1_9788490867563 by Editorial Tirant Lo Blanch

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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA ANTE EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO

JUAN CARLOS MORÁN ÁLVAREZ Universidad de Sevilla

FRANCISCO MANUEL SILVA ARDANUY Universidad Pablo Olavide

Valencia, 2015

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PRÓLOGO El tejido productivo y empresarial juega un papel clave en el proceso de crecimiento económico y desarrollo humano de Andalucía, definido claramente por su composición y opciones para adaptarse a las exigencias del mercado real, respondiendo a los nuevos retos y oportunidades, cubriendo las necesidades planteadas por la sociedad y, con ello, generando más renta, riqueza y empleo en Andalucía. La apuesta que el conjunto de los poderes públicos realiza en el sentido de potenciar un nuevo modelo productivo para Andalucía aspira a generar un patrón identificado con dos principios: la capacidad de englobar en él englobar todas las actividades individuales o colectivas que representen un proyecto de vida productivo y recoger aquellas formas de producir y transformar que muestran su compromiso con la sociedad andaluza, con su modernización económica y desarrollo humano. Por ello, el desarrollo de modelos tendentes a ampliar el actual marco de la Economía Social Ampliada con inclusión de los proyectos empresariales y profesionales que cumplan requisitos que los asemejan a la filosofía de la Economía Social, permitirá incluir a autónomos, profesionales, microempresas y pequeñas empresas, que representan en Andalucía el 99’6% del tejido empresarial y están fuertemente conectados con el territorio y el empleo. Este modelo deberá responder a las reivindicaciones de este tejido productivo y empresarial, que tiene que competir en un mercado libre de forma debilitada, porque el desarrollo normativo se diseña a medida de las grandes empresas, que además gozan de mayor apoyo institucional. Las empresas de la Economía Social trabajan por demostrar su compromiso con la Sociedad a través del cumplimiento de unos compromisos de ética empresarial y responsabilidad social corporativa que deberán quedar definidos a través de un Sello de Global de Responsabilidad Social, que impulsará la capacidad competitiva de nuestras empresas. Ello favorecerá el apoyo institucional prioritario en procesos de ayudas e incentivos a la innovación y al desarrollo empresarial, en los concursos públicos, en el desarrollo de nuevas normas y revisión de las existentes. Un modelo de gestión, ya sea en su forma laboral o cooperativa, que aspira a desarrollar actuaciones dirigidas a provocar la solución de problemas concretos que la Sociedad Andaluza presenta, al igual que otros territorios, y que a través de la Economía Social Ampliada se puede contribuir a solucionar, tales como aquellos derivados de la transmisión hereditaria de la tierra, que provoca situaciones económicas graves en muchas

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familias; la presentación de fórmulas para el desarrollo de actividades familiares con participación de varios miembros de la familia; determinar de forma continua las razones que provocan precios insuficientes en ciertos productos agrarios para garantizar al mantenimiento razonable de las explotaciones agrarias; el sostenimiento de los procesos de internacionalización de nuestras empresas; el planteamiento de opciones alternativas de futuro en los procesos de liquidación empresarial, o situaciones de impago financiero.

1. INTRODUCCIÓN El tejido productivo y empresarial andaluz desempeña un papel clave en el proceso de crecimiento económico y desarrollo humano de nuestra Comunidad Autónoma. Nuestro pasado y presente queda definido claramente por su esencia, su composición y sus opciones para adaptarse a las exigencias del mercado real, respondiendo a los nuevos retos y oportunidades, cubriendo las necesidades planteadas por la sociedad y, con ello, generando más renta, riqueza y empleo en Andalucía. Históricamente y especialmente en periodos de recesión y crisis económica, las debilidades del modelo que hemos seguido se hacen patente y posicionan a nuestro territorio en cotas de renta por habitante que se nos antoja insuficientes, niveles que impiden una mejor y más adecuada distribución de la renta y un poder adquisitivo que no es suficiente para gran parte de nuestra población, lo que se manifiesta sobre todo en mayores niveles de desempleo. En Andalucía, existe una tendencia a identificar erróneamente la actividad productiva y empresarial como insuficiente en términos de sectores de actividad, de manera que gran parte de la población identifica como algo negativo, la escasez de actividades industriales, salvo las agroalimentarias, el excesivo peso de la agricultura y, sobre todo, de sector turístico y de restauración, aunque la visibilidad de unos y otros sectores por parte de la población no siempre es tan evidente como en el caso de estos últimos. Andalucía es capaz de desarrollar altos niveles de respuesta para afrontar los retos de futuro con los que se enfrenta, incluso en actividades industriales y de servicios avanzados. Además, para afrontar dichos retos es necesario tener en cuenta, que la libertad individual es la que empuja a los emprendedores hacia unos sectores u otros, y que es el mercado en general (los consumidores y usuarios con sus necesidades a cubrir) el que marca su supervivencia, salvando restricciones adicionales que surgen en cada momento en torno a normas, acontecimientos sobrevenidos y decisiones o profesionalidad inadecuadas o insuficientes para responder a las expectativas de inversión. La apuesta que el gobierno andaluz ha realizado en el sentido de potenciar un nuevo Modelo de Productivo para Andalucía no debe ser entendida como un ataque al existente. No es la intención de este Gobierno introducir una ruptura con las iniciativas individuales o colectivas existentes, ni con aquellas que libremente surgen o pueden llegar a surgir en nuestro territorio. Todo lo contrario, hablar de un nuevo modelo pro-

