Igual situación se vive en obras como la construcción de la vía al mar Ánimas-Nuquí. La carretera Murindó–Mutatá es parte del plan para saquear oro y molibdeno en una comunidad que no aprueba la minería destructiva.
para sembrarlas con palma aceitera. Dichas tierras son muy fértiles y despiertan la codicia de grandes empresarios palmicultores, miembros del paramilitarismo. Cuentan con la protección de miembros del Ejército y la Policía Nacional.
Se embarca al país en la construcción de puertos marítimos y fluviales que, en último caso, solo van a beneficiar al gran capital. En la zona se construirán o ampliarán puertos en Bahía Cupica, Tribugá y Urabá. Igual proceso se hará con el puerto multimodal de Quibdó. Las prioridades sociales pasan a segundo plano.
Afrodescendientes e indígenas han sido expulsados de los territorios donde se instalarán los proyectos Calima III y IV que consisten en la construcción de hidroeléctricas y trasvase del río Cauca. El mismo paquete de proyectos incluye la hidroeléctrica La Unión y otra hidroeléctrica en el municipio de Lloró.
Se diseñan obras con un costo ambiental y humano enorme, como el Proyecto Arquímedes, que comunicará el río Atrato con Nuquí a través de un puerto. Al mismo tiempo en todos los puertos y futuros puertos se hace «limpieza social». El ejemplo vivo es la ciudad de Buenaventura, donde la mayor cantidad de víctimas son jóvenes. Caen en masacres indiscriminadas que ya no son noticia. Líneas férreas, oleoductos, zonas industriales y nuevos proyectos turísticos se imponen a la fuerza.
Un caso paradigmático es el megaproyecto que permitirá construir las hidroeléctricas de Boroboro, Juradó y Murrí. Cualquier lector que consulte en internet los nombres de esos topónimos encontrará referencias ajenas al progreso, desarrollo comunitario y avance social; casi todas reseñan hechos violentos contra la población civil.
Obras farónicas como el canal seco o uente interoceánico Atlántico-Pacífico, del gobierno colombiano, se hace sin indemnizar a los ciudadanos afectados: todos los poblados cercanos a la frontera con Panamá sufren la acción conjunta del Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia. El mismo relato de sangre lo confirman los habitantes de Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó y todos los poblados donde alguna vez se proyectó construir el Canal San Miguel. La persecución judicial a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó, coinciden con la usurpación o hurto de tierras tituladas a las comunidades afrodescendientes43
Las poblaciones indígenas son excluidas de la gestión de los Parques Nacionales y áreas de Reserva Forestal. En zonas comunitarias se premia a sicarios de los escuadrones de la muerte con un trabajo estable, que a su vez es pagado con fondos europeos y que consiste en cuidar tierras expropiadas violentamente, creando para ello el programa de las Familias Guardabosques. Ningún sector de la economía escapó a la acción depredadora de este plan tan siniestro. El Congreso terminó por aprobar todos los proyectos estatales diseñados en 1994 en el Plan de Acción Forestal para Colombia y explotación industrial del recurso forestal, minero, pesquero, palma africana. El colmo del cinismo se evidencia en la creación de
La investigación que han promovido las comunidades para defenderse de los expoliadores está bajo proceso penal con radicado 3856, Fiscalía 14 especializada en
UNDH y DIH por delitos de desplazamiento forzado, usurpación de tierras, delitos ambientales y otros.
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