1439.
El valor del suelo y la financiación municipal deben desligarse de la actividad del planeamiento urbanístico. La devolución íntegra (o al menos de forma no anecdótica, como ocurre en la actualidad) de las plusvalías generadas por la asignación y modificación de los usos del suelo mediante el planeamiento permitiría reducir la voracidad urbanizadora inherente a nuestro sistema urbanístico y la corrupción urbanística.
1440.
El planeamiento urbanístico, la protección del medio ambiente y las políticas sectoriales han de ser entendidos como herramientas al servicio de políticas redistributivas puesto que permiten equilibrar las diferencias sociales generadas por el propio desarrollo urbano.
1441.
Las políticas sectoriales deben supeditarse al modelo territorial preestablecido y deben gestionarse de forma conjunta en localizaciones prioritarias establecidas previamente, reduciendo sus contradicciones, redundancias e ineficiencias.
1442.
Debe estimularse la investigación continua en temas urbanos con financiación estable de carácter plurianual y en varias instancias (local, regional, nacional y supranacional) cuyos resultados sirvan de base al establecimiento de consensos de carácter político.
1443.
El nuevo modelo de desarrollo urbano: intervención en la ciudad existente El exceso de suelo urbanizado y de viviendas vacías, junto con la bajada generalizada de precios, permitirán que las poblaciones que puedan hacerlo abandonen los barrios tradicionales en situación de deterioro, que entrarán en un círculo vicioso de degradación. Para revertir esta situación se hace necesario intervenir mediante operaciones de sutura en estas áreas que promuevan la mezcla de usos y de grupos y clases sociales. Simultáneamente, deben establecerse prioridades en el grado de abandono de los suelos vacantes con diferentes grados de urbanización y aquellos que no puedan ser mantenidos por sus costes ambientales o sociales deberían ser renaturalizados.
1444.
El patrimonio edificado existente ha de ser actualizado mediante operaciones de rehabilitación que lo adecúen a los requerimientos técnicos, de consumo de recursos y de accesibilidad existentes en la actualidad. La inversión pública ha de abandonar las políticas de rehabilitación aislada y centrarse en las de rehabilitación
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