generales (gestión de pastos, formaciones vegetales, manejo de animales, gestión de explotaciones ganaderas y otros aspectos socioeconómicos) desarrolladas en 22 buenas prácticas de gestión. En Portugal, por su parte, destacan medidas para la eficiencia del uso de agua en la agricultura, la conservación de suelos y especies forestales endémicas en riesgo, así como políticas orientadas a mejorar la eficiencia energética y el uso de energía renovables en granjas (APAMBIENTE, 2017). Además de esto, el uso de políticas económicas para reducir la deforestación es también importante, destacando el pago por servicios ambientales, y en este sentido el mecanismo de REDD+, una forma de pago por la fijación y retención de carbono que se emplea en muchos países de Latinoamérica. En Costa Rica y Argentina se han creado fondos de financiación específicos para la conservación de los bosques, siendo además que en Brasil se ha creado la línea de crédito “Pro-Recuperación” que establece incentivos económicos para la regularización y recuperación de las áreas de reserva legal y de preservación permanente de áreas degradadas (Sánchez & Reyes, 2015). En Portugal se ha creado un Fondo de Carbono para financiar proyectos de gestión sostenibles de matorrales y conservación de pastizales con objetivo de mitigación a través del secuestro de carbono, y con un enfoque de adaptación proyectos de lucha contra la erosión y desertificación, aumento de la resiliencia de bosques y pastos y mejora del contenido de carbono en suelos (APAMBIENTE, 2017). Por otro lado, cabe destacar en Brasil la firma de acuerdos con el sector privado para establecer protocolos enfocados a reducir la presión empresarial sobre la región amazónica y en Venezuela la promoción de cooperativas de productores agrícolas basadas en prácticas sostenibles. En Panamá el gobierno está utilizando políticas para desarrollar mercados y agronegocios. Otra política que está ganando terreno en muchos países como Paraguay, Uruguay, Nicaragua y Argentina es la promoción del uso de restos madereros en los bosques y de residuos la industria forestal como energía alternativa (energía de biomasa), así como de la utilización del estiércol del ganado y desechos agrícolas en plantas de biodigestión para la generación eléctrica que se está promoviendo en países como Panamá, Nicaragua y Uruguay. La educación ambiental es otra medida que es de gran importancia de cara a crear sensibilización pública acerca de los impactos climáticos y las posibles medidas de adaptación, especialmente para los agricultores. Así República Dominicana está impulsando una estrategia de sensibilización pública y difusión a nivel nacional sobre los posibles efectos del proyectado cambio climático en sectores que como la agricultura pueden ser afectados, Paraguay está realizando una difusión masiva de los mapas elaborados por la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las áreas geográficas más apropiadas, considerando las condiciones climáticas para diez rubros con el objetivo de reducir los impactos de los agentes naturales sobre los cultivos, mientras que Paraguay está impulsando la planificación para el uso adecuado de secuencias y prácticas de manejo racional de cultivos para reducir los efectos negativos en los rendimientos y en la calidad de los productos, con Venezuela enfocándose específicamente en la educación de la población rural y productores.
Informe La Rábida - Huelva. 2018 | 137