1_9788410565593

Código

de Comercio con jurisprudencia

Miguel Carbonell

Código de Comercio con jurisprudencia

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.

Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité:

Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Código de Comercio con jurisprudencia

MIGUEL CARBONELL

tirant lo blanch

Ciudad de México, 2024

Copyright ® 2024

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ incorporada a la ficha del libro.

Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos.

Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México

Telf: +52 1 55 65502317

infomex@tirant.com

www.tirant.com/mex/

www.tirant.es

ISBN: 978-84-1056-559-3

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

© Miguel Carbonell

CÓDIGO DE COMERCIO

NOTA PRELIMINAR

La interpretación judicial de las normas del Código de Comercio se ha concentrado en los aspectos procesales durante los años recientes. El número de criterios del Poder Judicial de la Federación referidos por ejemplos a la oralidad procesal en materia mercantil es bastante notable.

En las páginas que siguen el lector podrá encontrar el texto actualizado del Código así como una selección de criterios jurisprudenciales que me han parecido especialmente esclarecedores. Hacer la selección no ha sido fácil; se les ha dado preferencia a los criterios más recientes o que ofrecieran elementos interpretativos hasta cierto punto novedosos.

Para que la edición fuera lo más breve posible, se ha indicado al inicio de cada tesis solamente su registro digital. Sugiero que los lectores interesados en alguno de ellos en lo particular, consulten en la base de datos IUS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los datos completos de identificación. Incluso es muy recomendable y formativo acudir a la lectura de las sentencias de las que emana un determinado criterio, pues al hacerlo de esa manera tendremos un panorama mucho más completo del contexto fáctico del caso y de los argumentos vertidos por la autoridad judicial.

Cada año llegan miles y miles de asuntos mercantiles hasta el conocimiento de nuestros tribunales. Para los profesionales del derecho que se dedican a ese ámbito del universo jurídico es indispensable no solamente conocer las normas aplicables, sino también la forma en la que se han interpretado y aplicado por parte de las autoridades jurisdiccionales. Ese es el objetivo de esta edición.

Agradezco el auxilio de Rafael Hernández Barco, Elvira Pérez, Aleshka Cruz y Fernanda Contreras, diligentes colaborares del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, así como el apoyo de la editorial Tirant para seguir difundiendo el conocimiento jurídico.

Miguel Carbonell Ciudad de México, enero de 2024

CÓDIGO DE COMERCIO

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2022.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN POR ACUERDO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

Código publicado en el Diario Oficial de la Federación, del lunes 7 de octubre al viernes 13 de diciembre de 1889.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

‘PORFIRIO DÍAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

“Que en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por decreto de 4 de Junio de 1887, he tenido a bien expedir el siguiente

CÓDIGO DE COMERCIO

LIBRO PRIMERO

TÍTULO PRELIMINAR

Art. 1º

Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables.

Art. 2º

A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.

TÍTULO PRIMERO DE LOS COMERCIANTES

Art. 3º

Se reputan en derecho comerciantes:

I. Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;

II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;

III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio.

Tesis

Registro: 2025916

VÍA ORDINARIA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMUEVE LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN CONTRA DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO.

Hechos: Una sociedad anónima promovió en la vía sumaria civil la acción de rendición de cuentas en contra de su administrador único. El Juez de primera instancia, al resolver la excepción de improcedencia de la vía, determinó que la elegida por la actora era improcedente, pues explicó que en términos del artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, la vía sumaria no es útil para dirimir litigios mercantiles; la demandante interpuso recurso de apelación en contra de esa resolución, en el que la Sala confirmó la sentencia interlocutoria de primera instancia y, por ende, declaró improcedente la vía civil pretendida, pues reiteró que la acción que intentó la actora era de naturaleza mercantil.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la acción de rendición de cuentas ejercida por una sociedad anónima en contra de su administrador único, debe ventilarse en la vía ordinaria mercantil.

