PRESENTACIÓN
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cionar su deficitario enjuiciamiento penal. Y eso está bien y acorde con lo que se vive en el resto del continente. Pero al igual que lo que también allí ocurre, acomete la reforma procesal civil con la mirada puesta en el Código Modelo que elaboró en su momento el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal —hoy vigente en el Uruguay— y que actualmente pretende imponerse en los países de América latina con el absurdo e incomprensible patronazgo de los Estados Unidos. Por mi parte, creo que una reforma que mire hacia un texto legislativo que en definitiva es más de lo mismo y que ya se ha mostrado ineficiente por sujetar al juez a las mismas premisas de juzgamiento que las que le impuso la Inquisición Española desde fines del Siglo XV, no sólo no es novedosa sino que se muestra asaz contradictoria con lo que está por hacer en el campo de lo penal. Estas circunstancias me han decidido a salir a la palestra para discrepar modesta y doctrinalmente acerca de algunas de las actividades que el sistema de enjuiciamiento civil le impone a diario a los jueces en muchos países. Y para ello, agradeciendo la deferencia del sello editorial que hoy inauguro en España, entrego este libro que ya ha sido presentado en la Argentina bajo el nombre de El debido proceso de la garantía constitucional (ed. Zeus, Rosario, 2003), escrito a partir del texto de las Lecciones que publiqué en mi Introducción al Estudio del Derecho Procesal (ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, años 1989 y 1998) y que, totalmente reelaboradas y conteniendo nume-