ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA

RAZONES E INSTRUMENTOS DEL PRESENTE ENERGÉTICO

La reforma en el sector ha sido un paso relevante en la dirección correcta que le ha permitido a México poner un pie en este siglo con mejores instrumentos frente al cambio climático y a la obligada transición energética.

ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA

Abogado. Enfocado principalmente al Derecho Constitucional, Administrativo y Energético, así como a asuntos regulatorios y de políticas públicas y corporativas. Socio en Alcius Advisory Group, fue Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad.

El 20 de diciembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia energética que dio forma a las actuales industrias de hidrocarburos y energía eléctrica. Sin duda, el elemento vertebrador fue la apertura del sector a la inversión pública y privada en un entorno de competencia. Ello con el propósito explícito de contar con capital para la realización de las inversiones necesarias dirigidas a incrementar las reservas de

21 Enero 2020 hidrocarburos, así como la capacidad de producción, transporte y comercialización de los mismos, de sus derivados y de energía eléctrica. Aunado a lo anterior, se crearon instrumentos para facilitar la distribución –entre un número mayor de participantes– de los riesgos asociados a las cuantiosas inversiones requeridas, para que el peso no recayera solamente en los organismos públicos que hasta ese momento estaban obligados a asumirlos de manera exclusiva.

Son propiedad exclusiva del Estado los hidrocarburos en el subsuelo, fijó la reforma.

Foto: Depositphotos.

Se conservó el principio constitucional por el cual los hidrocarburos en el subsuelo, así como la llamada renta petrolera, son propiedad exclusiva de la Nación, a la vez que se permitió la participación del capital privado en actividades de exploración y extracción mediante diversas figuras contractuales. Una característica central de estos contratos es la transferencia total o parcial del riesgo asociado a la inversión, a cambio de una participación en las eventuales utilidades o productos de los proyectos. En estos casos, el Estado capta recursos derivados de los proyectos, no sólo por la vía de su participación en las utilidades y en la producción, sino también por vía impositiva. Por lo que a electricidad respecta, habría que partir de una clarificación elemental, básicamente de una obviedad. Esta energía, a diferencia de los hidrocarburos, no es un recurso natural, sino un producto de la industria humana. No es riqueza dada, sino generada a partir de otras fuentes de energía como el agua, en estado líquido o gaseoso; el viento, el sol, la energía nuclear, así como los combustibles fósiles, como gas natural, carbón, combustóleo, diesel y coque de petróleo, además de la fuerza motriz de las mareas, entre otros. Ni los combustibles ni las tecnologías utilizadas para la generación eléctrica son necesariamente de origen nacional. En la actualidad, el intercambio de conocimiento, tecnología y materias primas es un rasgo distintivo a nivel global de una industria en constante evolución, en la carrera por la producción de energía de manera más eficiente, con precios más competitivos y mediante procesos subordinados de manera cada vez más radical a las exigencias impuestas por el cambio climático y el acelerado deterioro ambiental. Como a menudo ocurre con toda obviedad, o se le asume como irrelevante, sin siquiera notarla, o se actúa como si su contraria fuera la asunción verdadera. Lo segundo sucedió en nuestro país al haberse establecido por décadas un monopolio estatal en generación y al haber sido regulado a partir de un artículo constitucional cuyo objeto son los recursos naturales: el 27. La reforma constitucional de 2013 dejó inalterado lo segundo, muy probablemente debido a la necesidad de construir consensos y, por tanto, de eludir debates con escasas implicaciones prácticas inmediatas sobre aspectos que, aun cuando

relevantes desde el punto de vista de la estructura y coherencia del texto cons- titucional y de la necesidad de claridad para evitar ulteriores distorsiones, po- drían suscitar controversias más rela- cionadas con un cierto romanticismo o nostalgia de carácter ideológico o his- tórico que con la realidad misma de las cosas.

Si bien no fue corregido el factor de confusión derivado de equiparar un producto a una de sus posibles mate- rias primas, sí lo fue el monopolio de Estado que, en el mejor de los casos, se había tornado anacrónico e incompren- sible en el preciso momento en que el fuerte impacto de la cuestión energéti- ca sobre el que quizá sea el problema global por antonomasia se ha tornado no sólo innegable, sino sobre todo apre- miante en extremo. En efecto, el cambio climático es claramente un problema que reclama con urgencia dirección supranacional y cooperación interna- cional porque allí se juega la viabili- dad misma de los proyectos humano y planetario, al menos como hoy los co- nocemos. La pretensión de solucionar los problemas del presente mediante el recurso de los viejos nacionalismos de izquierda o de derecha del pasado no parece tener otro efecto que el de la resignación a una devastación a escala global de dimensiones incalculables y potencialmente catastróficas.

