Racialización de la inseguridad SEGURIDAD CIUDADANA Y AMALGAMAS INACEPTABLES Desde finales del mes de julio asistimos en Francia a una escalada xenófoba de carácter institucional, impulsada por el Gobierno del presidente Sarkozy, contra la inmigración, los “Roms” o gitanos y las personas y familias nómadas o itinerantes. Esa escalada se sustenta en la supuesta necesidad de adoptar medidas fuertes en materia de seguridad ciudadana que afectan directamente a esos tres colectivos, tales como el desmantelamiento de campamentos, expulsiones colectivas, pérdida de la nacionalidad francesa por sanción o aumento de las dificultades para adquirirla. Los hechos que desencadenan esta escalada o se utilizan como tales para poner en el centro de la vida política el tema de la inseguridad ciudadana La noche del viernes 16 al 17 de julio de 2010, el joven de 22 años Luigi Duquenet, de nacionalidad francesa, miembro de una familia de origen nómada o itinerante, lo que en Francia se denomina “gens du voyage”, sedentaria desde hace dos generaciones, es abatido por la gendarmería al no detenerse y embestir con su coche contra una barrera de control policial. Según la encuesta judicial, parece que el joven tuvo miedo, pues conducía sin carnet, e intentó huir. Al día siguiente por la mañana, unas 50 personas, atacan la comisaría de la gendarmería en el pueblo de Saint-Aignan, de 3.400 habitantes, en el Departamento de Loir-et-Cher, comisaría a la que pertenecían los gendarmes que habían abatido a Luigi Duquenet la noche anterior. Después de atacar la gendarmería, protagonizaron destrozos por el pueblo: cortaron árboles, incendiaron coches, rompieron semáforos y otras señales de tráfico. El domingo por la noche, media docena de coches son quemados en el pueblo de Onzain,
un coche es empotrado contra una vitrina en Meher y una sala de la alcaldía de Couddes es incendiada con un artefacto. El lunes 19 el Gobierno despliega dos escuadrones de la gendarmería en Saint-Aignan y alrededores, además de utilizar helicópteros con focos para vigilancia y disuasión. En la noche del 15 de julio de 2010, Karim Boudouda, de 27 años, con tres condenas anteriores por robo a mano armada, es abatido por la policía en el pueblo de La Villeneuve, de 15.000 habitantes, en la periferia de Grenoble, en la persecución que se produce después de atracar el casino de Urange-les-Bains. La noche del viernes 16 de julio al sábado 17, se producen graves enfrentamientos entre jóvenes del barrio donde residía y fue muerto Karim Boudouda, y la policía. Los incidentes continuaron la noche del domingo, día 18. Según el informe policial, se quemaron unos sesenta coches, se intercambiaron disparos y fueron detenidas 18 personas, entre ellas dos sospechosos de haber disparado contra la policía. Según la judicatura, los disparos de la policía que abatieron a Karim Boudouda se hicieron en legítima defensa Nadie pone en duda la gravedad de lo ocurrido en SaintAignan y en La Villeneuve. Ahora bien, si es mucho más discutible que lo ocurrido sea el ejemplo vivo de que se ha traspasado un umbral o, lo que es mucho más problemático, si nos atenemos a las medidas que se proponen, de que Francia se encuentre ante una especie de salto cualitativo en materia de delincuencia protagonizada por ciertas categorías sociales. Sain-Aignan no muestra, ni de lejos, que las personas categorizadas como nómadas se estén enfrentando contra el Estado y sus representantes. Ni muestra que haya una especie de alianza entre las personas y familias nómadas y los “Roms” o gitanos de origen rumano y búlgaro para dedicarse a enfrentarse contra los gendarmes. Nada de eso
es verdad. Para Pierre Hérisson, presidente de la Comisión Nacional Consultativa sobre la situación de las personas nómadas o itinerantes en Francia, y autor, en el año 2008, del informe sobre los problemas de estacionamiento, lo ocurrido en Saint-Aignan es un acto de derecho común, puntual, que no afecta al carácter de esa comunidad que, por otro lado, es muy diversa. De la misma opinión es el alcalde de SaintAignan, Jean Michel Dillon. Y lo mismo ocurre con La Villeneuve, que es un pueblo de la periferia de una gran ciudad, construido a principios de los años setenta del siglo pasado. La Villeneuve no es un barrio aislado. Está conectado con el centro de Grenoble mediante un tranvía. La tasa de equipamientos escolares, deportivos, culturales es sensiblemente superior a la de los barrios denominados sensibles. Entre los años 70-80 en la Villeneuve había una notable presencia de refugiados argentinos y chilenos, muy activos en la vida del pueblo. Según sus propios habitantes, a partir del año 2000 se inicia un declive palpable: aumenta el paro, las personas de clase media o con más ingresos se van a vivir a otros lugares, aumenta la población inmigrada con escasos ingresos y se producen repliegues comunitarios. La población precarizada no podía dar continuidad a las actividades desarrolladas al inicio de la construcción del pueblo. A pesar de todo, de su propia urbanización cerrada, no es un lugar que destaque por sus altos índices de delincuencia, por el grado de desafección de sus habitantes hacia las instituciones, o por la separación y el enfrentamiento entre la policía y los jóvenes. Todo ello existe, como en tantos otros barrios o comunas periféricas de las grandes ciudades de Francia, a las que, demasiado a menudo, y en el marco de una política de seguridad harto discutible, cuando hay algún problema, se les somete a los disparos de flash-ball y a las luces proyectadas desde helicópteros. Los habitantes más antiguos del pueblo hablan de la necesidad de volver a tener una política de