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ductivo debe centrar su base de acción en el ya existente, más que soñar en un todopoderoso entramado de grandes empresas capaces de producir satélites espaciales. Esta Ley opta por impulsar un modelo de acumulación de capital que permita afrontar los nuevos retos y oportunidades a través de inversión real y generación de empleo que haga posible un planteamiento más equilibrado a la vez que sostenible y sostenido del crecimiento económico, y sea posible avanzar para alcanzar a largo plazo el desarrollo. El nuevo tejido productivo y empresarial debe contribuir al logro de un modelo de crecimiento sostenido, sostenible y equilibrado, frente al modelo anterior, no sostenido, poco sostenible y desequilibrado. Una de las estrategias clave para este modelo de crecimiento económico en Andalucía es la apuesta por el mantenimiento de aquellas actividades de éxito y de gran dinamismo, o con perspectivas certeras de serlo; pero también apostar por aquellas que tratan de establecer mecanismos para la modernización de su actividad, para adaptarla de forma oportuna a los cambios producidos o por venir; sin negar las opciones de más futuro que tendría la mayor parte de nuestro entramado productivo basado en pequeñas empresas, microempresas y autónomos y profesionales, si recibieran el apoyo suficiente para afrontar los requisitos para posicionarse y/o reposicionarse en un mercado que presenta normas y requisitos diseñadas atendiendo al formato de la mediana o gran empresa, que es minoritaria en Andalucía, en España y en Europa. Para alcanzar dichos objetivos, debemos incorporar nuevas inversiones productivas en un tejido empresarial que sea creador de renta, riqueza y empleo, y para ello, es esencial encontrar fuentes de riqueza adicionales ya sea apostando por la transformación de sectores productivos tradicionales (agricultura, turismo y construcción), como por actividades nuevas en las que Andalucía comienza a adquirir prestigio y reconocimiento (biotecnología, aeronáutico y energías renovables). El futuro de Andalucía como región con una economía en continua progresión está vinculado a su apertura al mundo, y que en esa apertura al mundo lo sepamos hacer eficientemente y con productividad elevada que es la base de salarios altos. Si lo hacemos así, nuestra economía seguirá aumentando su grado de apertura e internacionalización, y en este sentido, no podemos obviar el esfuerzo que en estos últimos años están haciendo todos los agentes, que nos ha permitido pasar de ser la quinta región exportadora española a la tercera. La Ley recoge elementos innovadores para resolver problemáticas específicas de la Sociedad, tales como los que deben facilitar la transmi-