Un reciente artículo, publicado el 9 de octubre de 2019, por Matthew Taylor y Jonathan Adams, en The Guar- dian, reveló que tan sólo 20 firmas en la industria de los combustibles fósiles, entre las que, por cierto, se encuentra Petróleos Mexicanos, están ligadas di- rectamente a la producción de más de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la era moderna 1

. La relación directa entre la emisión de ese tipo de gases y el cam- bio climático, que hoy constituye una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad, es algo que sólo es controvertida en algunos círculos radi- cales dados a la creación y consumo de teorías conspirativas. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía 2

, al ser promulgada la reforma constitucional, el consumo de energía derivado de fuentes fósiles era ligera- mente mayor de 80% a nivel mundial y de 90% en México. De allí la urgencia de la transición del modelo energético hacia una radical disminución y ten- dencial supresión del uso de combusti- bles fósiles y su sustitución progresiva y acelerada por tecnologías de mayor eficiencia y capaces de generar ener- gía a partir de fuentes limpias. En con- secuencia, la transición energética se erigió en una de las orientaciones fun- damentales de la reforma, al establecer metas claras, aunque aún insuficientes desde el punto de vista ambiental, de generación a partir de fuentes limpias, además de crear mecanismos de limita- ción e intercambio, como son los Certi- ficados de Energías Limpias.

La reforma del sector energético venía exigida no sólo por razones de índole ambiental, claramente inapla- zables, sino también por las de natu- raleza económica. En hidrocarburos, la disminución progresiva de reservas y producción petrolera, la muy escasa producción de gas natural, los elevados costos y riesgos asociados a las activi- dades de exploración y extracción que entonces desarrollaba en exclusiva Pe- tróleos Mexicanos, entre otros, deman- dan ingentes inversiones en el corto, mediano y largo plazo, que rebasan la capacidad financiera de la empresa y resultan insostenibles para las finanzas públicas.

Algo similar sucede en electricidad. La necesidad de transitar hacia nuevas fuentes de energía y hacia tecnologías más eficientes, con precios más compe- titivos y ambientalmente sustentables, en línea con la ineludible reducción y tendencial eliminación de emisiones derivadas del uso de combustibles fósi- les, reclamaba igualmente apertura a la inversión, tanto pública como privada. En consecuencia, la reforma consti- tucional de 2013, conjuntamente con su posterior desarrollo en la legislación secundaria, rompió con la visión previa

1 https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions. 2 https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.COMM.FO.ZS, Enero 2020

Pemex y CFE ganaron flexibilidad como Empresas Productivas del Estado.

que integraba todas las actividades de la industria en una sola empresa monopólica, que además cumplía funciones de autoridad administrativa y de entidad responsable de establecer e implementar políticas públicas. De este modo, la rectoría sobre la política en este sector fue depositada en la Secretaría de Energía; las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH) fueron dotadas de mayor autoridad y atribuciones como reguladores en su respectivo campo de acción, y se crearon gestores autónomos de los sistemas eléctrico (Cenace) y de transporte de gas (Cenagas). Además, fueron transformadas las empresas públicas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Organismos Públicos Descentralizados a Empresas Productivas del Estado (EPE).

La transformación de las empresas públicas en EPE resultó un cambio de la mayor trascendencia para dotarlas de una mayor flexibilidad y de mejores herramientas para participar en entornos competidos. No obstante, el concepto de EPE tiene un alto grado de indeterminación a nivel constitucional. Al no haber precedente en nuestra doctrina administrativa que lo situara dentro de las categorías tradicionales, la naturaleza jurídica de las EPE ha requerido ulterior precisión legislativa y reglamentaria. Parece que el concepto requerirá todavía mayor desarrollo jurisprudencial y doctrinal. La idea es que, en efecto, se trata de un tipo de entidad no perteneciente a la Administración Pública Centralizada, Descentralizada o Paraestatal. Lo que particularmente parece distinguirla es que la clase de actividades que están llamadas a realizar no son funciones típicamente públicas, sino abiertas a la participación privada y, en términos generales, a la libre concurrencia en un entorno de mercado económicamente competitivo.