proximidad, que incluya una policía de proximidad, y no unos despliegues con tipos robocop. Seis días después de los enfrentamientos, el centro de salud del pueblo tuvo que abrir una consulta de ayuda psicológica para ayudar a la gente a superar el chok. Lo ocurrido es muy grave: ha habido un atraco, persecución, disparos, un muerto de 27 años y enfrentamientos entre jóvenes y la policía en los dos o tres días siguientes. Pero eso no autoriza a considerar a La Villeneuve como una especie de bastión del bandidismo y, menos todavía, a generalizar y criminalizar por ósmosis a una categoría muy precisa de personas, que tienen en común con el muerto el ser hijos o nietos de extranjeros que han adquirido la nacionalidad francesa, al haber nacido y residido en Francia hasta su mayoría de edad. La respuesta del Gobierno El 21 de julio, la oficina de la presidencia difundía una Declaración del Presidente de la República sobre el problema de la seguridad ciudadana. En ella, el presidente mencionaba los “problemas causados por el comportamiento de algunas personas nómadas y gitanas”, y añadía que el el día 28 de julio tendría una reunión con diferentes agentes sociales que trabajan con esas dos poblaciones para hacer un balance de la situación en todos los departamentos, y decidir sobre el desmantelamiento de todos los campamentos que estuviesen en situación irregular. El 30 de julio el presidente Sarkozy se desplazó a Grenoble para la toma de posesión del cargo del nuevo prefecto, Eric Le Douaron, antiguo responsable de la policía. A las 11 horas Sarkozy tuvo una primera reunión en el edificio de la policía con los policías y sus representantes sindicales. A las 12,30 horas celebró una segunda reunión en la Prefectura, bajo el lema “lucha contra la inseguridad”. Estas dos primeras reuniones se hicieron sin la presencia
de periodistas. A las 13 horas tuvo lugar el discurso público. En él, el presidente expuso sus ideas sobre la inseguridad ciudadana, tomando como referencia los dos hechos arriba citados, y desgranó las medidas que se proponía llevar a la práctica en el futuro inmediato: ampliación de los supuestos de pérdida de nacionalidad por sanción; ampliación de las dificultades para acceder a la nacionalidad francesa a las personas nacidas en Francia al cumplir la mayoría de edad y hubiesen cometido algún delito; necesidad de evaluar las prestaciones que perciben las personas que se encuentran en situación administrativa irregular; necesidad de responder al fracaso de cincuenta años de políticas de inmigración en el terreno de la integración de las segundas y terceras generaciones y la transmisión de valores de la cultura francesa. Estas propuestas se hacían en el interior de un discurso sazonado con expresiones como truhanes, granujas y escoria, y enmarcado en el concepto de que estamos ante una verdadera guerra. A partir de esta toma de postura del presidente, diferentes miembros de su gabinete, el ministro del interior Brice Hortefeux, el ministro de la identidad nacional y la inmigración Eric Besson, el ministro de industria y alcalde de Niza Christian Estrosi, la secretaria de Estado para la familia Nadine Morano, el secretario de Estado para asuntos europeos Pierre Lellouche, el responsable para temas de seguridad de la UMP...diputados y otras personas de la UMP intervienen en el debate público arropando y defendiendo lo propuesto por Sarkozy. A su vez, algunas de ellas, hacen sus propias aportaciones y proposiciones, que amplían el campo de acción y los sectores sociales afectados. También hay que señalar que durante el transcurso del mes de agosto se han producido algunos desmarques significativos en las filas de la mayoría, como el del alcalde de Burdeos Alain Juppé y el antiguo primer ministro Jean Pierre Rafarin. Y, fuera de ella, pero dentro de la derecha, el
del ex ministro de asuntos exteriores y ex primer ministro Villepin En la nota o declaración del 21 de julio hay varios problemas de importancia. Uno, la amalgama que se hace entre “gens du voyage” y “Roms”, entre nómadas o itinerantes, 95% de los cuales son franceses desde hace siglos, y gitanos rumanos y búlgaros. Dos, se dice que se hará una reunión el día 28 de julio con los agentes sociales que trabajan con esos dos colectivos de personas, al tiempo que se anuncia que se va a empezar a desmantelar campamentos y a expulsar a gente a Rumanía y Bulgaria. ¿Para qué se hace una reunión si previamente se anuncia de forma unilateral la política que se va a seguir y las medidas que se van a adoptar de inmediato? Tres, la identificación que se hace entre nómadas, gitanos y delincuencia, reforzando la estigmatización de unos colectivos históricamente estigmatizados, segregados, y que viven bajo unas condiciones administrativas especiales, diferentes al resto de la ciudadanía, incluso en el caso de quienes tienen nacionalidad francesa. Cuatro, que los campamentos ilegales no han caído del cielo, son la consecuencia directa del incumplimiento de la administración de sus propias leyes. En el año 2000, hace diez años, entró en vigor la última ley que hacía referencia a las personas nómadas o itinerantes, y en ella se dice que los ayuntamientos y comunas de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de habilitar unos espacios públicos con servicios de agua potable y electricidad, donde esas personas puedan acampar. Hoy es el día en que más de la mitad de los ayuntamientos de Francia no han habilitado esos espacios ni quieren habilitarlos, unas veces por negligencia de los responsables del municipio y de la prefectura del Departamento y, otras, por las presiones en contra ejercidas por los vecinos. Cinco, que, como desde el principio denunciaron las asociaciones que trabajan con nómadas franceses y gitanos rumanos y búlgaros, la destrucción de campamentos y el desalojo de los locales que a veces ocupan, venían siendo actuaciones corrientes
desde el año 2002, por lo que, lo que se anunciaba, era más de los mismo, solo que, más brutal y más publicitado. Desde el uno de enero al veinticinco de agosto de 2010, han sido retornados a sus países, especialmente a Rumanía, 8.030 “Roms”. En el discurso de Grenoble del 30 de julio volvemos a toparnos con problemas muy importantes. Uno, que ampliar los casos por los que a una persona se le puede privar de la nacionalidad francesa adquirida es algo muy serio, que afecta al artículo 1º de la Constitución y al Código Civil. La Constitución francesa, a diferencia de la española (1), por ejemplo, nada dice sobre la privación o pérdida de la nacionalidad. En el Código Civil francés actualmente en vigor, hay dos supuestos de pérdida de nacionalidad y cuatro de privación por sanción: por vivir en un país extranjero y no usarla, por renuncia, por haber sido condenado por comisión de delito constitutivo de atentado contra intereses fundamentales de la nación, por cometer delitos constitutivos de terrorismo, por desertar, y por realizar actividades en beneficio de un estado extranjero incompatibles con la calidad de francés y perjudiciales para los intereses de Francia (por espionaje contra Francia, por formar parte de un ejército que lucha contra Francia, etc). Por otro lado, cuando la pérdida está relacionada con la comisión de esos delitos graves, se establece que los mismos se tienen que