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sión hereditaria de la tierra, a través del diseño de un modelo empresarial concreto, pues no es posible obviar el papel que desempeña el Modelo Productivo en la solución de problemas específicos que presenta el funcionamiento y organización de nuestra Sociedad. Iniciativa que puede ser considerada como un referente para otros territorios. Finalmente, hacemos dos aclaraciones en cuanto a estrategias que podrían considerarse en parte contradictorias, pero que en un territorio, como el andaluz, que supera en superficie y habitantes a numerosos países de la Unión Europea no lo son. La primera de ellas es una orientación estratégica para aquellos territorios cuya estructura productiva presenta un alto grado de especialización, situación estructural que nos debe llevar a impulsar una diversificación de actividades para reducir el riesgo que supone un exceso de dependencia sectorial. En otros territorios en los que la estructura productiva presenta ciertos rasgos de diversificación que son los menos, la estrategia debe ser la de marcar ciertos niveles de especialización que introduzcan mayores niveles de impacto e intensidad en el crecimiento, pues producir de todo y no estar especializado en nada introduce elementos de distorsión y de debilidad que deben ser corregidos. La importancia que tiene la industria para cualquier economía y, el hecho, de que en las últimas décadas se ha venido produciendo una pérdida de peso de dicho sector, ha de hacer replantear en el modelo productivo la aplicación de líneas políticas de política industrial que logren impulsar este tipo de actividades que en estos momentos han de llevar componentes de innovación para poder encajar en los nuevos Fondos Estructurales Europeos, y que a la vez, sean capaces de impulsar a servicios avanzados. Lo que nos hace afirmar, lo importante que es para buena parte de nuestro territorio la diversificación de los sectores productivos. Sobre esta base introductoria, es necesario aclarar, que el Nuevo Modelo Productivo para Andalucía debe favorecer a los profesionales andaluces en cuya formación hemos invertido todos y, en todos aquellos que tienen ideas y las desarrollan como emprendedores bajo todas las formas jurídicas en las que en su desarrollo empresarial prime el factor trabajo, sin menospreciar desde luego el factor capital. Para desarrollar e instaurar un nuevo Modelo Productivo todo Gobierno tiene que tomar decisiones relacionadas con la prioridad que da a los recursos endógenos o propios y a los recursos exógenos o que provienen del exterior. Este Gobierno quiere centrarse y dinamizar especialmente en el tejido productivo y empresarial propio, dirigiendo su mayor

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atención hacia las pequeñas empresas, los autónomos y profesionales y las empresas de Economía Social Ampliada, que constituyen la práctica casi la totalidad de nuestro entramado productivo, y porque de ellos surgirá o ha de surgir una parte esencial de nuestro futuro crecimiento económico y desarrollo humano. Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía, año 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de las 475.665 empresas existentes, de las cuales autónomos y profesionales representan el 60’60% de ellas y el 13’89% del empleo; las microempresas el 34’92% de empresas y el 21’90% del empleo, lo que supone que entre figuras representan el 95’52% de las empresas y el 35’79% del empleo. Las pequeñas empresas, considerando la definición de la Unión Europea de aquellas con menos de 100 trabajadores, representan el 4’17% de las empresas y el 24’25% del empleo. En conjunto supone, que el perfil que pretendemos incorporar a esta Ley suman el 99’69% de empresas y el 60’04% del empleo. Hemos creído conveniente redefinir los agentes del Modelo Productivo Andaluz no sólo para su identificación, sino también, para ponerlo en relación con la necesidad de que realicen dichos agentes acciones empresariales sólidas, modernizadas y capaces de dar respuesta a los retos aprovechando las oportunidades, y de adaptarse a un entorno cada vez más complejo en el que han de desenvolverse. No debe olvidarse, que las Sociedades que han triunfado siempre son las que mejor se adaptan a los cambios, y en nuestro caso nos debe llevar a trabajar en sintonía con dichos agentes para hacer posible la adaptación Para ello es necesario entender que el nuevo Modelo Productivo Andaluz debe estar identificado con un doble criterio relacionados con un proyecto y un compromiso: a) El Modelo ha de identificarse con un proyecto de vida productivo individual o colectivo. Es decir, debe englobar todas aquellas actividades productivas individuales o colectivas que representen un proyecto de vida productivo, definido por y para las personas que lo constituyen. Es necesario que el elemento clave de una actividad productiva sea la de obtener recursos suficientes y necesarios para que las familias implicadas puedan tener un nivel de vida digno y de calidad. b) El Modelo debe incorporar el compromiso con la sociedad andaluza, su modernización económica y desarrollo humano. Si se quiere que el Modelo obtenga el apoyo de la Sociedad Andaluza para su impulso y crecimiento, deberá desempeñar un papel clave en la construcción de la Sociedad Andaluza, respondiendo a los retos

