En tercer lugar, un cambio fundamental en la regulación. Actualmente, la pesca extractiva es regulada por comités científicos, los que, por lo menos, permite que la regulación no se inspire solo en presiones de grupos de poder, sino que sea racional y lo más objetiva posible. En la acuicultura, hasta el día de hoy, la regulación la hacen Sernapesca y Subpesca, a puertas cerradas. Muchas veces ha pasado que se piden opiniones a las agrupaciones de productores o a cualquiera que quiera opinar, pero, en definitiva, regulan como ellos estiman conveniente. Muchas veces con mala técnica jurídica que se traduce en normas que, incluso, requieren de interpretaciones por el propio autor de la norma. En otros casos, se dictan normas que son irreales o imposibles de cumplir, por haberse dictado en Valparaíso por personas inexpertas en estas materias. En definitiva, lo que se requiere en forma urgente y a nivel de ley, que exista una instancia obligatoria, bipartita entre Estado y productores, que sirva de comité técnico para la aprobación de normativa sectorial. Esto evitará normas poco claras, confusas y arbitrarias, procurando en definitiva, la simplificación de la regulación para asegurar que se pueda aplicar y financiar. En cuarto lugar, es fundamental dar curso a las relocalizaciones o, derechamente, buscar otra fórmula de modificación geográfica de la industria. Es claro que el Estado, luego de haber diseñado el sistema de relocalizaciones como fórmula para asegurar la producción en lugares con mejor calidad sanitaria, se arrepintió de su creación y simplemente no lo aplicó, como era mandado en la ley. Durante 8 años no ha pasado nada. Si el sistema de relocalización no funcionara, hay que idear otro que permita asegurar que la industria contará con espacio físico suficiente para desarrollarse durante los próximos cien años. Siempre me he inclinado por un sistema de licitaciones que permita asegurar condiciones sanitarias, densidades y calidad en la producción, pero sea cual sea el sistema, se deberá garantizar el espacio mínimo de crecimiento. Por último, y si bien la lista de temas es larga, es necesario igualmente modificar las normativas ambientales, de manera de que la regulación sectorial sea compatible con las exigencias que el Sistema de Evaluación Ambiental impone a los proyectos de otra naturaleza. En efecto, actualmente los proyectos de acuicultura son objeto de exigencias que superan los parámetros que el RAMA y la resolución acompañante exigen sectorialmente, lo que se traduce en paralización o rechazo de proyectos acuícolas simplemente por falta de compatibilidad de ambas normativas. Hacemos votos para que el nuevo Gobierno se atreva a tomar la iniciativa para asegurar el desarrollo de la industria y no “pasemos de largo” nuevamente.
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