La reforma distinguió los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria eléctrica al abrir la competencia a la participación privada, frente a la empresa pública. Por una parte, las actividades de generación, que consiste básicamente en la producción de energía eléctrica, y de suministro, fundamentalmente vinculada a la comercialización de energía hacia los usuarios finales, se realizan mediante la obtención de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a favor de quienes satisfagan los requisitos legales establecidos. Por otra parte, las actividades de Transmisión, relativa al transporte de la energía en una tensión igual o superior a 69 kilovoltios, y Distribución, orientada al transporte y transformación hacia los centros de consumo, se mantuvieron como servicio público prestado a través de una EPE. Esto último, debido a la capital importancia que, para el sistema eléctrico, reviste el funcionamiento unitario y sistematizado de las redes de conducción y transformación de energía. Sin embargo, las empresas públicas y privadas participantes en la industria deben de gozar, por ley, de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución. Además, excepcionalmente, las empresas privadas pueden participar en proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, mediante la celebración de asociaciones y contratos con el Estado. En consonancia con esta segmentación de la industria, la EPE fue separada, de manera vertical y horizontal, para participar de manera independiente en cada uno de los eslabones de la cadena de valor.

Con estas nociones básicas fue creado el mercado eléctrico para la comercialización de energía, potencia (capacidad de producción de energía), Certificados de Energías Limpias y Derechos Financieros de Transmisión. Para ello, se construyó todo un andamiaje normativo y regulatorio para que el mercado estuviera en posibilidad de funcionar de una manera ordenada y orientada a los objetivos para los que fue diseñado. La finalidad subyacente a todo el entramado

normativo relativo al mercado eléctrico es propiciar un mercado competitivo, fuertemente regulado, con el propósito de hacer más transparente y eficiente la cadena de valor, a fin de obtener precios más competitivos para los consumidores finales y lograr un incremento consistente y progresivo en el corto, mediano y largo plazo del consumo de energía procedente de tecnologías, procesos e insumos primarios más limpios, en línea con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El primer gran hito establecido fue alcanzar el 35% de generación de energías limpias hacia 2024, sin considerar la demanda incremental.

La meta podría parecer conservadora, vista sólo desde la perspectiva de la urgente reducción y tendencial eliminación de las emisiones producidas por la generación de energía eléctrica. Sin embargo, una transición más disruptiva habría resultado difícilmente viable debido, entre otras razones, a los costos y efectos económicos asociados a la transición de un parque de generación hasta entonces predominantemente basado en combustibles fósiles y, más aún, algunos de ellos poco eficientes y altamente contaminantes, como el combustóleo y el carbón; aunado al estado actual de desarrollo de las tecnologías generadoras de energías limpias, como la eólica y la solar, cuya intermitencia, en conjunto con la insuficiente evolución de las tecnologías de almacenamiento en grandes volúmenes, hace necesario contar con un respaldo energético procedente de otras fuentes.

En este orden de ideas, uno de los mecanismos desarrollados dentro del mercado eléctrico con el doble propósito de reducción de precios y de emisiones fue el de las subastas de largo plazo para la comercialización de energía, potencia y Certificados de Energías Limpias. Los resultados arrojados durante las tres subastas realizadas hasta el momento (2015, 2016, y 2017) resultaron verdaderamente alentadores, tanto por lo que respecta al incremento en la capacidad de generación a partir de fuentes limpias, como por lo que concierne a los precios promedio alcanzados por esta clase de energías, que se ubicaron entre los más bajos a nivel internacional 3

. No obstante ello, las subastas programadas a partir de 2018 han permanecido en suspenso.

