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AGOSTO
Guiño sindical a Rubalcaba: aceptan moderación salarial, pero con menos beneficio empresarial Europa Press 18/08/2011 - 15:10 Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se muestran dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012, año en el que concluye el acuerdo de negociación colectiva que firmaron con la patronal, a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo. "Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento, como el establecido en el actual acuerdo de negociación colectiva (AENC), con una extensión a un periodo temporal más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español", aseguran. Toxo y Méndez condicionan también el mantenimiento a futuro de la moderación salarial al desbloqueo de la negociación colectiva, para poder suscribir así los convenios correspondientes a 2011. Según denuncian, este retraso en los convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, que ven crecer sus sueldos por debajo de la inflación, lo que a su vez merma las posibilidades de reactivación económica. El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Guiño a Rubalcaba, pero con condiciones Recientemente, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a sindicatos y patronal que alcancen un acuerdo sobre rentas que dé lugar a una mayor moderación salarial y a la reinversión de parte de los beneficios empresariales para generar empleo. Rubalcaba instó, en este sentido, a que, en el marco de la autonomía de las partes, se comience por revisar el acuerdo salarial recogido en el AENC para los años 2010-2012. Control sobre los precios En su carta a Zapatero, los líderes sindicales aseguran que la economía española debe aprovechar "todas las bazas disponibles" para mejorar su cuota de mercado nacional e internacional. Con ese objetivo consideran imprescindible conseguir un "estricto" control de los precios de los bienes y servicios nacionales para que evolucionen de manera "razonable" y todo ello, dicen, debe hacerse "con la colaboración de todos los agentes económicos" con influencia en el proceso. Para Toxo y Méndez, es especialmente importante controlar los precios en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas, como la energía, el transporte público y los alimentos. "El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo", alegan. Los dirigentes de CCOO y UGT instan además a una recapitalización "rápida" del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito, así como a acometer reformas que racionalicen el gasto público y reduzcan las duplicidades entre administraciones. Al mismo tiempo, consideran imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. "Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles, no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía", argumentan.
Cambios fiscales En materia fiscal, Toxo y Méndez piden que la lucha contra el fraude fiscal se convierta "en seña de identidad" de todas las administraciones públicas, que se reinstauren los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se modifique el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, y que se implante una tarifa progresiva de entre el 15% y el 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF. Asimismo, reclaman que se iguale el tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante la eliminación de las deducciones fiscales. Toxo y Méndez explican que la racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público hacer hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleados y gente en peligro de exclusión social) y a los jubilados, "que no deben sufrir recortes en su poder adquisitivo". En materia de vivienda, piden que se aborde una política "ambiciosa" para fomentar el alquiler, y en el plano laboral, los dirigentes sindicales lanzan un aviso al Gobierno: la contratación a tiempo parcial puede ayudar a crear empleo, "pero en ningún caso" debe convertirse en el principal mecanismo de entrada al mercado laboral sin contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores. Para Toxo y Méndez, la política económica tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo, pero con esfuerzos equilibrados, de tal manera que las personas en peor situación no asuman el mayor coste de la crisis. En su opinión, el empeño de generar empleo se debe redoblar para los jóvenes, apoyándose en el sistema educativo, pero también en la formación, combinando la formación profesional con las prácticas remuneradas en las empresas. Al mismo tiempo que fijan la generación de empleo como el objetivo principal de la política económica, Toxo y Méndez recuerdan a Zapatero la necesidad de garantizar la protección a los parados, teniendo en cuenta además que muchos han agotado ya sus prestaciones.