cometer en el intervalo de los diez años posteriores a la adquisición de la nacionalidad. Hay, por tanto, dos cuestiones: que los delitos son muy graves y un plazo de tiempo. Modificar eso, introducir otros supuestos, es algo que no se puede hacer a la ligera, o ser el fruto de un calentón, o utilizarlo para ganar unos cuantos votos de la extrema derecha (2). Dos, que la ampliación de los supuestos de pérdida de nacionalidad (se han hecho declaraciones que ampliaban los supuestos un tanto sin ton ni son) podría crear apátridas si quien adquirió la nacionalidad francesa tuvo que renunciar a la suya de origen para adquirirla, lo que chocaría frontalmente con el artículo 15.1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Tres, que la ampliación sin límites precisos de los supuestos de pérdida de nacionalidad por sanción, crearía una situación de desigualdad entre ciudadanos y ciudadanas que pueden o no ser privados de su nacionalidad, dejando claro que la nacionalidad adquirida es de segunda división. No se puede utilizar el acto individual cometido por una o varias personas para criminalizar a todas las que tengan con él o ella algún elemento en común, en este caso, el ser hijo o nieto de extranjeros que han adquirido la nacionalidad francesa después de haber nacido en Francia, haber residido hasta la mayoría de edad, y optar por esa nacionalidad. Cuatro, que algo parecido ocurre con la ampliación de las dificultades para adquirir la nacionalidad por parte de las personas nacidas en Francia hijos o hijas de extranjeros, hecho que hoy ocurre cuando cumplen la mayoría de edad y manifiestan la voluntad de adquisición. ¿La comisión de qué tipo de delitos impediría la adquisición? ¿Cometidos con qué edades? ¿Se tendría que tener en cuenta el recorrido posterior de esa persona? (3) El hecho de que Luigi Duquesne y sus familiares y amigos formen parte de la categoría o colectivo de nómadas, no puede servir para criminalizar, estigmatizar y confundir deliberadamente a las personas nómadas y los y las “Roms” con nacionalidad rumana o búlgara, a destruir sus campamentos y a retornarlos de forma colectiva. Que Karin Boudouda fuese un atracador y haya muerto en un enfrentamiento con la policía, y que los jóvenes del barrio en el que ocurrieron los hechos se enfrentasen a la policía e incluso se hiciesen disparos, no puede llevar a estigmatizar y crear una situación de desigualdad jurídica que afecta a todas las personas que hayan adquirido la nacionalidad en las mismas condiciones que el muerto.
Un paso más en la derechización de las políticas de inmigración, respeto por la minorías y la seguridad ciudadana. El presidente Sarkozy, que desde hace meses se encontraba en horas bajas, con pérdida creciente de popularidad y apoyos en la opinión pública, ha vuelto a intentar lo que en el año 2007 le dio buen resultado: apropiarse, hacer suyos, puntos concretos del programa electoral del Frente Nacional de Jean Marie Le Pen y ganar para su causa a una parte del electorado de extrema derecha. El problema es que todo ello se hace a costa de practicar la amalgama política; de criminalizar a minorías; de identificar inmigración y delincuencia estigmatizando a personas por su condición de inmigrantes; de crear ciudadanías de segunda división; de criminalizar a los progenitores que tienen hijos que han delinquido; de criminalizar a las familias que no gastan “debidamente” las ayudas para el inicio del curso escolar; de criminalizar a los ayuntamientos que se muestran reacios a aplicar sus teorías sobre la inseguridad ciudadana y buscan alternativas a la proliferación de la video vigilancia y prefieren invertir en actividades de proximidad ciudadana, incluido en policía de proximidad; de construir teorías sobre unos supuestos valores franceses, confundiendo todos los planos, como ya lo hizo con la formación del Ministerio de la Identidad nacional y la Inmigración y la discusión sobre la identidad nacional que se desarrolló a su iniciativa a finales de 2009 y principios de 2010. Como señala Todorov, “no hay valores franceses, sino valores morales y políticos, potencialmente universales y en cualquier caso adoptados oficialmente por todos los países de la Unión Europea” (Tzventan Todorov, El miedo a los bárbaros) Al mismo tiempo, ha hecho pasar a segundo plano temas como el de la reforma del sistema de jubilación, o los problemas que le estaba causando el asunto Eric Woherth, la relación del ministro de trabajo y su esposa con la persona más rica de Francia y el préstamo bancario que
habían recibido de esa persona para financiar la campaña electoral. El discurso del 30 de julio en Grenoble también puede entenderse como el inicio de la campaña electoral por las presidenciales del año 2012, y el intento de colocar el tema de la seguridad ciudadana en el centro de la misma (4). Parecía que el principio la cosa le iba viento en popa. El primer sondeo publicado en Le Figaro, aunque muy discutido por su metodología, le daba unos resultados muy favorables, entre el 70 y el 80% de apoyo a sus propuestas. Pero, poco a poco, las sucesivas encuestas que se están haciendo muestran una importante pérdida de apoyos para ese tipo de medidas. En la encuesta publicada el 26 de agosto por Le Parisien, 48% de franceses se mostraban favorables a las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros, y 42% se mostraban contrarios a la medida. Entre los votantes y simpatizantes de la derecha ese apoyo sube hasta el 70%, y el 83% entre votantes y simpatizantes del Frente Nacional. Entre votantes y simpatizantes de la izquierda baja al 29%. Entre estas últimas personas, el 61% se opone a las medidas de expulsión. Al día siguiente, el periódico conservador Le Figaro publicaba otra encuesta, según la cual 65% estarían a favor de la política de expulsiones y 31% en contra. Es curioso observar que la pregunta hecha en la encuesta publicada por Le Figaro es intencionadamente tramposa, pues identifica a las personas “Roms” de nacionalidad rumana o búlgara con “sin papeles”, lo cual es falso. De todas formas, el hecho de que aumente el número de personas favorables a las expulsiones si los expulsados son “sin papeles”, no deja de ser muy preocupante. Una tercera encuesta, publicada en el periódico católico La Croix, daba que el 55% de las personas católicas era favorable a las expulsiones de las personas “Roms”, y eso que la jerarquía de la Iglesia católica ha manifestado una posición abiertamente contraria a esas medidas. ¿Aumentará el número de personas contrarias a la deriva