Justificación: Lo anterior, porque la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente en sus artículos 1o., fracción IV y 4o., así como los preceptos 1o. y 3o., fracción II, del Código de Comercio, identifican a las personas jurídicas como de naturaleza mercantil, en los actos que realicen en ejercicio de su objeto social y, hacia el interior, en su propia constitución y relaciones de ahí surgidas; de manera específica, en su capítulo V la ley especial citada en primer término regula todo lo relativo a la sociedad anónima, incluyendo su constitución, derechos y obligaciones de los socios y de los encargados de la administración, vigilancia y representación; sobre esa base, si el administrador único es parte integrante de la sociedad mercantil, además de que el objeto de ésta es evidentemente comercial, ergo, la naturaleza de la acción consistente en la rendición de cuentas a cargo de éste con motivo del poder otorgado para el desempeño de sus funciones, debe considerarse de carácter mercantil. Lo que resulta acorde con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 33/2002-PS, donde determinó que la representación y el mandato se distinguen de una manera especial en una persona moral, dado que los representantes legales de ésta son órganos para la formación y ejecución de la voluntad social y, por ello, en cierto sentido, son parte integrante y se identifican con ella, en tanto que los mandatarios de la misma persona moral no forman parte de ésta, sino que son personas extrañas a la moral en cuestión.

Registro: 179697

VÍA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE, AUN CUANDO LA ACTORA

SEA UNA SOCIEDAD MERCANTIL, SI EL DEMANDADO NO ES COMERCIANTE Y EL CONTRATO CELEBRADO NO PUEDE ESTIMARSE COMO ACTO DE COMERCIO.

No procede la vía mercantil, aun cuando la parte actora sea una sociedad que deba estimarse comerciante, conforme al artículo 3o., fracción II, del Código de Comercio, si el demandado no lo es y el contrato base de la acción no es acto de comercio, porque no se llevó a cabo con el propósito de especulación comercial, ni se encuentra dentro de las actividades que por su naturaleza corresponden a la persona moral demandante.

Registro: 356945

COMERCIANTE, CALIDAD DE.

Si bien el acta de matrimonio de una persona, es un instrumento público que prueba plenamente el acto de estado civil a que se refiere, si en ella consta que el contrayente al dar sus generales, manifestó que era comerciante, ésta circunstancia no significa que esa calidad deba tenerse como cierta, por la simple manifestación contenida en el acta, ya que de acuerdo con las disposiciones de los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, se reputa en derecho comerciante, a la persona que tiene capacidad legal para ejercer el comercio, haciendo de él su ocupación ordinaria, lo que claramente indica que la condición de comerciante no está sometida a la voluntad de la persona sino que es consecuencia de las actividades a que se dedica de una manera habitual; de lo que se concluye que para admitir que una persona tiene la calidad de comerciante, es indispensable acreditar que se ocupa ordinariamente de realizar actos jurídicos de comercio.