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y oportunidades con visión y perspectiva de futuro, y deberá ser capaz de romper con barreras culturales que frenen el desarrollo económico y humano en Andalucía. Esto supone la implicación del Modelo Productivo con la Sociedad. No descubrimos nada, si decimos que la Economía Social conecta con este modelo de forma amplia, aunque no completa. La empresa de Economía Social se puede entender como aquella actividad económica organizada en torno al valor fuerza de trabajo, no especulativa, no retributiva del capital y si cumplidora de una función social. Pero es necesario reconocer, que el entramado organizativo de la Economía Social no incluye a la generalidad de autónomos, ni de pequeños empresarios que tengan adquirida una fórmula estatutaria de SL o SA, y así se recoge en la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social en su artículo 5.1: “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior”. No obstante, el artículo 5.2 de la ley introduce un concepto más amplio: “Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior”. Ello nos permite hablar de una Economía Social Ampliada, al considerar como parte de la Economía Social a las entidades que en la realización de su actividad económica y empresarial, presenten unas reglas de funcionamiento que respondan a los principios propios de la Economía Social. En base a los argumentos señalados, creemos que es importante incluir todas aquellas formas de actividad económica en que la fuerza trabajo sea la predominante, tales como, el trabajo autónomo que refleja un proyecto de vida propio de carácter productivo en el que muchas veces incluye un esfuerzo no individual sino familiar, las microempresas e incluso aquellas sociedades que definen un proyecto de vida colectivo, y que como tal practican la democracia participativa directa en el proceso de toma de decisiones y el capital no es remunerado por encima de ciertos niveles. Esta Ley persigue, pues, situarse al lado de los ciudadanos con un proyecto individual o colectivo de vida productiva, conectado con la Sociedad Andaluza, que puede identificarse a través del Sello Global de Responsabilidad Social como expresión del interés general.

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Igualmente, es importante proteger a las empresas que forman parte de este Nuevo Modelo Productivo de la economía sumergida, incluidas las actividades empresariales on-line y el teletrabajo, que se sitúan en márgenes de ausencia ante la fiscalidad local, autonómica y española, la Tesorería de la Seguridad Social y otras leyes y exigencias. No es admisible que la solicitud de una licencia para la actividad empresarial o profesional o presentar la documentación anual legal y fiscal establecida por las instituciones, suponga una penalización frente a aquellos que no lo hacen, teniendo así claras dificultades para competir por los mayores costes que implica y porque la mayor parte de las inspecciones, laborales y fiscales, van direccionadas a las empresas legales. Los costes que ello suponen, incluso cuando la inspección es favorable a la empresa, son amplios, al menos en tiempo de gestión, y difíciles de asumir por el tamaño empresarial. Esta Ley pretende ser una vía abierta para la legalización de todas aquellas actividades de economía sumergida que puedan ser incorporadas a la normalidad legal, para que los términos de competitividad sean los mismos para todas las empresas incorporadas a la Economía Social Ampliada Deben destacarse como los principales grupos relacionales que representan esta Ley la Economía Social Ampliada, las Administraciones Públicas, el sistema financiero, los proveedores y clientes (mercado real) y el mercado laboral. Además hay tres capacidades clave a considerar: el conocimiento, el medio ambiente y la cultura andaluza. En definitiva, la Sociedad Andaluza y su crecimiento económico sostenido, sostenible y equilibrado, así como su desarrollo humano, que debe dar prioridad a las personas y colectividades desconectadas, es el elemento o factor clave que nos debe hacer apoyarnos en La Economía Social Ampliada, impulsarla y modernizarla para hacerla más competitiva. La Economía Social ha anunciado con frecuencia, que su forma de hacer empresa presenta una gran capacidad de resistencia y bastante flexibilidad durante etapas de recesión en su sector de actividad o de crisis económica nacional o global. Y es cierto, que presenta en términos generales características específicas que fortalecen su aguante ante situaciones adversas, pero no por mucho decirlo este atributo se vuelve más seguro. Es necesario pulir la estructura empresarial y organizativa que las define, y el medio o entorno en el que se desenvuelven, para que a través del esfuerzo tanto del propio tejido productivo como de las instituciones se consiga dibujar un nuevo Modelo Productivo para Andalucía, con futuro, fuerte y certero.

