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El Sie7e de Chiapas
28 de junio 2012
ESTATAL
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CHIAPAS Y ESTADOS
Interponen amparo contra permiso para sembrar transgénicos NOTIMEX EL SIE7E
R
epresentantes de diversos sectores interpusieron un recurso de amparo contra el permiso otorgado a la empresa Monsanto, para sembrar 253 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en el sureste y norte del país. De acuerdo con un comunicado del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), los representantes de agrupaciones solicitaron el amparo y protección de la justicia federal por violaciones al marco constitucional y a tratados internacionales. La querella fue interpuesta en cada estado por integrantes de organizaciones civiles, investigadores, apicultores y campesinos de Yucatán y Chiapas, tras la autorización otorgada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). El argumento central es que la autorización “vulnera los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas”, según el boletín. Además por la inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados, “al no regular de manera adecuada el principio precautorio, ni una verdadera participación de las comunidades indígenas cuando puedan ser afectadas”. Afirmaron que dados los graves riesgos medioambientales, económicos y para la salud que representan los transgénicos, las organizaciones exhortan que estas áreas del país se decreten “Zona Libre de Transgénicos” y se prohíba de manera definitiva la siembra de estos cultivos. Argumentaron que con ello se ponen en riesgo la producción apícola en la Península de Yucatán, donde el 95 por ciento de la miel que se produce se exporta a países europeos que prohíben la contaminación de la miel con productos transgénicos. El volumen de exportación, precisa, tiene un valor aproximado de 400 millones de pesos anuales, lo que significa afectar a por lo menos 25 mil familias campesinas y de origen indígena que viven de la apicultura. Puntualizaron que ello se puede comprobar con los problemas que actualmente tiene apicultores de países como Argentina y Chile para exportar su producto a Europa.
:: El argumento central es que la autorización “vulnera los derechos humanos a gozar de un medio
ambiente sano, al trabajo y a la consulta pública para los pueblos indígenas”.