caso de que haya respuestas de las instituciones o autoridades, un ejemplo son las sentencias, pero también cualesquiera resoluciones de autoridad, comunicados de prensa o hechos efectivos que respondan positiva o negativamente a las violaciones. En este punto se puede evidenciar si hubo o no acceso a la justicia. Evaluación de los hechos y de las respuestas institucionales. Aquí se van a contrastar los hechos descritos y las posibles respuestas institucionales con las leyes aludidas. El objetivo es que se logre demostrar que los hechos y las respuestas institucionales no observan, rompen, incumplen, contradicen, parcial o totalmente, las leyes, y por ello se presentan las violaciones de derechos mencionadas. Formalización del acto de acusación (contra organismos públicos o privados, individuos, gobiernos locales, el gobierno nacional, el Estado mexicano, otros Estados o

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bien organismos internacionales). En este rubro se van a mencionar a las autoridades, a las empresas o a los individuos responsables.

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Boletín 2 - TPP Capítulo México