Trabajo flexibilizará el contrato a tiempo parcial durante 3 años para fomentar la contratación Europa Press 1/08/2011 - 12:15 Según argumentó, el plan de choque para fomentar el uso de este contrato a través de bonificaciones de hasta el 100% de las cotizaciones aprobado en febrero ha hecho repuntar el empleo a tiempo parcial en un 9% interanual, mientras que la contratación a tiempo completo no despega, lo que ha llevado al Ejecutivo a cargar las tintas sobre esta modalidad y realizar "un gran intercambio" al menos de forma transitoria. Ésta es una de las medidas que el Gobierno pretende aprobar con el acuerdo de los agentes sociales en el próximo 19 de agosto o en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano, según Valeriano Gómez, quien, en cualquier caso, consideró que el tema debe quedar zanjado "no más allá del final de agosto" y avisó de que de no ser así, el Gobierno legislará. Un 10% de la jornada en manos del empresario Así pues, sobre la mesa de negociación está la posibilidad de que los empresarios dispongan de "entorno a un 10%" de la jornada de trabajo de los empleados a tiempo parcial para distribuirla de forma irregular según sus necesidades, siempre con un preaviso de varios días. Por otro lado, el ministro de Trabajo aclaró que la propuesta no desatiende a los trabajadores a tiempo parcial, que verían mejorado el reconocimiento de su jornada laboral a efectos de cómputo para el acceso a la pensión. Según dijo, "la idea es que un trabajador que esté 35 o 40 años a tiempo parcial tenga el mismo periodo devengado de años de cotización que un trabajador a tiempo completo", algo que ocurre, por ejemplo, en el modelo holandés. En el caso de España, la forma de equiparar el tiempo cotizado por un contrato a tiempo parcial respecto al de un contrato a tiempo completo sería aumentar de 1,50 a 1,75 el coeficiente multiplicador que se aplica al número de horas reales a estos trabajadores. "Queremos que el trabajo a tiempo parcial no pierda demasiados derechos respecto al trabajo a tiempo completo. Eso sí, su pensión será menor porque su salario también lo es", aclaró. En principio, esta reforma de la contratación a tiempo parcial se aplicará durante "un periodo transitorio de dos o tres años", con la idea de realizar después una evaluación y, si el resultado es positivo, "convertirlo en estable". "La idea podría ser perfectamente la de convertir en estable esta reforma", añadió el titular de Trabajo. El 19 de agosto La voluntad del Gobierno es que esta reforma pueda aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo 19 de agosto o en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano, con lo que, en su opinión, "no debe prolongarse demasiado el diálogo tripartito". El plazo máximo que el Gobierno le otorga a ese diálogo antes de legislar como ya hizo con la reforma laboral o con la de la negociación colectiva no va mucho más allá del final de agosto -las Cortes se disolverán el 27 de septiembre por la convocatoria de elecciones anticipadas el 20 de noviembre-, poco más de un mes, que Gómez considera "razonable". "Si no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo lo mejor es que convirtamos ese diálogo en un periodo de consultas del Gobierno con los agentes sociales que finalmente culmine en un proyecto de Ley o en un Decreto-Ley", apostilló, antes de insistir: "Si no hay acuerdo, legislaremos".
Las obras públicas, a su precio justo
El Gobierno cambia las normas de contratación para obligar a las constructoras a ajustarse al presupuesto inicial - El 98% de las obras licitadas desde 1996 se han encarecido por los 'modificados' Fuente: LUIS DONCEL 27/08/2011 EL Pais.com
Los constructores recibieron a principios de junio una buena reprimenda de la Administración. Un nutrido grupo de encorbatados representantes de las empresas de obra pública celebraba la asamblea de una de las patronales del sector, ANCI. Fue entonces cuando la responsable de Infraestructuras del Gobierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero, pidió a los congregados que aplicaran criterios de racionalidad. "Si no lo hacen, la resolución será mucho más dañina", espetó la representante del Ministerio de Fomento. Durante el ágape que siguió a las ponencias, más de un empresario confesaba que había llegado convencido de que iba a escuchar un discurso protocolario y que se había encontrado con una advertencia muy seria al sector. Las restricciones presupuestarias obligan y el Gobierno quiere hacer de la necesidad virtud. El objetivo es primar la eficiencia en la licitación de obras públicas y ajustar los costes al máximo. Para ello, pretende poner fin a la cultura, muy extendida en España, de presentarse a un contrato por una cantidad que desde el principio se considera reducida con la seguridad de en el proceso el presupuesto inicial irá creciendo a través de las modificaciones, llamadas modificados. Frente a las exigencias de la Administración, en el sector defienden la racionalidad de estas prácticas. "La palabra modificado ha tenido un reflejo peyorativo. Da la sensación de abuso del contratista, que usaría este mecanismo bien para cubrir sus bajas, bien para puro enriquecimiento. Esto es falso", asegura Jaime Lamo de Espinosa, presidente de ANCI, asociación que reúne a constructores medianos y grandes. "Los modificados los pide normalmente la Administración contratante. Y siempre los tiene que autorizar. La mayoría proviene de las necesidades sobrevenidas en la ejecución de la obra, que no pudieron ser o no fueron tenidas en cuenta en el proyecto. La obra pública se
desarrolla en contacto con el terreno y España tiene una geografía y geología muy complicada", añade Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura con UCD. En ANCI defienden que los modificados corrigen problemas surgidos en la ejecución de un proyecto aprobado por la Administración y en cuya redacción no ha intervenido el contratista. Añaden que se demoniza a las empresas que los practican. "Si el sistema tiene deficiencias, todas ellas no se pueden repercutir sobre el contratista", concluye Lamo de Espinosa. Más contemporizadores con los planes de Fomento se muestran en Aerco, patronal de las medianas y pequeñas empresas dedicadas a la obra pública. "Es cierto que los modificados, que en el fondo son una forma de alterar el precio, constituyen un fracaso del proyecto técnico", asegura su presidente, Javier Sáenz Cosculluela. Aboga por revisar el esquema del contrato público de los pies a la cabeza. "Reducir el modificado, sí. Pero mejorar los proyectos, también", resume. "En la definición de un proyecto a veces te dicen que no hay roca; y luego la hay. O que la tierra es blanda; cuando en realidad es dura. Todo eso encarece el proyecto. Tiene que haber mecanismos que eliminen las bajas temerarias. Si no, la obra quedará adjudicada por un precio tan bajo que por algún lado se romperá la cuerda. Al final aparecerá el modificado, porque no se trata solo de una anormalidad, sino de la vía para compensar a los que se han visto perjudicados", concluye Sáenz Cosculluela, que también fue ministro (de Obras Públicas con el Gobierno socialista de Felipe González).
