Estados Unidos, las nuevas tecnologías en el campo de batalla | Ramiro Mosquera Suárez
comprometiendo la privacidad y los derechos de ciudadanos estadounidenses; la segunda expone el uso de nuevas tácticas militares, como el despliegue de Aviones no Tripulados (UAV) para misiones de asesinatos selectivos, y sus posibles implicaciones en materia del derecho internacional; el último punto, “Consideraciones finales”, traza la importancia de las tareas de inteligencia y los nuevos desafíos que afronta la comunidad internacional, con respecto a las nuevas formas de ‘hacer guerra’ en la Era de la Información.
La Ley FISA y los intereses estatales en la vigilancia Tras una investigación realizada en 1976 por el Senado de Estados Unidos (The United States Congress, 1976), se reveló que el Gobierno había cometido, por décadas, numerosos abusos a la privacidad de políticos y activistas, a través de intervenciones telefónicas, violación de correos y espionaje. Con la finalidad de contraponer los posibles abusos, el Presidente Jimmy Carter aprobó, en 1978, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera –Foreign Intelligence Surveillaince Act–, en la que, además de tipificar como delito la vigilancia de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses por parte de funcionarios gubernamentales, se establecieron procedimientos para la supervisión, física y electrónica, y la recolección de información entre “poderes extranjeros” y “agentes de poderes extranjeros”6, sin la necesidad de una orden judicial ordinaria7. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Administración Bush aprobó instrumentos jurídicos que reforzaran la seguridad nacional como, por ejemplo, la Ley Patriota (H.R. 3162), la Resolución Conjunta para autorizar el uso de fuerza militar contra terroristas (S.J. Res. 23), o la aprobación de órdenes ejecutivas; en ellos se autorizaba a la Agencia de Seguridad Nacional –NSA– para que vigilara llamadas telefónicas, dentro y fuera de Estados Unidos, sin orden judicial, a personas sospechosas de mantener vínculos con Al Qaeda y grupos terroristas afines8. Una vez que ya se contaba con estos instrumentos jurídicos para interceptar comunicaciones, se consideró la necesidad de adelantar un paso más; así, se institucionalizó la vigilancia de las comunicaciones en el territorio. A pesar del afán de la administración Bush, dentro del mismo Gobierno federal surgieron resistencias. Un ejemplo fue, en 2004, la oposición de James Comey, ex-Fiscal General Adjunto y potencial nuevo Director del FBI, quien testificó sobre las presiones recibidas, desde la Casa Blanca, para que el Departamento de Justicia apruebe el programa de vigilancia doméstica (Bohn, 2007). Pese a las restricciones, se decidió infringir la ley por varios años hasta que un artículo del periódico The New York Times (Risen y Lichtblau, 2005) sacó a la luz estas ‘actividades gubernamentales’. Después de las duras críticas de la opinión pública, la administración Bush hizo una enmienda a la Ley para continuar con la ‘guardia’. La Enmienda FISA 20089: Línea Sur 5 • 2013 • pp. 161–174
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