Un breve sobrevuelo, necesariamente somero e inevitablemente incompleto, como el que hasta aquí hemos realizado, sobre algunos aspectos relevantes de nuestra actualidad energética, nos permite abrir espacios para la reflexión, la investigación y el análisis. Como dijo Ortega y Gasset, “el pasado tiene razón, la suya. Si no se le da ésa que tiene, volverá a reclamarla, y de paso a imponer la que no tiene” 4

. Así, no puede ignorarse que la situación del sector energético en su conjunto difiere diametralmente en el siglo presente de la prevaleciente durante prácticamente todo el anterior. Exige, por tanto, nuevas soluciones a nuevas razones. Se trata, sobre todo, de un fenómeno complejo, de dimensiones supranacionales, en el que se ve reflejada, como prácticamente en ningún otro caso, la fuerte tensión entre el desarrollo económico y la apremiante necesidad de salvaguardar el medio ambiente, en el particular contexto del cambio climático. Resolver esa tensión reclama esfuerzos considerables para el diseño e implementación de soluciones extraordinariamente complejas que no dejan lugar para el simplismo ni para la frivolidad o el predominio de sesgos o egos. Tampoco para la

25 Enero 2020 pérdida de tiempo, recursos y esfuerzos, ni para improvisaciones disposicionalmente suicidas, destinadas a buscar atajos.

La tensión entre economía y medio ambiente, abierta de modo particularmente álgido en el campo de la energía, abre diversos frentes. Apremia el desarrollo de tecnologías que permitan disociar la satisfacción de la demanda energética de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, del consumo de combustibles fósiles, en términos económicamente factibles. Igualmente urgente resulta encontrar mecanismos políticos y jurídicos que promuevan la cooperación internacional en orden a detener el vertiginoso deterioro ambiental y el cambio climático. Para ello, mucho tendrán que decir también economistas y estudiosos de la acción colectiva y la economía conductual, entre otros.

En el terreno jurídico, el desarrollo de instrumentos internacionales y de elementos normativos a nivel constitucional, legal y regulatorio en el ámbito del derecho interno, serán fundamentales para el eficaz diseño e implementación de las medidas que necesariamente hayan de adoptarse. El derecho, en este caso el energético, no puede abstraerse de la realidad para atrincherarse en el dogmatismo jurídico, político o ideológico. Tampoco puede hacerlo, sin graves consecuencias, la política energética. La reforma energética ha sido un paso muy relevante en la dirección correcta, aun cuando apenas incipiente, todavía insuficiente y, en más de algún sentido y medida, perfectible. Sin embargo, este paso nos ha permitido poner un pie en el siglo presente y en su peculiar problemática, para orientarnos hacia el futuro con mejores instrumentos de navegación.

LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA DE 2013-2018

En sólo cinco años se le dio un impulso sin precedentes a la infraestructura del sector en el país, en la que se lograron comprometer decenas de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Fue Secretario de Energía del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Exsecretario de Turismo, ex gobernador de Quintana Roo. También fue Senador y diputado en su natal estado.

La reforma energética busca revertir la caída de la producción petrolera.

La apertura energética legislada e instrumentada entre los años 2013 y 2018, tuvo como objetivos principales: fortalecer la seguridad energética, revertir la tendencia a la baja en la producción de energéticos y fomentar una economía baja en emisiones de carbono a través de las energías limpias. Para ello, se modificaron tres artículos constitucionales, incluyéndose en el decreto respectivo, 21 transitorios que dieron como resultado las bases de un nuevo modelo que –bajo la rectoría del Estado– quedó abierto a la inversión privada en casi todos los eslabones de la cadena de valor del sector. Asimismo, se promulgaron 21 leyes secundarias, 9 de ellas nuevas y 12 reformadas; además de 24 reglamentos cuya finalidad era dar certidumbre a los cambios realizados.

Agotamiento del modelo

Antes de esta apertura, el país tenía un marco regulatorio que restringía o, en muchos casos, prohibía la participación de empresas privadas en la producción, transformación, transporte, almacena

27 Enero 2020 miento y comercialización de hidrocarburos; mientras que, en electricidad, las actividades de generación, transmisión y distribución estaban reservadas de manera exclusiva para el Estado. Este modelo comenzó a generar rendimientos decrecientes y planteó un sentido de urgencia para el Gobierno de emprender una transformación profunda. En 2004, México alcanzó una producción máxima de 3.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día, récord histórico que se debió al aprovechamiento de un colosal yacimiento petrolero denominado Cantarell, que se encuentra en aguas someras del Golfo de México. A partir de ese año, y a pesar de los incrementos en la inversión realizada, la producción nacional de crudo comenzó su descenso de forma gradual y constante debido principalmente al declive de dicho mega yacimiento.

Estos hechos nos indicaron que se aproximaba un cambio de era en el sector de hidrocarburos y que requeríamos de métodos más sofisticados, tecnología de punta y de cuantiosos recursos financieros para poder extraer el aceite

El cambio legislativo rompió viejos paradigmas y emprendió una revolución.

restante de nuestros campos maduros, de los yacimientos no convencionales y para poder acceder a las grandes profundidades marinas, en donde se encuentran gran parte de nuestros recursos prospectivos.

