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Martín Vargas
Denuncia fraude en Adjuntas El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Martín Vargas y el candidato a presidente de la colectividad en Adjuntas, Víctor Pérez, denunciaron hoy un esquema de corrupción y fraude electoral en el Municipio de Adjuntas. Según Vargas, el esquema consiste en otorgar contratos con el municipio a cambio de ayudas y donativos no informados a la campaña del alcalde, Jaime Barlucea. Por su parte, Pérez indicó que el ayuntamiento cuenta con varios contratistas que financiaron la campaña de 2012 del alcalde. Mientras, Pérez indicó que “el municipio cuenta con varios contratistas que financiaron la campaña de 2012 del alcalde mediante donativos ilegales a cambio de contratos municipales”.
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www.metro.pr Lunes, 26 de enero de 2015
Carreteras no sale del hoyo con los federales ACT. La agencia no cumple con las exigencias federales para acceder a millones de doláres destinados a proyectos de infraestructura
En medio de la crisis fiscal que atraviesa la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de la tormenta pública que vive el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, Metro confirmó que la dependencia tiene $358 millones federales prácticamente congelados por falta de recursos y eficiencia administrativa. Se trata de fondos federales ya asignados a los que la ACT no ha logrado acceso porque la burocracia y la falta de recursos de la corporación han impedido sacar los proyectos de construcción para los cuales no se requiere pareo de fondos estatales, ya que cuentan con $700 millones en créditos para estos fines. Más aún, las autoridades federales han dicho que pueden sacarse los proyectos y que se pueden desembolsar los fondos federales mediante un sistema de reembolso por facturación bajo el Cash Management Improvement Act, lo que liberaría a la ACT y al DTOP de tener que pagar a los contratistas con fon-
En noviembre pasado, en medio de la amenaza de cese de operaciones de la ACT por falta de dinero, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, trajo a la discusión pública el dato de que el Gobiernno no había sido capaz de acceder a sobre $300 millones de fondos federales ya asignados para proyectos de infraestructura vial y transporte público. / think stock photos
dos estatales para luego pedir el reembolso. Los $358 millones de fondos federales disponibles representan asignaciones obligadas hace más de dos años, pero para las que la ACT no ha tenido la capacidad de sacar los proyectos. Según una fuente de Metro cercana al Departamento de Transporta-
La cita
“La segunda crudita, que es el segundo aumento del impuesto al crudo (Ley 1), es la que cubre las deficiencias que se llevó Metropistas (con la privatización de la PR-5 y la PR-22)”. Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, explica que este nuevo impuesto dará flujo de caja a la ACT para que pueda cumplir con los requisitos para solicitar fondos federales.
ción federal, de unos 60 proyectos para los cuales se obligaron fondos federales en el año fiscal 2014, la ACT inició pasos concretos en muy pocos. Otra fuente cercana a los procesos internos en la ACT apuntó a que parte del problema puede estar en la forma de hacer los contratos, ya que, en el caso de los contratos de diseño, estos se hicieron con fecha de expiración de año fiscal local, en lugar de hacerlo hasta el fin del proceso del diseño. Esto provocó que los diseños se paralizaran el 30 de junio. Al no haber contrato de diseño, se paraliza el proyecto en esa fase, lo que dilata que se puedan sacar los proyectos para los cuales ya
hay fondos federales asignados. El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, confirmó la situación, pero adujo a que se trata de un problema de caja, ya que la ACT no tiene dinero para pagar los servicios profesionales requeridos para sacar un proyecto federal. “Hay un tranque operacional porque la ACT tiene a gente que le brinda esos servicios profesionales con entre 12 y 18 meses de cuentas por pagar. Si no pueden cumplir con los proveedores y no les pueden pagar, entonces no pueden cumplir con los requisitos federales para sacar un proyecto”, dijo Hernández. El legislador apun-
tó a la concesión de la PR-5 y la PR-22 a Metropistas como el momento clave para la crisis, ya que la ACT cedió 40 % de sus ingresos al privatizador y se quedó con 80 % de las obligaciones. Explicó que desde entonces, la ACT estaba utilizando líneas de crédito para pagar servicios de arquitectos, agrimensores e ingenieros que trabajaban en las fases de planificación de los proyectos, como temas ambientales, compra de propiedades y diseño; pero cuando se legisló la Ley 24 de 2014, que prohíbe al Banco Gubernamental de Fomento dar préstamos sin fuentes de repago, surgió un tranque operacional que mantiene congelados $358 millones de fondos federales para infraestructura vial. “Eso está inoperante. Por eso fue que se fue el ingeniero Javier Ramos (exdirector de la ACT). Él llevaba tiempo advirtiendo que esto iba a pasar”, dijo Hernández. Nuevamente ayer ningún oficial del DTOP o la ACT estuvo disponible para atender las preguntas de Metro. Otras jurisdicciones en Estados Unidos utilizan los fondos federales obligados en un periodo de cuatro meses. Lo usual es que las entidades estatales hagan un pareo de 20 % de los proyectos con fondos federales, pero la ACT obtuvo unos créditos por proyectos y mejoras pasadas en las autopistas —que nunca se reclamaron— que suman $700 millones. Estos créditos se pueden utilizar como el pareo local, por lo que la ACT podría sacar los proyectos federales sin mayor dilación, si no fuera por su falta de recursos o capacidad administrativa. metro
Anuncian intención de sanción a cinco proveedores de plan de salud La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) anunció que durante el 2014 se registraron unas 731 faltas a los reglamentos por parte de los proveedores contratados bajo el Plan de Salud del Gobierno (PSG). Esto fue el resultado del plan de fiscalización de ASES, que impactó a 5,000 personas, 130 instalaciones de salud y 40 municipios. Además, se realizaron unas 20 auditorías que redundaron en mejoramientos de estructuras y servicios. Sin embargo, hubo algunos que no cumplieron con el plan y
se les presentó una intención de sanción. En esta etapa se encuentran Humana ($25 mil), Constellation ($75 mil), MCS ($25 mil), APS ($200 mil) y PMC ($50 mil). “Ninguna intención de sanción es fácil. Todavía en estos dos años no hemos tenido una intención de sanción o sanción que no rete a nivel administrativo o a nivel judicial”, explicó Ricardo Rivera Cardona, quien aclaró que ninguno de los hallazgos fue tan contundente como para cancelar el contrato de la proveedora. Además, hay en proceso otras intenciones de sanción ascenden-
La cifra
731
hallazgos encontrados por personal de ASES en unos 130 centros de 40 municipios visitados.
tes a $650 mil. Aunque aún ASES no puede revelar cuáles son las empresas que se podrían enfrentar a una intención de sanción, el titular explicó que están en esta etapa por la falta de disponibilidad de médicos (en los horarios establecidos) y no informar sobre la Ley HIPPA. “No les podemos no-
tificar de quiénes se trata porque aún ellos no lo saben y sería una violación al debido proceso de ley”, detalló el director ejecutivo. En el proceso de fiscalización se evalúan la planta física, que los tiempos de espera sean adecuados, se cumpla con la Ley HIPPA, rotulación, acceso a servicios y procedimientos para quejas y querellas. Mientras, en las auditorías de cumplimiento y calidad verifican las credenciales, la red de proveedores, que los procedimientos administrativos estén de acuerdo con las especificaciones, entre otros aspectos. Sarah vázquez pérez
Ricardo Rivera Cardona / Suministrada