xenófoba emprendida por el Gobierno? Esperamos que si. El próximo sábado 4 de septiembre se hará una primera manifestación en París, bajo el lema: Frente a la xenofobia y la política de colocar a la gente en la picota: libertad, igualdad, fraternidad. Como decía Jean Pierre Dubois, presidente de la Liga de los Derechos del Hombre en una entrevista publicada en Le Monde el siete de agosto: “Estamos acostumbrados. Durante la guerra de Argelia, la LDH peleaba contra la tortura, cuando el 80% de los franceses eran favorables. Es verdad que hay una “lepenización de los espíritus”, retomando los términos de Robert Badinter. Es el resultado de un sucio trabajo hecho por personas que, yo espero, tengan problemas para mirarse en el espejo. Estamos ante un paradigma que consiste en responder sistemáticamente, “hay que golpear, hay que excluir”. Lo que está ocurriendo en Francia durante este mes de agosto es muy importante, y su alcance va mucho más lejos de la política doméstica francesa. Es el Gobierno quien impulsa una política cargada de xenofobia, es el partido de la derecha tradicional democrática quien está haciendo suyos puntos concretos del programa y las propuestas de la extrema derecha, lo que la extrema derecha viene planteando y defendiendo desde hace treinta años. Lo que allí salga nos repercutirá aquí y en otras partes de Europa, pues aquí también hay gente, políticos de derecha y de izquierda que en repetidas ocasiones han manifestado ideas muy parecidas, aunque a escala menor, a las defendidas por Sarkozi. Basta recordar lo que hace solamente año y medio decían, las explicaciones abiertamente racialistas que daban, y lo que proponían unos cuantos políticos guipuzcoanos sobre los menores extranjeros no acompañados que tenían conductas disruptivas y cometían delitos; o lo que hace unos pocos meses decían y hacían los vecinos y vecinas y el ayuntamiento de La Arboleda, en Bizkaia, con el tema del alojamiento en el pueblo de una familia gitana. Los razonamientos que utilizaban se parecían como dos gotas
de agua a los que ahora se están desarrollando en Francia. De ahí que, aparte los principios generales que defendamos, de nuestra oposición a la racialización de la inseguridad y a las amalgamas que criminalizan a sectores sociales que a su vez son víctimas de discriminación y segregación, tengamos un interés político concreto en la derrota de las propuestas avanzadas por Sarkozyy su Gobierno. Donostia, 28-8-2010. Agustín Unzurrunzaga Notas: (1) El artículo 11.1 de la Constitución española dice: La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. El Código Civil establece los siguientes casos de pérdida de la nacionalidad española tanto originaria como no originaria. Pérdida por adquisición voluntaria de nacionalidad extranjera, salvo la de un país Iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Pérdida por uso exclusivo de nacionalidad extranjera. Pérdida por renuncia. Pérdida por ausencia de declaración de conservación de la nacionalidad española cuando se trate de españoles nacidos en el extranjero de progenitores nacidos fuera de España En cuanto a la pérdida de la nacionalidad española no originaria, los casos son los siguientes. Pérdida por uso exclusivo de la nacionalidad extranjera : “Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española” Pérdida por prohibición gubernativa: Perderán la nacionalidad española aquellos españoles no originarios que entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero
contra la prohibición expresa del Gobierno. (2) A finales de agosto se han presentado tres textos, uno del Ministerio del Interior, otro del de Justicia y el tercero de Inmigración, para ampliar las causas de la pérdida de la nacionalidad francesa por sanción. El Ministerio de Justicia y el de Inmigración amplían en un caso: cometer crímenes sobre las personas depositarias de autoridad pública. El del Ministerio del Interior añade otro supuesto: cometer un delito de poligamia, estafa y abuso de debilidad (3) En el caso del Estado español, existe el concepto de “buena conducta cívica”, concepto de carácter indefinido, que va más allá de la existencia o no de penales, y que tiene que ser ponderado y analizado en cada caso. Por tanto, a una persona se le puede negar, y en la práctica así se hace, la adquisición de la nacionalidad española porque no ha tenido una “buena conducta cívica”. Un caso típico en los últimos tiempos es el de haber sido condenado por violencia de género. La resolución puede ser recurrida ante la Dirección General de Registros y del Notariado, y luego ante el juzgado si fuese necesario. (4) Hay quienes consideran que hay que procurar salirse de la discusión de la inseguridad ciudadana, que es una trampa, que Sarkozy utiliza ese tema para plantear, de hecho, otras cuestiones que ponen en causa principios constitucionales de igualdad en la ciudadanía. Que también utiliza ese tema para esconder y hacer pasar a segundo plano otros, como el de la reforma de las pensiones de jubilación. Todo ello es cierto, pero me da la impresión que la discusión sobre el tema de la seguridad o la inseguridad ciudadana va a ser inevitable, y que la izquierda tiene que preparar bien el tema. En la entrevista con Jean Pierre Dubois citada más arriba, dice: “Lo que dicen las personas realistas sobre estas cuestiones de seguridad, no es lo que la derecha dice. En realidad (la izquierda, las gentes de izquierda) hemos fracasado. Y es necesario que reflexionemos sobre las razones de
la violencia, de la delincuencia. Y decir esto no es angelismo, es, simplemente, tener los ojos abiertos. No se puede golpear incesantemente sobre los efectos sin tomas medidas sobre las causas. La oposición tiene que pegarse a la realidad sobre estas cuestiones. La izquierda ha perdido los barrios populares desde los años 1980” Recuadro Algunas cuestiones sobre los “Roms” y “gens du voyage” En Francia se utilizan las dos expresiones. Roms, que es un nombre genérico, que en lengua hindi quiere decir persona y que engloba a tsiganes, gitanos, manouches, sintis, kalés, romanichels, yeniches... Actualmente se suele utilizar para designar a los y las gitanas procedentes de los países del Este de Europa: Rumanía, Bulgaria, República Checa, la ex Yugoslavia, etc. Hoy, en Europa, desde Portugal a Rusia, pasando por España, Francia, etc hay unos 11 millones de Roms Según Jean Pierre Liegeois, fundador del Centro de Investigación Tzigane, “gens du voyage”, que aquí se suele traducir por “nómadas”, es un neologismo administrativo desarrollado en Francia en los años 1970. No tiene, por tanto, un carácter étnico, sino jurídico administrativo. Según la ley de julio de 2000, relativa al acogimiento y al sitio donde habitan las persona nómadas, estas se caracterizan por la “movilidad de su residencia”. De todas formas, en la propia ley se habla también de “nómadas sedentarizados”, que es una contradicción en los términos, pero que tiene su importancia desde el punto de vista jurídico administrativo, pues los encuadra en una comunidad. Los grados de nomadismo son también diversos. Hay gente nómada a tiempo completo y otra a