En lo que se refiere a la electricidad, el antiguo modelo monopólico le estaba restando competitividad a la economía y se encontraba con un retraso de casi tres décadas en materia de mercados eléctricos, mientras que la transición energética hacia fuentes más limpias avanzaba con extrema lentitud en la matriz de generación.

La ape t a

Con la reforma energética se rompieron antiguos paradigmas y se emprendió una verdadera revolución normativa. La apertura de los mercados requirió de un nuevo arreglo institucional y de un robusto marco regulatorio que fijara las bases de modernización del sector y que fuera acorde con las mejores prácticas internacionales en la materia.

El primer paso fue transformar la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para convertirlas en Empresas Productivas del Estado, dotándolas de herramientas que les permitieran operar con mayor flexibilidad y poder asociarse con otras compañías para potenciar sus capacidades productivas.

Como parte del fortalecimiento productivo de Pemex, se llevó a cabo la Ronda Cero, en donde el Estado le asignó aquellas áreas en las que acreditó contar con las capacidades económicas y técnicas para su desarrollo: el 83% de las reservas probables (2P) y el 21% de los recursos prospectivos del país. La finalidad, fue garantizar la viabilidad de la empresa petrolera durante al menos los siguientes 20 años.

Con el resto de las áreas que no fueron asignadas a Pemex, se formó un portafolio de proyectos de inversión para que las empresas privadas participaran con recursos financieros, técnicos, experiencia y tecnología en el desarrollo de los bloques ofertados. El Gobierno federal realizó un total de nueve licitaciones para la exploración y extracción de recursos en campos terrestres, aguas someras y profundas de nuestro país.

Como resultado de estos nueve procesos, resultaron ganadoras 73 empresas de 20 nacionalidades, 35 fueron mexicanas, entre ellas la propia Pemex. Se adjudicaron 107 áreas contractuales que, a lo largo del periodo de vida de los contratos y en caso de éxito geológico total, se estimó detonarían más de 900 mil empleos e inversiones por cerca de 161 mil millones de dólares, con una utilidad promedio para el Estado de 74%, sin arriesgar recursos públicos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos llevó a cabo todos los procesos de licitación bajo estándares de máxima transparencia y publicidad; fueron difundidos por internet en tiempo real y todos los participantes manifestaron su conformidad con los resultados. De las 107 adjudicaciones, ninguna fue impugnada.

El resultado de las licitaciones será una aportación adicional a la producción del país que, se predijo, llegará a los 250 mil barriles diarios de crudo en el año 2023, unos 301 mil barriles en 2024 y 740 mil en 2030, año en el que se estimó que el 27% de la producción provendrá de las adjudicaciones realizadas en la pasada administración gubernamental.

Con las áreas asignadas en los 107 contratos, se ha favorecido también la formación de nuevos clústeres petroleros de desarrollo costa afuera. Las fronteras de exploración se están ampliando y con ello la creación de economías a escala y sinergias productivas en tres cuencas geológicas del país: Burgos y Perdido, Tampico-Misantla y Cordilleras Mexicanas, así como la Cuenca Salina y Cuencas del Sureste.

Por su parte, las empresas privadas también están aportando para mejorar el escenario de reservas, con los descubrimientos en Amoca, Miztón y Tecoalli –adjudicado a la petrolera ENI–, y Hokchi –adjudicado a PanAmerican Energy y E&P Hidrocarburos– que en conjunto contribuyen el equivalente al 5% de las reservas nacionales.

En materia de reconocimiento y ex

ploración superficial, nuestro acervo geológico contaba anteriormente con información parcial y limitada para es- tudiar las provincias petroleras, siendo Pemex el único que podía llevar a cabo esta actividad. Con la apertura energé- tica, la Comisión Nacional de Hidro- carburos (CNH) inició el otorgamiento de permisos a empresas privadas inte- resadas, sujetas al requisito de que en- treguen a la Comisión copia de la infor- mación obtenida para que ésta forme parte del acervo geológico y geofísico de las cuencas petroleras del país.

En el periodo 2014-2018, se concedie- ron un total de 61 permisos para que las compañías realicen estudios de sís- mica, lo que además de mejorar la cali- dad de la información, propició que el Golfo de México se convirtiera en 2016 en la porción marina más estudiada del planeta.

