Historia 5to. Grado

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Juan Álvarez.

2 La Revolución de Ayutla En 1853, el general Antonio López de Santa Anna fue llamado por los conservadores para que se hiciera cargo del gobierno. A su llegada tomó una serie de medidas que hicieron que su presidencia se volviera una dictadura: suprimió los derechos y las libertades individuales, cerró el Congreso y persiguió a sus opositores, cobró impuestos por las ventanas que tenían las casas y por los perros que tenía cada familia, se hizo llamar “Alteza Serenísima” y vendió el territorio de La Mesilla a Estados Unidos. Con todas estas medidas, el descontento se generalizó entre la sociedad mexicana. Ante esta situación, el grupo liberal, encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, se rebeló contra el gobierno y elaboró un documento conocido como el Plan de Ayutla en el que se exigía a Santa Anna que dejara el poder y convocara un congreso que elaborara una nueva constitución. La revolución encontró apoyo en varias partes del país, por lo que Santa Anna dejó el poder y salió de México. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, en agosto de 1855, se eligió a Juan Álvarez como presidente interino. Posteriormente, en diciembre del mismo año, Ignacio Comonfort ocupó la presidencia. El nuevo gobierno se dio a la tarea de convocar a un Congreso Constituyente que se encargaría de redactar una nueva Constitución, misma que fue promulgada el 5 de febrero de 1857, luego de intensos debates entre los representantes del bando liberal, que eran la mayoría, y el grupo conservador. El nuevo gobierno elaboró una serie de leyes que tenían el propósito de organizar al país de acuerdo con las ideas liberales. A continuación, te presentamos las leyes que se elaboraron de 1855 a 1857. La llamada Ley Juárez o Ley de Administración de Justicia (22 de noviembre de 1855) establecía lo siguiente: “Queda prohibido que los tribunales eclesiásticos y militares decidan en materia de asuntos civiles. Los tribunales civiles se harán cargo de enjuiciar a los miembros del clero y del ejército”. La Ley Lafragua (28 de diciembre de 1855) reguló la libertad de prensa. La Ley Lerdo o de Desamortización (25 de junio de 1856) desamortizó los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Esta ley obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y propiedades que no ocuparan directamente a quienes se las rentaban. La Ley Iglesias (11 de abril de 1857) regulaba el cobro que se hacía en las parroquias por servicios como enterrar a los muertos y pagos por casamientos y nacimientos.

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