tiempo parcial, que practica el nomadismo durante una parte del año, y la otra vive de forma sedentaria. Entre las personas calificadas como nómadas hay muchos grupos. Hay Roms, Gitanos, Manouches, Bohemiens, grupos que conforman lo que en francés recibe el nombre genérico de “tzigane” o “tsigane” Hasta 1970 se les denominaba de muchas maneras: Bohemians del País Vasco, Manouches del País de la Loire, Gitanos catalanes del sur, Boumians de la Provenza, Sintés alsacianos o piamonteses. Actualmente se agrupan en la Federación de Asociaciones Tsiganes de Francia. En 1912 se crearon dos estatutos diferentes. Uno individual, “foráneo”; otro colectivo, “nómada”. Se calificaron y se encuadraron en el estatuto de nómadas, aquellas personas que ejercían una profesión ambulante en familia. Así, fueron registrados como nómadas, bretones, normandos, de Auvernia, italianos...gente que no provenía de ninguna tradición “bohemienne” El problema es que una vez categorizado como “nómada”, no se podía abandonar la denominación. Por eso, en la regulaciones actuales se habla de “nómadas sedentarizados”. La categoría “nómada” encuadraba a las personas en un régimen de excepción, les asignaba una identidad familiar definitiva. Se creaba una población que, aunque tenía la nacionalidad francesa, estaba sujeta a un régimen administrativo especial: − Tenían prohibido salir de Francia − Los miembros de la familia no se tenían que separar − El ejercicio del derecho de voto estaba, y está en la actualidad sujeto a normas especiales Todas las personas encuadradas en la categoría “nomada” fueron asignados a residencia en 1940, y luego internados en campos bajo el gobierno de Vichy. Esos campos fueron
desmantelados en 1946, un año después de la liberación. Y las personas que allí estaban fueron recensadas como nómadas La inmensa mayoría de las personas nómadas son de nacionalidad francesa. También la mayoría de los Roms nómadas son franceses. Una parte de ellos son ciudadanos de Rumania y de Bulgaria, ciudadanos y ciudadanas, por tanto, de la Unión Europea, y sujetos a los tratados de la Unión. La ley de 1969, que regula el estatuto de las personas sin domicilio ni residencia fijos, instauró una categoría de ciudadanos y ciudadanas discriminadas en su libertad, vigilados, que tienen que portar documentos de identidad especiales, documentos que tienen que ser periódicamente sellados. Son ciudadanos sujetos a normas especiales para poder ejercer sus derechos políticos, el derecho de voto, por ejemplo. Para votar tienen que demostrar que tienen apego, relación, de tres años con un lugar concreto, cuando para el resto de la ciudadanía son suficientes seis meses de empadronamiento. En este momento, en Francia hay más 400.000 personas censadas como nómadas, 95% de las cuales tienen nacionalidad francesa. Actualmente, más del 66% están sedentarizadas. A juicio de Jean Pierre Liegeois, su porvenir es oscuro. Su futuro social, cultural, educativo, político, no está nada claro. Si está claro, por contra, el contenido policíaco del mismo El 95% de la población Rom de Europa central y oriental es obrera y campesina. No es nómada. Los regímenes comunistas prohibieron el nomadismo allá por los años 60 del siglo pasado, y proletarizaron a los pueblos tsiganes. A la caída de los regímenes comunistas, al final de la década de los ochenta y principios de los noventa, se cerraron una
buena parte de las fábricas en las que trabajaban, lo que les forzó a nuevos agrupamientos, como el de Sliven, en Bulgaria, donde malviven unos 30.000 tsiganes. Y aceleró las migraciones. Actualmente hay tsiganes ucranianos, polacos, checos, de la antigua Yugoslavia, que trabajan en Francia en la construcción o en fábricas, como en la Peugeot en Sochaux. La importancia de lo que se está discutiendo y desarrollando en Francia Las propuestas del Gobierno de Sarkozy, planteadas el 21, el 28 y el 30 de julio, y que afectan directamente a Roms de nacionalidad rumana y búlgara, a nómadas o itinerantes y a hijos y nietos de extranjeros nacidos en Francia que han adquirido la nacionalidad francesa al llegar a la mayoría de edad, tienen una importancia que trasciendo, y con mucho, la política interna francesa. En primer lugar, el presidente Sarkozy y su Gobierno han hecho suyos partes del programa del partido más importante de la extrema derecha francesa, el Frente Nacional, tanto en lo que hace a las expulsiones de personas extranjeras, roms, o gitanos, o tsiganes de nacionalidad rumana y búlgara en este caso, como a la pérdida de nacionalidad por sanción. Si esas propuestas salen adelante, con las correspondientes modificaciones del código civil, será una victoria de la extrema derecha, que verá plenamente legitimadas sus ideas y propuestas. Y ello, aunque la extrema derecha siga criticando al Gobierno porque no es del todo consecuente, porque no recoge la totalidad de lo que proponen. De todas formas, como decía el pasado 31 de julio Marine Le Pen, “el jefe del estado aceptaba las tesis que su partido había defendido desde hace treinta años” A su vez, le invitaba a ser consecuente con lo anunciado sobre la seguridad,