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A pesar de todas las virtudes y bondades, el sector integrado por empresas de Economía Social, sigue siendo desconocido para la sociedad en general y, para los agentes económicos que operan en el mercado en particular, lo que dificulta el desarrollo y crecimiento de estas empresas y coarta la expansión de su actividad hacia nuevos mercados nacionales e internacionales. Conocedores de la labor desarrollada por la Economía Social y dada la pretensión de provocar desde el gobierno de la Junta de Andalucía el diseño de un modelo de producción con elevado potencial de futuro, que dote a nuestra Sociedad de unos niveles amplios de crecimiento económico sostenible y desarrollo humano, consideramos que en su definición debe existir un planteamiento base de seguir apostando de forma decidida por la Economía Social y por esta filosofía empresarial. Para lo cual es necesario dar un salto cualitativo que permita situar a la Economía Social Ampliada en primera línea en el proceso de recuperación económica iniciado y de un posterior crecimiento económico normalizado. Significa, que el impulso de la Economía Social en el que autónomos, microempresas y pequeñas empresas están presentes, ha de impulsar el proceso de desarrollo de la Sociedad Andaluza. La Economía Social debe comprometerse con el futuro de Andalucía, afrontando también sus retos, lo que significa, que debe asumir un papel destacado en la generación de renta, riqueza y, sobre todo, empleo de calidad. Desde esta perspectiva la Economía social sí puede reclamar un apoyo más sólido y firme, porque este no se justifica en el provecho propio, sino en el impulso de la propia Sociedad Andaluza. De esta manera, apoyar a la Economía Social Ampliada sería lo mismo que apostar por el futuro de Andalucía, lo que guarda una relación directa con esta Ley, en tanto que trata de establecer criterios para fortalecer y mejorar la competitividad de la economía social, las pymes y los autónomos y profesionales. Según plantea el Informe Económico y Financiero del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, el apoyo a la economía social aparece como una de las líneas básicas de la promoción del tejido empresarial en Andalucía, siguiendo la estrategia definida tanto en el III Pacto Andaluz por la Economía Social, como en el Acuerdo por la Economía Social Andaluza, firmado este último con fecha 17 de junio de 2013 en el marco del Pacto Social por Andalucía. La Junta de Andalucía ha establecido el Programa de Apoyo a la Economía Social, al objeto de fomentar el empleo estable, así como para apoyar el desarrollo de proyectos que contribuyan a lograr una economía

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social innovadora, competitiva y emprendedora en el marco del tejido productivo andaluz y en el de sus propios valores y principios económicos y sociales. Este Programa contempla líneas subvencionables dirigidas al fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, la referida al fomento del Emprendimiento Social y la relacionada con la Intercooperación Empresarial en la Economía Social. Igualmente, creemos que es de gran importancia plantear la importancia que tienen los autónomos y de las pequeñas empresas en el tejido productivo andaluz, con una representatividad clave, de ahí que se fije como objetivo promover y desarrollar el tejido productivo innovador, creativo, competitivo y generador de empleo estable, poniendo en marcha un conjunto integral de líneas de actuación dirigidas a crear más empresas y empleo y a consolidar y fortalecer el sector. Es por ello que esta Ley no plantea más que un supuesto de integración de esfuerzos en una dirección común, bajo el nuevo concepto de Economía Social Ampliada, que incorporará Autónomos y profesionales, así como pequeñas empresas. Esta Economía Social Ampliada está llamada a liderar un Nuevo Modelo Productivo Andaluz capaz de responder a los retos y oportunidades que el medio en el que se desenvuelven les plantea. La carga presupuestaria de esta Ley no supone más que el aprovechamiento de esfuerzos ya establecidos en el marco del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, y que debe trasladarse con carácter creciente en los presupuestos de los próximos años. Es importante para Andalucía romper con ciertos conceptos arraigados culturalmente que limitan el desarrollo económico y humano en nuestra Sociedad, afectando negativamente a los objetivos previstos y deseados. El desarrollo de elementos de desarraigos limitan las opciones de futuro de nuestro tejido productivo, desanimando a muchas personas a emprender, limitando a los emprendedores en sus expectativas de crecimiento y expansión, frenando los procesos de internacionalización, o limitando la cultura emprendedora por no entender que emprender no es un riesgo mayor que cualquier otra opción de vida, que la cualidad más importante en el empresario es la de ser un buen gestor de los riesgos, no una persona arriesgada. Durante décadas se ha trabajado en positivo provocando la integración de nuestro modelo económico en una dirección similar al de nuestro entorno. Pero ha llegado un momento que el entorno se ha convertido en el medio en el que nos desenvolvemos los agentes económicos y sociales, y debemos entender que estamos imbricados al completo por los diferentes

