Editorial

A nuestros lectores

El único sector que sigue creciendo de manera consistente en esta época de crisis sanitaria y retroceso económico es el agroalimentario. La caída del producto interno bruto (PIB) es anterior a la pandemia de covid, pues en 2019 bajó en una décima después de que durante muchos años, aunque modestamente, estuvo aumentando (alrededor de 2.5% anual). Pero en 2020 el descenso llegó a 8.5%, cuando a la situación de emergencia mundial causada por la pandemia se sumaron los efectos de una serie de políticas internas equivocadas. En ese contexto, sin embargo, las actividades agropecuarias en conjunto mantuvieron su crecimiento arrastradas por la demanda externa de alimentos de calidad y sanidad demostradas; además, continuó abasteciendo la mayor parte de la demanda interna. El renglón pecuario mexicano sigue teniendo un déficit de 17% en el abastecimiento de la demanda nacional, pero se ha convertido en el sexto productor y octavo exportador mundial de carne bovina, y sus productos cárnicos en general llegan a más de 60 países.

En los últimos 36 años el país pasó de una economía cerrada –donde el gobierno llevaba la batuta de las inversiones y decidía cuáles empresas privadas podían operar y cuáles no (“capitalismo de cuates”)– a otra completa o casi completamente abierta, con un mercado donde pueden participar toda clase de productos y servicios nacionales y extranjeros, e inversiones que pueden provenir de todas partes y aplicarse en rubros antes reservados a nacionales o incluso solamente al Estado. El ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, y sobre la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en 1994, dieron un impulso sin precedentes a nuestra economía. La legislación se liberalizó en gran medida y se adoptaron las tecnologías más modernas disponibles en muchas ramas, acompañado todo por una democratización en el plano político que nos llevó de unas elecciones organizadas y decididas por el gobierno a otras donde se respeta el voto y los partidos se alternan en el poder conforme a la voluntad popular; una serie de organismos autónomos velan actualmente por hacer efectivos una serie de derechos básicos y son contrapeso conveniente y aun necesario a los poderes tradicionales del Estado.

Gracias al TLC –cuya renegociación, por fortuna, ya estaba muy avanzada a la llegada del actual gobierno–, sectores como el de las manufacturas y el agropecuario se convirtieron en la punta de lanza de la presencia mexicana en el exterior. Ha sido un avance lento pero sostenido para salir de la situación desastrosa en que dejaron al país los 12 años de populismo de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, la verdadera “Docena Trágica”. Un ejemplo de los resultados es que de 1994 a 2020 la facturación agroalimentaria anual del país se incrementó en 112% para llegar a más de 59 mil millones de dólares, 44% de ellos correspondiente al sector pecuario.

Pero estos 36 años de modernización, apertura y progreso han llegado a su fin con el pretexto de que fueron conducidos por “neoliberales” y “conservadores”, y ahora empezamos a ver un retroceso hacia la situación prevaleciente hace medio siglo. Los apoyos a la producción del campo se han reducido a niveles mínimos, y prácticamente han desaparecido de la ganadería. De nuevo se respalda solamente a aquellos que pueden servir como sostén político, y los criterios de justicia y economía son relegados a un segundo término o de plano ignorados. Por lo que se ha visto en los primeros años de la actual administración, si los partidos del gobierno conservan la mayoría en la Cámara de Diputados tras las elecciones de junio próximo será casi imposible evitar que el país regrese al régimen de un solo hombre, con ominosas consecuencias en todos los órdenes de la vida nacional.