“restableciendo la expulsión efectiva y definitiva de los delincuentes extranjeros”. Para Marine Le Pen, “las palabras del presidente de la República, aunque son producto de una nueva gesticulación estival, tienen el mérito de confirmar oficialmente el carácter criminoso de ciertas inmigraciones, verdad por la cual el Frente Nacional ha sido perseguido en las últimas tres décadas”. En consecuencia, Marine Le Pen “pide al presidente que saque todas las consecuencias de sus declaraciones, restableciendo la expulsión sistemática, efectiva y definitiva de los delincuentes extranjeros, que declare una moratoria inmediata en materia de inmigración y que reforme profundamente el código de nacionalidad”. Desde hace cierto tiempo, en más de una ocasión, diferentes personas vienen criticando en Francia lo que denominan una “lepenización de los espíritus”. Se empieza por banalizar las propuestas de la extrema derecha, por decir y repetir esa idea imbécil de que la extrema derecha plantea temas y problemas justos, a los que da respuestas injustas. Y se acaba por recoger lo que dicen en su programa electoral, aunque algo suavizado en las formas. Una legitimación de este tipo en Francia va a reforzar, inevitablemente, las propuestas de las organizaciones de extrema derecha en el conjunto de Europa. Y va a facilitar que las organizaciones y partidos de derecha democrática las adopten en otras países de la Unión Europea. La cuestión de la pérdida o privación de la nacionalidad por sanción y del aumento de las dificultades para la adquisición. Es una de las propuestas importantes hechas por Sarkozy en su discurso de 30 de julio en Grenoble
1. La pérdida o privación de la nacionalidad por sanción, a las personas que la han adquirido siendo hijos de extranjeros nacidos en Francia al cumplir la mayoría de edad. La Constitución francesa en vigor, la de la cuarta República, no prevé, no dice nada sobre la pérdida o privación de la nacionalidad francesa a una persona que la haya adquirido por residencia. Su artículo 1 dice que todos los franceses son iguales ante la ley. No establece distinción alguna entre francés de origen y francés por adquisición. A efectos de la Constitución son iguales. La Constitución española de 1978, por ejemplo, si prevé la pérdida de la nacionalidad española. Dice que la nacionalidad española se puede adquirir y se puede perder. Tanto la legislación francesa como la legislación española concretan las pérdidas o privaciones de la nacionalidad en sus respectivos códigos civiles. Los motivos de pérdida o privación de la nacionalidad son muy parecidos en uno y otro código civil: no uso y renuncia en el caso de la pérdida; sanción por comisión de delitos muy graves contra el Estado. Lo que propone Sarkozy es ampliar los casos de privación de la nacionalidad por sanción. En su discurso del 30 de julio adelantaba un caso: perderían la nacionalidad francesa aquellas personas que habiéndola adquirido, cometiesen un delito grave contra un agente de la autoridad. El discurso del 30 de julio se pronunció en Grenoble, donde quince días antes un joven de 27 años, Karin Boudouda, de origen magrebí, nacido en Francia y que había adquirido la nacionalidad francesa, fue abatido por la policía en un tiroteo después de un intento de atraco en un casino. Por tanto, en lo que Sarkozy dijo, entraba el caso de Karin Boudouda, que además de participar en el atraco disparó contra la policía. De todas formas, la propuesta genérica del presidente hay que concretarla.
En los días posteriores, diversos miembros del Gobierno hicieron declaraciones en las que proponían más motivos de privación de la nacionalidad. En este momento hay presentadas tres propuestas, correspondientes a tres ministerios: Justicia, Interior e Inmigración. En esas tres propuestas presentadas hasta ahora se añadirían dos nuevos motivos de privación de la nacionalidad adquirida: atentar contra la vida de una autoridad pública (policías, jueces, fiscales) y practicar la poligamia y sacar beneficio de ella. En este segundo caso se está utilizando como referencia un caso real, el de un hombre de origen argelino, que parece ser es polígamo, una de cuyas esposas va ataviada con velo integral y fue detenida por conducir con niqab. Parece ser que este hombre se beneficiaba de las prestaciones familiares de sus diversas esposas. Ampliar los casos de pérdida de la nacionalidad por sanción, más allá de los típicos de traición, deserción, espionaje a favor de otro estado, atentado terrorista, fragiliza la situación jurídica de las personas que la han adquirido, habitualmente por residencia. Crea una situación de nacionales de primera división y nacionales de segunda división. Banaliza los motivos de la pérdida o privación. En la historia de Francia supondría un cambio importante, pues los motivos de privación por sanción se mantienen en sus términos desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la tercera República. Podría chocar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dicen que a nadie se le puede privar de tener una nacionalidad, pues podría darse el caso de que al adquirir la nacionalidad francesa, esa persona tuvo que optar y renunciar a la suya de origen. En la conciencia de una parte de la población supondría un baldón para Francia, considerada la tierra del los Derechos Humanos, el modelo por antonomasia del derecho de suelo, de igualdad en la ciudadanía. Aunque todo esto tenga una dosis bastante grande de mito, tanto en lo que hace a los derechos humanos, como al derecho de suelo, y en lo del carácter de ciudadanía universal
independiente del origen, tiene su cierto peso, sobre todo en ese mundo un tanto difuso del prestigio de la República en el mundo, del modelo de país. Este de la pérdida de la nacionalidad puede ser, visto desde aquí, un problema más interno de Francia. Allí tiene mucha importancia, pues afecta a esas cuestiones simbólicas de la República, al modelo francés de ciudadanía. En cuanto al aumento de las dificultades para la adquisición de la nacionalidad, habrá que esperar a que lo concreten más. De todas formas, haciendo la comparación con la legislación española, nos encontramos con que aquí funciona el concepto de “buena conducta ciudadana”, es decir que, si una persona extranjera que quiere adquirir la nacionalidad por residencia no ha tenido “una buena conducta ciudadana” se le deniega la adquisición. Es uno de esos conceptos que se denominan indefinidos, que requiere ser aplicado caso por caso, y contra el que, obviamente, cabe recurrir. Es un concepto que va más lejos que el de tener penales o no. Por lo que veo en la prensa francesa, es posible que la cosa vaya por introducir un concepto de este tipo, que obligue a analizar cada petición y la historia de la persona que quiere adquirir la nacionalidad. Las expulsiones de roms, o gitanos o tsiganes a Rumanía y Bulgaria Hay varios problemas implicados: 1 El carácter colectivo de las expulsiones. La normativa europea prohíbe las expulsiones colectivas. Los Estados suelen intentar salvar este escollo diciendo que son expulsiones individuales que se juntan en un momento determinado.