En petrolíferos, la apertura al sec- tor empoderó a los consumidores con distintas opciones de expendio de combustibles. Antes, sólo existía una marca de gasolineras en México y para 2018 ya operaban más de 50 en distin- tos puntos del territorio nacional. Se espera que con el tiempo y en la me- dida en que el mercado madure, los usuarios tengan cada vez más opcio- nes de precio, calidad, rendimientos de las gasolinas y servicio.

Al mismo tiempo, otro de los retos era aumentar la capacidad de almace- namiento de petrolíferos, que apenas alcanzaba para tres días de inventa- rios, cifra que se encuentra muy por debajo de la recomendación interna- cional que es de al menos 30 días. Para ello, fue creada una nueva política pú- blica de almacenamiento, que propi- ció que el sector privado anunciara 62 proyectos para el almacenamiento de combustibles en 22 entidades del país que, al ser concluidos, incrementarían en 154% la capacidad inicial existente en terminales. Esto es vital para la se- guridad energética nacional.

Gas nat al y ele t i idad limpia

En lo que se refiere a gas natural, se puso en marcha un intensivo programa para ampliar el sistema de gasoductos y llevar el gas a más regiones, lo que implicó la construcción de 18 mil 800 kilómetros de infraestructura de duc- tos –una expansión del 66% respecto a 2012. El objetivo: llevar a las centrales eléctricas y a la industria productiva un combustible más limpio, más efi- ciente y a precios mucho más econó- micos en comparación con el diésel y el combustóleo.

Fo ma ión de me ados

En la vertiente de electricidad, la refor- ma energética orientó la política pública hacia un sector eléctrico más competiti- vo y particularmente más sustentable. Primero, se puso en marcha el Mer- cado Eléctrico Mayorista de corto pla- zo –el de las transacciones diarias–, que promueve la competencia en la gene- ración y la libre comercialización. Por otra parte, el mercado de largo plazo se focalizó en impulsar la compra y el desarrollo de energías renovables, a fin de potenciar su papel en la matriz ener- gética del país y cumplir con objetivos nacionales de generación limpia. La meta que se estableció en ley fue alcan- zar para 2024, 35% de la generación con fuentes más amigables con el medio ambiente.

Para lograrlo, se crearon mecanis- mos para que la CFE y las empresas privadas participen en el desarrollo de proyectos de energías verdes. De estos instrumentos destacan las subastas de largo plazo que demostraron ser una práctica exitosa para promover la ge- neración renovable en diversos países y en México.

Se concluyeron en total tres de estos procesos, en los que se comprometie- ron inversiones por 8 mil 600 millones de dólares, para construir 65 centrales eléctricas ubicadas en 17 entidades fe- derativas; es decir, más de la mitad de los estados del país tendrían al menos un proyecto de generación verde que, además de traer beneficios ambienta- les, promueve la creación de empleos y detona la derrama económica regional. La capacidad de dichas centrales suma casi 7 mil megawatts, suficiente

para cubrir las necesidades eléctricas de 6.5 millones de viviendas o el equi- valente a la demanda total del Estado de México, el principal consumidor na- cional. Con esta nueva infraestructura, uno de cada cinco hogares mexicanos accedería a electricidad verde.

A través de estas subastas, llevadas a cabo exitosamente por el Centro Nacio- nal de Control de Energía (Cenace), se asignaron contratos de cobertura eléc- trica por un periodo de 15 años para la compraventa de energía, la cual fue adquirida a precios altamente compe- titivos, sin necesidad del otorgamiento de subsidios u otro tipo de incentivos. Las ofertas promedio de la energía ob- servadas en el último proceso fueron de las más económicas registradas en las re- cientes subastas realizadas en el planeta: la eólica se ubicó en primer lugar con 19 dólares por megawatt hora, mientras que la solar fotovoltaica en el segundo lugar, con 21.8 dólares por megawatt hora, tan solo después de Arabia Saudita.

En lo que respecta a los Certificados de Energías Limpias (CEL), dichos ins- trumentos financieros han sido adquiri- dos por los grandes usuarios por medio de contratos de subastas o a través de los intercambios del mercado eléctrico mayorista, para que éstos puedan acre- ditar su consumo mínimo obligatorio de electricidad verde que inició en 2018 en un 5% e irá aumentando gradual- mente; en 2022 será de 13.9%.