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elementos que están condicionando el modelo, no solo en Andalucía sino en los países de la OCDE. La Sociedad de la Información y el Conocimiento y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos muestran a un ciudadano con mayor acceso a la información y mayor formación para tratar de entenderla y poder discriminar entre aquella que le resulta útil y la que no. Pero tan problemática es la escasez de información y comunicación como su exceso, y estamos encontrando algunos problemas derivados de ello. Lo cierto es, que las nuevas tecnologías están experimentando un importante desarrollo en unas áreas o actividades, pero en otras se está retrasando enormemente su aplicación. En todo el proceso de desarrollo que estamos viviendo, aparecen reforzadas necesidades tales como la democracia participativa y la capacidad participativa, la visión espacial y temporal en las normas, la adecuación legislativa al nuevo medio en el que nos desenvolvemos, la distribución de la renta y del esfuerzo, el impacto económico, social y medioambiental de las decisiones individuales e incluso de las colectivas, el minifundismo en la I+D+i frente a los grandes centros de investigación, la necesidad de una transformación en el acceso a financiación o un sistema tributario que incentive la creación de empleo de calidad y la inversión en futuro, que favorezca una distribución justa de la renta y que desincentive la economía sumergida. Quiere decir, que es esencial cambiar la dirección hacia la que se dirige habitualmente la apuesta gubernamental hacia el tejido empresarial de gran tamaño. Además se debe sustituir la apuesta rancia por el aumento de la productividad, por su impacto sobre los salarios, la ocupación y el desempleo, y apostar por el fomento de la competitividad empresarial como concepto de salubridad empresarial, para lo cual habría que fomentar la cooperación como herramienta a favor de mayores niveles de competitividad de nuestro tejido productivo y empresarial. De todo lo dicho se deduce, que el logro de un elevado nivel de crecimiento económico y desarrollo humano implica el diseño de un modelo empresarial particular, comprometido con la Sociedad y con unos preceptos de futuro considerados por los andaluces como claves, tales como los que se van a recoger en el SGRS, y cuyo cumplimiento debe constituir un condicionante para formar parte del Nuevo Modelo Productivo Andaluz, pues refuerza el cumplimiento de una filosofía, y representa un valor añadido que repercute directamente en la ventaja competitiva de estas empresas respecto al resto de entidades de carácter mercantilistas que operan en el mercado.

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El compromiso con la Sociedad Andaluza y su futuro según los principios establecidos es lo que permite justificar el apoyo decidido por el presente futuro desarrollo empresarial de sus componentes. En particular, la Junta de Andalucía se compromete con la aplicación de ciertos cambios en el sistema de contratación pública, tales como el establecimiento de unos sistemas de garantías provisionales de pronta devolución en caso de no ser concedido el concurso, o fijando un sistema de concurso que no priorice la suma de lotes, salvo que haya una justificación clara para ello, para que la cuantía del contrato no sea tan elevada y permita que al pequeño empresario o emprendedor su participación. Existen otras normas de detalle que frenan sin duda a la pequeña y dan ventaja a la gran empresa, que posteriormente contratará a la pequeña para su ejecución en condiciones minoradas, de ahí que esta Ley persigue limitar estas opciones y así impulsar el Nuevo Modelo Productivo Andaluz. Es una realidad el desconocimiento que tienen algunos agentes económicos y sociales de la Economía Social, y sin duda lo tendrán también sobre el sector que identificamos con la Economía Social Ampliada. Es una realidad que sus empresas y los emprendedores del sector no son reconocidos por sus características por agentes intermediarios de la Administración Pública, lo que provoca situaciones problemáticas a la hora de solicitar ayudas a la innovación, participar en los procesos de contratación pública o para desarrollar nuevos contratos laborales. Quiere decir, que es importante establecer un programa de difusión por alcance y por impactos dirigido a agentes económicos y sociales que, de forma directa o indirecta, pueden impulsar o frenar el adecuado desarrollo de las empresas de Economía Social Ampliada, especialmente de los trabajadores públicos de las distintas administraciones públicas de Andalucía, pues su desconocimiento frena las opciones de impulso del Nuevo Modelo Productivo. Pero además, la ausencia de registros claros y completos provoca situaciones de posicionamiento de debilidad ante proveedores, clientes, posibles alianzas empresariales, entidades financieras… por la falta de una información clara. La estructura organizativa de representación del Nuevo Modelo Productivo Andaluz requerirá del apoyo institucional y financiero de la Junta de Andalucía, para comprometer al tejido productivo y empresarial con la Sociedad y exigir el apoyo de las instituciones al Nuevo Modelo, y que tenga recogido en su estatuto un régimen de funcionamiento que implique la obligación de promover la confianza, el compromiso, la entrega y la participación activa de los emprendedores a los que representan en los distintos programas, proyectos y desarrollos que partan de ellas.

