Cartilla patrimonio cultural para todos

En el año 2008 el país adoptó la ley 1185, mediante la cual se reformó de manera integral el Título II de la ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, en lo concerniente a la conceptualización, gestión, sostenibilidad, protección y salvaguardia de ese Patrimonio.

Con esta modificación se buscó, en primer término, dotar al país de un sistema que acogiera conceptos y modelos de gestión contemporáneos, toda vez que la legislación anterior otorgaba una preeminencia regulatoria a los bienes materiales (muebles e inmuebles) con desequilibrio para el campo inmaterial constituido por innumerables prácticas y expresiones de los grupos humanos, como las fiestas, las tradiciones, los carnavales, las medicinas tradicionales, los símbolos e insignias de grupos étnicos o los idiomas, en un país caracterizado por importante diversidad étnica y cultural.

Conformamos el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, que permite aclarar la estructura de competencias nacionales, territoriales y de las autoridades indígenas y afrodescendientes en el manejo y protección del dicho patrimonio, y de dos categorías de atención especial: los Bienes de Interés Cultural y las manifestaciones culturales incorporadas a las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial –LRPCI–.

Esto se hizo respetando la autonomía de las entidades territoriales, pero de modo tal que permite prevenir conocidas controversias interpretativas entre éstas y la Nación sobre sus alcances administrativos o sobre la articulación de algunos bienes culturales con el ordenamiento territorial.

En lo sucesivo las declaratorias Bienes de Interés Cultural, o la inclusión de manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial del orden territorial o nacional, serán consultivas, coordinadas y, ante todo, tendrán en cuenta la existencia de recursos, con lo cual las declaratorias dejan de ser instrumentos simplemente políticos o coyunturales y empiezan a definir una ruta de recursos, competencias, cooperación nacional y descentralizada de protección y sostenibilidad.

En el caso de los inmuebles declarados BIC, se definieron amplias líneas de diálogo e interacción, incluso de prelación, respecto de los Planes de Ordenamiento Territorial, en la búsqueda de coincidencia de objetivos conservacionistas entre los municipios y la Nación.

8