Aquí también se ha utilizado ese argumento en más de una ocasión. Acordaros de la expulsión de los 110, a principios del primer gobierno de Aznar, cuando Mayor Oreja era ministro del interior. Aznar dijo entonces aquello de “había un problema y se ha resuelto”, y los 110 fueron expulsados a África, a Nigeria, drogados con haloperidol y atados con cinta de embalar a los asientos del avión en el que fueron transportados. Allí también se dijo que no era una expulsión colectiva, sino expulsiones individuales que se juntaban en un avión. Ya se sabe que los y las africanas son muy comunitarios, y les gusta viajar todos juntos, en alegre biribilketa. Bueno, pues ahora es lo mismo, pero utilizado el argumento por las autoridades francesas, aunque sea muy curioso que las familias vayan juntas, incluidos los niños y niñas pequeñas, después de adoptar decisiones “individuales”. En cuanto al procedimiento, si aceptan el retorno “voluntario” se les abona 300 euros a los adultos y 100 euros a los niños y niñas. Para evitar que puedan utilizar en más de una ocasión este sistema, se les abre una ficha antropométrica. Se construye, por tanto, un fichero especial de personas. 2 Se expulsa o retorna a su país de origen a ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Las personas ciudadanas de cualquiera de los veintisiete estados de la Unión tiene derecho a la libre circulación y a la libertad de establecimiento. En el caso de Rumanía y Bulgaria, su incorporación a la Unión se produjo en el año 2007. Desde esa fecha sus ciudadanos y ciudadanas tenían la posibilidad de desplazarse a otro país de la Unión sin necesidad de solicitar visado, siendo documentos válidos para viajar el documento nacional de identidad o el pasaporte. Ahora bien, una cosa es desplazarse y otra
establecerse. Para establecerse, cada estado se acogió a un sistema de moratoria. En el caso del Estado español la moratoria acabó el 31 de diciembre de 2008 y, por tanto, las personas procedentes de Rumanía o Bulgaria, a partir del 1 de enero de 2009 podían establecerse en España sin solicitar una autorización de residencia o de residencia y trabajo. A partir de esa fecha, lo mismo que las personas procedentes de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Alemania etc, si quieren establecerse en España tienen que pedir un Certificado de Registro, que se expende y renueva cada cinco años. Francia se acogió a una moratoria más larga. Hasta el año 2012, si quieren establecerse, tienen que solicitar una autorización de residencia y trabajo. Si no la solicitan en el plazo de tres meses desde la entrada en el país, o si no se les concede, su estancia es irregular y, legalmente, pueden ser retornados. Allí funcionan con un sistema parecido al catálogo de actividades de difícil cobertura, lo que suelen llamar la lista de las 150 actividades en las que pueden recibir ofertas de empleo. Parece posible que la moratoria se alargue hasta el año 2014. ¿Se están produciendo retornos o expulsiones, y además esas expulsiones tienen un carácter colectivo? Para expulsar del país a una persona procedente de la Unión Europea se ha tenido que producir una alteración grave del orden público. Caso contrario no tendría que haber expulsión. Es lo que ha entendido el Juzgado Administrativo de Lille, que ha paralizado varios procedimientos. Otro problema es la eficacia de la medida. Al haber libertad para desplazarse, quien ha sido retornado puede volver a Francia cuando considere oportuno hacerlo, y no se le puede prohibir la entrada. Le podrán impedir cobrar dos veces las cantidades establecidas para el retorno “voluntario”, pero no que entre, viaje por Francia e intente
encontrar un trabajo en ese país 3 La población rom o tsigane de Rumanía y de Bulgaria no es nómada. Es una población sedentaria desde hace mucho tiempo, y lo sigue siendo hoy a pesar de la crisis, la discriminación y la segregación que sufren en sus países de origen. Su sedentarización ha pasado por muchas etapas, la más cercana las disposiciones que adoptaron los países comunistas del Este de Europa en el año 1958 para convertirlos en obreros industriales y en obreros agrícolas. El problema es que esa conversión en obreros no fue acompañada de una lucha consecuente contra la discriminación, la segregación espacial, la xenofobia y el racismo del que eran víctimas. La caída del muro de Berlín en el año 1989, las transformaciones políticas posteriores, la grave crisis que padecieron todos esos países al desmantelar parte de sus industrias obsoletas, etc han hecho el resto. Por tanto, lo que sale de Rumanía y de Bulgaria hacia otros países de Europa, aunque sean roms, no son nómadas. Son trabajadores y trabajadoras que en sus propios países sufren las consecuencias de la discriminación, la segregación espacial, la xenofobia y el racismo. De ahí el cabreo monumental de las organizaciones roms de Bulgaria, por ejemplo, pues a partir del trato que les está dispensando Francia, prevén un endurecimiento de la situación en su propio país. 4 Francia propone limitar la libertad de desplazarse en el interior de la Unión Europea. Francia ha sido criticada por el Consejo de Europa, especialmente por La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Pero el Gobierno francés se ha defendido, ha acudido a una reunión a explicar sus razones y le han pedido más información.