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En esta Ley se recogen actuaciones dirigidas a provocar la solución de problemas concretos que la Sociedad Andaluza presenta, al igual que otros territorios, y que el Nuevo Modelo Productivo puede contribuir a solucionar. Un buen ejemplo son los problemas derivados de la transmisión hereditaria de la tierra, dado que muchas familias se encuentran en una situación económica grave o se sienten obligadas a renunciar a la aceptación de una herencia por la fuerte carga que ello supone en términos impositivos (ley de sucesiones) o financieros (préstamos avalados por parte de la explotación), en momentos en los que fallece el titular de la explotación. Los hechos descritos generan en ocasiones problemas para seguir cobrando la ayuda directa de la PAC. Además, una situación en que la explotación pueda tener un tamaño ideal para su funcionamiento en términos de rendimiento agrícola adecuado, puede derivar en otra en la que tras su división, por cumplimiento de la ley de sucesiones, entre los herederos legítimos los rendimientos se vuelven menores o incluso negativos. La Junta de Andalucía tratará de solucionarlo a través de una nueva fórmula de cooperativa agraria familiar, de carácter patrimonial y laboral, con objeto de establecer una fórmula empresarial dentro del Nuevo Modelo, capaz de dar solución a los problemas derivados de la transmisión hereditaria de la tierra. Otro problema habitual es, el que existe en aquellas actividades familiares en las que existe un único titular bajo la fórmula del Régimen Especial de Autónomos, pero en el que el cónyuge (o incluso alguno descendiente o ascendente) contribuyen con su labor. El ahorro a corto plazo para la actividad del pago de los seguros sociales de todos los miembros provoca otros problemas en la unidad familiar, como es la ausencia de contribución al sistema de pensiones por parte de algunos de los miembros de la familia que trabajan, además del castigo fiscal que provoca en el IRPF la declaración conjunta al computar todo el rendimiento económico en un solo miembro. Es importante promover una solución a este problema, que a su vez contribuya a aflorar un mayor número de trabajadores en la Seguridad Social. Se tratará en esta Ley la promoción de un modelo empresarial que aproveche los nuevos beneficios sociales que se recogen en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo. Otro inconveniente que será tratado, es el que surge en torno a los precios de determinados productos agrarios. Es importante evaluar de forma permanente las razones que provocan precios de productos agrarios insuficientes para garantizar al mantenimiento razonable de las explotaciones

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agrarias. Este estudio debe centrarse en los precios agrarios y no en los precios de venta final al consumidor en el mercado, con objeto de evitar que se desvirtúe la realidad del problema. Descubiertos los elementos que frenan la consecución de un precio suficiente para mantener el proyecto de vida de los agricultores, dejando visible incluso la bondad del relevo generacional, se desarrollarán estrategias de actuación con objeto de solucionar la insuficiencia del resultado en las explotaciones agrarias. Estas estrategias, en el caso de encontrar apoyo de los implicados, encontrará apoyo institucional de la Junta de Andalucía, dentro de sus niveles competenciales. Si bien son múltiples los objetivos y problemas que trata de resolver esta Ley, señalar un último punto de atención que refiere una situación habitual en los procesos de internacionalización del tejido productivo y empresarial andaluz. No son pocas las empresas que inician estrategias que los dirige hacia al mercado exterior en épocas de crisis económica, tal como ha sucedido en durante esta última. Pero también ha sido una realidad en otras recuperaciones y expansiones económicas el número de empresas ya internacionalizadas que abandonan esta estrategia y vuelven al mercado interior, minorando las opciones de creación de empleo y producción. Es por ello, que se establecerá un protocolo de seguimiento de las empresas exportadoras para comprobar la evolución de su proceso de internacionalización. Con dicho estudio, se comprobarán las opciones reales de proseguir, e incluso se valorará la posibilidad de ampliar mercados, y sobre esta información se realizarán campañas de sensibilización. Así se evitará el descenso que se produce en las expectativas de acción internacional en los momentos en los que la economía se empiece a recuperar. Es importante que nuestras empresas comprendan que el mercado internacional es mayor al local, por lo que las expectativas de venta internacional pueden ser mayores si existe una intención clara hacia ello, lo que generará más renta, riqueza y empleo.

LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA ANTE EL NUEVO MODELO…

2. OBJETIVOS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL AMPLIADA Todo lo anterior implica que los poderes públicos tienen un compromiso con la Economía Social, pero cabe otro planteamiento alternativo, y es reivindicar un papel clave de la Economía Social en la Sociedad Andaluza, comprometiéndose con su futuro, afrontando los retos ante los que esta se sitúa y asumiendo un papel destacado en la generación de renta, riqueza y, sobre todo, empleo de calidad. Desde esta perspectiva la Economía social sí puede reclamar un apoyo más sólido, porque este no se justifica en el provecho propio, sino en el impulso de la propia Sociedad Andaluza: apoyar a la Economía Social sería lo mismo que apostar por el futuro de Andalucía. A lo largo del desarrollo de los planteamientos para sentar las bases de un nuevo Modelo Productivo para Andalucía, desde una doble perspectiva: la primera, el desarrollo de un plan de actuación estructurado hasta donde consideramos debemos y podemos plantar; el segundo, lo que supondría el desarrollo legislativo que planeamos para tal fin, que registraremos en paralelo en formato de recuadro continuo. FINALIDAD: En un intento de provocar un salto cualitativo, diseñando un nuevo modelo productivo para Andalucía, marcamos como sentido de la firma de este III Pacto Andaluz por la Economía Social el convertir a la Economía Social en un referente cierto en desarrollo del Modelo Productivo Sostenible para Andalucía. La consecución de este fin se plantea a través de la definición de dos grandes bloques, que consideramos partes esenciales de un mismo proceso, y en ellos se pretenden registrar actuaciones, reflejos de acuerdos y compromisos de futuro para el nuevo Modelo Productivo Sostenible para Andalucía: BLOQUE I. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SU COMPROMISO CON LA SOCIEDAD ANDALUZA Y SU NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE. BLOQUE II. LAS POTENCIALIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SU POSICIÓN ANTE LAS NUEVAS OPCIONES Y RETOS DE FUTURO QUE SE PLANTEAN EN LA SOCIEDAD ANDALUZA Y SU NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE. RECUADRO: PROYECTO DE LEY MODELO PRODUCTIVO PARA ANDALUCÍA (PARTE A) TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. 1. Esta Ley tiene por objeto provocar un salto cualitativo, diseñando bases o pilares en los que debe apoyarse un Nuevo Modelo Productivo para Andalucía, apostando por

JUAN CARLOS MORÁN Y FRANCISCO MANUEL SILVA

una Economía Social Ampliada, a través de dispositivos, apoyos y mecanismos que el citado tejido productivo viene demandando para poder competir en un mercado en el que actualmente se sienten desamparados ante las ventajas de otros actores económicos. Ello permitirá convertirla en un referente cierto en el desarrollo del Modelo Productivo Sostenible para Andalucía. 2. En definitiva, se pretende impulsar las potencialidades de la Economía Social y su posición ante las nuevas opciones y retos de futuro que se plantean en la Sociedad andaluza y su nuevo modelo productivo sostenible, lo que permitirá reforzar el compromiso de la Economía Social con la sociedad andaluza y su crecimiento sostenido, sostenible y equilibrado. Artículo 2. Ámbito de aplicación y régimen jurídico. El ámbito de aplicación de esta Ley se circunscribe a las empresas de Economía Social en un sentido amplio, de manera que acepta a las empresas que establece la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Pero también será de aplicación a otras empresas y profesionales y autónomos, en la medida en que se corresponda con lo recogido en el artículo 5.2 de la citada Ley. Por ello es importante incluir todas aquellas formas de actividad económica productiva y no especulativa, tales como el trabajo autónomo y profesional que refleja un proyecto de vida propio de carácter productivo en el que muchas veces incluye un esfuerzo no individual sino familiar, las microempresas e incluso aquellas sociedades que definen un proyecto de vida colectivo, y que como tal practican la democracia participativa directa en el proceso de toma de decisiones. Además, debe ser un requisito clave que el capital no pueda remunerarse por encima de un cierto nivel, sin desanimar a la inversión productiva y real: ocho puntos porcentuales por encima del tipo legal del dinero. Artículo 3. Beneficiarios. Además de las figuras recogidas en el artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, serán beneficiarios de las medidas contenidas en la presente Ley todos los autónomos y profesionales, las microempresas y las pequeñas empresas, además del resto de empresas o entidades de la Economía Social Ampliada. Se incluyen, pues, a todas las organizaciones económicas y entidades organizativas que tengan recogidos en su régimen de funcionamiento o en sus estatutos la obligación de promover la confianza, el compromiso, la entrega y la participación activa de los emprendedores a los que representan en los distintos programas, proyectos y desarrollos que partan de ellas. Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios. 1. Será obligación de los autónomos y profesionales, las microempresas y las pequeñas empresas, además del resto de empresas o entidades de la Economía Social Ampliada, incluidas sus organizaciones representativas, la voluntad clara de cumplir con los requisitos del Sello Global de Responsabilidad Social, así como contribuir a la capitalización del Fondo de Inversión Socialmente Responsable bajo criterios de prudencia y de razonabilidad. 2. Prestar a la Administración la colaboración necesaria para una eficaz y eficiente gestión de la presente Ley. 3. Participar de forma activa y razonable en los procesos de diálogo social que se produzcan en Andalucía.