Aunque los civiles de las distintas corporaciones fueron una parte esencial del genocidio, son pocos los civiles y aún menos los miembros del poder judicial procesados por su participación. Sobre 2335 imputados en las causas en curso sólo 53 son miembros del sistema judicial. .No obstante, el poder judicial fue una pieza funcional indispensable para poner en marcha el plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad. La desaparición forzada y sistemática de personas implicó, entre otras cosas, eliminar las garantías constitucionales de los ciudadanos y, en el ámbito judicial, las medidas que son más visibles para restringir esas garantías fue la limitación del recurso de hábeas corpus y del derecho de expatriación. Ambos derechos ya fueron restringidos por un decreto del 17 de febrero de 1976, durante el gobierno de María Estela Martínez; decreto que fue
ratificado el 18/6/1976 por el 21.312 de la dictadura cívico militar. Así aunque “...entre los años 1976 y 1983 fueron presentados millares de recursos de hábeas corpus, y entre1976 y 1979...[en] la Capital Federal, asciende a 5.487 recursos [presentados], contra 1.089 del período 1973/75” (Nunca Más, 1984 p.401), de todos esos hábeas corpus sólo dos fueron resueltos por la Corte Suprema antes de 1981. Como ya fue publicado hace 30 años en el informe de la CONADEP (Nunca Más 1984): “El Poder Judicial, que debía erigirse en freno del absolutismo imperante, devino en los hechos en un simulacro de