en esta carencia de compromiso formal radica tanto su debilidad como su fuerza. Su carácter reversible puede atraer a gente con dudas y su carácter informal a gente con simpatía hacia la conservación, que confía en las partes implicadas y que busca costes bajos de transacción. La ausencia de formalidades implica menores costes administrativos y, puesto que los participantes están altamente motivados, dado que de otra manera no suscribirían el acuerdo, también los costes de aplicación son menores. Por otra parte, la ausencia de vínculo legal puede ser asumida por entidades conservacionistas con base en su voluntariado pero retraer a empresas ambientales de carácter profesional, que no pueden arriesgar su tiempo, recursos y los ingresos derivados de sus servicios. Sin embargo, estos tipos de acuerdos voluntarios, entre los que cabe mencionar los sistemas de certificación y etiquetado que se han abordado en un capítulo anterior, atraen cada vez a más empresas puesto que sus clientes están dispuestos a pagar un diferencial de precios por una opción “más verde”. Este es un caso híbrido ya que aunque los sistemas de certificación y etiquetado suelen establecer procedimientos reguladores que garanticen la aplicación de ciertos criterios para conseguir la certificación, la participación en tales esquemas es voluntaria.
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Otros casos de acuerdos voluntarios son aquellos que persiguen preservar especies en peligro a cambio de reducciones de impuestos, como los también mencionados acuerdos en Texas (EPA, 2005). En el Pacto Andaluz por el Lince Ibérico, los propietarios que lo suscriben, se comprometen voluntariamente a promover en sus propiedades usos respetuosos y compatibles con la preservación de la especie a cambio simplemente del reconocimiento social e institucional. El caso 24 muestra un estudio que analiza la aceptación que tendrían los acuerdos voluntarios para la conservación de bosques en Finlandia, en comparación con otros instrumentos voluntarios. En Irlanda se han empleado los acuerdos voluntarios para integrar terrenos privados a la red de espacios naturales. Se inicia mediante un contacto con propietarios de tierras (agricultores, empresas, instituciones- iglesia, Departamento. de Defensa, etcétera), en el que se informa de las justificaciones del proyecto. Los propietarios pueden suscribir voluntariamente un documento sin carácter legal por el que se comprometen a gestionar sus tierras de forma sostenible. Para ello se les ofrece asistencia técnica gratuita, cuyos gastos serán asumidos por un patrocinador o realizados a través del voluntariado de una ONG, existente o de nueva creación. Los suscriptores se pueden salir del programa con sólo comunicarlo. De esta manera se incorpora sin coste alguno a la red de áreas protegidas tierras que de otra forma quedarán fuera y se extienden medidas para la conservación fuera de estas
Acuerdos voluntarios