AL CIERRE
01 DE DICIEMBRE DEL 2016 • SIE7E DE CHIAPAS
Selva Política
Rugidos Gobiernos Quebrados
*Indígenas Tendrán Derecho a un Intérprete, Durante Procesos Penales *”Duermen” en el Senado, 15 Iniciativas Dictaminadas por los Diputados MIGUEL BARBA
La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), aprobó reformas para que durante los procesos penales en donde sea partícipe la población indígena, no sólo el imputado, sino también la víctima u ofendido, tengan derecho a contar con un intérprete. La propuesta que modifica los artículos 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, tiene como fin crear condiciones jurídicas que garanticen a la población indígena el acceso a la jurisdicción del Estado, como lo señala el artículo 2 de la Constitución. Precisa que en el código se establecerá que no sólo el imputado, sino también víctimas y ofendidos tengan derecho a ser asistidos por un intérprete, además de que las tres figuras podrán nombrar al traductor de su confianza. Las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales de la Federación, Estados y Ciudad de México, contarán con peritos expertos en dialectos originarios, acreditados y registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quienes intervendrán durante todo el proceso. Mientras, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, indicará que el INALI estará a cargo de la capacitación, acreditación e inscripción al Padrón Nacional de intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas, de las personas que soliciten las procuradurías, fiscalías y Poderes de la Federación. La reforma llevará una adenda de la Comisión de Justicia, para que Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales de la Federación, puedan contar con los traductores, quienes a petición del MP o el órgano jurisdiccional, intervendrán durante todo el proceso. La diputada Araceli Madrigal Sánchez (PRD) propuso incluir el concepto de “certificación”, en la reforma al artículo 10, a fin de garantizar traductores mejor calificados, productos de un filtro, ya que “actualmente el INALI sólo capacita a jóvenes que cuentan con nivel educativo de media superior, pero carecen del nivel profesional, por lo que deberán ser preparados no sólo en el ámbito lingüístico, sino jurisdiccional”.
“Necesitan tener conocimientos amplios del léxico y terminología jurídica, además del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, externó. De Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz aclaró que lo que se busca es ampliar los derechos que el mismo código establece, pero buscando que trasciendan a las víctimas y/o ofendidos. Señaló que el derecho a elegir a una persona de confianza, no debe entenderse como que el Estado excluya su responsabilidad y obligación de proporcionar a la víctima y al ofendido este derecho. El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Luis Fernando Mesta Soule (PAN), señaló que 15 iniciativas dictaminadas por esta Cámara están “dormidas” en el Senado, por lo que propuso una reunión con sus colegisladores para abordar este asunto. Durante una reunión de esta comisión, subrayó que la actual Legislatura no debe terminar con dictámenes pendientes en el Senado, pues “uno se pone muy contento porque se aprobó una propuesta aquí, que va y se duerme ¿cuánto tiempo? hay dictámenes allá desde la legislatura pasada”. Solicitó a los integrantes su apoyo y participación directa para conformar un grupo de diputados que acuda al encuentro con la comisión del Senado, buscar avances en este sentido y que “aquello que se logre, aunque sea poco, no se quede dormido”. Respecto al trámite de iniciativas en proceso de dictamen en esta instancia, indicó que será necesario solicitar una prórroga pues muchas están en análisis y “esperando que conteste la Secretaría de Gobernación o saber su impacto presupuestal”. Expresó su insatisfacción con el resultado del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues “fue muy pobre para los grupos vulnerables, la verdad; quizá también lo será para todos, pero en estos casos repercute más para este sector, por lo tanto no sentimos que hubiera qué celebrar”. Aun cuando se lograron esos 445 millones para el Fondo de Accesibilidad, subrayó, “es muy triste” porque el resultado del presupuesto, por lo que toca a los grupos vulnerables, está “muy por debajo de lo que se necesita”. En esta reunión de trabajo, se aprobó el dictamen a una iniciativa de decreto para adicionar el capí-
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tulo V Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, e incorporar la creación de afiches vehiculares de discapacidad, expedidos por las autoridades locales de control vehicular, que garanticen la plenitud de derechos de inclusión estas personas. Se busca fortalecer la política de inclusión, y tener una sociedad más justa. Se propone que dicho afiche o corbatín se asigne a personas, no a vehículos; se expedirá en oficinas de control vehicular; deberá contar con el logotipo universal de discapacidad, número de folio y fecha de vigencia. La Comisión avaló también el dictamen a la iniciativa que adiciona el artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para garantizarles el derecho a estar informados, a saber para decidir lo que les convenga, y tomar decisiones personales con sustento. Es fundamental para una sociedad que envejece día a día, porque facilitará el ejercicio activo de sus derechos, contribuirá a tener instituciones del adulto mayor más aprovechables, confiables y responsables. Aprobó además el dictamen a un punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a impulsar la creación de sus institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, como organismos públicos descentralizados de su administración. También, un dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y cabildos municipales para que adecuen disposiciones jurídicas y reglamentos en materia de estacionamientos de centros y plazas comerciales, establecimientos mercantiles, escuelas, mercados y supermercados, hospitales, restaurantes, hoteles y todo aquel comercio que contenga estacionamiento para los consumidores, a fin de contemplar tarifas accesibles con costos fraccionados y con espacios suficientes, seguros y adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Otro dictamen conmina al titular del Ejecutivo federal a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para dar cabal cumplimiento a la obligación de garantizar a todas y todos los mismos derechos sin discriminación por razón de edad.
Sin fondos económicos públicos, sin recursos, quebrados para entender directamente, así empiezan este jueves los nuevos gobiernos de Veracruz y Oaxaca ante los desafíos sociales que ofrecen los nuevos tiempos de mayores demandas y transparencia en el manejo de los presupuestos. Miguel Angel Yunes Linares y Alejandro Murat en Veracruz y Oaxaca, respectivamente, requerirán no solo de una enorme habilidad y control en el gasto público, sino además y en grandes cantidades, talento para saber a quién, cómo, cuándo y dónde atender los reclamos sociales más sentidos de pobladores de dos entidades que parcialmente se asemejan. Ambos gobernantes inician este viernes, el que podría ser el reto político más difícil en sus carreras como servidores públicos. ¿Terminarán su gestión? ¿Soportarán la presión y las constantes observaciones a las que están siendo sometidos hoy en día los gobernantes? El tiempo nos lo dira. Por lo pronto y en medio de discretas y austeras ceremonias, arrancan dos gobiernos estatales en México, bajo una nueva relación de constante investigación, observación y reclamo social.
El cartón
LA FRASE DEL DÍA “Vamos a proteger a los migrantes…” El alcalde de Los Angeles Eric Garcetti, durante su visita a la Ciudad de México, donde aseguró que no permitirá que la policía angelina persiga migrantes.