Lo que está en juego es muy importante, pues la propuesta de fondo de Francia es que hay que limitar la libertad de desplazarse. Obviamente, esa limitación de desplazamiento se aplicaría, en la práctica, a las franjas de población más desfavorecidas. Es difícil saber que saldrá de este pulso, pero me da la impresión de que nada bueno. 5 Lo que ocurre en Francia se añade a lo ocurrido en Italia. Aunque las situaciones son diferentes, lo que ocurre en un sitio refuerza y da argumentos al otro. Berlusconi tiene una imagen muy degradada fuera de Italia pero, al final, otro gran país de la Unión Europea aplica medidas muy parecidas. En Italia la Liga Norte, partido abiertamente xenófobo de base cristiana, forma parte del Gobierno. El ministro del interior, Maroni, es militante de ese partido. En Francia la UMP, el partido del gobierno, hace suyos partes del programa del Frente Nacional. Al final, por un procedimiento o por otro, el populismo xenófobo sale reforzado. 6 Aquí, ningún político con mando en plaza, es decir, ningún político que gobierna, ha gobernado o puede gobernar (PSOE, PP, CiU, PNV) dice esta boca es mía. Y ello es muy significativo. Y lo mismo ocurre con los alcaldes. Nadie se pringa. Los medios de comunicación si han tomado postura, más crítica o más comprensible con las medidas puestas en marcha por el gobierno francés, pero el tipo de político que señalo más arriba no dice nada. Algunos de ellos porque en el fondo están muy o bastante de acuerdo con lo que dice y hace Sarkozy. Otros, por miedo o por prudencia, no vaya a ser que en el futuro me toque algo parecido. Si cogemos el discurso del Sarkozy del 30 de julio en Grenoble, lo que en él dice sobre la integración y los valores franceses, y lo que hace un año y pico decía Odón
Elorza sobre la heterogeneidad y los valores hablando de los menores extranjeros no acompañados, el que una parte de la población tiene otros valores que facilitan la delincuencia, se parecen como dos gotas de agua. Sarkozy dice que la política de inmigración, y dentro de ella la integración, de los últimos cincuenta años ha fracasado en Francia. Antes fue un éxito, en los últimos cincuenta años ha sido un fracaso. ¿A qué población afecta fundamentalmente el fracaso? A la procedente del Magreb y del África Subsahariana. ¿Por qué se ha fracasado? Porque no han asimilado los valores franceses. No sienten nada por Francia, no se sienten orgullosos de ser franceses, no la quieren. La no asimilación de esos valores franceses les hace más proclives a practicar la delincuencia y sobre todo un tipo de delincuencia, la que no respeta las personas y a su vida. Esa población inmigrada tiene que ser recontrolada, no se puede dejar que acceda a la nacionalidad de cualquier manera y hay que poner en marcha mecanismos por los que esa nacionalidad se les pueda quitar. Las ideas expresadas por Sarkozy sobre el tema de los valores, que es uno de los elementos que permite hacer la ligazón entre delincuencia e inmigración, no solo son compartidas por algunos políticos, son también expresadas por mandos de la ertzaintza. En Radio Euskadi suelen hacer unos reportajes en los que cogen opiniones de varias personas, se supone que especialistas en un tema, y van haciendo un puzle con diferentes recortes de sus declaraciones. Oí el sábado uno sobre delincuencia, y alucinaba. Al final, no se hablaba de delincuencia en Euskadi, sino de inmigración y delincuencia. Y salía todo el lío de los valores, porque los vascos si delinquimos, pero de otra manera, con respeto por la vida de las personas, pero es que esos otros no y además van armados. Y hay que ser claros, hay que detenerlos, que cumplan el castigo que les corresponda y que luego sean expulsados. Aplicación de la doble pena y la doble sanción. Cosa que, en el caso de Francia, fue eliminada por Sarkozy, pero que aquí los
especialistas policiales la piden sin ningún tapujo. En Francia la pide el Frente Nacional. Es una de esas cosas en las que le dice a Sarkozy que sea consecuente. Y lo mismo sobre los campamentos. ¿Os acordáis de Arrasate, los problemas que tuvimos hace unos cuantos años con el empadronamiento de dos familias gitanas portuguesas? En Francia, la ley obliga a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a habilitar unos espacios dotados con servicios mínimos de luz y agua donde puedan establecerse las personas nómadas, las encuadradas en la categoría jurídico administrativa de “gens du voyage”. Actualmente el 42% de los ayuntamientos tienen habilitados esos espacios. No lo han hecho el 58%, la mayoría. En Arrasate les propusimos una medida de este tipo, pero, como os podréis imaginar, rápidamente salió lo del “efecto llamada” y, obviamente, lo descartaron de inmediato. Algo antes de lo de Arrasate hubo el problema de los gitanos que acampaban en las orillas del Oria, entre Lasarte y Donostia. ¿Qué propusieron los ediles del ayuntamiento de Donostia? Desmantelar el campamento y que se largasen a donde quisiesen, pero lejos de aquí. Las encuestas francesas van mostrando una pérdida de apoyos a las medidas adoptadas por el Gobierno. Al principio, los apoyos rondaban el 80%. A final de agosto han bajado al 48% a favor y 42% en contra. Sigue siendo una cifra alta. Y lo que no despega es la popularidad del presidente, que está en lo más bajo de su mandato, en el 32% de aceptación. Seguiremos los acontecimientos. Donostia, Agustín.