competencia. Desde entonces, a las tres obras que ha autorizado el Consejo de Ministros ya se les aplica el nuevo sistema. Si los modificados Rodríguez-Piñero responde a todas estas críticas superan el 10% del coste del proyecto inicial hay con una cifra. "El 98% de los contratos firmados que resolver el contrato y volver a licitar. por la Administración Central desde 1996 han Este 10% es precisamente otro punto de fricción. sufrido modificados. Es cierto que hay hechos que Porque mientras para el Gobierno esta barrera se no se pueden prever, como encontrarse con un establece para asegurar una mayor eficiencia, las yacimiento arqueológico, pero se ha convertido empresas lo consideran como un corsé que ahoga en una práctica habitual y eso no puede ser. más que endereza. "Consideramos totalmente Cuando en Europa hablas de la cultura de imposible limitar en un porcentaje concreto las modificados que hay en España, no se lo pueden modificaciones necesarias para adaptar lo creer", asegura la secretaria general de proyectado a la realidad existente, que en Infraestructuras. muchos casos solamente se detecta durante la El objetivo principal del Gobierno es reducir ejecución de la obra", asegura el presidente de costes y aumentar la eficiencia. Para ello se ANCI. aprobó el año pasado una orden que impone más Pero en su obligado camino hacia la austeridad, el austeridad en el proceso licitador. Se establecían Gobierno no quiere poner freno solo a los así parámetros de costes que van en función del modificados. También busca un nuevo equilibrio terreno, unas horquillas mínimas y máximas de entre la valoración de la oferta económica y coste por kilómetro. En Fomento calculan que con técnica de cada proyecto. Hasta ahora puntuaban esta modificación pueden lograr un ahorro del lo mismo. Pero en tiempos de crisis, la parte 22% en el proceso y se enorgullecen de que el económica prima frente a todos los demás año pasado redujeron los costes de los proyectos factores. Una sobrerrepresentación que Fomento un 17%. cifra en el 15%. Así, los licitadores se encontrarán Con los modificados quieren ahora cambiar la con que el componente técnico pesará un 46%, cultura del sector. "Si el constructor analiza bien quedando el 54% restante reservado al el proyecto antes, hará una oferta económica más económico. ajustada. No es tanto un tema de precio, que Este mayor peso de la parte económica motiva la entre la reducción inicial y la liquidación final no queja de las empresas. "La iniciativa de eliminar varía tanto, como de competencia. La ineficiencia los modificados, si se plantea y se pone en genera más incertidumbre en la gestión. No marcha con acierto, podría ser positiva a largo puede ser que todas las empresas se presenten a plazo. Pero se impulsa esta medida cuando la todas las obras. Deben estudiarse bien los licitación ha caído un 80%. Y cuando se prima la proyectos y decidir por cuáles quieren apostar", oferta económica sobre todo lo demás. Hay dice Rodríguez-Piñero. "Ahora que la licitación de muchos menos proyectos, y encima tienen que obra pública está cayendo, las grandes ser más baratos", argumentan en una empresa constructoras van a los proyectos pequeños. A mediana. Según este punto de vista, una una obra de tres millones de euros se presentan propuesta interesante en otro contexto se todas las empresas. Es una locura", añade. convierte en una bomba de relojería para un La Ley de Economía Sostenible, que entró en sector que movió el año pasado 26.200 millones vigor el pasado mes de marzo, modificó el de euros en obra pública y que emplea a 1,4 proceso licitador para adaptarse a los criterios de millones de trabajadores en total .