agenda propia, porque se la impone el presidente o caso contrario pasan a convertirse en caja de resonancia del Gobierno. Por eso se dice que los llamados gabinetes itinerantes son una estrategia de habilidad política, porque convoca a la prensa a mantener la agenda en sus medios así como a los directores de prensa en la campaña mediática de la opinión pública, sin darse cuenta entra en el rol de la estigmatización, aquel patrón fuera de la normalidad social. Sin dejar de lado la intencionalidad del Gobierno, los medios no pueden abordar temas como la productividad, economía política, desarrollo social, entre otros, por la falta de acceso a la información y poco acercamiento a las fuentes Gubernamentales como el Presidente, los Ministros, el Prefecto, los Alcaldes y los líderes provinciales. Como se puede apreciar, la profundidad no es necesaria porque se da por sentado que todo está bien y no existen agujeros, ni fisuras en las políticas públicas. El hecho es que la idea de desarrollo, modernidad, igualdad, justicia y equidad no tiene inconsistencia, sin embargo, la prensa ha develado la marginalidad, la exclusión, la injusticia, la desigualdad y la impunidad (Lozada, 2004, p. 7). Por ello, la prensa ecuatoriana como estigma social enfrenta seis “sentencias de cortes supremas o constitucionales que afectaron la libertad de expresión y dos casos de Imputaciones o acusaciones formales hechas a trabajadores de los medios relacionadas con delitos de opinión” (Fundamedios, 2014c, p. 1), es decir, la práctica discriminatoria y estereotipada se vincula subjetivamente al marco jurídico. Ciertamente, la desaprobación está al margen del discurso social, e incluso de los “factores de índole personal y grupal o de orden afectivo y subjetivo (que) marcan la diferencia (entre la libertad de expresión y la exclusión social)” (Lozada, 2004, p. 4). Como dice Lozada (2004, p. 4) un “contexto de amenazas y agresiones, de negación y rechazo al oponente, de expresiones masivas de descontento, aunando a la percepción de inutilidad de las formas de manifestación cívica y de creciente impunidad” son los síntomas de una democracia en estado de debilidad, salvo excepciones muy puntuales. De hecho, este contexto se trasforma en las cifras estadísticas que presenta Fundamedios (2014, p. 1) como hostilidad estatal en contra de los actores políticos, conducta que ha aumentado en un 46%, debido a la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación.
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José Chica Pincay