Demo atiza ión de la

gene a ión ve de

Este modelo energético abierto también permitió iniciar con el proceso de pasar de una generación centralizada a una distribuida entre miles de participan- tes. Se hizo posible que los pequeños consumidores de electricidad, empre- sas o domicilios pudieran producir su propia energía solar, beneficiándose con ello de los ahorros en los recibos de luz, a la par que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

El impulso que se le dio al esquema de generación distribuida se tradujo en resultados positivos. Entre 2012 y 2018, pasamos de 2 mil a 63 mil contratos firmados para que los usuarios insta- len sistemas fotovoltaicos en los techos de sus hogares, comercios y pequeñas empresas. Con una inversión priva- da de 663 millones de dólares en esta modalidad, se colocaron un total de 390 megawatts de capacidad eléctrica en paneles solares, cuya producción es suficiente para abastecer a una cuarta parte de la población de la Ciudad de México.

Se estima que, si esta tendencia man- tiene el mismo ritmo de crecimiento, en 2023 podríamos llegar a 600 mil techos solares instalados en el país producien- do electricidad verde, es decir, un au- mento de mil por ciento respecto a lo que teníamos 2018.

En la vertiente social, el nuevo para- digma energético dio también vida al Fondo del Servicio Universal Eléctrico, con el objetivo de llevar la luz a los 1.8 millones de habitantes que viven en las comunidades más alejadas y margina- das del país que aún no cuentan con este servicio.

Con recursos excedentes del Merca- do Eléctrico Mayorista que nutren el Fondo, se electrificaron viviendas, au- las escolares y dispensarios médicos, de pequeñas comunidades que están en pobreza energética, mediante la ins- talación de sistemas fotovoltaicos y la extensión de redes de distribución. Sin afectar el presupuesto público, con este instrumento de financiamiento se espe- ra alcanzar el 100% de cobertura nacio- nal en 2022.

Te nología y talento

El nuevo modelo energético propició además la posibilidad de fortalecer la ciencia. Para ello, la Secretaría de Ener- gía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología crearon los Fondos Secto- riales en Sustentabilidad Energética y en Hidrocarburos 1

, con el objetivo de detonar la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados

Foto: Eikon.

que generen valor agregado a nuestra industria de la energía.

En renovables, se pusieron en operación cinco Centros Mexicanos de Innovación en Energía solar, eólica, geotérmica, bioenergía y fuerzas del océano, los cuales cuentan con la participación de diversas instituciones y empresas que trabajan de manera conjunta en múltiples líneas de investigación. A través de la inversión de más de 5 mil 882 millones de pesos realizada en estos Centros, México quintuplicó sus inversiones en investigación y desarrollo de energías limpias, superando así el compromiso adquirido en la iniciativa Mission Innovation, en el marco de la COP 21 celebrada en París en noviembre en 2015.

En materia de hidrocarburos, se financió la construcción del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, liderado por el Instituto Mexicano del Petróleo y que está llamado a ser el brazo científico y tecnológico de los operadores que incursionen en las grandes profundidades del mar. Con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, este Centro cuenta con laboratorios especializados, cuya finalidad es proveer a la industria servicios de alto valor y tecnologías que operen bajo principios de máxima seguridad industrial y mínimo impacto ambiental. La transformación al sector de la energía no podía estar completa sin incluir un capítulo en la innovación que permitiera la formación de expertos de alto nivel que adquirieran los conocimientos y capacidades necesarias para hacer frente a los grandes retos energéticos del futuro próximo. En el periodo sexenal anterior se destinaron 2 mil 921 millones de pesos para 3 mil 286 becas de especialidades, maestrías, doctorados y estancias posdoctorales, tanto en México como en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Holanda, Canadá, España y Francia.

Epílogo

La Reforma Energética instrumentada entre los años 2013 y 2018, fijó las bases para una transformación de la industria nacional. En apenas cinco años, se lograron comprometer para los próximos años decenas de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, estudios de sísmica, terminales de almacenamiento, gasoductos, centrales eléctricas limpias, generación distribuida, electrificación rural, investigación y desarrollo tecnológico, así como la formación y especialización de recursos humanos. En suma, un impulso sin precedentes a la infraestructura energética del país.

Para cambiar al sector era necesaria la innovación y la formación de expertos.