Registro: 171526

COMERCIANTE. NO ADQUIEREN TAL CARÁCTER POR EL HECHO DE SER SOCIO O ACCIONISTA O DESEMPEÑAR CARGOS DE ADMINISTRACIÓN, GERENTE, FACTOR O DEPENDIENTE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3o. del Código de Comercio, la calidad de comerciante de las personas se adquiere por la concurrencia de dos elementos, a saber: que dichas personas con capacidad legal ejerzan actos de comercio, y que tales actos sean realizados de manera ordinaria; este último elemento se traduce en ejecutar actos de comercio de un modo habitual, reiterado o repetido, haciendo de esa actividad mercantil el verdadero ejercicio de una profesión. Adicionalmente, la doctrina mayormente aceptada en nuestro sistema jurídico, refiere a un tercer requisito para que se dé el carácter de comerciante en las personas, a saber: que el acto de comercio se realice en nombre propio y no a cuenta de un tercero, pues en este caso no será comerciante quien ejecuta el acto, sino la persona en representación de la cual se realiza éste. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica y patrimonio propios distintos de los de cada uno de los socios; lo que significa que aun cuando los socios son los que crean o dan vida jurídica a las sociedades a través de la suma de sus esfuerzos y aportaciones, no constituyen una misma persona, sino que son entes jurídicos diferentes e independientes; característica que tiene enorme trascendencia precisamente porque los derechos y las obligaciones que durante su constitución obtenga, ejercite, transmita o extinga, no podrán afectar la esfera jurídica de los socios que la integran, sino en la medida, regularmente económica, que en el contrato social o acto constitutivo se haya plasmado; asimismo, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social. Por su parte, el artículo 309 del Código de Comercio, estatuye que se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial, o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos; y se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste; y que todo comerciante en el ejercicio de su tráfico, podrá constituir factores y dependientes. A ese respecto, los diversos autores han dado por llamar a los administradores, gerentes, dependientes y factores, como órganos auxiliares no autónomos o auxiliares dependientes de los comerciantes, entre otros calificativos. En congruencia con las disposiciones legales en cita y con lo que la doctrina ha expuesto sobre el tema, resulta válido concluir que los administradores, gerentes, factores o dependientes de una sociedad mercantil, no tienen el carácter de comerciantes por la sola circunstancia de desempeñar esos cargos, ya que solamente son auxiliares dependientes del comerciante y, por ende, los actos de comercio los realizan no a nombre propio sino en nombre y por cuenta del comerciante que representan; de igual forma, la calidad de socios o accionistas de una sociedad, en sí misma, no

reviste a éstos el carácter de comerciantes, pues la sociedad tiene personalidad jurídica y patrimonio propios distintos de los de los socios, y en su nombre se realizan los actos de comercio.

Art. 4º

Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.

Art. 5º

Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohiben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo.

Art. 6º

(Se deroga)

Art. 6 bis

Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

I. Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

II. Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;

III. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o

IV. Se encuentren previstos en otras leyes.

Las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable.

Art. 7º

(Se deroga)

Art. 8º

(Se deroga)

Art. 9º

Tanto el hombre como la mujer casados comerciantes, pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de bienes.

En el régimen Social Conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes, podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad, sin licencia del otro cónyuge.

Art. 10

(Se deroga)

Art. 11

(Se deroga)

Art. 12

No pueden ejercer el comercio:

I. Los corredores;

II. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados;

III. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión.

La limitación a que se refiere la fracción anterior, comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la Sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena.

Art. 13

Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros.

Art. 14

Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes del país.

Tesis

Registro: 2004337

SOCIEDADES MERCANTILES EXTRANJERAS. SU TUTELA POR EL DERECHO NACIONAL CONFORME A LOS INTERESES QUE CONFLUYEN EN SU ESTABLECIMIENTO.

Sintéticamente son dos los intereses que confluyen bajo el establecimiento de una sociedad extranjera y que deben ser armonizados: uno, por parte de la sociedad inversora, que se emparenta con la libertad jurídica necesaria que le permita alcanzar operaciones comerciales de resultado competitivo y otro del Estado receptor de establecer efectivo control sobre el establecimiento y funcionamiento de dichas empresas. Es en virtud de este último interés remarcado que surgen las diferentes normativas nacionales sobre el establecimiento y el funcionamiento de las sociedades constituidas en el extranjero. Ante ello, es indudable que si bien es cierto que la legislación nacional propende a tutelar la inversión que realizan empresas foráneas, también lo es que el hecho de que en la norma de conflicto derivada de los artículos 12 y 2736 del Código Civil Federal, se establezca la aplicabilidad del derecho vigente en el lugar en que se constituyó esa sociedad, encuentra plena acogida en la finalidad de referencia, pues si bien la Ley de Inversión Extranjera, el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, establecen un régimen tutelar, éste se complementa cuando se acude a la normativa que determina la manera en que deba regularse la vida de una sociedad extranjera, con sus implicaciones propias para resolver el problema que implica la calificación de una situación dada, conforme a las normas de conflicto aplicables.